+  -   
Transparencia Parlamentaria Transparencia Parlamentaria
Consulta de: Iniciativas, Minutas, Instrumentos internacionales y proposiciones
Asistencias / Votaciones
Senadores
Comisiones
Gaceta del Senado Gaceta del Senado
Gaceta del Senado Orden del Día
Versión Estenográfica Versión Estenográfica
Diario de los Debates Diario de los Debates
Comisión Permanente Comisión Permanente
Documentos de Apoyo Parlamentario Documentos de Apoyo Parlamentario
Marco Jurídico Marco Jurídico
Consultoría Jurídica Legislativa Consultoría Jurídica Legislativa
Consultoría Jurídica Legislativa Seguimiento a Reformas Constitucionales
Sinopsis Legislativa Sinopsis Legislativa
Sesión al minuto Sesión al minuto
Tratados Internacionales aprobados Tratados Internacionales aprobadas
Legislación aprobada Legislación aprobada
Respuestas a Proposiciones aprobados Respuestas a Proposiciones aprobados
Portal de Accesso
Organización Organización
Recursos Humanos Recursos Humanos
Recursos Materiales Recursos Materiales
Recursos Financieros Recursos Financieros
Información Relevante Información Relevante
Estado de Situación Financiera Estado de Situación Financiera
Código de Ética y Conducta Código de Ética y Conducta
Transmisión en vivo Transmisión en vivo
Licitaciones Públicas Licitaciones Públicas
Transparencia y Rendición de Cuentas Sede Actual Transparencia y Rendición de Cuentas Sede Actual
Código de Ética y Conducta Contratos Relevantes
Portal de Accesso

Diario de los Debates


DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LXIV Legislatura AÑO I Primer Periodo Ordinario Sesión Núm. 6

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Martí Batres Guadarrama

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 18 de Septiembre de 2018

Versión para descarga


PRESIDENCIA DEL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

APERTURA

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: (11:25 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las Senadoras y de los Senadores.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 103 ciudadanas Senadoras y ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se abre la sesión del martes 18 de septiembre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES
TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

PRESIDE EL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

 

En la Ciudad de México a las once horas con diez minutos del día jueves trece de septiembre de dos mil dieciocho, encontrándose presentes setenta y un ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Presidencia dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión del once de septiembre de dos mil dieciocho.

(Comunicaciones)

PRESIDE LA SENADORA
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA

(Análisis del VI Informe de Gobierno)

La Presidencia de la Mesa Directiva, a efecto de dar cumplimiento al artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política aprobado el 6 de septiembre de 2018, dio paso al Análisis del VI Informe de Gobierno del Presidente de la República, en materia de política interior.- En la primera ronda de intervenciones, hicieron uso de la palabra los Senadores: Emilio Álvarez Icaza Longoria; Verónica Noemí Camino Farjat del PVEM; Eunice Renata Romo Molina del PES; Joel Padilla Peña del PT; Antonio García Conejo del PRD; Clemente Castañeda Hoeflich de MC; Manuel Añorve Baños del PRI; Marco Antonio Gama Basarte del PAN; y Oscar Eduardo Ramírez Aguilar de MORENA. En la segunda ronda de intervenciones, hicieron uso de la palabra los Senadores: Eunice Renata Romo Molina del PES; Nancy De la Sierra Arámburo del PT; y Juan Quiñonez Ruiz de MC.

PRESIDE EL SENADOR
JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN

Continuaron las intervenciones de los Senadores: Eruviel Ávila Villegas del PRI; Víctor Oswaldo Fuentes Solís del PAN; y Félix Salgado Macedonio de MORENA.

PRESIDE LA SENADORA
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA

La Presidencia de la Mesa Directiva informó que de conformidad con el resolutivo tercero del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política aprobado el 6 de septiembre, durante el análisis del Sexto Informe de Gobierno, no se autorizará ninguna otra intervención distinta a las previstas. En consecuencia, la Presidencia consultó a la Asamblea permitir la intervención del Senador Miguel Ángel Osorio Chong del PRI, para alusiones personales, la Asamblea en votación económica autorizó la intervención. La Presidencia de la Mesa Directiva informó que en cumplimiento al numeral 5, del artículo 7o. de la Ley Orgánica del Congreso General, y al resolutivo cuarto del acuerdo aprobado, la versión estenográfica de la sesión sobre el análisis del VI Informe de Gobierno se remitirá al ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

(Iniciativas)

El Senador Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto de reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos.

 

PRESIDE EL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

 

El Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, a nombre de los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 76, 89 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, a nombre de los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de los artículos 61, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de responsabilidades de los servidores públicos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y la Ley Nacional de Ejecución Penal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y Seguridad Social y de Estudios Legislativos.

 

PRESIDE LA SENADORA
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA

 

La Senadora Gabriela Benavides Cobos, a nombre de los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción IX; y se reforman las fracciones III, VII y VIII, todas del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 59 de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Delfina Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma                   la fracción XVII y adiciona la fracción XVIII del artículo 7o de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a la Ley de Aguas Nacionales, a la Ley Federal del Mar y a la Ley Minera.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Rubén Rocha Moya, a nombre propio y de los Senadores Olga Sánchez Cordero Dávila, Ricardo Monreal Ávila, Martí Batres Guadarrama, Imelda Castro Castro y Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 15-C de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos.

 

PRESIDE EL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

(Proposiciones)

La Senadora Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación a suspender la evaluación docente programada del 3 al 25 de noviembre del presente año, así como todo proceso de evaluación para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de las y los maestros.- Considerado de urgente resolución. Intervinieron los Senadores: Julen Rementería del Puerto del PAN, en contra; Oscar Eduardo Ramírez Aguilar de MORENA, a favor; Xóchitl Gálvez Ruiz del PAN, en contra; Minerva Citlalli Hernández Mora de MORENA, a favor; Damián Zepeda Vidales del PAN, en contra; Gilberto Herrera Ruiz de MORENA, a favor; Juan Manuel Fócil Pérez del PRD, en contra; Casimiro Méndez Ortiz de MORENA, a favor; Beatriz Paredes Rangel del PRI, en contra; Lucía Virginia Meza Guzmán de MORENA, a favor; Dante Delgado Rannauro de MC, para razonar voto; Cora Cecilia Pinedo Alonso del PT, a favor; María Guadalupe Saldaña Cisneros del PAN, en contra; Rubén Rocha Moya de MORENA, a favor; Gustavo Madero Muñoz del PAN, en contra; y Ricardo Monreal Ávila de MORENA, a favor. El Presidente de la Mesa Directiva consultó a la Asamblea si el asunto se encontraba suficientemente discutido, en votación económica, el asunto se consideró suficientemente discutido.A petición de cinco senadores se realizó votación nominal. El punto de acuerdo fue aprobado por 58 votos a favor, 33 en contra y 12 abstenciones.

 

El Presidente de la Mesa Directiva, consultó a la Asamblea continuar con los asuntos inscritos en el Orden del Día, en virtud de haberse cumplido las cuatro horas de la sesión ordinaria de conformidad con lo que establece el artículo 50 del Reglamento del Senado.- La Asamblea en votación económica no autorizó continuar con la sesión ordinaria.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a la siguiente proposición:

 

De la Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales remitir un informe sobre los proyectos, acciones y políticas públicas relacionados con la explotación Minería Submarina de los que tenga conocimiento dicha Secretaría, implementados a lo largo y ancho de la República Mexicana.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las dieciséis horas con dieciocho minutos y citó a la siguiente el martes dieciocho de septiembre a las once horas, en la que se realizará el análisis del Sexto Informe de Gobierno en materia de política económica.

 

Fin de la sesión.






ASISTENCIA DE LA SESIÓN ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida.

Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias.

Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Se recibió una comunicación del Senador José Narro Céspedes, con la que remite el informe de la reunión que sostuvo un grupo plural de Senadores con representantes de la Unión Nacional de Trabajadores y otras organizaciones de trabajadores, el 11 de septiembre de 2018, en la que les fue entregado el documento “Agenda Legislativa”.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: La Asamblea ha quedado debidamente enterada.

El documento entregado por la Unión Nacional de Trabajadores se conservará en la Mesa Directiva y se remitirá una copia a la Junta de Coordinación Política y a la Mesa Directiva.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Asimismo, se recibió una comunicación suscrita por el Senador Manuel Añorve Baños, Vicecoordinador parlamentario del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con la que remite la agenda legislativa de dicho grupo, para el primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: La Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que comunica que el ciudadano Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 23 al 26 de septiembre de 2018, con el fin de participar en el Debate General del 73º Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la ONU y en eventos relacionados con las prioridades de la agenda multilateral de México, que se llevarán a cabo al margen de la Asamblea, todas las actividades a realizarse en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: La Asamblea ha quedado enterada. Remítase copia a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Pasamos al siguiente asunto.






INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Se recibió un oficio del Instituto Mexicano del Seguro Social, con el Informe sobre la composición y situación financiera de las Inversiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, correspondiente al segundo trimestre de 2018.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Remítase dicho informe a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Salud y Seguridad Social.

Pasamos al siguiente asunto.






CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Se recibieron dos oficios de la Cámara de Diputados, por los que comunica la designación de los legisladores de los grupos parlamentarios del Partido Encuentro Social y del Partido del Trabajo, como Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: La Asamblea ha quedado enterada.

Sonido en el escaño del Senador García Conejo, ¿con qué objeto, Senador?

El Senador Antonio García Conejo: (Desde su escaño) Muy buenos días, señor Presidente.

Saludo a todas las Senadoras y Senadores:

El día jueves, en el último punto del Orden del Día, lamento mucho que no se haya sujetado al término que marca el artículo 76 del Reglamento del Senado de la República.

Esa proposición con punto de Acuerdo se llevó once minutos, posteriormente, cuando yo le pedí el uso de la palabra usted ignoró, no dio a conocer al Pleno que había todavía tres Senadoras o Senadores en uso de sus derechos.

Lo que hoy expreso, señor Presidente, lo hago con todo respeto y con el ánimo de construcción, con el ánimo de que en este Pleno, pues, tengamos un orden, no puede trabajarse dando favores a unos y a otros no.

Le pido de la manera más atenta y respetuosa, que usted nos represente, como lo ha venido haciendo, de una manera muy digna, a todas y a todos por iguales, trato a todos y a todas por igual.

Muy penoso, porque no me dejó expresar que es vergonzoso, penoso, que un Parlamento de esta naturaleza, donde se considera que las y los Senadores son los seres más pensantes, se puede decir, o que tiene la gran responsabilidad de la conducción de la República y en el punto que se expresó y aprobó por una fracción, para muchas ciudadanas y ciudadanos se consideró una contradicción, porque se le pide a una autoridad ejecutora que viole la Constitución y viole una norma, y no es porque yo fuese estar en contra o a favor, pero quería expresar:  “Este Senado de la República no puede exhortar a ninguna autoridad ejecutora a que viole una ley que fue creada en este mismo poder”.

Muchas gracias por su atención.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senador García Conejo, con mucha paciencia esta Presidencia ha escuchado su punto de vista, que no fue una moción de orden, no lo compartimos, porque parte de supuestos falsos.

Sí se informó que hubieren tres oradores pendientes. Revise usted los videos y grabaciones correspondientes para que lo pueda verificar, y señaló esta Presidencia que esos tres oradores eran en contra, los tres.

Procedimos a consultar a esta Asamblea si continuaba la lista de oradores o se daba por concluido el debate.

Incluso, más allá de los diez primeros oradores, cuando podíamos haber hecho ya esa consulta, todavía dejamos hablar a otros oradores más con el objeto de que expresaran su punto de vista aquellas fracciones parlamentarias que no habían pasado a la tribuna a hacerlo.

Por lo tanto, lo que usted dice es falso.

En todo caso, respetamos la decisión que tome la Asamblea sobre las propuestas que se hagan para ser abordadas por urgente resolución.

No corresponde, ni a usted, ni a esta Presidencia, determinar ni qué es de urgente resolución, ni qué se aprueba. Eso sólo lo determina el Pleno.

Gracias por su atención.






ANÁLISIS DEL VI INFORME DE GOBIERNO,
EN MATERIA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Honorable Asamblea, en cumplimiento al Resolutivo Primero del Acuerdo que establece las normas para el Análisis del VI Informe de Gobierno del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, este día analizaremos dicho informe en la materia de política económica.

Iniciamos la primera ronda de participaciones.

Conforme al numeral 4 del Resolutivo Segundo del Acuerdo aprobado, tiene la palabra el Senador Emilio Álvarez Icaza, hasta por cinco minutos.

Tiene el uso de la palabra, Senador Emilio Álvarez Icaza.

El Senador Antonio García Conejo: (Desde su escaño) Pido observar el Reglamento.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Observamos puntualmente el Reglamento.

Adelante, Senador.

El Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria: Gracias, señor Presidente. Muy buenos días, a todas y a todos.

Nos damos cita para analizar hoy la política económica en la glosa del VI Informe, y habrá, entonces, que empezar con una afirmación: "México es un país de pobres, pero no es un país pobre".

Por segundo año consecutivo, el Fondo Monetario Internacional, ha ubicado a México como la 15ª economía en el mundo.

El Banco Mundial la ubica en segundo lugar en América Latina, sólo después de Brasil.

Pero ¿Qué sucede? En realidad lo que sucede es el modelo económico.

México tiene un crecimiento económico con desigualdad, y ha ido aparejado. Desde el año de 1980, México ha optado por un modelo esencialmente de crecimiento orientado al dinamismo de exportación, a partir de hacerse competitivo con los bajos salarios y los bajos sueldos.

En los último 36 años, el Producto Interno Bruto ha crecido alrededor de una media anual del 2.42 por ciento, pero también eso trajo como consecuencia una extraordinaria concentración de la riqueza en agravio de los que no tienen lo más indispensable.

Un millón 200 mil personas, el 1 por ciento de la población, ganan lo mismo que 72 millones de personas.

Ya lo dijo la Comisión Económica para América Latina y El Caribe, CEPAL: "El problema no es de riqueza, sino cómo se reparte la riqueza".

Y por eso estamos teniendo un problema que se incrementó después de 1990 y el modelo globalizador a partir del intercambio mundial que se ha hecho del modelo mexicano, porque tenemos fortunas para élites y pobrezas para la mayoría.

Sólo se reporta que el año pasado, 36 personajes tienen, en México, una fortuna mayor a los mil millones de dólares, y que tan sólo en 2017, el 86 por ciento de ellos incrementó su fortuna.

De manera tal que la desigualdad en el ingreso afecta severamente los derechos económicos y sociales de la gran mayoría, y también hacen irrealidad los derechos consagrados en nuestra Constitución.

Más aún, el modelo económico lo que está generando es un modelo de pobreza transgerenacional.

La acción ciudadana, frente a la pobreza, ha establecido muy claramente que en estas condiciones lo que está sucediendo es que los pobres heredan pobreza a sus hijos y a sus hijas.

Pero el tema en México es aún más grave, y es más grave porque el trabajo en México no saca de la pobreza, ¿qué quiere decir eso? Que en nuestro país, a diferencia de lo que sucede en otros, que cuando se piensa en pobreza, es que porque no hay trabajo, porque hay desempleo, ¡no! En nuestro país lo que sucede es que hay trabajos mal pagados, y eso sucede, lamentablemente, con la anuencia del Estado; el Estado permite estos niveles de bajo salario, que a pesar de que se trabaje, está en pobreza.

Y un ejemplo de eso es el propio Senado de la República. Nosotros contratamos a trabajadores de Fonatur, esos trabajadores limpian nuestras oficinas, y ganan poco más de mil 800 pesos a la quincena.

No puede el Senado de la República reproducir políticas salariales de generación de pobreza.

De manera tal, que justo el problema, es un problema de nuestro modelo, donde a la mayoría no le alcanza para vivir, en realidad sobrevive.

¿Qué ha pasado en los últimos seis años? La tortilla pasó de valer poco más de 13 pesos a casi 16 pesos el kilo.

El arroz, de poco más de 16 a casi 21.

La gasolina magna pasó de 9.82 a 19.74.

Los 30 kilos de gas pasaron de 366 a 629.

El dólar, otro indicador, pasó de los 13.49 a los 18.76.

Quiero terminar sólo mencionando dos focos rojos:

Primero. El incremento de la deuda pública. En el 2012, la deuda pública era 42.65 por ciento del Producto Interno Bruto; para el 2018, se estima que sea en el 53.52 por ciento del Producto Interno Bruto. Ahí tenemos un foco rojo.

Segundo. Otro foco rojo, es que cayó la inversión física de las empresas del Estado.

El propio Informe, en el anexo estadístico, reporta un estado lamentable:

En 2016, esta inversión cayó, en lo que se refiere a la inversión física de empresas del Estado, 6.9 por ciento; 2017, más del 38 por ciento, y sí, en 2018 creció un 10 por ciento, pero no recuperó lo perdido.

Termino, muchas gracias, señor Presidente.

En mi opinión, y la iniciativa ahora, la revolución democrática debe erradicar los privilegios y el capitalismo de compadres y cuates.

Hay que transparentar los incentivos de la inversión para fomentar cadenas productivas, sobre todo en pequeños y medianos productores, así como cooperativas.

El fomento económico debe beneficiar a todas las empresas, no sólo a los que dan moche, o a los que son prestanombres de gobernantes, o a los que tienen una palanca en el gobierno.

Necesitamos un modelo económico que contribuya a la felicidad de las personas, y no que genere migración forzada, desigualdades y violencias, como ha sido en los últimos años.

Muchísimas gracias por su atención.

Intervención



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Álvarez Icaza.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Gabriela Benavides Cobos, del Partido Verde Ecologista de México.

La Senadora Gabriela Benavides Cobos: Buenos días. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Senadores:

Para hacer un análisis detallado de la política económica del Presidente Enrique Peña Nieto, resulta indispensable referirnos a las grandes reformas estructurales que en estrecha colaboración, el Congreso de la Unión y las diferentes fuerzas políticas aprobaron en años recientes.

La reforma energética ha permitido la participación de particulares, fortaleciendo la industria y fomentado el desarrollo de energías limpias.

Derivado de hoy, no podemos negarlo, existen inversiones comprometidas por un monto de 191 mil millones de dólares, equivalente a la suma de inversión extranjera directa que se tuvo en México de enero del 2013 a junio del 2018. Esa es una realidad.

Asimismo, hoy, el 21 por ciento de las energías del país es generado a través de energías limpias.

A nadie le queda duda que éstas han sentado las bases para generar la soberanía y la seguridad energética de las futuras generaciones. Todavía falta mucho por hacer y es parte de nuestra responsabilidad hacerlo.

Por otra parte, la reforma hacendaria del Estado mexicano redujo la dependencia que tenía nuestro país en los ingresos petroleros, pasando de un 39.4 a un 16.7 de los ingresos totales públicos, es decir, sobrevivimos a la caída del precio del petróleo y no hemos sufrido grandes devaluaciones. Eso hay que reconocerlo, que gracias a la diversificación de estas fuentes de ingreso México pudo enfrentar satisfactoriamente la caída del precio del petróleo.

Este máximo histórico fue gracias a la generación de casi cuatro millones de empleos formales y permanentes, superando los empleos creados en los dos sexenios anteriores juntos. De la misma forma el régimen de incorporación fiscal permitió que millones de personas que pasaron del sector informal a un sector formal y eso generó la contribución y la aportación de los mexicanos.

A la par, fueron impulsados diversos programas en materia crediticia, como el Fondo Nacional del Emprendedor, el Sistema Nacional de Garantías, el Programa Nacional de Créditos en el sector agropecuario, el Programa Mujeres Pyme y el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural.

Por otra parte, gracias a la reforma de telecomunicaciones existen más oportunidades y opciones para que los mexicanos nos comuniquemos. La larga distancia y la telefonía celular redujeron significativamente sus precios y se establecieron las bases para una verdadera competencia entre los diferentes actores del sector, bajo la vigilancia de un órgano regulador fuerte y autónomo, como lo es el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Otras reformas importantes, como la creación de la zona económica-especial o la flexibilización de los trámites para la constitución de las sociedades mercantiles, ha permitido detonar el desarrollo regional y empoderar a cualquier persona que se convierta en emprendedor, se incentiven las inversiones y se generen empleos.

En materia turística, México se convirtió en el sexto país más visitado del mundo, con lo cual este sector representó el 8.7 del Producto Interno Bruto.

En lo relativo a la infraestructura, destacamos las inversiones realizadas en materia hidráulica, carretera, ferroviaria y portuaria. De manera particular se incrementó la cobertura del agua potable favoreciendo a 14 millones de personas para que tuvieran este servicio vital, el agua en sus casas, y que no contaban con él.

Todos estos beneficios, que sin duda alguna crecerán a mediano plazo, dejarán importantes enseñanzas a quienes desempeñamos un cargo público, particularmente para los integrantes de este Poder Legislativo Federal.

Primero. Que bajo ninguna circunstancia o esquema, por muy tradicional o dogmática que sea, se perdure a través de los años, tenemos que ser dinámicos, México requiere una profunda transformación a fin de adaptarse a las realidades económicas del mundo y de otros países.

No podemos regatearle a los mexicanos ningún tipo de decisión, debemos atrevernos a cambiar paradigmas bajo una visión de Estado y aceptar, en su momento, algún costo político.

De manera particular, consideramos importantes las reformas estructurales, pero también reconocemos que faltan muchas cosas por hacer, que necesitamos evaluar los resultados de estas grandes reformas y saber si vamos por el camino correcto o si hay que enmendar algún resultado.

Por ello, los Senadores del Partido Verde expresamos nuestra disposición para continuar trabajando con todas las fuerzas políticas y lograr las reformas que nuestro país necesita, pero lo más importante, que logren mejorar la calidad de vida de la gente a la que representamos en esta Cámara.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

¡Buen día!

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Benavides Cobos.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Sasil De León Villard, del Partido Encuentro Social.

Adelante, por favor.

La Senadora Sasil De León Villard: Con su permiso, señor Presidente. Compañeros legisladores:

Durante los últimos años hemos visto cómo el desarrollo económico de México transita en dos realidades opuestas: Por un lado, se reconoce que ha habido un crecimiento en el sector exportador; pero por otro, existen 53 millones de mexicanos que siguen viviendo en condiciones de pobreza.

Debemos de ser objetivos para reconocer los aspectos económicos que han funcionado, pero debemos ser críticos y hacer el mayor esfuerzo para incluir al desarrollo nacional a los que se han quedado atrás.

No podemos hablar de crecimiento económico cuando todavía existen millones de mexicanos viviendo bajo condiciones de pobreza y de extrema pobreza, cuando hay familias que ni con todo el ingreso que perciben juntos les alcanza siquiera para acceder a una canasta básica.

Para quienes respaldamos el proyecto de nación que encabeza el Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, es de vital importancia generar las condiciones adecuadas para que México se ponga a la altura de los desafíos económicos que vendrán en los próximos años.

Debemos dejar atrás los problemas de inseguridad, de empleos mal pagados, la inflación, la mala distribución del ingreso, empezar a apostarle a la productividad, a nuestra infraestructura, al conocimiento de nuestra gente, a nuestras mujeres, a nuestros jóvenes. Para ello, es indispensable generar fortalecimiento del mercado interno y a la vez atraer inversión extranjera.

Necesitamos diversificar las materias y destinos de nuestras exportaciones.

Requerimos una educación de mayor calidad y empleos dignos para nuestros jóvenes.

Debemos abatir contundentemente la corrupción.

Se debe erradicar el efecto negativo de la delincuencia en la economía mexicana.

Vamos a luchar por los mejores salarios para todos.

La desigualdad social entre ricos y pobres en México sigue siendo muy grande. Es por ello que el reto para quienes formamos orgullosamente parte de la coalición "Juntos Haremos Historia", será responder a los millones de mexicanos que confiaron en este trabajo, que tendrá que ser arduo para mejorar las condiciones de vida de las y los mexicanos.

Esta situación, generada por la mala distribución de la riqueza, se hace más evidente a la hora de comparar los ingresos en los estados del norte y del centro del país con los del sur, en donde las carencias en el acceso a los servicios más básicos son cosa de todos los días.

A nosotros, como representantes de las entidades federativas, nos toca fomentar el desarrollo incluyente de todos los estados, lo que permitirá acabar con las brechas económicas que no permiten que zonas como el sureste mexicano exploten todo su potencial.

El sector turístico es un elemento esencial en la economía mexicana, sin embargo, el potencial del turismo para promover el desarrollo regional en México sigue sin explotarse en toda su capacidad.

El sector enfrenta retos de competitividad y factores que generan desconfianza para los inversores extranjeros y nacionales.

Es por lo que desde esta tribuna reconocemos y respaldamos el proyecto del Tren Maya, recientemente anunciado en Chiapas, que detonará el turismo en la zona sureste de México. Una región que es inmensamente rica, llena de biodiversidad y cultura, pero que todavía enfrenta muchos desafíos para su desarrollo y el de todos sus habitantes.

El Tren Maya atravesará por cinco estados del sureste mexicano y generará gran flujo de turistas a lo largo de diversas localidades consideradas en los más altos índices de marginación, lo que permitirá impactar directamente en la economía de la región. Con este proyecto se pone al sureste mexicano en el mapa del desarrollo nacional.

Así también promoveremos empleos de calidad y bien pagados. Esto es una necesidad importante que permitirá romper las barreras de los mexicanos a la hora de generar ingresos dignos que brindan tranquilidad a sus familias.
En México, cada día es más difícil para nuestros jóvenes acceder a la formación universitaria y encontrar empleos bien pagados. Lamentablemente si se es mujer y joven, enfrentamos un desafío doblemente mayor en el campo laboral mexicano, lo que obliga a esta juventud a refugiarse en la informalidad, lo que nos deja en una situación de vulnerabilidad carente de cualquier tipo de seguridad hacia el futuro.

"Jóvenes Construyendo el Futuro", es un programa impulsado por el Presidente Electo y que dará oportunidades a más de 2.6 millones de jóvenes que actualmente no estudian ni trabajan, con el fin de aprovechar su potencial productivo en el mercado laboral mexicano, dándoles la opción de becas para que concluyan sus estudios universitarios o acercándolos a empresas del sector público y privado para capacitarlos, lo que, sin duda, se les generarán herramientas para construir un futuro más prometedor.

Debemos de buscar invertir más para garantizar que los jóvenes y, sobre todo, las mujeres, participen en el mercado laboral a una edad temprana, lo que les permitirá ingresar en el sector formal y productivo de la sociedad.

La corrupción y la inseguridad siguen siendo generalizadas en muchas zonas de este país, lo que ha afectado severamente a sectores como el de las inversiones.

Acabar con la corrupción de manera eficaz es una condición clave para permitir construir una sociedad más justa y equitativa, permitirá priorizar el gasto público, fortalecerá el desarrollo económico y permitirá erradicar la pobreza en sus diversas modalidades.

Por lo que fomentar la participación ciudadana y fortalecer las transparencias y rendición de cuentas en todos los órdenes de gobierno es tarea de todos y de todas, y será pilar fundamental de nuestra agenda legislativa, como grupo parlamentario.

Aunado a ello, en los últimos cinco años vivimos un crecimiento acelerado de una deuda, hoy los mexicanos recibimos la deuda pública más alta de la historia.

El crecimiento del Producto Interno Bruto del 2017 fue sólo el 2 por ciento, el crecimiento más bajo de los últimos cuatro años, y aunque sostenido, ha sido insuficiente para el óptimo desarrollo de todo el país. Según los analistas, se requiere un mínimo del 3 al 5 por ciento anual del Producto Interno Bruto.

Compañeras y compañeros legisladores, como integrantes de la más alta tribuna de la República, debemos de ser vigilantes permanentes de los recursos públicos, que sean focalizados en lo que verdaderamente requiere el país.

La austeridad que hoy estamos impulsando para el gobierno es la mejor prueba de esta cuarta transformación, vamos en serio a transformar la realidad de todos y cada una de las y los mexicanos.

Para el grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, creemos que el reto de la economía mexicana es ver hacia adelante; es cumplir con los mexicanos que creyeron en este proyecto de nación; es generar cambios positivos en su día a día y sólo será respondiéndoles de cara, como lo hace nuestro Presidente Electo y brindándoles soluciones a las demandas que el pueblo mexicano nos exige.

Concluyo citando una frase de nuestro Presidente Electo: "El gobierno es sólo el instrumento, el fin son todos los ciudadanos de este país".

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora De león Villard.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Partido del Trabajo.

La Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre: Con su permiso, señor Presidente.

Está a punto de fenecer el sexenio de la mediocridad, los excesos y la frivolidad; el sexenio donde la historia se recicla, México cada vez más pobre, donde las viejas prácticas han hecho del político al señor feudal, el privilegiado de la impunidad.

Termina la era del PRI, inicia una nueva etapa para el país, pero no debemos olvidar que la pobreza es el embrión del desastre nacional, engendrado por gobiernos insensibles a la tragedia nacional.

Parafraseando al premio Nobel de Economía, Amartya Sen, "a la pobreza sólo la podemos entender cuando la concebimos como una de las formas que niegan la libertad".

En tal sentido, todos los que estamos en un nuevo encargo público debemos preguntarnos: ¿estaremos a la altura del histórico reclamo de justicia, igualdad y bienestar para todos los mexicanos?

Respetables integrantes del Senado, trataré de manera seria, objetiva, hacer un balance de lo que fue este sexenio, en materia económica.

Mientras Peña Nieto diseñaba su Casa Blanca con la complacencia de Grupo Higa, Santos Reyes Yucuná, Oaxaca, se confirmaba como el municipio más pobre del país, pues el 99 por ciento de sus habitantes viven en la marginación, según datos del Coneval.

Mientras el Ejecutivo viaja en un avión de 7 mil 500 millones de pesos, el ingreso promedio mensual de los habitantes de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz no alcanza para cubrir la canasta básica. Hablamos de un estimado de 27 millones de habitantes, pero ¿cuál es la reflexión de lo anterior?

Tuvimos un gobierno que prefirió la vanidad, el dispendio y la soberbia, que mirar por las necesidades de una nación.

Peña Nieto mencionó en su último Informe que la prioridad de su gobierno fue preservar la estabilidad económica, política y social del país, y que sus resultados son medibles; sin embargo, el discurso oficial se refuta con el rostro de la miseria en cada rincón del país.

Lo que sí es medible es que hemos tenido el crecimiento económico más bajo en los últimos cinco sexenios, este indicador es la realidad de nuestro país; no pudimos alcanzar ni siquiera un crecimiento del 2 por ciento anual, en esta administración, como en un inicio se prometió.

Les comparto otro indicador medible. Concluye este sexenio con la cifra más alta de desempleo en los últimos 13 años.

Por su parte, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado alerta que México requiere, por lo menos, 11 millones y medio de empleos para cubrir la demanda de trabajo.

Podrán decirnos que un gran número de connacionales tiene trabajo, tal vez, pero no les alcanza.

Para 4 de cada 10 mexicanos que tiene un ingreso laboral, su salario es inferior al costo de la canasta básica, esta cifra equivale a más de 52 millones de mexicanos que no tiene un sueldo decoroso para llevar el pan a su hogar; esta cifra representa cerca de tres veces el total de la población de la Ciudad de México. Para darnos cuenta de la magnitud del problema.

Pero no solamente esto, es preocupante que desde el 2007, a la fecha, el costo de la canasta básica se ha incrementado de manera constante, los salarios no.

De acuerdo a los recientes datos del Coneval, hay estados donde aumenta el número de ciudadanos que no pueden adquirir la canasta básica alimentaria con su ingreso salarial, como son Hidalgo, Morelos, Sonora y Zacatecas, entre otras entidades.

¿Que nos dicen estos datos? Sencillamente que la pobreza laboral sigue incrementándose en el país.

En los últimos ocho años, el precio de los combustibles ha tenido incremento superior al cien por ciento, más del doble, pero a partir del 2016, año en que se liberara el precio de las gasolinas respecto al precio mundial, el costo de los hidrocarburos aumenta de manera constante en nuestro país y, por consiguiente, tenemos un mayor impacto y efectos negativos en la economía familiar.

Si observamos las estadísticas de la Comisión Reguladora de Energía, en 2010, el precio de la gasolina Magna estaba en 8 pesos con 36 centavos, mientras que el de la Premium en 9.90 y el Diésel en 8.45; hoy en día tan sólo el precio de la gasolina Premium rebasa los 21 pesos.

A medianos de julio pasado, la Comisión Federal de Electricidad incrementó sus tarifas en el sector industrial y comercial entre el 26 y el 40 por ciento en comparación con el mismo mes de 2016.

¿A qué se debe este incremento? Bueno, pues la misma paraestatal justificó que se debe al alza de los combustibles, como el Diésel y el combustóleo, los cuales son utilizados de manera importante en las plantas para la generación de energía.

Contextualizo, el incremento a los hidrocarburos y la energía eléctrica en los últimos años han menguado la economía familiar de manera insostenible.

Gran parte del discurso engañoso de Enrique Peña Nieto y su administración, también ha incurrido en alabar al extremo las reformas estructurales que se aprobaron en su sexenio, de las cuales sólo se desprende el éxito para unos pocos, y el fracaso, robo, saqueo, explotación ha sido para la mayoría de los mexicanos.

Todas las mal llamadas reformas estructurales tienen efectos negativos, entre ellas, sin duda, destaca la reforma energética, la cual sólo ha permitido la disminución de entrada de divisas al país, la privatización y pérdida de la soberanía nacional y el alto costo de enriquecimiento de unos pocos que hemos pagado los mexicanos.

Pemex, bajo la administración de Enrique Peña Nieto, ha registrado caídas en la producción y, por otro lado, fuertes endeudamientos.

Otra gran mentira y, sobre todo, un gran lastre que nos deja la administración peñanietista, es el tema de la deuda.

En todo el sexenio se ha implementado estrepitosamente, más del 50 por ciento; la Deuda Pública pasó de representar 35 por ciento del Producto Interno Bruto en diciembre de 2012, a 45 por ciento en julio pasado; por otro lado, la deuda externa pública también se ha incrementado un 62.8 por ciento durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

La pregunta es: ¿Adónde fue a parar todo este dinero?

Con todo lo anterior, el descontento social es cada vez más evidente, ante la falta de oportunidades el crimen organizado y la violencia han ido en aumento.

2017 se marcó como el año más violento en dos décadas, con 25 mil 339 carpetas de investigación por homicidios dolosos.

En julio del presente año, con 2 mil 599 asesinatos dolosos, se impuso un récord para un solo mes desde 1997.

Finalizo mi participación con la siguiente reflexión:

Desde el Senado de la República, debemos vigilar y participar de manera constante, para que quienes apliquen las políticas públicas y sociales lo hagan con el enfoque del permanente derecho universal de las personas. Equidad, desarrollo e igualdad para todos.

Ante el reto de un mercado globalizado, la nueva administración, que será encabezada por Andrés Manuel López Obrador, deberá vigilar que la productividad vaya en la lógica del beneficio equitativo, pero siempre, siempre, partiendo por el justo ingreso del trabajador.

Este capitalismo voraz, de manera despiadada, ha atentado contra la dignidad humana al sumir a millones de mexicanos en la pobreza, sin posibilidad de una vida digna, atención médica adecuada, vestido, alimentación, sustento, mucho menos un estilo de vida decoroso.

Reitero, el sistema económico es un atentado contra la soberanía, se impone la ambición de un mercado global sobre las necesidades básicas de la gran mayoría del pueblo mexicano.

Nuestra obligación es contribuir en el diseño de un nuevo modelo económico, sin populismo, sin paternalismo, sin promesas fáciles.

Como parlamentarios debemos tener siempre presentes que la pobreza aniquila la vida.

Por lo tanto, resumo. Si la mitad del país vive en la pobreza no estamos condenando a la mitad de México, sino a toda la patria a la desigualdad, la miseria, la injusticia, el abandono, el constante retroceso.

Debemos entender que hay retos universales, siempre mirando por aquellos que no pueden alzar la voz, los olvidados, los marginados, los que son simplemente una fría o nula estadística.

México sólo puede ser grande y una mejor nación cuando al obrero, al ganadero, al campesino, a la ama de casa, el migrante tengan una mejor y más digna calidad de vida.

Es cuanto, compañeros.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Bañuelos de La Torre.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Juan Manuel Fócil Pérez.

El Senador Juan Manuel Fócil Pérez: Gracias, señor Presidente. Compañeras Senadoras y Senadores, buenos días también.

Los mexicanos tenemos consenso en materia económica de este gobierno: se resume en corrupción, en pobreza y deuda.

En los últimos 18 años el crecimiento económico de nuestro país promedia el 2.1 por ciento anual, cifra muy por debajo de las propuestas de campaña y de los gobiernos ya constituidos que al menos han ofrecido de un 3.5 por ciento anual, hasta un 6 por ciento.

Si tomáramos como base ese ofrecimiento del 3.5 por ciento, cuando menos, significaría que en 18 años debimos haber crecido un 63 por ciento y sólo crecimos el 38, le quedamos a deber a nuestro pueblo un 25 por ciento de crecimiento del PIB, que se dice muy fácil, 25 por ciento, pero hoy tuviéramos un PIB de 29 billones de pesos y no de 23 millones.

Este faltante nos genera problemas de desempleo, crecimiento de la economía informal, menor ingreso per cápita, menor captación de impuestos y por ende, menor capacidad del gobierno de servir a la gente con la infraestructura y servicios necesarios.

En conclusión, sigue creciendo la pobreza, la desigualdad y el descontento social.

No evaluar y exigir a nuestros gobernantes, a propósito de evaluaciones, ha llevado a que nuestra economía no dé el sustento suficiente a una población que va creciendo día con día, pero que, además, crece de manera muy desigual.

Y las empresas requieren personal más preparado cada día, porque la tecnología avanza y hay que ser más competitivos. Esto ocasiona que la brecha de la pobreza y el nivel mínimo de bienestar se vaya ampliando.

El mundo no se detiene y hay que actualizarse día con día.

Durante el presente sexenio el crecimiento del PIB será del 2.4 por ciento y este último año de 2.1, o sea, que vamos a crecer en este último año el promedio de los últimos 18 años, que no ha sido suficiente.

No estamos creciendo al ritmo que lo demanda nuestra nación.

Los datos generales del último año son: El PIB crece un 2.1 por ciento, debió ser de 5.3 por ciento. Apenas y llegamos al 40 por ciento.

La moneda se devaluó en el sexenio un 45 por ciento y en este último año un 7 por ciento.

Los precios han crecido en este primer semestre el 4.65 por ciento, esto es, la inflación sigue creciendo y acumula en el sexenio un 47 por ciento.

En cambio, el salario mínimo aumentó en el sexenio el 36.15 por ciento, esto es, que si restamos los precios de la inflación y lo que ha aumentado en salario, el poder adquisitivo de la gente perdió al menos un 11 por ciento comparando contra precios de la inflación. Esto significa que nuestro dinero cada vez compra menos y que la pobreza sigue aumentando.

La deuda del gobierno en este sexenio habrá crecido en un 100 por ciento prácticamente, ubicándose en 10 billones 142 mil millones de pesos.

En este último año creció un 9 por ciento.

El nivel de exportaciones ha crecido, sin embargo, la balanza, en cuenta corriente, crece más nuestras importaciones que exportaciones. Tenemos un déficit de 10 mil 875 millones en el 2017 y en el 2018 tendrá un comportamiento similar.

Por su parte, el saldo de la deuda pública de las entidades federativas y los municipios, también creció y se ubicó en 580 mil 654 millones de pesos.

De este monto, el 91 por ciento lo absorben los gobiernos estatales y sus organismos; y los gobiernos municipales un 9 por ciento.

El empleo.

El gobierno federal actual ha hecho mucho énfasis de que se ha logrado incrementar 3.6 millones de empleos formales registrados ante el Seguro Social y que la tasa de desocupación nacional promedio fue del 3.3 por ciento. Cifra que la verdad, yo no comparto, porque el desempleo es mucho mayor.

Y con respecto a los empleos que se están creando de manera formal, tenemos un problema, ¿cuál es la calidad del empleo?

Las estadísticas oficiales demuestran que el número de trabajadores con percepciones bien remuneradas disminuyó.

Por ejemplo, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, indica que los 14.5 millones de jóvenes entre 15 y 29 años que se encuentran ocupados en el mercado laboral, sólo el 3.5 por ciento cuenta con un trabajo con más de cinco salarios mínimos, o sea, 10 mil 551 pesos mensuales, el resto está en salarios verdaderamente deplorables, al igual que el salario mínimo.

Los precios de energéticos.

El Plan Nacional de Desarrollo decía que había que abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva.

Con la implementación de la reforma energética, el Plan Nacional de Desarrollo, establecía, entre una de sus metas, elevar el índice de recuperación y la obtención del petróleo crudo y gas natural.

Se prometió una producción de millones de barriles, de 3 millones de barriles de crudo diarios; y 8 mil millones de pies cúbicos diarios, en el caso del gas.

Hoy Pemex apenas está produciendo por encima de 1.9 millones de barriles, y ha recortado su meta a producir igual en este 2019 menos de 2 millones de barriles al día.

Mientras que la producción del gas se encuentra en 4 mil 870 millones de pies cúbicos, que esto es el 60 por ciento de lo planeado y planteado en el Plan Nacional de Desarrollo.

Asimismo, se planteaba, desde que se impulsó la reforma energética, la reducción de costos en la generación de energía eléctrica para que disminuyeran las tarifas que pagan las empresas y las familias mexicanas, sin embargo, en 2017 hubo incrementos hasta en 40 por ciento, sobre todo, en la energía de uso doméstico.

Otra de las promesas fue la disminución del precio de las gasolinas. En el 2013 el litro tenía un costo de 12.50 pesos, y al cierre de la administración, la población debe pagar un costo promedio de 19.80 pesos por litro, un incremento del 58 por ciento en gasolinas.
En ese sentido podemos concluir que no existen mejoras económicas reales, lo descrito en líneas anteriores es la verdadera realidad de las finanzas públicas, aunque el Ejecutivo nos quiera decir lo contrario.

Por lo tanto, desde el grupo parlamentario del PRD creemos en la importancia, sí, de mantener en la estabilidad los indicadores macroeconómicos y en la implementación de reformas estructurales, pero los resultados deben reflejarse en el bienestar colectivo a través de mejorar la calidad de vida de la población; toda reforma, todo cambio que queramos hacer en las leyes, si no se traduce en bienestar de la población, la población dice que todo lo que estamos haciendo no sirve para nada.

En pobreza, conforme al Coneval, los pobres han seguido creciendo y hasta el 2016, que es el último dato, se contabilizó a 53.4 millones de personas en pobreza, de los cuales, 9.4 millones están en pobreza extrema, prácticamente la mitad de la población está en pobreza.

Los cinco estados con mayor incidencia de pobreza son: Chiapas, con el 77 por ciento; Oaxaca, el 70 por ciento; Guerrero, el 64 por ciento; Veracruz, el 62 por ciento; y Puebla, el 59 por ciento; estos son los estados con mayor pobreza del país.

Esto nos está reflejando el pobre crecimiento económico, y que se ve reflejado, sobre todo, en los grupos más vulnerables, esto también ha derivado en el rezago de los diferentes sectores de la economía, entre ellos, el sector primario, gente dedicada a la agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza, siempre son los más afectados por falta de apoyos y oportunidades.

Prueba de ello es el nulo aporte o casi nulo aporte al crecimiento del PIB que sólo representa el .68 por ciento el año pasado.

Los recortes presupuestales impactan directamente a los sectores prioritarios como es la educación, el campo y la salud, y en este año, 2018, hubo un recorte adicional por 43 mil 800 millones de pesos.

En suma, este Informe puede tener dos lecturas:

La primera, de corte institucional, que envía el Ejecutivo, donde se tiene un entorno económico estable, y se vislumbra el futuro con optimismo.

Y la segunda, la que tiene nuestro grupo parlamentario del PRD, y que comparte con la realidad que vive la gente y los problemas que sufren a diario sus bolsillos.

La verdad es que estamos bastante mal, y que el crecimiento económico fue muy pobre en este sexenio, y además, la pobreza siguió creciendo, y la desigualdad también.

Por tal razón, esta fracción parlamentaria impulsará, desde el Congreso, las iniciativas necesarias que brinden el bienestar económico para mejorar las condiciones mejores de vida de la población, tal como ya lo hicimos hace algunos días, de presentar una iniciativa de ley para que los salarios mínimos se conviertan en salarios dignos para todos los mexicanos.

Muchas gracias, Senadoras y Senadores.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Fócil Pérez.

En una segunda ronda, ahora de 5 minutos, pero como parte del primer posicionamiento de las fuerzas políticas, tiene la palabra el Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano.

El Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda: Gracias, señor Presidente.

Pues nos tocó estudiar el apartado de México Próspero, del VI Informe.

Y comienzo con esa pregunta: ¿Es en verdad nuestro país un México próspero?

Decía el Presidente que "lo bueno casi no se cuenta, pero que cuenta mucho", y por eso vale la pena destacar aquello que encontramos, que no está sujeto a la realidad, como decía mi antecesor.

Prácticamente no existió corrupción, ni desigualdad, ni inseguridad, ni violencia, ni impunidad, el Informe detalla que todo es de maravillas.

Pero faltan en el Informe todos esos escándalos que terminan en "azo", Tarifazo, el casetazo, gasolinazo, el bolillazo, ni uno de esos aparece, y por eso preguntamos, ¿México próspero?, pero, ¿próspero para quién?

Se aumentó la pobreza, los datos más actuales del Coneval, ya aumentaron a 54 millones en pobreza extrema, ya no son 9.7, son más de 10 los que están en extrema pobreza, perdón, y hay un dato interesante, el Coneval, para medir la pobreza, detalla cinco carencias: seguridad social, alimentación, vivienda, la vivienda digna y los servicios.

Y el Coneval, con estándares internacionales, detalla, que si tienes al menos una de estas cinco, ya caes en alguna pobreza, bueno, ya en 2018 son 90 millones de mexicanos quienes tienen una de estas cinco carencias.

También aumentó la inflación, hoy el INPC está casi en 6, también aumentaron los escándalos, el OHL, la Casa Blanca, Odebrecht, los 700 millones del chivo expiatorio de Sedatu y Sedesol, y por eso preguntamos, ¿México próspero? Pues quizá próspero en corrupción, para algunos, porque para el grueso, pues, evidentemente que la canasta básica se disparó, el salario mínimo pues subió mínimamente, no es digno.

Los asaltos e inseguridad pues realmente se equiparan a los asaltos en las gasolineras, ya nos da miedo ir a la gasolinera, ya estamos a 21 pesos en algunas ciudades en la Premium, y con esta nueva Ley de IEPS que es 5 por ciento anual, pues va a subir un peso por año, y si además quitamos los subsidios que hay, pues quizá lleguemos a 24 pesos en el 2020.

A ver si hay prosperidad en el Senado para agua de nuevo.

En el tema de los empleos, es cierto, se aumentaron los empleos, son muy inteligentes para crear nuevos empleos, lo que no nos dicen es que son empleos menores a dos salarios mínimos. Esos empleos, si tuviéramos el Índice de Prosperidad en el cual una familia mexicana de cuatro personas: papá, mamá y dos hijos, tuviéramos esos 11 mil pesos para librarla, pues ni el 80 por ciento.

Un migrante, en Estados Unidos en dos, tres días consigue más de 600 dólares, y aquí, un empleo formal no nos alcanza ni para los 10 mil pesos.

Por eso, creemos que el tema de las participaciones, otro gran tema. Se presume una reforma hacendaria, se presume que las participaciones subieron 6 por ciento, que hubo 6 por ciento más para los estados, pero vemos, ayer lo platicaba con el Senador Guadiana en el aeropuerto, los estados están quebrados, están endeudados, Nuevo León y Coahuila no se diga.

El Informe, como caso ejemplo, el Presiente presume que en Nuevo León ya tenemos Línea 3 del Metro, hasta salió un spot muy bueno, presumiendo Línea 3 del Metro, resulta que ni vagones tiene, los mexicanos somos buenos para los récords, quizás tengamos el puente peatonal más grande del mundo, pues es una estructura sin metro, sin vagones.

En el tema de competitividad, se hizo un gran socavón, realmente por la corrupción, la violencia, el gasto, la impunidad, la falta de Estado de derecho en los contratos, pues no ha habido la inversión que se prometió, nos dijeron que con las reformas estructurales se aumentaría 5 ó 6 por ciento, no llegamos ni a dos, pero lo que sí se aumentó es la deuda externa, es el monto de la deuda, si dividimos la deuda entre el número de mexicanos, cada uno debemos ya 87 mil pesos.

¿Eso es realmente una catapulta o es realmente un entierro?

Y por último, y quiero destacar, porque sí se presume en el Informe, la reforma fiscal, la reforma fiscal en donde tenemos un grave atraco de tres IEPS, el Federal, el estatal, el combustible fósil más IVA al gasolinazo, nos crearon un IVA disfrazado, donde nos plantearon que si el alimento tenía en carbohidratos, calóricamente arriba de 170, había que agregarle el 8 por ciento, yo los invito, ¿qué producto procesado no alcanza con 100 gramos, 180? Todos.

Hicieron lo mismo con la cerveza, con el refresco, el cigarro, telecomunicaciones, Internet, casinos, ¿y ese recurso? Ni se va a obesidad, ni a cirrosis ni a infraestructura, ¿se va a un gasto público?

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senador, se le ruega concluir. Ha terminado su tiempo.

El Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda: En fin, como decía el Senador Álvarez Icaza, definitivamente país rico, pueblo pobre, se presume que somos el 15º lugar en el mundo, el 2º en América Latina, pero de qué sirve la riqueza con tanta desigualdad.

"Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho", lo bueno es que ya se van, les quedan 70 días, pero lo mejor es que ya llegamos nosotros.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Samuel García Sepúlveda.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Vanessa Rubio Márquez, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

La Senadora Vanessa Rubio Márquez: Con su permiso, señor Presidente. Muy buenas tardes compañeras y compañeros Senadores:

Ni el crecimiento de la economía, ni la inflación, ni el empleo, ni la estabilidad económica se determinan por Decreto, ojalá así fuera, pero no es así. Estos elementos, que reflejan el estado de una economía, son resultado de una compleja, de una complejísima serie de factores internos y externos que tienen su origen en políticas adecuadas que se construyen por décadas, son un baluarte, un patrimonio de los mexicanos.

Y la verdad yo dudo que alguno de ustedes me pueda decir que está en contra de incrementar y dar mayor certidumbre a las fuentes de financiamiento público del país, hacer a las finanzas públicas menos dependientes de los ingresos petroleros, generar más y mayores empleos, promover más inversión privada en los distintos sectores, disminuir los niveles de pobreza y de carencias sociales, tener una inflación a la baja y estable, contar con una cantidad, sin precedente, de recursos en las reservas internacionales y en los fondos de estabilización tanto de ingresos presupuestarios como petroleros y mantener las calificaciones crediticias y las percepciones positivas de los mercados, de las calificadoras respecto de nuestra economía.

Pues la noticia es que todo esto se logró y fue posible, por lo que hemos hecho juntos todos los mexicanos por muchos años de políticas económicas y financieras que se mantuvieron, sobre todo los cinco años y medio, ello nos ha permitido tener, sin lugar a dudas y lo digo clarito, finanzas públicas sanas, estabilidad financiera, incluso en episodios de altísima volatilidad financiera internacional, como la que estuvimos viviendo en los últimos años, y esa historia no la pueden contar muchos países de América Latina y El Caribe, por cierto.

No podemos dejar de dimensionar y valorar en dónde estamos parados, porque a falta de políticas económicas, financieras, responsables y prudentes, que no siempre populares, porque eso es gobernar, a veces no ejercer políticas que son populares, pero que son responsables y que sientan las bases del desarrollo futuro del país.

Y saben, cuando eso no se hace, quiénes son los que acaban sufriendo más, pues los que menos tienen, y ahí tenemos el promedio de América Latina en 2016, que decreció menos 1.1 por ciento; mientras este año México creció 2.8 por ciento en nuestra economía, hubiéramos crecido más, claro, pero dado el contexto y con lo que les acabo de comparar de América Latina, era algo muy complicado de hacer, eso se tiene que considerar.

Muy importante también, ante todos los retos que les enumeraré a continuación, se mantuvo a flote la economía y en expansión, sorteamos ahora sí que una tormenta perfecta, la desaceleración del crecimiento a nivel mundial.

La caída del comercio internacional, la caída de los precios del petróleo, una enorme caída de la manufactura, de la producción manufacturera en Estados Unidos que se contrajo como 1.1 por ciento y es la principal demandante de nuestras exportaciones.

En el Brexit, que también se vivieron, las alzas de las tasas de interés en Estados Unidos y el contexto pre y post electoral de Estados Unidos, acuérdense como estábamos hace casi dos años, con la inestabilidad y con la incertidumbre que se tenía.

Las cifras y los hechos demuestran que hemos salido adelante ante un contexto muy, pero muy adverso, hemos tenido por primera vez en cuatro sexenios, crecimiento anual positivo en cada uno de los últimos 22 trimestres, México es uno de sólo 8 países en los que el PIB ha aumentado a tasa anual por más de 8 años.

En menos de 6 años se han creado casi 4 millones de empleos, el desempleo llegó a un mínimo histórico de 2.9 por ciento, el número de contribuyentes que pagan impuestos es hoy 80 por ciento mayor que hace 6 años, nunca se había incrementado la base tributaria tanto en nuestro país, dependemos tres veces menos de los ingresos petroleros, los ingresos presupuestarios al inicio de la administración dependían en 40 por ciento de los ingresos petroleros; hoy dependemos 16 por ciento eso nos hace menos vulnerables a nuestras finanzas públicas.

La deuda pública cerrará, y aquí no es de lo que uno siente, las cifras son las cifras, la deuda pública va a cerrar en 45.5 por ciento del PIB, que es mucho menor que el promedio de las economías emergentes y también por cierto de las avanzadas.

La inflación anual promedio de este sexenio es de 4 por ciento y no nos hagamos bolas, ahí están las cifras y revísenlas, es la más baja de un sexenio en 48 años.

El poder adquisitivo del salario mínimo ha tenido su mayor recuperación en los últimos 42 años.

Perdón, señor Presidente, pero quien me presidió en el uso de la palabra tuvo siete minutos, les voy a pedir un minutito más.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Adelante, y concluya.

La Senadora Vanessa Rubio Márquez: Qué amable, señor Presidente. Gracias.

Los compañeros que me han presidido en el uso hablaron, por ejemplo, de la deuda pública estaba por arriba de 50 por ciento. Revisemos los datos, no es así, 45.5 por ciento.

También decía alguien: "Que no podemos hablar de crecimiento económico, si hay pobreza", discúlpenme, pero el crecimiento económico es una cifra independiente de la pobreza, y claro que hay pendientes en pobreza, y claro que hay pendientes en el desarrollo, pero el crecimiento es el crecimiento económico, y no está a debate.

Se pregunta también ¿adónde se va la deuda? Pues, a financiar los requerimientos financieros del sector público, los (RFSP), que además son de los más auditados a nivel nacional e internacional.

Y también se decía: "Que la cifra es inflación no se compartía", pues, ahora sí que no es de compartir o no compartir, es la que es, y también está auditada por instancias nacionales e internacionales.

Así es que los datos no son emocionales, son datos duros, son datos racionales y son cifras, reitero, que están avaladas por décadas de trabajo de los mexicanos.

Lo dicen los empresarios mexicanos y extranjeros que cree en nuestro país, y que no nos dan una palmada en la espalda y nos dicen: "Qué bien van", sino que meten su dinero a invertir en nuestro país, creen en nuestro país, generan empleos en nuestro país.

Por ejemplo, ahí hay 4 billones de pesos en inversión privada, o sea, una quinta parte del PIB; 192 mil millones dólares en inversión extranjera directa, un monto histórico, y más de 200 mil millones de dólares en inversiones presentes y comprometidas.

Lo digo claro: "Se deja al nuevo gobierno finanzas públicas sanas, finanzas públicas sanas como nunca en una transición política en nuestro país".

Se dejan también redes de protección financiera del orden, oigan esto, de 270 mil millones de dólares, nunca habían existido; 173 mil millones de dólares de reservas internacionales; 13 mil millones de dólares en fondos de estabilización para cualquier contingencia, y 86 mil millones de dólares en una línea de crédito flexible que se puede jalar del Fondo Monetario Internacional, y somos el único de tres países en el mundo que lo tiene. Así de contundente.

Finanzas públicas sanas avaladas por los organismos internacionales: los mercados, las calificadoras y los inversionistas.

Es nuestro deber velar por la salud de nuestra economía y de nuestras finanzas  públicas.

De este baluarte mexicano dependen directamente los empleos, el bienestar y todo lo que se quiera trabajar en desarrollo social en nuestro país.

Muchas gracias a todos.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Rubio Márquez.

Tiene el uso de la palabra el Senador Julen Rementería del Puerto, del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

Y les rogamos a todas y a todos organizar su intervención para ajustarse a los tiempos.

El Senador Julen Rementería del Puerto: Con su permiso, señor Presidente. Senadoras y Senadores:

Detrás de los números está la economía.

Se pueden presumir estadísticas, números y metas supuestamente cumplidas, pero si estas no logran mejorar la situación económica de las familias mexicanas, entonces, no hay nada qué decir.

En marzo del 2012, en los días que corría la campaña, se decía que había que hacer crecer a México mucho, y se dijo que lo iban a llevar a un crecimiento de un 5 y 6 por ciento. Claro que eso no ocurrió, la evidencia hoy es contundente.

En Acción Nacional, entendemos que para que una sociedad funcione, se debe contar con una economía en crecimiento, estabilidad de precios y una clase media próspera y en expansión. Pero esto resulta imposible si el gobierno asfixia a los ciudadanos con altos impuestos, despilfarra su gasto y aumenta el endeudamiento.

En 2013, fueron presentadas y aprobadas diversas medidas recaudatorias, entre las principales, se propuso aumentar del 11 al 16 por ciento la tasa al Impuesto al Valor Agregado en la frontera, afectando, por supuesto, de una manera importante a toda la franja norte de nuestro país.

Se eliminó también el régimen de contribuyentes, y nos encontramos con que a las micro y pequeñas empresas, que dicho sea de paso, son las mayores empleadoras de este país, fueron las que pagaron las consecuencias de la eliminación de ese régimen.

Se elevaron las cuotas de impuestos especiales, el de los combustibles, que tanto se ha dicho, que tanto se dijo en campaña, pues ahí lo tenemos.

Hay, finalmente, aumentos muy importantes, que lo que tenemos hoy es la afectación a la mayoría de los mexicanos, porque de una o de otra manera, a todos nos afecta el alza de los combustibles.

Pero eso no es todo. En el VI Informe se habla de que se han creado 3.5 millones de empleos, pero no se precisa que estos 3.5 millones de empleos son, precisamente, con salarios muy, muy bajos.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi, en 2012, el 36 por ciento de los empleos estaban tazados en menos de dos salarios mínimos. Hoy, esa cifra de 36 pasó a 44 por ciento.

Vean cómo hubo crecimiento en la gente que ahora gana menos de dos salarios mínimos, y no es un crecimiento menor.

Por eso que aquí el llamado a quienes van a ser gobierno, a los Senadores y Senadoras de Morena, porque el compromiso de su gobierno será el generar, sí, empleos, pero empleos dignos, bien remunerados.

Esperamos que el porcentaje no se expanda y que, por el contrario, el ingreso económico de esos empleos pueda realmente aumentar.

Miren, en 2017, la inflación en México ascendió a 6.8 por ciento, su mayor tasa en los últimos 18 años.

Para agosto de este año, ya nos ubicamos en una tasa anualizada del 4.9 por ciento, casi un punto porcentual ya de lo que era la meta del Banco de México, que era del 4 por ciento.

Y aun cuando la reforma hacendaria representó un aumento del 8.3, en 2012, al 13.1 por ciento de los ingresos tributarios del gobierno federal, estos recursos no se vieron utilizados en algo que le diera realmente beneficios, o mayores beneficios a la población, únicamente sirvieron para engrosar el gasto corriente y la burocracia, que al final es lo mismo.

Según la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 2012 el gasto corriente era de 2.9 billones de pesos; y en 2017, alcanzó 4.39 billones de pesos, casi 50 por ciento en ese mismo lapso.

De manera que el incremento, pues, se dio básicamente del gasto, precisamente ahí, en donde no producen: en la burocracia, en el gasto corriente, sólo para operar.

Los números no acaban. Se duplicó la deuda pública al pasar de 5.5 billones a 10.2 billones.

Desde luego que la inversión, que es, digamos, que el dinero del pueblo, regresado a él en beneficios, la inversión en obra pública disminuyó 26 por ciento.

El dólar antes estaba en 10 ó 13 pesos, ahora está en la franja de los 20 pesos.

El gran desafío, y aquí viene el gran desafío del próximo Presidente, será intentar traer el anhelado crecimiento de la economía a ser una práctica real, a generar estos equilibrios que con el tiempo pongan realmente a la economía en condiciones de que se sienta en los bolsillos de los ciudadanos.

En Acción Nacional velaremos por el cumplimiento de las promesas de campaña del Presidente Electo, en particular con su promesa de duplicar el crecimiento de la economía, él habló de un 4 por ciento. Pero con tristeza vemos que se empiezan a dar algunos deslindes de esos compromisos, se habla hoy de bancarrota, apenas el día 16, cuando el día 5 de septiembre, en Nuevo León, de lo que se hablaba era de recibir una economía estable, sin crisis económica y sin crisis financiera, sólo once días para cambiar radicalmente el discurso.

Por supuesto que los alcanzó la realidad y tenemos esperanzas de que en México las cosas funcionen bien. Ya se dijo aquí en más de una ocasión, este no es un país pobre, este es un país con muchos pobres, pero la economía de México puede surgir.

No queremos que los pretextos sigan campeando, se habló en campaña de reducir en los precios de las gasolinas, hoy ya se están rajando de eso.

De los sueldos, en la Suprema Corte también se mencionó y hoy ya se aceptó que no será así.
En la guardia nacional también cambiaron las cosas cuando se mencionó que había, ya nuestro compañero Senador en algún momento dijo que no, que no procedería de esa manera.

En el Ejército y la Marina, pues se decía que tenían que salir de las calles, hoy ya se reconoce que no.

El nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no sabemos en qué etapa va.

Lo que queremos es certeza, lo que México necesita…

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Le ruego concluya, Senador, por favor.

El Senador Julen Rementería del Puerto: Concluyo, señor Presidente.

Lo que México necesita es que haya para los extranjeros, pero sobre todo para los nacionales, la seguridad de que este país va por un buen rumbo.

Por eso se votó el 1° de julio, es lo menos que se puede hacer.

Lo que no podemos permitir, no debemos hacer que suceda, es que simplemente estos bandazos generen la incertidumbre y con ello la desgracia para la economía de nuestro país.

Ojalá a México la vaya bien para que le pueda ir bien también al nuevo gobierno y, por supuesto, a todos los que integramos de alguna manera este hermoso país.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Rementería del Puerto

Ruego a las Senadoras y Senadores circunscribirse al tiempo establecido, sobre todo en virtud de que hay dos rondas de oradores.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Imelda Castro Castro, del grupo parlamentario de Morena.

La Senadora Imelda Castro Castro: En el sexenio que concluye, la economía mexicana está marcada por un grave contraste.

Por un lado, una dinámica creciente de ingresos públicos y una inexplicable ineficiencia del gasto.

Los ingresos fiscales en este gobierno se incrementaron un 80 por ciento.

La deuda pública se duplicó al pasar de 5 a 10.3 billones de pesos.

Obtuvo este gobierno ingresos por 592 mil millones de pesos que el Banco de México transfirió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por remanentes que se tuvieron en los ejercicios de 2015, 2016 y 2017.

Tan ineficiente fue el gobierno que no supo aprovechar los enormes recursos que recibió México en estos seis años por concepto de remesas y por concepto de inversión extranjera directa, por los cuales ingresaron a México 192 mil millones de dólares, y por remesas 120 mil millones de dólares. Todos estos recursos debieron haber detonado el crecimiento económico y disminuido la pobreza.

En estos seis años nuestra economía se volvió más dependiente del exterior. Al desmantelar Pemex, se desvaneció la producción nacional de hidrocarburos; y al dejar en el abandono las refinerías, la producción de gasolina diésel y gas se redujo al mínimo. Por eso ahora México tiene que importar el 72 por ciento del consumo nacional, con producción que se genera en las refinerías de Texas, algo imposible de imaginar todavía hace diez años.

La dependencia energética, compañeras y compañeros Senadores, hace vulnerable la viabilidad económica de nuestro país.

Al final de estos seis años el crecimiento económico, como aquí se ha citado, fue mínimo de 2.3 por ciento. El precio se depreció con respecto al dólar en un 50 por ciento; los salarios tampoco tuvieron una mejoría, muy por lo contrario, el repunte inflacionario de los últimos años devino en una pérdida real del poder adquisitivo, equivalente también al 2.3 por ciento.

Y no es cierto lo que se dice del Informe en la página 110, de que las tasas de interés promedio han bajado. Con el repunte inflacionario y la depreciación del peso la tasa de interés se incrementó en 4.8 por ciento.

Desde diciembre de 2015 a agosto de 2018, la TIIE, que es la tasa de referencia para los créditos bancarios, pasó de 3.35 por ciento al 8.10 por ciento, y con ello se afectó el costo de operación de las empresas y se retrasaron o se impidieron, incluso, las inversiones para generar mejores empleos.

De los 3.7 millones de empleos que se han creado, prácticamente se trata de empleos precarios, porque con la reforma fiscal que se dio se estimuló a los empresarios para que se formalizaran, pero siguen siendo empleos precarios.

El comercio exterior, desde el 2013, se ha estancado en términos reales de 375 mil millones de dólares y el consumo interno crece, pero de manera inercial.

El resultado de la política económica aplicada en estos años ha sido de un endeudamiento explosivo. Ese acelerado endeudamiento y el no haber tenido una incidencia en la mejora del bienestar de las familias mexicanas, como tampoco en elevar la tasa de crecimiento económico en México, amerita, compañeras Senadoras, compañeros Senadores, una explicación rigurosa del Secretario de Hacienda y Crédito Público en su próxima comparecencia ante esta Soberanía.

Debe explicar el destino específico de los poco más de 5 billones de pesos.

¿En qué programas se aplicaron?

¿En qué regiones del país?

¿En qué proyectos? Entre otros.

Estas son las explicaciones que deben dar en la comparecencia, particularmente el Secretario de Hacienda.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Imelda Castro Castro.

En una segunda ronda, tiene el uso de la palabra el Senador Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano.

Les rogamos ceñirse al tiempo que se ha acordado de cinco minutos, sobre todo porque han tenido ya una primera intervención.

El Senador Clemente Castañeda Hoeflich: Con mucho gusto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias.

Adelante.

El Senador Clemente Castañeda Hoeflich: Con el permiso de la Presidencia.

Dígase lo que se diga, lo cierto es que la política económica de este sexenio le ha servido de muy poco a las mexicanas y a los mexicanos en su vida diaria. Es una política que ha profundizado la brecha de desigualdad, que ha acrecentado el descontento social y que no ha solucionado los principales retos en la materia, ni siquiera aquellos que el propio gobierno se planteó solventar desde un inicio.

Es que no podemos presumir ser la economía número 15 del mundo mientras sigamos teniendo una política económica que fabrica pobreza y que genera desigualdad.

Permítanme referirme a tres temas en esta intervención:

Primero. Una vez más, en este Informe de Gobierno se presume la creación de empleos entre 2012 y 2017, ya se hacía referencia sobre este tema en el caso del Senador Rementería, del PAN y de Samuel García, de Movimiento Ciudadano.

Se crearon 3.4 millones de empleos; 3.5, algunas cifras lo plantean así, pero la realidad es que casi el 75 por ciento de estos empleos reciben ingresos menores a dos salarios mínimos, y el problema es que seguimos teniendo un salario que no le alcanza a las familias mexicanas, que tiene a millones de personas trabajando jornadas completas y que, sin embargo, no reciben ingresos suficientes para cubrir la línea de bienestar.

Por eso es que el gran reto del Estado mexicano en materia económica sigue siendo diseñar una política para la recuperación del salario; una política para tener trabajo y salario dignos, no solamente un incremento del salario mínimo.

El segundo tema que quisiera abordar tiene que ver con esta especie de doble vocación, recaudadora, por un lado, y discrecional, por el otro, de parte del propio gobierno federal.

Por un lado, le carga la mano a los ciudadanos con medidas, por ejemplo, como el gasolinazo, que en los últimos tres años le dejaron al gobierno federal una sobre recaudación de más de 185 mil millones de pesos, me refiero a los años del 2015 al 2017, mismos que, por supuesto, se manejaron con absoluta discrecionalidad.

Pero, por otro lado, le sigue condonando impuestos a las grandes empresas que durante los últimos años las cifras que tenemos es que sobrepasan los casi cien mil millones de pesos.

Por eso este doble rasero no promueve una política económica justa y equitativa, sólo incrementa la desigualdad y la desconfianza, que son las herencias de la reforma fiscal del Pacto por México.

Por eso hoy lo volvemos a decir desde Movimiento Ciudadano, vamos por una política fiscal donde todos paguen lo justo y vamos, por supuesto, para darle reversa al gasolinazo.

Tercero. Queremos dejarlo en claro, la economía de México no está en bancarrota, lo que hemos tenido son malos manejos, discrecionalidad y opacidad, pero ahí están los recursos y el resto es ejecutarlos con inteligencia, con transparencia y cumpliendo las expectativas de los mexicanos.

Por eso el tercer tema que quiero mencionar el día de hoy es la situación del campo mexicano, que es o debiera ser un motor de la economía nacional.

La industria agroalimentaria es de las principales fuentes de divisas del país y el PIB agropecuario crece más rápido que la economía en su conjunto, pero a pesar de todo eso persiste la pobreza, la marginación y las inequidades en el campo.

Aunque el campo es un motor de la economía mexicana, el gobierno no ha podido convertirlo en palanca de desarrollo y bienestar para cientos de miles de familias que viven y trabajan ahí.

Estamos convencidos que esta es una deuda histórica que debe revertirse y eso pasa, fundamentalmente, por tener una política económica distinta, más justa y de largo plazo.

El ejercicio de esta glosa, compañeras y compañeros Senadores, debe servirnos no sólo para evaluar los resultados del gobierno federal, sino también para identificar los retos y los puntos de coincidencia que tenemos en torno a los problemas del país.

Esperamos que de aquí, en lo que hemos coincidido muchos grupos parlamentarios, se puedan desprender acciones concretas para el campo mexicano, para mejorar el salario, para tener una política recaudatoria justa, para darle reversa al gasolinazo y para tener otras tantas acciones que oxigenen nuestra política económica.

Es cuanto.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Castañeda Hoeflich.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Partido Revolucionario Institucional.

Pedimos el auxilio, por favor, al área de Servicios Parlamentarios.

La Senadora Claudia Edith Anaya Mota: Con su permiso, señor Presidente.

Las reformas estructurales son resultados de una visión de futuro con perspectiva a largo plazo para dar estabilidad económica al país; reformas, por cierto, necesarias e inaplazables ante los débiles y críticos escenarios económicos mundiales, pero, sobre todo, ante nuestra dependencia de los ingresos derivados de la renta petrolera.

Por ello la necesidad de estas reformas que han traído estabilidad financiera a nuestro país y certidumbre para la inversión.

Mayor competitividad, mayor crecimiento, mejores empleos con seguridad social, sector financiero estable, inversión en los sectores energético y de telecomunicaciones, menor dependencia de los ingresos petroleros y aumento de los ingresos tributarios son los principales objetivos de las reformas, son hoy nuestra mejor base para el crecimiento y para el futuro.

Los indicadores señalan que los objetivos de las reformas estructurales en materia económica se han venido cumpliendo progresivamente, fijando los cimientos de un crecimiento sostenible, sus resultados aumentarán con el tiempo y entonces se podrá hacer un balance histórico, no sólo en los temas macroeconómicos, sino también en la vida cotidiana de las personas y el desarrollo de las comunidades.

Las reformas estructurales han tenido avances, se ha preservado el dinamismo exportador, se han fortalecido los ingresos públicos, se ha impulsado la atracción de inversiones en mercados clave, como el energético y el de telecomunicaciones.

En términos de beneficio social se aumentó considerablemente el número de empleos formales y mejoraron progresivamente los indicadores de bienestar.

La estabilidad macroeconómica de México se ha traducido en beneficios de microeconomía social. Hoy México rompe récord en su historia con el mayor número de personas afiliadas al IMSS, esto significa ahorro para su retiro, significa atención médica y significa crédito para adquirir una vivienda.

Pero ¿cuál es el impacto en indicadores de estas reformas estructurales?

Respecto a la hacendaria, por dar un dato solamente, del 2012 al 2017 los ingresos presupuestarios de carácter tributario crecieron en un 7.5 por ciento, somos un país que recauda más; se amplió la base tributaria y aporta más quien más tiene, lo cual era una exigencia de la OCDE, que hoy día se nos reconoce.

Con base en el índice de desarrollo del sistema financiero, que elabora el Foro Económico Mundial, México pasó del lugar 96 al 51 como consecuencia de la reforma financiera, ubicándose en el lugar 44 en banca con finanzas sanas, y en el 17 sobre la fortaleza del marco regulatorio al sector bancario y financiero.

En términos de beneficio para el consumidor de servicios, las tasas de interés han disminuido progresivamente, disminuyó la tasa de créditos personales, al igual que la de consumo y la tasa de crédito hipotecario.

Las personas que usan la banca confían en la solidez financiera de su país, confían en la estabilidad económica de México.

Pero no estamos hablando sólo de buenos números macroeconómicos para México, hay beneficios del orden social en el sistema financiero. La inclusión, por ejemplo, de 12.7 millones de personas al sistema financiero.

Nacional Financiera, Bancomext, Banobras, Banjercito, etcétera, la banca de desarrollo en general ha financiado, desde la reforma financiera hasta 2017,1.8 billones de pesos, cifra 69 por ciento más alta al saldo del financiamiento de 2012, en términos reales.

Esto es inversión municipal, es inversión estatal y es inversión para los pequeños y medianos empresarios.

El país se encuentra bajo un buen orden económico, no en la bancarrota, no lo digo yo, lo dicen los expertos.

Juan Pablo Castañón, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial y Claudio X. González, expresidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, afirmaron en el Foro Económico 2018: "Que los principales retos del país son la inseguridad y la corrupción, pero que existe la confianza en los empresarios para invertir en México, precisamente por la estabilidad financiera".

De acuerdo con la OCDE, México es el país con menos deuda, en proporción al PIB, luego de Estonia y Luxemburgo.

El país con más alta proporción de deuda a nivel mundial en referencia a su PIB es Japón, con un 230 por ciento de su Producto Interno Bruto comprometido.

Las tres calificadoras de riesgo como lo son Moody´s, Standard & Poor´s y Fitch, califican a México como un país apropiado para la inversión, lo que significa finanzas sanas públicas y un riesgo mínimo de crisis.

Así, nuestro reto como país es que las oportunidades de desarrollo lleguen a los grupos con mayores rezagos.

Por lo que nuestra bancada se compromete a seguir impulsando reformas para lograr que la macroeconomía estable se convierta en una microeconomía sana y socialmente responsable.

Construyamos juntos, porque México necesita mayorías y minorías.

México necesita construir con todos los puntos de vista y todas las visiones.

Esto se puede entender muy bien cuando se ha venido de menos a más.

Pero solamente se puede implementar y llevar a cabo cuando se es lo suficientemente grande de espíritu y no solamente de tamaño.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Anaya Mota.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Minerva Hernández Ramos, del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

La Senadora Minerva Hernández Ramos: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros Senadores:

La revisión al capítulo económico del VI Informe de Gobierno, muestra que los números no mienten, quienes mienten son los que manipulan cifras y estadísticas en su beneficio.

Si la realidad de nuestro país fuera la misma que el Presidente Peña nos muestra en sus spots, no se hubiera dado la alternancia democrática.

Se les olvida al Presidente y al Partido que aún gobierna, que el 1° de julio fue el indicador que midió el desempeño de esta administración.

Tampoco olvidemos, Senadores, que en este acto el Presidente no está rindiendo cuentas, simplemente informa el estado que guarda la administración del país y que al no ser un diálogo democrático entre los Poderes de la Unión, pues el Presidente nos viene a decir que todo está bien, cuando es un hecho que con el PRI-Gobierno México apenas creció la mitad de lo que crecía con los gobiernos del PAN.

Desde Acción Nacional, decimos que este gobierno está reprobado en cuanto a las metas de su Plan de Desarrollo.

Que no se elevó el nivel de vida de la población, que en estos seis años han disminuido las personas que ganan más de cinco salarios mínimos, además de la alta depreciación de su poder adquisitivo.

El Presidente presume que subió el empleo, pero omite decir que se trata de empleos precarios, que no se aceptan por gusto, sino que se aceptan porque la gente tiene hambre y necesidades que cubrir.

Que no se erradicó la pobreza, que se disfrazó la realidad, porque el cumplimiento de un indicador como suelo firme o acceso a servicios básicos, de ninguna manera implica que la población deje de estar sujeta a las vulnerabilidades que condenan su movilidad social.

El 75 por ciento de los mexicanos somos pobres, con menores o mayores grados de vulnerabilidad en cuanto a la obtención de ingresos o las carencias de derechos sociales como alimentación, educación y salud.

México no está en proceso de recuperación de la pobreza, está en un modelo que estructuralmente reproduce la pobreza y la desigualdad, porque las grandes disparidades continúan y permanecen; los estados del norte del país siguen siendo más industrializados y más productivos, mientras que las economías de los estados del sur siguen en rezago.

Porque en la brecha salarial entre hombres y mujeres, tampoco disminuyó en estos seis años.

En los empleos mejor pagados hay siete hombres por cada tres mujeres y esa tendencia aumenta en sectores como el agropecuario, la construcción, la industria manufacturera y el comercio.

Porque gracias a la inflación, la brecha entre quienes tienen mucho y quienes tienen nada, se acentuó durante este sexenio.

Pero seamos justos, compañeros Senadores, durante el sexenio del Presidente Peña, México sí creció, pero creció en crimen organizado, huachicol y corrupción.

En el Índice de Percepción de la Corrupción, México creció. A esta administración se le han tenido más de dos billones de pesos en operaciones económicas, pero reportadas como inexistentes mediante facturas falsas.

Y sí, se han incrementado los recursos públicos, pero estos han sido desviados a las empresas fantasmas.

"No te preocupes Rosario", dijo Peña, "porque yo te pongo donde hay, donde hay dinero en este gobierno y amnistía en el próximo para los chivos expiatorios, porque en este país, la PGR ni investiga, ni formula acusaciones". Y para muestra ahí está Odebrecht.

El gobierno que se va sembró la práctica de la fragmentación en el desvío de recursos públicos para impedir su fiscalización y el próximo gobierno de cuarta, de cuarta transformación, siguió el mismo camino con la fragmentación de los recursos del "Fideicomiso 19S".

En este caso, el Tribunal Electoral determinó que supuestamente no hubo indicios para una actuación indebida, como también, supuestamente, la maestra Elba Esther no incurrió en desvíos de recursos del sindicato magisterial.

Con estos ejemplos avísenle, por favor, al Presidente Electo, que no necesitamos una Constitución moral, no, lo que necesitamos, compañeros y compañeras, es dejar de actuar en fraude a la ley, evitar este "gatopardismo" que llegó para cambiar todo esperando que no cambie nada.

De cara al próximo paquete económico, desde Acción Nacional le decimos al gobierno electo que una política de austeridad en el gasto no está en comer en "toppers" y beber en "termos", que no está en quitar o poner edecanes o en castigar al capital humano valioso del sector público.

La austeridad, me voy a tomar quizá un minuto más, señor Presidente, está en atender los temas que realmente importan al gasto público, como el Ramo 23, que tuvo un sobre ejercicio del 176 por ciento en este sexenio o el costo financiero de la deuda pública que se ha incrementado o que la presente administración contrató deuda para pagar los intereses de la propia deuda o que ante la caída de ingresos petroleros se hayan utilizado los ingresos no recurrentes para financiar el gasto corriente o un lago, etcétera.

Gastamos mucho y gastamos mal.

El signo de este gobierno fue el dispendio.

Vemos preocupante que al finalizar este nuevo sexenio, México perderá su bono demográfico, pues para 2030 las personas adultas mayores recibirán mayores recursos públicos que los niños y corresponde a esta Legislatura romper las inercias en las asignaciones presupuestarias.

Reconocer los cambios económicos y poblacionales que presionarán las finanzas públicas y también sentar las bases para que el desarrollo económico del país implique condiciones dignas y más favorables para todos los mexicanos.

El futuro del país no está en el regocijo de la victoria electoral, está en afrontar los problemas con responsabilidad, con análisis objetivos y visión de largo plazo.

Las y los legisladores de Acción Nacional estamos dispuestos a construir el México que nuestra población necesita.

Insistiremos en reducir a la mitad el IVA en la zona fronteriza y también en disminuir a la mitad el IEPS a las gasolinas.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Hernández Ramos.

Tiene el uso de la palabra el Senador Alejandro Armenta, del grupo parlamentario del Partido Morena.

El Senador Alejandro Armenta Mier: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

La política económica que el Ejecutivo Federal presenta como resumen en su último año de administración, resume estabilidad macroeconómica a pesar de los vaivenes internacionales, obviamente de este modelo depredador de la sociedad que sólo sirve a los intereses del poder económico trasnacional.

En los bolsillos de los mexicanos persiste la pobreza del pueblo ante la pérdida del poder adquisitivo. Es falso el crecimiento económico; la supuesta estabilidad macroeconómica no ha sido un pilar para el beneficio del ciudadano de a pie que se siente afectado, a los gobiernos del PAN y el PRI sólo les interesan las variables macroeconómicas.

El mandato de millones de mexicanos el 1º de julio fue claro, la cuarta transformación significa separar el poder económico del poder político, ahí está el origen del subdesarrollo y del saqueo en este país.

Los partidos políticos que promueven este modelo económico son membresías del neoliberalismo, a eso han servido, a los intereses de las grandes transnacionales.

Hay que recordar lo que decía Robert Lansing, secretario de estado norteamericano, ojo, ojo en 1920, él decía: "México es un país extraordinario, fácil de dominar porque basta controlar a un solo hombre, al Presidente de la República, y a los gobernadores, claro, tenemos que abandonar la idea de poner en la Presidencia a un ciudadano americano, ya que esto nos llevaría otra vez a la guerra.

La solución necesita más tiempo, debemos abrir a los jóvenes mexicanos ambiciosos, las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, de nuestros valores y el respeto al liderazgo de Estados Unidos.

Con el tiempo, esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes, finalmente se adueñarán de la Presidencia de la República y de las gubernaturas. Entonces, sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro, harán lo que queramos, y lo harán mejor y más radical". Eso lo dijo Robert Lansing, en 1920.

Por ello el comentario es importante.

¿Qué nos tiene que decir el Ejecutivo Federal frente a la depreciación del peso frente al dólar, de más del 50 por ciento, del 2012 a la fecha?

Hay que recordar que en diciembre del 2012 el dólar costaba 13 pesos; hoy, 19 pesos.

¿Qué nos tiene que decir el Ejecutivo Federal de un incremento en la deuda pública del 7.7 por ciento? Recursos que no llegaron a salud, no llegaron a educación, no llegaron al campo, no llegaron a los micro, pequeños y medianos empresarios, que se ahogan entre las deudas financieras y las persecuciones del SAT.

La presunción en el aumento de la recaudación progresiva de nuestro sistema tributario no ha logrado que quien gane más pague más impuestos. Bajo la complicidad de las últimas tres administraciones, tres últimas administraciones, la evasión fiscal se ha convertido en el principal instrumento del saqueo institucionalizado en nuestro país.

El PRI-AN ha diseñado un sofisticado mecanismo financiero para institucionalizar el saqueo a través de los fideicomisos públicos.

Claro, claro que la austeridad está en ello, no en los cacahuates ni en las edecanes; claro que la austeridad pasa por la Ley de Ingresos que tenemos que revisar en el Senado de la República para quitarle los privilegios a los socios de los que hoy tienen empresas y ponen a sus Senadores, a sus Diputados y a sus gobernadores para saquear al país.

Más de 350 fideicomisos públicos han recibido en los últimos cinco años, fíjense, alrededor de 2.8 billones de pesos; no hay un programa social que pueda ser comparado, 2.8 billones de pesos a 350 fideicomisos públicos que no generan desarrollo en el país.

Cada uno de los fideicomisos públicos genera intereses, rendimientos amparados en el secreto fiduciario. Tenemos en nuestras manos que corregir ese saqueo desde la Cámara de Senadores.

Cada uno de los fideicomisos, desde luego, saquea dinero del pueblo.

¿Qué nos puede decir el gobierno federal ante la evasión realizada?

Por eso, los Senadores de Morena, ni amnistía ni olvido. Justicia y aplicación de la ley a quienes están saqueando al país.

Entre el 2008 y el 2016, las condonaciones ascendieron a 593 mil millones de pesos, y los grandes consorcios, sólo 33 empresas, dejaron de pagar 80 mil millones de pesos.

Por eso es importante refundar el modelo económico a través de un modelo de Estado socialmente necesario, centrado en un gobierno humano, sustentado en la bioética social, con miras a fortalecer el proyecto alternativo de nación que encabezará el 1º de diciembre el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

No hay crecimiento económico, que quede claro, mucho menos desarrollo social sin éxito, sin la aportación de las mujeres; no hay desarrollo económico sin las mujeres, el desarrollo económico sostenible en México sólo será posible si se logra avanzar en la autonomía económica de las mujeres y en su gran aportación.

Por eso, por eso es importante compartirles, amigas y amigos, que claro que hay miles de empresas en bancarrota, sólo los grandes importadores de gasolina, que defiende el PAN y el PRI, viven el auge económico.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Concluya, Senador.

El Senador Alejandro Armenta Mier: Claro que hay bancarrota en más de 30 universidades públicas, claro que hay bancarrota en 50 millones de mexicanos que viven pobreza alimentaria, claro que hay bancarrota en los trabajadores del campo y la minería por la voracidad de empresas extranjeras que saquean nuestros recursos naturales y enferman a nuestros trabajadores y contaminan nuestros recursos hídricos, tenemos que cambiar el modelo económico.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Armenta Mier.

Con la anterior intervención damos por concluido el Análisis del VI Informe de Gobierno, en materia de política económica. En cumplimiento del numeral 5 del artículo 7o. de la Ley Orgánica del Congreso General y el Resolutivo Cuarto del Acuerdo Aprobado por este Pleno, la versión estenográfica se remitirá al ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a las personas, líderes empresariales del municipio Corregidora de Querétaro, invitados por el Senador Mauricio Kuri González.

¡Sean bienvenidas y bienvenidos!






COMUNICACIÓN

Voy a dar lectura a un comunicado de la Mesa Directiva del Senado de la República, con respecto a la difusión de las actividades del Senado a cargo de la Coordinación de Comunicación Social, que dice lo siguiente:

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 303 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República; y los artículos 36 y 37 del Estatuto de los Servicios Parlamentarios, Administrativos y Técnicos del Senado de la República, la Mesa Directica del Senado hace un llamado de atención al Área de Coordinación de Comunicación Social a efecto de difundir con objetividad las actividades de este órgano legislativo reforzando el conocimiento del público sobre el mismo, privilegiando sus rasgos de identidad y fortaleciendo su imagen institucional.

Muchas gracias por su atención.






Tal como lo informamos en la sesión pasada, les solicito a los compañeros Senadores que, en el uso de la tribuna, su tiempo de presentación no exceda de 5 minutos, para que así podamos aprovechar de manera más óptima la duración de las sesiones y podamos permitir el despacho de los abundantes asuntos de la agenda.

En una primera ronda, tiene el uso de la tribuna la Senadora Freyda Marybel Villegas Canché, para presentar a nombre propio y del Senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario de Morena, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en materia de vigilancia de contratos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

(Presentada por la Senadora Freyda Marybel Villegas Canché, a nombre propio y del Senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido Morena)

La Senadora Freyda Marybel Villegas Canché: Gracias, con su permiso, señor Presidente. Buenas tardes, Senadoras y Senadores de la República.

Es momento que actuemos y digamos en voz alta, desde el Senado de la República, no vamos a permitir que el gobierno rico siga robando al pueblo pobre.

Todos conocemos la historia de la estafa maestra, investigación realizada por el portal de noticias “Animal Político” y la Organización Civil “Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad”.

Ahora una nueva investigación periodística, esta vez en el diario “Reforma”, ha abierto otro capítulo de esta entramada de operaciones financieras sucias, en las que las dependencias púbicas hacen contratos con terceros para que realicen alguna tarea, tarea que pareciera ser enriquecer a los más ricos en lugar de servir a los más pobres.

Dichas investigaciones nos demuestran que estas prácticas no se tratan de actos aislados, sino de un modus operandi tan enquistado, como un cáncer, en la administración pública, en donde corruptos ayudados de la complicidad y el silencio de instituciones han robado y defraudado a miles de mexicanos.

Varias investigaciones se han hecho, varias fechorías se han cometido y varios son los corruptos que saquean a las personas del país; estas tranzas tienen una cosa común, los mismos de siempre, los ricos y los poderosos, quitándoles el dinero a las personas más pobres del país, que los recursos desviados hayan sido aquellos que tendrían que destinarse a la población más desfavorecida.

Esta es una muestra pequeña de la mezquindad y el cinismo descarado y ruin de los gobiernos que idearon este monumental fraude.

Sé que el Senado de la República no se encarga de perseguir ni enjuiciar, pero sí se encargar de alzar la voz del pueblo de México, esa voz ya habló y no se va a someter nunca más ante los corruptos, los ladrones y los políticos, quienes se encargaron de hacer tanto daño a México.

Esta Legislatura no va a permitir la complicidad institucional que existe hoy en el gobierno, en donde se protegen entre ellos y descuidan a las personas que luchan cada día de manera más honesta.

En esta Legislatura vamos a combatir la corrupción y la vamos a combatir en serio, de eso se trata esta cuarta transformación, de honestidad, de austeridad y de servicio.

Por eso se propone reformar el artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a efecto de que en el caso de que contraten bienes o servicios entre entidades públicas federales y estatales y se actualice el supuesto de la entidad obligada a entregar el bien o prestar el servicio, no tengan capacidad para hacerlo por sí mismo o contrate un tercero para su realización, que se establezca que el titular de la dependencia contratante sea quien suscriba los contratos correspondientes y que sea el mismo titular el que por ley deba llevar cabal vigilancia del cumplimiento irrestricto de los términos de los contratos respectivos.

Por lo anterior expuesto, fundado y motivado, someto a esta Soberanía la siguiente iniciativa de reforma con proyecto de Decreto en la que se reforma el párrafo décimo primero del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Único.- Se reforma el párrafo décimo primero del artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

“Los contratos que celebren las dependencias con las entidades, o entre entidades, y los actos jurídicos que se celebren entre dependencias, o bien, los que se lleven a cabo entre alguna dependencia o entidad de la administración pública federal con alguna perteneciente a la administración pública de una entidad federativa, no estarán dentro del ámbito de aplicación de esta Ley; no obstante, dichos actos quedarán sujetos a este ordenamiento, cuando la dependencia o entidad obligada a entregar el bien o prestar el servicio, no tenga capacidad para hacerlo por sí misma y contrate a un tercero para su realización. En este último caso, el titular de la dependencia contratante deberá suscribir los contratos correspondientes y será responsable de vigilar el cumplimiento de los términos que se formalicen al amparo de este artículo”.

Compañeras Senadoras y Senadores, los invito a que apoyemos esta iniciativa y que juntos combatamos la corrupción que le ha hecho tanto daño a este país.

Buenas tardes, gracias.

Es cuanto.

Iniciativa

El que suscribe RICARDO MONREAL ÁVILA Y FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ, Senadores de la República integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, apartado 1, fracción I; 164 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de esta Cámara la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 1° DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE TERCEROS POR ENTIDADES Y DEPENDENCIAS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

México ya no puede soportar más actos de corrupción que se generen precisamente por autoridades que tienen a su cargo el uso de recursos públicos que deben destinarse, fundamentalmente, a cubrir las necesidades de sectores en situación de vulnerabilidad y en condiciones de pobreza y marginalidad, como son el desarrollo social y el ordenamiento territorial y agrario.

Es insultante que tales actos de corrupción se realicen bajo el supuesto amparo de la ley y mediante la simulación de actos jurídicos entre entidades públicas que, si bien se formalizan mediante contrataciones, éstas no satisfacen los requerimientos legales y ocultan el desvío de recursos hacia fines particulares, como hemos visto lamentablemente en los últimos años.

Unos de esos actos lo constituyó el caso públicamente conocido como la “Estafa maestra” en la cual la Auditoría Superior de la Federación detectó esquemas de desvíos en las auditorías realizadas a las cuentas públicas 2014, 2015 y 2016, durante la titularidad de Rosario Robles Berlanga en la Secretaría de Desarrollo Social y en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como en otras dependencias de la administración pública federal.

De acuerdo con la ASF se identificó:

La práctica consistente en la adjudicación directa que otorgan las dependencias y entidades en los tres órdenes de gobierno a universidades públicas, institutos de educación y otras instancias, sin que posean la capacidad técnica para cumplir con la responsabilidad adquirida y, además de que exceden el límite permitido de subcontratación, lo que genera sobreprecios e, inclusive, en diversos casos se ha determinado que los servicios subcontratados no fueron prestados, lo cual se ha convertido en una clara fuente de corrupción.1

Recientemente, los medios de información dieron cuenta de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) abrió una investigación en contra del ex director de Información de la Secretaría de Desarrollo Social, y actual director general de Comunicación Social de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por un posible daño patrimonial de 175 millones 411 mil 524 pesos.

Se hace referencia al expediente P.A. 237/2017 de acuerdo con el cual, durante su gestión como director de Información de la Sedesol, el funcionario “liberó una serie de pagos de servicios” contratados con Radio y Televisión de Hidalgo (RTH), “sin [presuntamente] contar con documentación y/o información que demostraran la prestación de dichos servicios.”

Precisamente en este tipo de ejemplos lamentables se pone en evidencia la urgente necesidad de reformar la legislación en materia de adquisiciones, a efecto de incorporar disposiciones que inhiban la realización de contratos en los que los servicios no se prestan, y los recursos públicos terminan por desviarse del fin para el que están destinados, y enriquecer de manera ilegal los patrimonios de funcionarios impresentables, en claros hechos de corrupción.

En ese contexto, el artículo 1° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) dispone que los contratos que celebren las dependencias con las entidades, o entre entidades, y los actos jurídicos que se celebren entre dependencias, o bien, los que se lleven a cabo entre alguna dependencia o entidad de la administración pública federal con alguna perteneciente a la administración pública de una entidad federativa, no estarán dentro del ámbito de aplicación de dicha legislación.

Las contrataciones entre dependencias y entidades públicas deben darse en condiciones favorables para el Estado, ello es así, toda vez que este tipo de entidades no tienen como fin el lucro económico.

No obstante, las contrataciones que se pretendan realizar al amparo de dicho artículo están obligadas a cumplir con el 134 constitucional, de tal forma que los recursos públicos erogados se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

Asimismo, deben atender a lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en cuanto a observar que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género.

Es importante señalar que en la fiscalización practicada a la Cuenta Pública 2016, la ASF consideró que las contrataciones realizadas entre dependencias y entidades públicas, con base en el artículo 1º de la LAASSP, generan el riesgo de prácticas que propician desvío de recursos públicos.

En la Entrega de Resultados de la Fiscalización Superior Cuenta Pública 2016,2 se refiere que “este tipo de operaciones ha sido señalado recurrentemente por la ASF, ya que pone en riesgo la adecuada utilización de los recursos públicos. Se presenta un ambiente de excesiva discrecionalidad que propicia condiciones para la comisión de irregularidades ya que no se cuenta con los controles mínimos contemplados.”

En dicha fiscalización, la ASF constató que en este tipo de esquemas participaban, sobre todo, universidades públicas, como presuntas proveedoras de bienes y servicios.

De acuerdo con el organismo fiscalizador de la Federación, este tipo de prácticas afectan la imagen de la gestión gubernamental, pues en muchos casos no existe evidencia de la entrega de los bienes y servicios adquiridos por la entidad contratante, lo que se puede calificar como una desviación de recursos.

La propia Auditoría reconoce la existencia de un efecto social negativo, pues en el caso analizado por la entidad fiscalizadora, se refiere a recursos que fueron asignados a este tipo de contrataciones y que forman parte de programas relacionados con el desarrollo social, lo cual es verdaderamente lamentable, pues afecta a los sectores más vulnerables. Como ejemplo de lo anterior, la fiscalización realizada se refiere a diversas adquisiciones efectuadas con fundamento en el artículo 1° de la LAASS, relacionadas con el lanzamiento de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.

No se omite señalar que, como lo señala la misma ASF, aun y cuando se trata de una adjudicación directa con alguna entidad pública, la propia LAASSP dispone que el proveedor debe acreditar que cuenta con la competencia técnica necesaria para cubrir directamente, en un mínimo de 51 % del monto total del contrato.

Así, la ASF realiza importantes señalamientos sobre las irregularidades suscitadas en el caso específico y, por ello, me permito transcribir la parte conducente del Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 20163:

En diversas auditorías practicadas a la Cuenta Pública 2016, la ASF identificó que esta disposición legal no es observada. En particular, en el caso de la revisión a la gestión financiera del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural (INCA Rural5 ) (auditoría 303-DE), se determinó que dicha Asociación Civil carece de capacidad técnica para prestar directamente los servicios requeridos por: (1) la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del estado de Querétaro, (2) la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) y (3) la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)”.

Como consecuencia de lo anterior, INCA Rural subcontrató a universidades públicas, personas físicas, organismos internacionales y organizaciones civiles (éstas últimas fungen como beneficiarias de los programas gestionados por el instituto). Dichas instancias subcontrataron, a su vez, a proveedores dado que no contaban con la capacidad técnica para prestar los servicios requeridos a INCA Rural. Inclusive, derivado de estos resultados, la ASF recomienda que se revisen los objetivos y atribuciones de INCA Rural, ya que no cumple con los propósitos para los que fue establecido dicho Instituto.

Esa misma problemática se detectó en la auditoría practicada al Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) (auditoría 171-DS), en relación con la adquisición de materiales y suministros para planteles educativos. En este caso, el CONAFE contrató al Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Autónoma del Estado de México y a DICONSA quienes no contaban con las capacidades requeridas y, por lo tanto, subcontrataron el 100 por ciento de los bienes y servicios solicitados.

En el contexto de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, se identificaron subcontrataciones, bajo las mismas condiciones antes referidas, derivadas de adquisiciones realizadas entre la SAGARPA y la Universidad Autónoma de Chapingo (auditoría 290-DE); entre la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA) y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (auditoría 408-DE); entre la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Universidad Autónoma de Zacatecas (auditoría 259-DS); entre la Universidad Politécnica de Chiapas, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (auditoría 195-DS); entre la Universidad Mexiquense del Bicentenario y la SEDATU (auditoría 193-DS); entre la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas y la CONAPESCA (auditoría 197- DS); entre la Universidad Tecnológica de Salamanca, la SAGARPA, Pronósticos para la Asistencia Pública, el Instituto Nacional de Desarrollo Social, CONAGUA y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) (auditoría 199-DS); entre el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y la SEDATU (auditoría 1791-DS-GF); entre la Universidad Politécnica de Quintana Roo y la SEDATU (auditoría 1793-DS), y entre Televisora de Hermosillo y la SEDATU (auditoría 1794-DS-GF).

Al efecto, las conclusiones de la ASF en la auditoría practicada a la cuenta pública 2016, son contundentes:

1. Se han observado montos con posible daño al erario por 6,879 millones de pesos (mdp).

2. Los servicios supuestamente contratados se refieren a consultorías, asesorías y servicios relacionados; realización de estudios técnicos, y ejecución de tareas de supervisión. Los programas presupuestarios relacionados con las contrataciones versan, principalmente sobre desarrollo social, agrario o territorial.

3. Se ha constatado, como parte de la fiscalización efectuada, que en este tipo de esquemas participaban, sobre todo, universidades públicas, como proveedoras de bienes y servicios. No obstante, en revisiones practicadas para la Cuenta Pública 2016, se ha podido identificar la participación de otro tipo de entes públicos, como proveedores en estos mecanismos, los cuales están constituidos como empresas paraestatales de entidades federativas (Radio y Televisión de Hidalgo, Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, Televisora de Hermosillo, entre otros), y por otras empresas u órganos del gobierno federal (INCA Rural).

4. Las auditorías forenses realizadas han documentado la existencia de patrones en este tipo de adquisiciones que implican la participación de varias empresas en una misma transacción, lo que origina que el esquema de subcontratación se emplee para dispersar los recursos entre varios entes.

5. En numerosos casos, se constató la ausencia de la entrega de los bienes y servicios adquiridos por la entidad contratante con una patente desviación de recursos.

En ese contexto, es imperante la necesidad de atender las preocupaciones del órgano superior de fiscalización de nuestro país, en cuanto a los mecanismos de control y certidumbre que deben consolidarse en los procesos de contratación entre entidades públicas.

Ello evitará que, al contratar una dependencia de la administración pública federal con otra del ámbito estatal, como son los casos de la “Estafa maestra” que se han hecho públicos, se propicie que se diluya la responsabilidad de los titulares de las dependencias cuando se acreditan irregularidades en la aplicación de los recursos públicos aplicados con motivo de tales contratos.

Consecuentemente, se propone reformar el artículo 1º de la LAASSP a efecto de que, en el caso de que se contraten bienes o servicios entre entidades públicas federales y estatales, y se actualice el supuesto de que la entidad obligada a entregar el bien o prestar el servicio no tenga capacidad para hacerlo por sí misma y contrate un tercero para su realización, se establezca que el titular de la dependencia contratante sea quien suscriba los contratos correspondientes y que sea el mismo titular el que, por ley, deba llevar a cabo la vigilancia del cumplimiento irrestricto de los términos del contrato respectivo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO DÉCIMO PRIMERO, DEL ARTÍCULO 1º, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

Único: Se reforma el párrafo décimo primero del artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para quedar como sigue:
Artículo 1…

I. …

II. …

III. …

IV. …

V. …

VI. …

...

...

Los contratos que celebren las dependencias con las entidades, o entre entidades, y los actos jurídicos que se celebren entre dependencias, o bien, los que se lleven a cabo entre alguna dependencia o entidad de la administración pública federal con alguna perteneciente a la administración pública de una entidad federativa, no estarán dentro del ámbito de aplicación de esta Ley; no obstante, dichos actos quedarán sujetos a este ordenamiento, cuando la dependencia o entidad obligada a entregar el bien o prestar el servicio, no tenga capacidad para hacerlo por sí misma y contrate a un tercero para su realización. En este último caso, el titular de la dependencia contratante deberá suscribir los contratos correspondientes y será responsable de vigilar el cumplimiento de los términos que se formalicen al amparo de este artículo.

TRANSITORIOS

Único: El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 18 de septiembre de 2018.

1 Auditoría Superior de la Federación. Alocución del Auditor Superior de la Federación con motivo de la entrega del Informe General Cuenta Pública 2014. Consultado en: https://bit.ly/2wzhbCe el 17 de septiembre de 2018.

2 Mensaje del C.P. Juan Javier Pérez Saavedra, Auditor Superior de la Federación en funciones, 20 de febrero de 2018, Ciudad de México. Entrega de Resultados de la Fiscalización Superior Cuenta Pública 2016. Consultada en: https://bit.ly/2NQKMOH el 17 de septiembre de 2018.

3 Auditoría Superior de la Federación. Consultado en:
https://bit.ly/2wzhbCe el 17 de septiembre de 2018.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Villegas Canché. Se turna a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos






Tiene el uso de la tribuna el Senador Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, para presentar a nombre de las y los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman las tarifas contenidas en los artículos 96 y 152 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en materia de tasa cero a trabajadores.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS TARIFAS CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 96 Y 152 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por el Senador Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, a nombre de las y los Senadores del grupo parlamentario del PAN)

El Senador Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo: Con el permiso de la Presidencia.

Las Senadoras y Senadores de la República de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 8o., numeral 1, fracción I y 164, numeral 3 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el cual se reforman las tarifas contenidas en los artículos 96 y 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con el objetivo de establecer una tasa cero del ISR para asalariados formales que ganen menos de 10 mil 298 pesos mensuales, con la siguiente exposición de motivos:

A cuatro años de entrar en vigor la tóxica reforma fiscal, promovida por el gobierno federal, esto ha llevado a un gran incumplimiento. En su momento, el Presidente de la República señalaba que la reforma hacendaria consistiría en una serie de cambios en la Hacienda Pública, cuya finalidad sería incrementar los ingresos de la cuenta en el Estado, para asimismo lograr un crecimiento en la recaudación de forma progresiva, es decir, haciendo el pago de los impuestos más justos, así como destinar esos recursos para robustecer, y por supuesto, el tema de seguridad social y el apoyo a las familias de menores ingresos.

Hoy es claro que dicha reforma del Presidente resultó falsa. Lo único que logró el gobierno del PRI fue sustraer más dinero de los bolsillos de las y los mexicanos en detrimento de su bienestar, provocando mayor desigualdad y abrir la brecha entre los ricos y los pobres de nuestro país.

Sin embargo, esa mayor recaudación no se utilizó para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, prueba de ello es, precisamente, los datos que tenemos y ¿cómo disminuyó un 31 por ciento en inversión y en infraestructura del 2014 al 2017?

Por eso, ahora debemos de recomponer el camino y resarcir el daño provocado por el gobierno del PRI a los ingresos de las y los contribuyentes.

El grupo parlamentario del PAN propone la eliminación de la tasa del ISR y cuota fija para los trabajadores formales que tengan un ingreso menor a los 10 mil 298 pesos mensuales o su equivalente anual a 123 mil 580 pesos.

Con esta iniciativa, los trabajadores formales de menores ingresos tendrán beneficios directos a sus bolsillos, que son quienes realmente los que más lo necesitan.

Estamos hablando de que este beneficio llegaría a cerca de 15.5 millones de trabajadores formales del país registrados en el IMSS y en el ISSSTE, quienes han sufrido la lamentable pérdida, muchos de ellos, de su patrimonio y, sobre todo, de su poder adquisitivo.

Por ejemplo, un trabajador asalariado que cotiza en el IMSS o en el ISSSTE, con un salario mensual de 9 mil 500, tendría un ahorro de 950 pesos mensuales, es decir, 11 mil 400 pesos al año, equivalente a poco más de un mes de su salario.

En términos concretos, se propone cambiar el esquema de retención y aplicación en la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes en el calendario siguiente, en las tarifas mensuales contempladas en el artículo 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Y bien, esta es nuestra propuesta, que aquellas personas que ganen menos de 10 mil 298 pesos tengan, pues, una tasa cero, y lo mismo se propone en las modificaciones al artículo 152, en donde aquellas personas que en el año tengan un ingreso de 123 mil 580 pesos, igual tengan lo que es una tasa cero.

Sabemos que con esto, pues automáticamente estaremos beneficiando a tres de cada cuatro mexicanos trabajadores formales en el país, además de generar más y nuevos empleos y, por supuesto y lo más importante, fortalecer el consumo interno.

Compañeras y compañeros Senadores, hagámoslo, aprovechemos, de verdad, esa oportunidad que nos dieron los mexicanos, y hoy es el tiempo y momento para poderlos apoyar.

Por último, decirles que esta reforma va en beneficio de todos los mexicanos que están registrados en el IMSS y en el ISSSTE.

Por último.

Proyecto de Decreto

“Único.- Se reforman las tarifas contenidas en los artículos 96 y 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta”.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Martín del Campo. Se turna a la Cámara de Diputados.






Enseguida se concede el uso de la palabra a la Senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 4o. constitucional, en materia de derechos de adultos mayores.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado: Honorable Asamblea. Con su permiso, señor Presidente.

Este día, las y los Senadores integrantes del grupo parlamentario de nuestro Partido el Revolucionario Institucional, presentamos una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 4o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de adultos mayores.

Esta propuesta parte de los retos demográficos y el envejecimiento en el mundo, que hacen necesario que las personas adultas mayores sean más visibles por parte de la sociedad, y exigir de los gobiernos que garanticen el ejercicio de sus derechos civiles, políticos, culturales y económicos.

Nuestro país no es ajeno a este contexto. En las últimas décadas, las estructuras demográficas del país se han transformado, ello obliga al Estado mexicano a diseñar y a aplicar políticas y programas orientados a la atención de las necesidades y demandas de los adultos mayores, fomentar una cultura de la vejez, en la cual este grupo de personas de la población se considere y sea reconocido como sujetos sociales activos.

Es importante señalar que la Organización Mundial de la Salud considera que las personas que tengan 60 años y más en adelante, son de edad avanzada y envejecimiento.

La ONU reconoce que un adulto mayor es toda aquella persona de 65 años y más para los países en desarrollo y de 60, los países en desarrollo.

A su vez, el Consejo Nacional de Población dice que “la vejez resulta ser el desenlace de un proceso que atraviesa la población de 60 años en el país, resultado de las bajas tasas de mortalidad y de fecundidad alcanzadas en el país, que han propiciado que la población en su conjunto pueda llegar a edades que anteriormente resultaban difíciles de alcanzar”.

Asimismo, los avances en las investigaciones científicas, particularmente, en el tema de salud, han permitido encontrar soluciones a muchas enfermedades que permiten que las personas, desde un inicio, tengan una vida saludable desde la niñez, al tiempo que han mejorado las condiciones de las mismas en una etapa adulta.

Es importante destacar que el incremento de la población de adultos mayores en nuestro país continuará en forma importante en los próximos decenios.

Actualmente, se estima que las personas en México tengan una esperanza de vida de 75 años, este hecho representa un desafío mayúsculo para la sociedad, ya que se requiere cuidar y mejorar al máximo la salud y la capacidad funcional de las personas adultas mayores.

Por ello, resulta fundamental atender cuanto antes las implicaciones que esto traerá para nuestro país en el ámbito social, en el ámbito político, familiar, cultural y económico.

Con el Inegi y con los publicados en la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares que es la ENIGH, en el 2016, en México existían 13.8 millones de personas de 60 años y más, lo que representó un incremento del 8.6 por ciento en comparación con las cifras que se tenían en el 2014. Esto quiere decir, que aumentó de 2014 al 2016, 1.1 millones de personas en esta edad.

Las cifras de 2016 indican que este segmento de la población representa el 11.3 por ciento de la población total que tenemos en nuestro país. Esto quiere decir que uno de cada diez mexicanos es una persona adulto mayor de más de 60 años, que corresponde el 54 por ciento para mujeres y el 46 por ciento para hombres.

El fenómeno del envejecimiento poblacional ya nos alcanzó. Se estima que en el año 2025 los adultos mayores representarán el 13 por ciento de la población y para el 2050 van a representar el 25 por ciento de la población, cifras que van a oscilar entre 30 y 35 millones de mexicanos.

Ello obliga como país a seguir teniendo mejores diagnósticos y diseñar políticas públicas pertinentes considerando la complejidad demográfica, considerar los retos de las enfermedades crónico-degenerativas, preparándose financieramente por los impactos del sector salud y al sistema de pensiones que representan los desafíos para atender a nuestros adultos mayores.

Un ejemplo de estos desafíos es que en México el 20 por ciento de los adultos mayores cuentan con seguridad social, mientras que en promedio el 80 por ciento de sus ingresos que tienen lo gastan para medicinas, lo cual representa una gran carga tanto para su economía como para la de sus familias.

De ahí, desde nuestro punto de vista, se fundamenta incluir un precepto constitucional que permita situar al Estado mexicano como garante de la integración y participación de los adultos mayores en las políticas y programas públicos, así como en la articulación de acciones de los gobiernos federal, estatal y municipal que velen por este importante sector de la población, y que es vulnerado en muchas ocasiones. Por esto, es muy importante respaldar la vida de estas personas.

Por lo antes expuesto, las y los suscritos senadores de la República, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sometemos a consideración la siguiente iniciativa de esta Honorable Asamblea, la iniciativa con proyecto de Decreto para establecer en el artículo 4o. constitucional el derecho de los adultos mayores a acceder de forma integral y equitativa a los beneficios del desarrollo social, económico, político y cultural.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Mayorga Delgado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos.






Se concede el uso de la palabra al Senador Clemente Castañeda Hoeflich, a nombre de los Senadores del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de la Comisión de la Verdad Sobre Violaciones a los Derechos Humanos en México.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD SOBRE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO

(Presentada por el Senador Clemente Castañeda Hoeflich, a nombre de los Senadores del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El Senador Clemente Castañeda Hoeflich: Con el permiso de la Presidencia.

Más de 240 mil personas ejecutadas, más de 35 mil personas desaparecidas, más de 300 mil desplazados, más de 15 mil feminicidios, casi 80 periodistas ejecutados. Es el saldo de esta década.

La crisis de derechos humanos que vive México, desde hace varios años, ha dejado muchas víctimas, inmensas cantidades de víctimas, pero además tiene una doble tragedia que ha señalado el Grupo Verdad y Memoria de la Plataforma contra la Impunidad y la Corrupción. Esta doble tragedia es, por un lado, la negación y, por el otro lado, la impunidad.

Por ello, Movimiento Ciudadano ha dicho que ni la continuidad de una estrategia fallida en materia de seguridad, ni las apuestas al olvido son soluciones aceptables para dignificar a las víctimas y para alcanzar la paz.

Los dos antídotos que necesita México para romper con el ciclo de negación e impunidad en las violaciones a los derechos humanos, son la verdad y la justicia.

Hoy, afortunadamente, existe un consenso en que debemos entrar en un proceso de acceso a la verdad. Incluso, el Presidente Electo ha dicho que esto es fundamental en el proceso de paz y en el proceso de reconciliación.

Incluso ha dicho que cuando tome el cargo pedirá perdón a las víctimas en nombre del Estado mexicano y que habrá justicia. Celebramos esta posición.

Y hoy debemos empezar a discutir justamente los puntos finos y los mecanismos para tomar las mejores decisiones.

Movimiento Ciudadano está proponiendo una iniciativa para expedir la Ley de la Comisión de la Verdad para investigar la última década de violaciones a los derechos humanos en México. En otras palabras, estamos proponiendo una ley para garantizar el derecho a la verdad.

Debo decir que esta iniciativa fue presentada en la Legislatura pasada en la Cámara de Diputados, pero desafortunadamente no existió en ese momento voluntad política para sacarla adelante. Hoy esperamos que el contexto sea mucho más favorable.

Esta iniciativa plantea, en primer lugar, que sea a partir de una ley la creación de esta comisión, porque esta comisión debe surgir de un mandato legislativo; es decir, de un proceso público de liberación-inclusión en donde, desde luego, participen activamente las víctimas y los especialistas en el diseño de la ley.

Para que el acceso a la verdad sea efectivo, la creación de una comisión de la verdad debe nacer de un proceso parlamentario abierto y no de una decisión ejecutiva. Por su naturaleza política y jurídica sería unilateral.

En segundo lugar, proponemos que sea inicialmente una comisión porque lo que hay es un patrón de acción sistemático del Estado mexicano durante esta década en materia de violación a derechos humanos.

La guerra contra el narcotráfico dejó pautas y esquemas de actuación comunes que deben esclarecerse plenamente. Desde luego hay características regionales particulares y episodios que deberían ser reconocidos por la comisión para que, en su caso y una vez que se conozca la verdad, se puedan activar otros procesos de justicia transicional particulares, por ejemplo, para el caso de Ayotzinapa, o para el caso de los tres estudiantes de cine de Guadalajara, por citar solamente algunos casos.

Pero lo primero que necesitamos es una comisión que investigue exhaustivamente el patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos de la última década y garantice el acceso a la verdad. Entre las características principales de esta Comisión de la Verdad, permítanme enumerar lo siguiente.

Sería plenamente autónoma. Tendría por supuesto el aval del Estado para hacer su trabajo, pero actuará en plena independencia de las instancias del Estado.

Segundo. En su integración deberán participar las víctimas y la sociedad civil con el acompañamiento de organismos internacionales de derechos humanos.

Tercero. Tendría plenos poderes de investigación y recolección de información, con el objeto de conocer la verdad sobre los hechos.

Cuarto. Podrá formar grupos de trabajo especializados para atender casos específicos o enfocarse en acciones concretas de peritaje, antropología forense, entre otros.

Quinto. Emitirá un informe en donde se detallen las circunstancias en las que se cometieron estas violaciones a los derechos humanos, en donde se identifiquen los patrones de acción del Estado mexicano y sus instituciones, y en donde se dicten las medidas necesarias para garantizar la justicia y la reparación del daño, para deslindar responsabilidades y sancionar a los responsables, para garantizar la no repetición y, en su caso, promover mecanismos de reconciliación.

Lo que debe quedar claro en esta discusión es que el acceso a la verdad es la precondición para cualquier proceso de reconciliación y pacificación, porque sin verdad no hay justicia.

Sin verdad cualquier proceso de pacificación nos llevará a la impunidad.

En otras palabras, el acceso a la verdad generará las bases fácticas para la implementación de cualquier otro proceso de justicia transicional, incluyendo los de reconciliación y amnistías, como los que ha planteado el Presidente Electo.

Por todo esto los senadores de Movimiento Ciudadano estamos presentando el día de hoy esta propuesta, porque para alcanzar la paz no habrá tajos ni caminos fáciles; no hay otra ruta más que el acceso a la verdad y al acceso a la justicia.

Hoy dejamos esta iniciativa de Ley de la Verdad porque queremos poner en el centro de la discusión a las víctimas, porque queremos que México busque paz y reconciliación partiendo del acceso a la verdad y a la justicia, partiendo sobre todo del respeto a la dignidad y a la memoria de las víctimas.
Muchas gracias.

Iniciativa

Los suscritos, Senadores del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD SOBRE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Desde finales del siglo pasado, los instrumentos de justicia transicional han constituido auténticos hitos en la historia reciente de naciones aquejadas por procesos de transición particularmente violentos, o por graves conflictos sociales cuya latencia amenaza la viabilidad de sus instituciones, la convivencia pública pacífica, y deja una grave estela de violaciones a los derechos humanos.

Y es que, como su nombre lo indica, la justicia transicional consiste en la generación de puentes jurídicos que posibiliten la transición de un régimen a otro, poniendo especial énfasis en la reparación del daño a las víctimas y en la garantía del derecho a la verdad, como requisito fundamental para dicha transición. Como señala el Intenational Center for Transitional Justicie (ICTJ):

La justicia transicional plantea las preguntas jurídicas y políticas más difíciles que se puedan imaginar. Al priorizar la atención a las víctimas y su dignidad, señala el camino que debe seguir un compromiso renovado con la seguridad de los ciudadanos corrientes en su propio país, para protegerlos verdaderamente de los abusos de las autoridades y de otras violaciones de derechos.

Las atrocidades masivas y los abusos sistemáticos destruyen las sociedades y su legado puede producir fragilidad: ocasionando debilidad, inestabilidad, politización y escasez de recursos a instituciones políticas y judiciales como el Parlamento, los tribunales, la policía y la Fiscalía. De por sí, las violaciones de derechos habrán socavado la confianza que los ciudadanos pudieran tener en la capacidad del Estado para salvaguardar sus derechos y su seguridad. Y será frecuente que las comunidades estén destrozadas y muy debilitadas las organizaciones sociales y políticas.1

Esto significa que la justicia transicional parte del principio fundamental de que para posibilitar un cambio radical en las circunstancias político-sociales de un país o una región particularmente aquejadas por graves violaciones a los derechos humanos, debemos  en primer lugar eliminar su legado y destrabar las inercias sociales e institucionales que perpetúan el círculo vicioso en el que surgen.

Pues sólo bajo el presupuesto de la reparación integral del daño y de la garantía de no repetición de los hechos, las sociedades restauran su confianza en las instituciones y están en condiciones de depositarles la tarea de la transición hacia la construcción de un futuro diferente, es decir, sólo bajo el presupuesto del reconocimiento de un pasado violento y la garantía de su no repetición, las sociedades están dispuestas a construir un cambio de rumbo.

Es en este contexto que han emergido las comisiones de la verdad como instrumentos de justicia transicional encaminados al esclarecimiento sobre hechos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos del pasado reciente, en situaciones de vulnerabilidad de las instituciones públicas o pérdida de la confianza de la ciudadanía en las mismas respecto a las garantías que éstas puedan ofrecerle sobre el ejercicio de su derecho a la auténtica verdad histórica. Como señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

Las Comisiones de la Verdad (en adelante “CdV”) son “órganos oficiales, temporales y de constatación de hechos que no tienen carácter judicial y se ocupan de investigar abusos de los derechos humanos o el derecho humanitario que se hayan cometido a lo largo de varios años”. Al respecto, tanto la Comisión como la Corte han resaltado la importancia de las CdV como un mecanismo extrajudicial de justicia transicional, orientado al esclarecimiento de situaciones de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos. En ese sentido, en múltiples ocasiones ambos órganos se han valido de la información proporcionada por los informes finales de las CdV como fuente de información y elementos de prueba en relación con casos tramitados ante el sistema de casos y peticiones.2

En tal sentido, cabe señalar que las comisiones de la verdad deben investigar también por ello las pautas de actuación o patrones sistemáticos de las violaciones a los derechos humanos en torno a los hechos de que se ocupan, con la finalidad de que los Estados eliminen en el futuro las posibilidades de que hechos similares vuelvan a ocurrir. Por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado, como uno de los elementos que conducen al cumplimiento del derecho a la verdad, el siguiente:

iii) tomar en cuenta el patrón sistemático de violaciones a derechos humanos [...] con el objeto de que los procesos y las investigaciones pertinentes sean conducidos en consideración de la complejidad de estos hechos y el contexto en que ocurrieron, evitando omisiones en la recolección de prueba y en el seguimiento de líneas lógicas de investigación con base en una correcta valoración de los patrones sistemáticos que dieron origen a los hechos que se investigan.3

Ello se debe a que las graves violaciones a los derechos humanos se encuentran generalmente inscritas en un marco de descomposición de la vida pública, que genera condiciones para el surgimiento de pautas o patrones de conducta que posibilitan esas mismas violaciones a los derechos humanos. En pocas palabras, se trata de un círculo vicioso que debe ser atajado, por lo que las investigaciones deben considerar los hechos investigados como inscritos en un patrón sistemático que los posibilita y asimismo señalar la forma en que el mismo debe ser eliminado.

La Dra. Priscilla Hayner, una de las principales expertas internacionales sobre comisiones de la verdad y cofundadora del International Center for Transitional Justice, define así los motivos para la existencia de una comisión de la verdad:

En parte por el alcance limitado de los tribunales y en parte por el reconocimiento de que ni siquiera los procesos que llegan a buen término resuelven el conflicto y el dolor que conllevan los abusos del pasado, las autoridades de transición se han orientado cada vez más a la busca oficial de la verdad como elemento clave de su estrategia de responder a las atrocidades del pasado. Estas amplias pesquisas de los abusos generalizados cometidos por las fuerzas del Estado, y que a veces también buscan los cometidos por la oposición armada, han adquirido el nombre genérico de “comisiones de la verdad”, término que implica un determinado tipo de investigación, y que si bien da cabida a una considerable variedad de comisiones yo empleo el término para referirme a organismos que comparten las siguientes características: 1) las comisiones de la verdad se centran en el pasado; 2) investigan un patrón de abusos cometidos a lo largo de un periodo, en vez de un suceso concreto; 3) son un organismo temporal, que en general funciona durante seis meses a dos años y termina su labor presentando un informe, y 4) tienen el aval, la autorización y el poder oficial que les concede el Estado (y a veces también la oposición armada, como sucede tras un acuerdo de paz). Este carácter oficial concede a las comisiones de la verdad un mejor acceso a las fuentes de información oficial, más seguridad para llevar a cabo investigaciones delicadas, y más posibilidades de que las autoridades tomen en serio su informe y sus recomendaciones.4

Como se observa, las comisiones de la verdad tienen un carácter ciudadano, se enfocan en la generación de mecanismos jurídicos temporales a cargo de personas de los amplios espectros sociales que participaron en el conflicto, es decir, tienen un carácter plural y eminentemente público, además de que entre sus principales labores está la generación de un informe final que sirva como elemento de reconciliación nacional ante un pasado que ya no se está dispuesto a repetir.

Además, para el adecuado funcionamiento de una comisión de la verdad éstas deben gozar de las suficientes atribuciones investigadores para el esclarecimiento de los hechos con el objetivo de garantizar de forma plena el derecho a la verdad para el que fueron creadas, así como tener un amplio acceso a la cualquier información en poder de los órganos del estado, que lleve al mejor cumplimiento de sus objetivos.

II. Según la CIDH, actualmente México atraviesa por una grave crisis de derechos humanos, como señaló en un comunicado oficial el 2 de octubre del año 2015:

La Comisión Interamericana constató en terreno la grave crisis de derechos humanos que vive México, caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia; graves violaciones, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura; niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares. […] La violencia contra familiares de víctimas, defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas es ejercida con el objetivo de silenciar las denuncias y el reclamo de verdad y justicia, y perpetuar la impunidad para las graves violaciones a los derechos humanos.5

Sin embargo, la generación de los más óptimos instrumentos jurídicos para combatir y sancionar las violaciones a los derechos humanos en nuestro país se convierte en urgente a la luz de que también señaló el mismo comunicado de la CIDH, y es que dentro de esta grave crisis de derechos humanos por la atraviesa nuestro país, la desaparición forzada representa algo “alarmante” dada la magnitud e incidencia del delito:

La magnitud que tiene la problemática de la desaparición de personas en México es alarmante. Las cifras y los testimonios que la CIDH ha recogido dan cuenta de secuestros a manos de grupos de delincuencia organizada. Especialmente grave es la información amplia y consistente sobre la existencia de una práctica de desapariciones forzadas a manos de agentes del estado o con la participación, aquiescencia, o tolerancia de las mismas. Al igual que en los casos de desaparición forzada del pasado, se registran altos niveles de impunidad para las desapariciones y desapariciones forzadas del presente. Las falencias en las investigaciones sobre desapariciones son graves y múltiples. Muchos casos de desaparición no se denuncian debido a la desconfianza de los familiares en la capacidad de respuesta del Estado o su temor a sufrir represalias, y en los casos donde sí hay denuncia, la respuesta de las autoridades presenta graves deficiencias.6

Ante ello, es de subrayar que según el Informe El Derecho a la Verdad en las Américas, elaborado y aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 13 de agosto de 2014, el derecho a la verdad se originó específicamente a partir de la obligaciones de los estados de esclarecer la verdad sobre casos de desaparición forzada:

El derecho a la verdad tuvo sus orígenes en el DIH (Derecho Internacional Humanitario) al establecerse la obligación de los Estados de buscar a las personas desaparecidas en el marco de conflictos armados internacionales o no internacionales. Asimismo, se resaltó la existencia del derecho de los familiares a conocer la suerte de las víctimas en dichos contextos.

En el ámbito del sistema interamericano, el derecho a la verdad se vinculó inicialmente con el fenómeno extendido de la desaparición forzada. Tanto la Comisión como la Corte Interamericana han establecido que la desaparición forzada de personas tiene un carácter permanente o continuado que afecta una pluralidad de derechos, tales como el derecho a la libertad personal, a la integridad personal, a la vida y al reconocimiento a la personalidad jurídica. De esta forma, se ha se ha indicado que el acto de desaparición y su ejecución inician con la privación de la libertad de la persona y la subsiguiente falta de información sobre su destino, y permanece mientras no se conozca el paradero de la persona desaparecida o se identifiquen con certeza sus restos.7

Ahora bien, según el artículo 2 de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, de la Organización de las Naciones Unidas, se entenderá por “desaparición forzada” el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.8

Por otro lado, la CIDH también señala que la desaparición forzada es «una manifestación tanto de la incapacidad del Gobierno para mantener el orden público y la seguridad del Estado por los medios autorizados por las leyes, como de su actitud de rebeldía frente a los órganos nacionales e internacionales protección de los Derechos Humanos9 lo que acusa la necesidad de diseñar mecanismos independientes y ciudadanos en casos relacionados con violaciones a los derechos humanos en que se señala un patrón de desaparición forzadas.

En este sentido, la grave ola de desapariciones en nuestro País, que según cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), alcanza ya la cifra de más de 30 mil personas, amerita por parte del Estado Mexicano la implementación de medidas extraordinarias como las comisiones de la verdad, pues representa tal vez la faceta más atroz de la grave crisis de derechos humanos por la que atraviesa nuestra país.

Esta escalada de desapariciones en nuestro país ha dejado en entredicho la capacidad para construir un auténtico estado de derecho por parte de nuestras actuales instituciones, lo que ha mermado radicalmente la confianza de la ciudadanía en las mismas, especialmente en los cuerpos de seguridad. De ahí que garantizar el derecho a la verdad, a la reparación integral y a la no repetición del daño, afecte en su conjunto a la sociedad mexicana, pues tiene por objeto prevenir futuras violaciones a los derechos humanos, como señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

forma parte del derecho a reparación por violaciones de los derechos humanos, en su modalidad de satisfacción y garantías de no repetición, el derecho que tiene toda persona y la sociedad a conocer la verdad íntegra, completa y pública sobre los hechos ocurridos, sus circunstancias específicas y quiénes participaron en ellos. El derecho de una sociedad a conocer íntegramente su pasado no sólo se erige como un modo de reparación y esclarecimiento de los hechos ocurridos, sino que tiene el objeto de prevenir futuras violaciones.10

En el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la privación del derecho a la verdad supone para los familiares de las víctimas desaparecidas, una forma de trato cruel e inhumano:

La Corte ha tomado en cuenta que el esclarecimiento del paradero final de la víctima desaparecida permite a los familiares aliviar la angustia y sufrimiento causados por la incertidumbre respecto del destino de su familiar desaparecido. Además, para los familiares es de suma importancia recibir los cuerpos de las personas que fallecieron, ya que les permite sepultarlos de acuerdo a sus creencias, y aporta un cierto grado de cierre al proceso de duelo que han estado viviendo a lo largo de los años. Por ello, la Corte ha establecido que la privación al acceso a la verdad de los hechos acerca del destino de un desaparecido constituye una forma de trato cruel e inhumano para los familiares cercanos, por lo cual dicha violación del derecho a la integridad personal puede estar vinculada a una violación de su derecho a conocer la verdad.11

Según lo anterior, los familiares y amigos de los desaparecidos deben ser igualmente resarcidos de su condición de víctimas, y uno de dichos procesos de resarcimiento consiste en conocer la verdad de los hechos ocurridos en torno a la desaparición.

Igualmente, en orden al esclarecimiento de hechos relacionados con desapariciones forzadas de personas o de otras violaciones a los derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido el deber de los estados de realizar investigaciones exhaustivas que lleven a garantizar el derecho inalienable a la verdad tanto de las víctimas como de la sociedad en su conjunto. En tal sentido, las investigaciones en torno a los hechos deben ser emprendidas con todos los medios legales al alcance del Estado y no como una simple formalidad que eluda la responsabilidad que por definición tiene todo Estado en una desaparición forzada:

la Corte ha establecido que si bien el deber de investigar es una obligación de medio y no de resultado, ello no significa que la investigación pueda ser emprendida como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Por el contrario, la Corte ha precisado que “cada acto estatal que conforma el proceso investigativo, así como la investigación en su totalidad, debe estar orientado hacia una finalidad específica, la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y, en su caso, sanción de los responsables de los hechos”. En ese sentido, la investigación debe ser realizada con todos los medios legales disponibles y debe comprender la responsabilidad tanto de los autores intelectuales como materiales, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales.12
Sin embargo, hemos visto como la Procuraduría General de la República se ha apresurado en múltiples casos a afirmar versiones contradictorias y poco concluyentes, como en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en que dictaminó una verdad histórica que contradecía al GIEI y a los trabajos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Lo anterior deja en evidencia que las actuaciones de la máxima instancia investigadora en nuestro país para el esclarecimiento de los hechos que nos ocupan, no utiliza todos los medios legales a su alcance para la investigación de los casos más graves de violaciones a los derechos humanos.

Las omisiones de la Procuraduría General de la República parecen mostrar que antes que realizar una exhaustiva investigación con todos los medios legales a su alcance y los mayores recursos a sus disposición, para garantizar el derecho a la verdad, puede estar realizando investigaciones como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, en el sentido en que lo señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Ante estas omisiones, cabe señalar que el desconocimiento sobre el paradero de los seres queridos, en los casos de desaparición forzada, constituye un auténtico cuadro de tortura psicológica, como señala uno de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI):

Mire hasta la fecha. Le digo, no sé, la mente no puede descansar. Mi mente aunque... no vengo, pero mi mente no puede descansar. Le digo, yo quiero que regrese como sea, le digo, total, lo que Dios decida. Yo digo que tenemos derecho a morirnos pero no en esa forma. Imagínese, sufrió aquí, no les daban de comer, los trataban bien mal. Aquí hay mucha violencia. Así estuve como un mes, dos meses, tres meses. Desde entonces ya no siento nada. A veces siento que llega corriendo a la casa. En la tarde le dejo la puerta abierta y nunca llega. Pero siento que él está vivo y que él va a regresar. No. Y siento que sí está vivo.13

Es por ello que resulta urgente diseñar mecanismos del Estado con amplias facultades para llevar a cabo el esclarecimiento de lo ocurrido a las más de 30 mil personas desaparecidas en nuestro país, con el objetivo de garantizar el irrenunciable derecho a la verdad y resarcir así en gran medida la condición de víctimas en que se mantiene a centenares de miles de personas.

En tal sentido, resulta de crucial importancia que sea designado un organismo con autonomía y amplias facultades investigadores, para garantizar el derecho irrenunciable a la verdad sobre las graves violaciones a los derechos humanos, que han ocurrido en nuestro país desde la implementación de la llamada Guerra contra el Narcotráfico, en diciembre de 2006, hasta la fecha.

III. Como ya se ha señalado, el fenómeno de la desaparición forzada representa una de las facetas más escalofriantes de la actual estrategia contra el tráfico y consumo de estupefacientes, y está inscrito en un marco de descomposición generalizada de la vida pública y una grave crisis de derechos humanos. Sin embargo y desafortunadamente, esta grave crisis ha generado la persistencia generalizada de otras violaciones a los derechos humanos que deben igualmente ser a la brevedad atendidas por el Estado Mexicano.

Así, Amnistía Internacional presentó en septiembre de 2014 el informe Fuera de Control: tortura y otros malos tratos en México, en el que estableció que en México las denuncias han aumentado en un 600 por ciento en los últimos diez años, la tortura y los malos tratos están fuera de control:14

• La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 7.164 quejas por tortura y otros malos tratos entre el 2010 y el 2013. Ninguna desembocó en una condena penal por tortura.

• El 64% de los mexicanos teme sufrir tortura si son detenidos.

• La Procuraduría General de la República (PGR) aplicó su procedimiento especial únicamente en 364 entre las 7,164 quejas que la CNDH recibió, con la conclusión de que había indicios de tortura en 26. Desde 2006 al 2013, la PGR inició 1.219 investigaciones sobre denuncias de tortura y otros malos tratos, presentando tan sólo 12 cargos.

• Según datos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) de enero del 2014, los tribunales federales habían tramitado 123 enjuiciamientos por tortura entre el 2005 y el 2013: tan sólo siete desembocaron en condenas al aplicar la legislación federal, reflejando que, el índice de sentencias condenatorias es del 0,006 por ciento. Por su parte en el ámbito estatal, la prevalencia de la tortura y la impunidad es aún mayor.

Por otro lado, las agresiones a periodistas se han convertido en uno de los signos más ominosos de la guerra contra el narcotráfico: tan sólo en 2016 se produjeron 11 asesinatos de periodistas con lo que nuestro país pasó a ocupar el deshonroso puesto del tercer país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, sólo superado por Irak y Afganistán, según datos publicados por la Federación Internacional de Periodistas (FIP).15

Asimismo, Artículo 19, ha señalado que en el mismo año 2016, además de los 11 homicidios anteriores, se produjeron 426 agresiones, acciones de espionaje gubernamental, 72 amenazas a través de redes sociales y un índice de impunidad de hasta 99.75%,16 con lo que 2016 fue tal vez el año más peligroso para el prensa en nuestra historia reciente.

Además, durante este año, se han producido 11 asesinatos de periodistas en nuestro País,17 cifra que ya iguala a la del año anterior, siendo este sexenio ha sido uno de los más violentos para el gremio periodístico, con 38 asesinatos, 1,775 agresiones y 4 desapariciones hasta la fecha, según reporta también Artículo 19.18

Finalmente, a lo anterior debemos añadir lo revelado por The New York Times, Aristegui Noticias, R3D, Artículo 19 y Social TIC, con asistencia técnica del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, este 19 de junio en un extenso reportaje19 que señala la existencia de un sofisticado sistema para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas de la sociedad civil:

Entre los blancos del programa se encuentran abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un economista que ayudó a redactar un proyecto de ley anticorrupción, dos de los periodistas más influyentes de México y una estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía. Los intentos de espionaje incluso han alcanzado a los familiares de los activistas y periodistas, incluido un adolescente.

Desde 2011, al menos tres agencias federales mexicanas han gastado casi 80 millones de dólares en programas de espionaje de una empresa de origen israelí.

El software conocido como Pegasus se infiltra en los teléfonos inteligentes y otros aparatos para monitorear cualquier detalle de la vida diaria de una persona por medio de su celular: llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios. Incluso puede utilizar el micrófono y la cámara de los teléfonos para realizar vigilancia; el teléfono de la persona vigilada se convierte en un micrófono oculto.

A la luz de lo anterior, resulta de primera importancia preguntarse por qué un Gobierno que erogó 80 millones de dólares en espiar a defensores de derechos humanos y periodistas, al mismo tiempo no destinó recursos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas durante este 2017,20 uno de los más violentos en este rubro, y debemos preguntarnos también cuántas víctimas se habrían podido evitar, destinando más recursos para proteger a las personas periodistas y defensoras de derechos humanos de nuestro país, en lugar de espiarlos.

Otro grave fenómeno inscrito en la actual crisis de derechos humanos lo constituye el desplazamiento forzado interno, que se encuentra en franco incremento. En el año 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que el desplazamiento forzado interno ha sido relacionado primordialmente con la violencia que generan los grupos del crimen organizado, pero destacando también los megaproyectos de desarrollo como causantes de este fenómeno.

En este sentido, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez publicó en el año 2012 un estudio donde se señala a los proyectos de las 70 hidroeléctricas que se están desarrollando en el país como los causantes de la migración de más de 170 mil personas.21 Por otro lado, el informe de la CNDH, «Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México», señala al Estado de Tamaulipas como la entidad que tiene el mayor número de víctimas, contando con 20,000 desplazados, seguido del Estado de Guerrero con 2,165 casos, Chihuahua con 2,008 desplazados, Veracruz con 1,131 casos, Sinaloa con 1,065, Michoacán con 728 casos, Durango con 430, Oaxaca con 250 y Chiapas con 128.22 Finalmente, el Centro de Monitoreo de Desplazados (IDMC, por sus siglas en inglés) sostiene que la expansión de la violencia criminal, ha sido por las actividades de los grupos delictivos y las operaciones militares implementadas para combatir el crimen organizado. Vale la pena destacar que el IDMC estimó que para finales de 2014 había aproximadamente 281,400 desplazados internos en México.

Para finalizar, conviene señalar que según distintas organizaciones de la sociedad civil, así como diversas instituciones de educación superior, como el Centro de Investigación y Docencia Económica A.C. (CIDE), la UNAM, el Colegio de México y otros, han señalado que la estrategia actual contra el crimen organizado, basada en un enfoque militarista de combate a su poder de fuego, ha arrojado saldos negativos, contabilizándose más de 240 mil homicidios en los últimos dos sexenios, más de 30 mil personas desparecidas y más de 300 mil desplazados.  

IV. Como parte de esta grave crisis de derechos humanos que han denunciado los organismos internacionales, se han producido diversos eventos que por su gravedad se inscriben en la historia reciente de nuestro país como casos emblemáticos de la estrategia actual de combate al crimen organizado, mismos que se señalan a continuación.

Tlataya

El 30 de junio de 2014, el Ejército Mexicano reportó la muerte de 22 personas. En un principio, declaró que las muertes se produjeron a raíz de un enfrentamiento, sin embargo, semanas más tarde distintos medios de comunicación dejaron entrever la probable comisión de ejecuciones extrajudiciales por militares. En particular, la Revista Esquire, reveló en septiembre de 2014 el testimonio de una de las testigos del caso, quien señaló que sólo uno de los jóvenes que participó en el enfrentamiento murió a causa de los disparos, mientras que los 21 restantes, que estaban entre las edades de 16 a 24 años, fueron ejecutados extrajudicialmente por el Ejército.23

Al respecto, el Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias lamentó así los hechos en mayo de 2016:

El Relator Especial lamenta que no se haya avanzado en la aplicación de la recomendación y señala una serie de trágicos acontecimientos en los que recientemente las fuerzas armadas fueron el centro de las acusaciones de ejecuciones extrajudiciales. En junio de 2014 murieron 22 civiles en Tlatlaya, estado de México, en un enfrentamiento entre civiles armados sospechosos de estar involucrados en la delincuencia organizada y el ejército. Si bien las autoridades mexicanas declararon que todas las muertes se habían producido como parte de un “tiroteo”, los documentos militares revelaron que existía una orden explícita de “matar a criminales”. Posteriormente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos determinó que al menos 12 de las víctimas, y posiblemente hasta 15, fueron privadas de la vida extrajudicialmente tras ser capturadas. Otros casos en los que presuntamente participaron militares son la desaparición forzada y el asesinato de siete personas en el municipio de Calera, estado de Zacatecas, en julio de 2015, y la muerte de un niño de 12 años en Santa María de Ostula, estado de Michoacán, en julio de 2015.24

Ayotzinapa

La noche del 26 de septiembre del año 2014, una caravana de autobuses que transportaba a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, fue atacada indiscriminadamente con armas de fuego por parte de policías municipales del Ayuntamiento de Iguala, Guerrero, y otros sujetos desconocidos, resultando muertas seis personas. Posteriormente, y durante toda la madrugada, los estudiantes que lograron escapar fueron perseguidos, criminalizados los heridos, y finalmente fueron  desaparecidos 43 de ellos, quienes continúan hasta la fecha en la misma condición. Los hechos anteriores despertaron una ola de indignación nacional pocas veces vista en la historia reciente de nuestro país, germinando alrededor de los mismos un movimiento nacional que exige la presentación con vida de los 43 estudiantes desparecidos.

La Procuraduría General de la República encabezó la investigación sobre este caso, y el 12 de noviembre de 2014, el Estado mexicano suscribió un acuerdo para la incorporación de la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para complementar las investigaciones por estos hechos. A raíz de dicho acuerdo, la CIDH nombró a cinco expertos que conformaron el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

No obstante, en enero de 2015, el entonces Procurador General de la República, señaló que la verdad histórica del caso Ayotzinapa consistía en que los 43 estudiantes habían sido calcinados en el basurero de Cocula, y posteriormente sus cenizas esparcidas en el Río San Juan, por lo que la PGR concluía la investigación del caso.

El 6 de septiembre del mismo año, el GIEI presentó los resultados de sus investigaciones a través del Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa, concluyendo que se debe hacer un replanteamiento general de la investigación,25 dadas las inconsistencias y contradicciones detectadas; además de que extiende al Estado Mexicano 20 recomendaciones sobre la investigación y sobre las probables violaciones a los derechos humanos. El Informe presentado por el GIEI echaba por tierra la versión gubernamental de que sobre el caso ya existía una incontrovertible verdad histórica.

Vale la pena destacar que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) ya había entregado un informe en febrero de este año estableciendo la imposibilidad de que los cuerpos de los 43 normalistas desparecidos hubiesen sido incinerados en el basurero de Cocula: Hasta el momento, el EAAF aún no tiene evidencia científica para establecer que, en el basurero de Cocula, existan restos humanos que correspondan a los normalistas.26 Sin embargo, la PGR se apresuró a desmentir a los peritos mediante un comunicado oficial que decía respecto de las conclusiones de los peritos que parecerían más especulaciones que certeza.27 En este mismo sentido, cabe también señalar que el Informe Ayotzinapa presentado por el GIEI recomienda a las autoridades mexicanas realizar segundas investigaciones en compañía de peritos del EAAF.

El ya histórico Informe también reporta que algunas pruebas e indicios fueron destruidos sin ser analizados, que no se permitió al grupo de expertos interrogar a los militares que fueron testigos, entre otras anomalías.

Las conclusiones de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han generado una ola de cuestionamientos e interrogantes en torno al desempeño de la Procuraduría General de la República en las investigaciones del caso Ayotzinapa; incluso, los padres de los 43 normalistas desaparecidos han señalado que la verdad histórica ofrecida por el Gobierno Mexicano es una mentira histórica.

Finalmente, el GIEI presentó el 24 de abril del año 2016, su segundo informe sobre el caso Ayotzinapa, Informe Ayotzinapa II: Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas,28 en el que confirma que no existe ninguna evidencia de que los normalistas hayan sido incinerados en el basurero de Cocula: …hasta la fecha no hay una sola identificación proveniente de restos del basurero de Cocula29

Asimismo, el GIEI establece que los principales “responsables” según la PGR, fueron sometidos a tortura:

Se recoge la documentación analizada caso por caso, una síntesis de la información relevante de cada uno de ellos, y los informes médicos y declaraciones incluidos en el expediente. El estudio fue sometido a la discusión de un panel de expertos internacionales, miembros del equipo del International Rehabilitation Council for Victims of Torture (IRCT) de Copenhague, que proporcionó numerosas sugerencias que mejoraron el estudio hasta validar su metodología y conclusiones. Todo ello muestra tanto los indicios muy importantes de torturas en estos casos, como que no se realizaron informes médicos que respondan a los estándares internacionales de investigación sobre las denuncias de malos tratos y torturas.30

Asimismo, señaló que existen serias contradicciones en la investigación de la PGR, en particular en lo relacionado con el destino y utilización de los teléfonos de los normalistas:

El análisis de la telefonía de los normalistas evidenció que algunos de los teléfonos estuvieron activos todavía una horas o días después de lo sucedido. Particular relevancia tiene que uno de los normalistas envió un mensaje a su madre, pidiéndole un recarga telefónica a la 01:16 h de la madrugada, una hora después de cuando según la versión oficial habrían sido asesinados en el basurero de Cocula. Otros teléfonos también permanecieron activos, en algunos otros se cambiaron los chips y siguieron utilizándose. Toda esta información debe ser profundizada en la futura investigación, tanto sobre los presuntos responsables y sobre el destino de los normalistas.31

Igualmente, contrariamente a lo insinuado por algunos medios oficialistas y por algunos funcionarios gubernamentales, el GIEI desmiente categóricamente las versiones sobre las implicaciones de los normalistas en le crimen organizado, y señala que las autoridades en todo momento supieron que se trataba de estudiantes:

…el GIEI no encontró ninguna evidencia de que los normalistas formasen parte o estuvieran infiltrados por ningún grupo del crimen organizado, como se manifestó en distintos momentos, lo que habría desencadenado las atrocidades cometidas. Las autoridades de Iguala sabían que se trataba de normalistas que iban a tomar autobuses para realizar una marcha el 2 de octubre.32

Por otra parte, el GIEI confirmó que el Ejército tuvo conocimiento de los hechos en tiempo real y decidió permanecer omiso además de no responder a las preguntas del Grupo:

Los responsables del 27 Batallón, incluyendo los servicios de inteligencia, tuvieron información en tiempo real de los movimientos de los normalistas y controlaron su recorrido tanto antes de llegar a las afueras de Iguala, como posteriormente cuando se dirigieron a la ciudad, a través del C-4 y dos agentes de inteligencia. Una buena parte de dicha información fue según las declaraciones del teniente JC compartida con la Zona Militar 35 de Chilpancingo.33

El caso Iguala ilustra el patrón de indolencia y la falta de voluntad para garantizar el acceso a la justicia y el derecho a la verdad por parte de las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos, sin que hasta la fecha existan signos de apertura para atajar esta grave crisis, como lo demuestra la negativa del Gobierno de México para que el GIEI continuase sus trabajos en nuestro país después del 30 de abril del presente año, cuando culminó su mandato.

Tanhuato

El 22 de mayo de 2015 fueron asesinadas 42 personas en el Municipio de Tanhuato, Michoacán, en un lugar conocido como rancho “El Sol”, en el marco de un operativo coordinado por la Policía Federal. Según pobladores, los elementos rodearon previamente las 112 hectáreas del rancho y comenzaron el operativo cuando arribó al lugar un helicóptero Black Hawk desde el cual fueron realizados la mayoría de los disparos.34

En agosto de este año, la CNDH presentó sus recomendaciones sobre el caso en que concluyó que por lo menos 22 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente:

• Las 22 personas ejecutadas extrajudicialmente, según la CNDH, recibieron los disparos a una distancia no mayor a los 90 centímetros, 13 de ellas cuando estaban de espaldas.

• Cinco fueron ejecutados desde un helicóptero de la Policía Federal, una persona expuesta a fuego cuando se encontraba con vida y tres fueron ejecutadas a pesar de que ya estaban sometidas.

• 13 víctimas se encontraban desarmadas.

• Ocho fueron privados de la vida mientras se desplazaban en una parcela, a campo abierto, y sin posibilidad de protegerse de sus victimarios.

• El helicóptero artillado llegó a la zona a las 08:30 am. Desde él se dispararon 4 mil proyectiles hacia la bodega y la casa del rancho, lo que provocó un incendio y la muerte de una persona que estaba en la bodega.

• Elementos de la PF movieron 7 cadáveres de su posición original, inmediatamente después de su deceso.

• Fueron sembradas armas de fuego a 16 cadáveres.

• No se pudo determinar las circunstancias de la muerte de 15 personas y el grado de participación que tuvieron en el enfrentamiento.

• En el lugar se aseguraron 40 armas largas, dos armas cortas y un lanzacohetes, así como 2 mil 632 casquillos percutidos, mil 144 cartuchos y 85 cargadores.

Nochixtlán

El domingo 12 de junio de 2016 fueron detenidos los líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Rubén Núñez y Francisco Villalobos. La PGR informó que Núñez era acusado de lavado de dinero por 24 millones de pesos por lo que se le fincó el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mientras que Villalobos era acusado de robo de libros de texto gratuito de la SEP, por lo que se le fincó el delito de robo agravado.35

Las detenciones anteriores motivaron una fuerte protesta y movilización no sólo por parte de miembros de la CNTE sino también por parte de simpatizantes de la ciudadanía. Así, desde el 14 de junio se realizaron paros de labores, protestas, bloqueos y marchas en al menos tres Estados.36

Igualmente, los bloqueos carreteros encabezados por la Sección 22 de la CNTE, derivaron en la virtual toma de las plantas de hidrocarburos de Salina Cruz, lo que motivó que PEMEX advirtiera que se realizaría un paro de operaciones en las mismas lo que podría derivar en desabasto de gasolinas, diesel y turbosina en las zonas en que abastece la refinería.37

El clima de confrontación encontró su punto más álgido el 19 de junio de 2016, cuando, en el marco de las protestas por la liberación de sus compañeros, profesores de la CNTE y simpatizantes de la población civil, realizaron desde el sábado un bloqueo de la carretera Oaxaca-México en el tramo de la carretera que va de Huajuapan de León a Oaxaca, en el municipio de Nochixtlán.

A raíz del bloqueo anterior, la Policía Federal (PF) realizó un operativo en conjunto con la Policía Estatal para liberar la carretera, produciéndose un choque con una duración de más de quince horas, además de un saldo de al menos 6 personas fallecidas por arma de fuego, 53 civiles lesionados, 55 policías heridos (5 por impacto de bala), así como 21 detenidos.

En un principio, la PF declaró que sus elementos no tenían armas de fuego y sólo portaban toletes y escudos. Sin embargo, enseguida la agencia de noticias Associated Press constató que agentes de la Policía Federal abrieron fuego para disolver las protestas en que los manifestantes habían utilizado los vehículos incendiados como barricadas.38 Sin embargo, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) afirmó que las fotos del enfrentamiento difundidas en redes sociales eran falsas; no obstante, la agencia Xinhua comprobó la autenticidad de sus fotografías difundiendo los metadatos con fecha y hora de las fotos tomadas ese domingo.39

Tras horas de la refriega y después de que comenzaron a circular en medios de comunicación y redes sociales las anteriores evidencias sobre la utilización de armas de fuego por parte de los uniformados, el Comisionado de la PF en Oaxaca,  Enrique Galindo, admitió que un grupo de agentes federales usó armas de fuego durante el operativo.40

Asimismo, el Comisionado explicó que hubo dos etapas en el operativo, la primera, durante el desalojo, en que sostuvo que los uniformados no llevaban armas, y un segundo momento al final del operativo cuando, según el Comisionado, los uniformados se percataron de disparos de armas de fuego ajenas a los elementos de seguridad:

Después, ante los disparos de sujetos no identificados que dispararon contra los policías y contra civiles que incluso estaban ahí en un tianguis, hubo necesidad de que llegara un grupo armado de Policía Federal, que llegaron al final y es ahí donde mi gente fue armada.41

Igualmente, los profesores y simpatizantes de la CNTE denunciaron la existencia de “infiltrados” en los enfrentamientos, quienes habrían disparado tanto hacia la población como hacia los agentes, lo que como ya se ha señalado, motivó la acción policial descrita así por el diario La Jornada: Los gendarmes se parapetaron en una vulcanizadora para accionar sus pistolas y rifles de asalto; aunque cayeron heridas varias personas, los docentes y pobladores que los apoyaban no cedieron un ápice de terreno a los uniformados.42

Asimismo, maestros denunciaron que elementos de la Policía Federal tomaron el hospital de Nochixtlán para impedir que los heridos fueran atendidos, por lo que tuvieron que instalar un centro de atención en una escuela de Hacienda Blanca, Oaxaca, en donde también fueron víctimas de ataques con gases lacrimógenos.43

Finalmente, los agentes se retiraron culminando el operativo, mismo que según la Comisión Nacional de Seguridad dejó un saldo de 8 muertos y 108 heridos.

Todos estos casos emblemáticos de grave crisis de derechos humanos que padece nuestro País, ilustran patrones de comportamiento por parte de las autoridades que dejan mucho que desear en materia de defensa y protección de los derechos humanaos, y en algunos de ellos puede incluso presumirse la comisión de crímenes de lesa humanidad, como señaló en junio de 2016 la organización internacional Open Society Justice Initiative, que en colaboración con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), presentó un informe cuyo título no deja lugar a la especulación: “Atrocidades innegables: confrontando crímenes de lesa humanidad en México44

V. Las comisiones de la verdad, por sus características de origen, tienen un alcance limitado tanto en términos de temporalidad como de los hechos que les ocupan, pero sobre todo debido al status jurídico que posean según su contexto. Así, la mayoría de las comisiones de la verdad han surgido a partir de decretos presidenciales o de comisiones parlamentarias, teniendo mayor o menor éxito en la medida en que puedan o no incorporar a la sociedad civil organizada en la misma, y en las facultades que se le atribuyan según su status.

Uno de los casos que mejor ejemplifican el impacto social logrado por la integración ciudadana de las comisiones de la verdad, quizá sea el de Argentina, cuya comisión fue encabezada por el escritor Ernesto Sábato, y cuyo informe final tuvo amplios alcances en la conciencia pública argentina:

Después de nueve meses, la comisión entregó al presidente un informe completo, Nunca más. Una editorial privada, en cooperación con el gobierno, publicó una versión abreviada en forma de libro. El informe se convirtió de inmediato en un éxito de ventas: el primer día se vendieron 40,000 ejemplares y en las primeras ocho semanas se llegó a los 150,000. Hasta ahora ha habido más de 20 reimpresiones, ha vendido más de 300,000 ejemplares y es uno de los mayores éxitos de venta en la historia de Argentina. Después de 15 años de su publicación, el informe todavía puede encontrarse en muchos quioscos callejeros de todo Buenos Aires.45

Lo anterior evidencia que las sociedades contemporáneas se encuentran ansiosas de ejercer su derecho a la verdad, de conocer exhaustivamente las razones reales de determinados hechos sociales que moldearon notablemente la conciencia pública, como sucede en el caso de la década que abarca la guerra contra la narcotráfico, y que bien podríamos calificar como la nueva década pérdida, en alusión a la producida en el siglo pasado en Latinoamérica.

Sin embargo, el impacto anterior proviene de la credibilidad generada entre la población hacia la integración y funcionamiento de aquella comisión, que a pesar de haber sido creada por decreto presidencial y de no contar con muchas facultades investigadoras debido en parte a leyes de amnistía y reticencias militares, logró cohesionar a amplios sectores de la sociedad, al verse representados activamente en la misma: la comisión poseía legitimidad ciudadana.

Pero el caso más exitoso en la historia de las comisiones de la verdad es probablemente el de Sudáfrica. La comisión creada fue encabezada por el reconocido Arzobispo Desmond Tutu; y sus alcances extraordinarios se deben sobre todo a que no se originó mediante un decreto presidencial, ni como una comisión especial parlamentaria, sino que fue creada a través de una iniciativa de ley que «establecía un cuidadoso equilibrio entre sus facultades y una amplia capacidad investigación». Dicha ley, la Promotion of National Unity and Reconciliation Act 34 of 1995, creaba la Truth and Reconciliation Commission, una comisión de la verdad que funcionaría como organismo oficial:

La ley, redactada en un preciso lenguaje legal y que ocupaba más de 20 páginas escritas a un espacio, daba a la comisión capacidad de otorgar amnistías individuales, registrar instalaciones y confiscar pruebas, citar testigos a declarar y poner en práctica un complejo programa de protección de testigos. Con un equipo de 300 personas, un presupuesto de unos 18 millones de dólares anuales durante un periodo de dos años y medio, y cuatro grandes oficinas en diferentes puntos del país, la magnitud y el alcance de esta comisión eclipsaron los de las comisiones de la verdad previas. La ley establecía que la comisión iba a trabajar en tres comités interconectados: el Comité de Violaciones a los Derechos Humanos era el responsable de recibir declaraciones de víctimas y testigos, y también de registrar la magnitud de las grandes violaciones a esos derechos; el Comité de Amnistía gestionaría todas las solicitudes de amnistía y decidiría sobre ellas, y el Comité de Reparaciones y Rehabilitación concebiría y propondría recomendaciones para un programa de reparación.46

Como se observa, los casos exitosos de comisiones de la verdad alrededor del mundo, configuran de manera radical la imagen que la sociedades tienen de sí mismas,  y sobre todo son importantísimos instrumentos para facilitar la transición política después de períodos particularmente violentos y conflictivos, como en el caso de México.

Por ello, la presente iniciativa contempla la creación de una Comisión de la Verdad sobre Violaciones a los Derechos Humanos en México, que tenga todas las garantías de independencia ciudadana, así como amplias atribuciones en materia de investigación,  tomando en cuenta las citadas experiencias legislativas de Argentina y Sudáfrica.

VI. Según lo expuesto anterior, en el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano consideramos urgente la necesidad de diseñar mecanismos autónomos, íntegramente constituidos por ciudadanos independientes, y con todas las facultades necesarias para garantizar el derecho a la verdad y la reparación integral del daño a las víctimas de la actual crisis nacional de derechos humanos.

Es por ello que la presente iniciativa contempla la creación de una Comisión de Verdad sobre Violaciones a los Derechos Humanos en México, que sea un órgano de investigación con plenos poderes y facultades para investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el periodo que va del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2018, y cuya composición sea eminentemente ciudadana:

I. La Comisión de la Verdad tendrá los siguientes objetivos fundamentales:

a. Garantizar el derecho a la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en México en los dos últimos sexenios.

b. Garantizar la búsqueda con vida de las personas desaparecidas.

c. Garantizar la reparación de daño a todas las víctimas.

d. Sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos.

e. Realizar recomendaciones exhaustivas para la no repetición de los hechos.

f. Entregar un informe final vinculante.

II. Para el cumplimiento de estos objetivos la Comisión de la Verdad contará con las más amplias facultades concedidas por el Estado Mexicano, en materia de investigación de violaciones a los derechos humanos.

III. Esta Comisión de la Verdad contará con un Comité para la Reparación del Daño a las Víctimas, que estará encargado de reparar en los más amplios términos el daño padecido por las víctimas de las violaciones a los derechos cometidas en el periodo objeto de la presente Ley, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

IV. Asimismo contará con un Comité para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, también eminentemente ciudadano, y que estará encargado de encabezar la búsqueda de personas desaparecidas a nivel nacional e internacional, en coordinación con el nuevo Sistema Nacional de Búsqueda.

V. La Comisión de la Verdad estará integrado por cinco Comisionados, tres especialistas en derechos humanos, así como dos más representando a las víctimas. Los comisionados serán elegidos por una Comisión de Selección ciudadanizada, a propuesta de las organizaciones de víctimas, de la sociedad civil y de las universidades públicas.

VI. El máximo órgano de gobierno de la Comisión de la Verdad será el Pleno, que funcionará como cuerpo colegiado y estará presidido por uno de Comisionados elegido por el resto.

VII. El Presidente de la Comisión podrá solicitar a la Cámara de Diputados o a las legislaturas locales, la comparecencia de cualquier autoridad o servidor público que se niegue a colaborar con ella, para que explique dicha negativa o las razones por las que obstaculiza su trabajo.

VIII. Las sesiones de la Comisión de la Verdad serán públicas, se celebrarán cada sábado a las 17:00 horas y serán transmitidas en cadena nacional.

IX. Para asegurar la imparcialidad en el cumplimiento de sus funciones y para no enrarecer el siguiente proceso electoral federal, la presente iniciativa contempla que la Comisión de la Verdad entre en funciones a partir del 1º de diciembre del 2018, una vez integrado el nuevo Congreso de la Unión y comenzado el nuevo Gobierno Federal.

X. Al finalizar sus funciones, la Comisión de la Verdad entregará en sesión solemne del Congreso General, un Informe Final que deberá detallar las causas, motivos, modos y circunstancias por las cuales se cometieron las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el periodo que investigó.

XI. La Comisión de la Verdad dará vista del Informe Final a las instancias de procuración e impartición de justicia, para que inicien las acciones correspondientes en contra de los responsables de violaciones a los derechos humanos.

XII. Esta Comisión de la Verdad habrá de establecer relaciones de coordinación con el resto de organismos del Estado, quienes estarán obligados a colaborar con ella, así como con organismos no gubernamentales, nacionales e internacionales, para el cumplimiento de sus objetivos.

El Informe Final que la presente iniciativa contempla constituirá así una pieza clave en la construcción de una transición pacífica hacia un auténtico cambio de régimen, que reconozca la existencia de las víctimas y esté en condiciones de constituir un documento de memoria histórica, como señala Priscilla Hayner:

…esos organismos de la verdad pueden tener importantes consecuencias a largo plazo que tal vez nadie espere cuando inician su trabajo. Parece que es así sobre todo en el ámbito judicial y en lo que se refiere a la rendición de cuentas. En los últimos años, en concreto, se ha recurrido con mucha frecuencia a los archivos e informes de varias comisiones de la verdad del pasado para llevar ante tribunales internacionales a personas acusadas de violar los derechos humanos. De repente es manifiesta la utilidad de tener un archivo bien documentado sobre los crímenes de un régimen anterior, incluso en casos en los que es totalmente imposible realizar juicios en el interior de las fronteras nacionales.47

En el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano consideramos que dada la experiencia exitosa en los años recientes sobre la creación de comisiones de la verdad para esclarecer la verdad sobre hechos tan escabrosos como el apartheid en Sudáfrica o las violaciones a los derechos humanos de la dictadura argentina del siglo pasado, debe considerarse la creación de una Comisión de la Verdad sobre Violaciones a los Derechos Humanos en México, que tenga poderes extraordinarios de investigación, y que pueda en tal sentido estar en condiciones de emprender un proceso de reparación integral del daño que garantice el derecho a la verdad del pueblo de México, sobre la actual crisis de derechos humanos y sobre la estrategia de combate al crimen organizado que la originó.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente iniciativa.

DECRETO

Que expide la Ley de la Comisión de la Verdad sobre Violaciones a los Derechos Humanos en México.

ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley de la Comisión de la Verdad sobre Violaciones a los Derechos Humanos en México, para quedar como sigue:

LEY DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD SOBRE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general, y tiene como objeto y finalidades las siguientes:

I. Garantizar el derecho irrenunciable a la verdad, de las víctimas y del pueblo de México, sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el territorio nacional durante el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2006 y el 30 de noviembre de 2018;

II. Garantizar al más alto nivel y con los mayores recursos del Estado, la búsqueda con vida de las personas desaparecidas durante el periodo referido, o el conocimiento de la verdad material sobre el último destino de los cuerpos de las mismas;

III. Garantizar la reparación completa del daño a cada una de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en dicho periodo; y

IV. Sancionar, ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, a los responsables de las violaciones a los derechos humanos en el periodo referido.

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Comisión de la Verdad: la Comisión de la Verdad sobre Violaciones a los Derechos Humanos en México;

II. Comisionado: cada de uno de los integrantes de la Comisión de la Verdad;

III. Comités: el Comité para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y el Comité para la Reparación del daño a las Víctimas;

IV. Pleno: el órgano colegiado de la Comisión de la Verdad; y

V. Presidente: el Comisionado que preside el Pleno de la Comisión de la Verdad.

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, el derecho a la verdad implica el conocimiento y divulgación de las causas, motivos, modos, y circunstancias que rodearon a los delitos que constituyeron violaciones a los derechos humanos durante el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2006 y el 30 de noviembre de 2018.

Capítulo II

De la Comisión de la Verdad

Artículo 4. La Comisión de la Verdad es un organismo de interés público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objeto es investigar, sancionar, prevenir y reparar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el periodo que le ocupa.

Para el cumplimiento de sus atribuciones atenderá a lo dispuesto por los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos suscritos por el Estado Mexicano, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 5. Además del cumplimiento de las finalidades de la presente Ley, la Comisión de la Verdad tiene los siguientes objetivos específicos:

I. Establecer un panorama lo más completo posible sobre las causas, naturaleza y extensión de las violaciones a los derechos humanos y los delitos cometidos durante el periodo establecido en el artículo 1° de la presente Ley; así como sobre las perspectivas de las víctimas, y sobre los motivos y perspectivas de los probables responsables, a través de investigaciones, careos, interrogatorios o confesiones;

II. Contribuir a la restauración de la dignidad humana y cívica de cada una de las víctimas de los hechos anteriores, atendiendo a su relato sobre los hechos de que fueron víctimas y sus recomendaciones para la implementación de medidas de reparación del daño; y

III. Realizar recomendaciones exhaustivas al Estado Mexicano sobre las medidas necesarias que debe tomar para la no repetición de hechos violatorios de los derechos humanos.

Artículo 6. La Comisión de la Verdad podrá investigar hechos de naturaleza jurídica, social, política, forense, documental o de cualquier otra índole, para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas y del pueblo de México en general, y para realizar la investigación, sobre las violaciones a los derechos humanos y la probable comisión de hechos constitutivos de delitos, incluidos los de lesa humanidad, ocurridos en el periodo transcurrido entre el 1 de diciembre de 2006 y el 30 de noviembre de 2018.

Artículo 7. Es obligación del Estado Mexicano, a través de todos sus órganos y en sus tres órdenes de gobierno, brindar a la Comisión de la Verdad la información o el auxilio que ésta les solicite.

Artículo 8. La Comisión de la Verdad, para su funcionamiento elaborará y aprobará su Reglamento Interno, un plan de trabajo, un proyecto de presupuesto de egresos y demás normatividad necesaria; asimismo podrá suscribir convenios de colaboración con organismos nacionales o internacionales para el cumplimiento de sus labores.

Artículo 9. La Comisión de la Verdad contará con recursos públicos regulados conforme a las leyes en la materia, por lo que el Congreso de la Unión aprobará el monto de recursos que sea necesario para el cumplimiento de sus labores, salvaguardando en todo momento su autonomía de gestión.

Artículo 10. La Comisión de la Verdad tiene las siguientes atribuciones:

I. Recibir testimonios y establecer mecanismos para que las víctimas, ciudadanos y personas en general aporten información o pruebas sobre hechos violatorios de los derechos humanos. En todo tiempo protegerá estrictamente la identidad de los testigos, víctimas o denunciantes, que será clasificada y reservada en los términos de las leyes respectivas;

II. Obtener elementos probatorios para la acreditación del cuerpo de delitos cometidos durante los hechos en cuestión, las violaciones a los derechos humanos, y la probable responsabilidad de personas involucradas, así como solicitar a particulares su aportación voluntaria y, cuando se requiera de control judicial, solicitar al órgano jurisdiccional la autorización u orden correspondientes para su obtención;

III. Cerciorarse de que se han seguido los procedimientos para preservar los indicios, huellas o vestigios de los hechos investigados, así como los instrumentos, objetos o productos del delito; asentar cualquier violación a las disposiciones para la recolección, el levantamiento, preservación y el traslado de los mismos, y dar vista a la autoridad competente para efectos de las responsabilidades a que hubiere lugar;

IV. Ordenar a las autoridades competentes que brinden protección a personas respecto de las cuales exista un riesgo para su vida o integridad por su intervención o participación en algún procedimiento de la Comisión de la Verdad, o por su involucramiento en los hechos que la misma investiga;

V. Solicitar al Poder Judicial las órdenes de cateo, la prohibición de abandonar una demarcación geográfica u otras medidas cautelares que resulten necesarias para asegurar el éxito de la investigación y evitar que el probable responsable se sustraiga de la acción de la justicia, y la protección de personas o bienes jurídicos;

VI. Practicar en coordinación con la Procuraduría General de la República, las diligencias de cateo en términos de las disposiciones legales aplicables y de acuerdo con el mandamiento judicial correspondiente, para lo que podrá auxiliarse de las instancias de seguridad pública;

VII. Requerir informes, documentos, opiniones y elementos de prueba en general a las dependencias y entidades de la administración pública de los tres órdenes de gobierno, y a los organismos constitucionales autónomos, que puedan ser de utilidad para el debido ejercicio de sus atribuciones. El incumplimiento a los requerimientos que formule la Comisión de la Verdad será causa de responsabilidad en términos de la legislación aplicable;

VIII. Investigar las condiciones políticas, administrativas y jurisdiccionales de las distintas instituciones del Estado que contribuyeron, con actuación u omisión a las posibles violaciones de los derechos humanos y a la probable comisión de delitos de los servidores públicos;

IX. Solicitar la colaboración de los tres órdenes de gobierno para el cumplimiento de sus atribuciones y evitar la dilación en su desempeño;

X. Establecer convenios de colaboración con cualquier persona o entidad nacional o extranjera, incluyendo órganos del Estado Mexicano, en orden a que le sea autorizado el uso de sus instalaciones, equipo o personal bajo el control de dicha persona o entidad;

XI. Denunciar cualquier hecho presuntamente constitutivo de delito o delitos a las autoridades competentes;

XII. Solicitar la colaboración de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de las instancias de administración de justicia estatal y federal, para que en el ámbito de sus atribuciones y conforme a las disposiciones legales aplicables, se obtenga la información de los hechos objeto de esta Ley que pudieran tener cualquier autoridad de gobiernos extranjeros, así como organizaciones civiles, medios de comunicación o particulares con residencia en el extranjero;

XIII. Contratar personas expertas en derechos humanos, investigación de restos forenses, o cualquier otra especialidad, para el logro de sus objetivos conforme a las disposiciones legales aplicables y el presupuesto disponible asignado;

XIV. Celebrar reuniones para la consecución de sus objetivos en cualquier lugar dentro o fuera del territorio nacional;
XV. Realizar consultas, cuando lo considere necesario, a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos en términos de este artículo; y

XVI. Coadyuvar en el establecimiento de las garantías de no repetición de los hechos, preservando las memorias y testimonios de las víctimas.

Artículo 11. Para ser Comisionado se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano;

II. Ser de probada honorabilidad;

III. Poseer una trayectoria probada en la defensa, promoción y difusión de los Derechos Humanos o ser especialista en la materia de esta Ley;

IV. Estar en pleno uso de sus derechos civiles y políticos; y

V. No ser ni haber sido servidor público, en ninguno de los tres niveles de Gobierno, dirigente o miembro de partido político u organización política y no estar vinculado con los hechos o los actores objeto de la investigación de la presente Ley.

Artículo 12. La Comisión de la Verdad estará integrada por cinco comisionados:

I. Tres comisionados especialistas en derechos humanos, búsqueda de personas desaparecidas, antropología forense, psicología o especialidades equivalentes con experiencia en la materia de esta Ley, propuestos por universidades públicas y organismos internacionales de derechos humanos;

II. Dos comisionados representando a las víctimas, propuestos por organizaciones no gubernamentales y colectivos de víctimas, con reconocimiento público en la defensa de los derechos humanos.

Artículo 13. Los Comisionados serán nombrados conforme al siguiente procedimiento:

I. El Senado de la República constituirá una Comisión de Selección integrada por nueve mexicanos, por un periodo de tres años, de la siguiente manera:

a) Convocará a las instituciones de educación superior y de investigación, para proponer candidatos a fin de integrar la Comisión de Selección, para lo cual deberán enviar los documentos que acrediten el perfil solicitado en la convocatoria, en un plazo no mayor a quince días, para seleccionar a cuatro miembros basándose en los elementos decisorios que se hayan plasmado en la convocatoria, tomando en cuenta que se hayan destacado por su contribución en materia de defensa y protección de los derechos humanos. 

b) Convocará a organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de protección y defensa de los derechos humanos, para seleccionar a cinco miembros, en los mismos términos del inciso anterior.

El cargo de miembro de la Comisión de Selección será honorífico.

II. La Comisión de Selección deberá emitir una convocatoria, con el objeto de realizar una amplia consulta pública nacional dirigida a toda la sociedad en general, para que presenten sus postulaciones de aspirantes a Comisionados.

Para ello, definirá la metodología, plazos y criterios de selección de los integrantes de la Comisión de la Verdad y deberá hacerlos públicos; en donde deberá considerar al menos las siguientes características:

a) El método de registro y evaluación de los aspirantes;

b) Hacer pública la lista de las y los aspirantes;

c) Hacer públicos los documentos que hayan sido entregados para su inscripción en versiones públicas;

d) Hacer público el cronograma de audiencias;

e) Podrán efectuarse audiencias públicas en las que se invitará a participar a investigadores, académicos y a organizaciones de la sociedad civil, especialistas en la materia, y

f) El plazo en que se deberá hacer la designación que al efecto se determine, y que se tomará, en sesión pública, por el voto de la mayoría de sus miembros.

En caso de que se generen vacantes imprevistas, el proceso de selección del nuevo integrante no podrá exceder el límite de noventa días y el ciudadano que resulte electo desempeñará el encargo por el tiempo restante de la vacante a ocupar.

Artículo 14. La Comisión de la Verdad será presidida por uno de sus Comisionados, quien durará en su encargo hasta finalizar el periodo legal de la misma, y será elegido de entre los Comisionados, por mayoría calificada. 

Artículo 15. Son atribuciones del Presidente de la Comisión de la Verdad las siguientes:

I. Ejercer la representación legal de la Comisión de la Verdad;

II. Presidir el Pleno de la Comisión de la Verdad;

III. Convocar a sesiones ordinarias o extraordinarias de la Comisión de la Verdad, según lo dispuesto por la Ley y su Reglamento Interno;

IV. Distribuir y delegar funciones en los términos del Reglamento Interno;

V. Formular los lineamientos generales a los que se sujetarán las actividades administrativas de la Comisión de la Verdad, así como nombrar, dirigir y coordinar a los funcionarios y al personal bajo su autoridad;

VI. Dictar las medidas específicas que juzgue convenientes para el mejor desempeño de las funciones de la Comisión de la Verdad;

VII. Celebrar, en los términos de la legislación aplicable, acuerdos, bases de coordinación y convenios de colaboración con autoridades y organismos nacionales e internacionales, así como con instituciones académicas, para el mejor cumplimiento de sus fines;

VIII. Solicitar a la Cámara de Diputados o en sus recesos, a la Comisión Permanente, o a las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, se llame a comparecer a las autoridades o servidores públicos responsables, para explicar el motivo de su negativa a colaborar con la Comisión de la Verdad, o las razones por las que obstaculiza, viola o interviene de cualquier manera sus funciones o atribuciones;

IX. Proponer al Pleno la integración de los Comités; y

X. Las demás que le señalen la presente Ley y su Reglamento.

Artículo 16. La Comisión de la Verdad tomará sus decisiones de manera colegiada por mayoría de votos de sus integrantes.

Artículo 17. Son atribuciones del Pleno de la Comisión de la Verdad las siguientes:

I. Establecer los lineamientos generales de actuación de la Comisión de la Verdad;

II. Aprobar el Reglamento Interno de la Comisión de la Verdad;

III. Aprobar las normas de carácter interno relacionadas con la Comisión de la Verdad;

IV. Aprobar  el proyecto de presupuesto de la Comisión de la Verdad;

V. Designar a los Directores de los Comités, así como al resto de especialistas que lo integran; y

VI. Conocer los informes semanales de los Comités.

Artículo 18. Las sesiones ordinarias de la Comisión de la Verdad se celebrarán cada sábado a las 17:00 horas en la sede que para tal efecto considere el Presidente, serán públicas y deberán ser transmitidas en Cadena Nacional, y tendrán como finalidad desahogar los asuntos generales de la Comisión, recibir los informes semanales de los Comités, e informar a la ciudadanía sobre el resultado de las investigaciones.

La Comisión de la Verdad podrá celebrar sesiones extraordinarias, mismas que podrán ser públicas o privadas, y podrán ser convocadas por el Presidente o mediante solicitud que a éste formulen por lo menos tres miembros de la Comisión de la Verdad, cuando se estime que hay razones de importancia para ello.

Artículo 19. Las personas que integran la Comisión de la Verdad, no podrán ser sujetos de responsabilidad civil o penal por las opiniones, observaciones y recomendaciones que formulen, o por los actos relativos a las investigaciones que realicen durante el tiempo de vigencia de la Comisión de la Verdad creada por esta Ley.

Las personas que integran la Comisión de la Verdad serán responsables de la debida administración del patrimonio destinado para la realización de sus atribuciones.

Artículo 20. El personal que conforma la estructura administrativa de la Comisión de la Verdad, será considerado personal de confianza y su relación laboral se regulará conforme a las disposiciones aplicables, con sujeción a los principios de austeridad, planeación, eficiencia, eficacia, economía y honradez.

Artículo 21. La Comisión de la Verdad contará con una Secretaría Ejecutiva, cuyo titular será nombrado por la mayoría de votos de los comisionados, misma que será responsable de dar seguimiento y cumplimiento a sus acuerdos para alcanzar los objetivos de la presente Ley y su Reglamento.

Artículo 22. El titular de la Secretaría Ejecutiva deberá reunir para su designación, los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;

II. Gozar de buena reputación; y

III. Ser mayor de treinta años de edad, el día de su nombramiento.

Artículo 23. La Secretaría Ejecutiva tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

I. Proponer al Presidente de la Comisión de la Verdad, las políticas generales que en materia de la presente Ley habrá de seguir la Comisión de la Verdad ante los organismos gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales;

II. Promover y fortalecer las relaciones de la Comisión de la Verdad con organismos públicos, sociales o privados, nacionales e internacionales, sobre la materia de esta Ley;

III. Realizar estudios sobre los tratados y convenciones internacionales en materia de derechos humanos;

IV. Enriquecer, mantener y custodiar el acervo informativo y documental de la Comisión de la Verdad; y

VI. Las demás que le sean conferidas por la presente Ley y su Reglamento.

Artículo 24. La Comisión de la Verdad tendrá un periodo legal de funcionamiento de dieciocho meses a partir de su instauración, y sus funciones podrán prorrogarse por doce meses más cuando ésta así lo solicite.

Para la prórroga a que se refiere al párrafo anterior, deberá contarse con la aprobación de la Cámara de Senadores, por lo que la Comisión de la Verdad deberá solicitarla al menos sesenta días naturales previos al término de los dieciocho meses referidos en el primer párrafo del presente artículo.

Capítulo III

De la Búsqueda de Personas Desaparecidas

Artículo 25. La Comisión de la Verdad contará con un Comité para la Búsqueda de  Personas Desaparecidas, que tendrá como finalidad encabezar la búsqueda a nivel nacional e internacional, así como conducir las acciones que pudieran llevar a la presentación con vida de las personas o al conocimiento sobre su último destino.

Artículo 26. El Comité para la Búsqueda de Personas Desaparecidas será encabezado por un Director, e integrado por el número de especialistas y expertos que la Comisión de la Verdad estime necesarios para el cumplimiento de sus objetivos.

Tanto el Director como los expertos y especialistas serán designados por el Pleno de la Comisión de la Verdad.

Artículo 27. El Director del Comité para la Búsqueda de Personas Desaparecidos tendrá las siguientes atribuciones:

I. Coordinar las acciones derivadas de la búsqueda nacional e internacional de los o de sus restos forenses, así como informar al Presidente sobre el inicio y resultado de cada una de las mismas;

II. Resguardar y clasificar toda la información relacionada con la búsqueda de personas desaparecidas, así como brindar un informe semanal a la Comisión sobre dicha información;

III. Establecer relaciones de coordinación con el Comité para la Reparación del Daño a las Víctimas de violaciones a los derechos humanos; y

IV. Las demás que sean dispuestas por el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 28. Para el cumplimiento de sus objetivos el Comité para la Búsqueda de Personas Desaparecidas tendrá su disposición las herramientas del Sistema Nacional de Búsqueda y podrá solicitar a la Comisión Nacional de Búsqueda la participación de los Grupos de Búsqueda que estime necesarios.

Capítulo IV

De la Reparación del Daño a las Víctimas

Artículo 29. La Comisión de la Verdad contará con un Comité para la Reparación del Daño a las Víctimas, que estará encargado de reparar en los más amplios términos el daño padecido por las víctimas de las violaciones a los derechos cometidas en el periodo objeto de la presente Ley, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Artículo 30. El Comité para la Reparación del Daño a las Víctimas será encabezado por un Director e integrado por el número de especialistas y expertos que la Comisión de la Verdad estime necesarios para el cumplimiento de sus objetivos.

Tanto el Director como los expertos y especialistas serán designados por el Pleno de la Comisión de la Verdad.

Artículo 31. El Director del Comité para la Reparación del Daño a las Víctimas tendrá las siguientes atribuciones:

I. Coordinar las acciones dirigidas a la reparación del daño a las víctimas, así como informar al Presidente sobre el inicio y resultado de cada una de las mismas;

II. Resguardar y clasificar toda la información relacionada con las acciones encaminadas a la reparación del daño a las víctimas, así como brindar un informe semanal a la Comisión sobre dicha información;

III. Establecer relaciones de coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para el cumplimiento de sus funciones;

IV. Solicitar a la Comisión de la Verdad medidas urgentes de protección a las víctimas o a cualquier persona involucradas en los hechos investigados o en su investigación;

V. Solicitar a la Comisión de la Verdad la erogación de partidas presupuestales específicas destinadas a la reparación del daño a las víctimas;

VI. Establecer relaciones de coordinación con el Comité para la Búsqueda de Personas Desaparecidas; y

VIII. Las demás que sean dispuestas por el Reglamento de la presente Ley.

Capítulo V

Del Informe Final de la Comisión de la Verdad

Artículo 32. Para garantizar el derecho a la verdad, la Comisión de la Verdad, una vez terminada su investigación, redactará un Informe Final detallando las causas, motivos, modos y circunstancias por las cuales se cometieron las violaciones a los derechos humanos y los probables delitos ocurridos durante el periodo transcurrido entre el 1 de diciembre de 2006 y el 30 de noviembre de 2018; así como las recomendaciones sobre las medidas necesarias que debe tomar el Estado Mexicano en orden a eliminar la posibilidad de que hechos como los investigados por la Comisión de la Verdad vuelvan a ocurrir en el territorio nacional.

Artículo 33. El Informe Final será entregado en sesión solemne al Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. La entrega del Informe Final deberá ser transmitida en Cadena Nacional.

Artículo 34. La Cámara de Diputados establecerá los mecanismos para su difusión a efecto de que la sociedad mexicana e internacional conozca los resultados de la investigación realizada por la Comisión de la Verdad.

Artículo 35. De los datos y hechos contenidos en el Informe Final, la Comisión de la Verdad dará vista a las instancias procuración e impartición de justicia, así como a los organismos constitucionales autónomos del Estado Mexicano, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, inicien las acciones legales a que haya lugar, en contra de quien o quienes resulten responsables de las violaciones a los derechos humanos y los hechos constitutivos de probables delitos, ocurridos en torno a los hechos investigados por esta Ley.

Artículo 36. La información contenida en el informe final de la Comisión de la Comisión de la Verdad tendrá validez jurídica ante los órganos jurisdiccionales en procesos judiciales futuros.

Artículo 37. En caso de que la Comisión de la Verdad cuente con suficientes elementos para presumir la existencia de crímenes de lesa humanidad cometidos en el territorio nacional durante el periodo objeto de esta Ley, la misma deberá especificar las circunstancias pertinentes sobre los mismos, adjuntando la documentación justificativa, y estará facultada para remitir dicha información en nombre del Estado Mexicano, a la Corte Penal Internacional con la finalidad de que ésta ejerza en nuestro País su jurisdicción en la materia. 

Artículo 38. Los Comisionados, los Directores de los Comités y el personal adscrito a la Comisión de la Verdad, guardarán estricta reserva y confidencialidad de los documentos y datos personales de las víctimas, testigos y de todo aquél que haya rendido su testimonio en el desarrollo de las investigaciones, así como de la demás información obtenida por la Comisión de la Verdad, en el cumplimiento de sus objetivos.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el 1º de diciembre de 2018.

SEGUNDO. La Comisión de la Verdad deberá integrarse, dentro de los noventa días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto.

TERCERO. La Comisión de la Verdad elaborará y emitirá el Reglamento correspondiente a la presente Ley, su Reglamento Interno, y demás normatividad necesaria para su funcionamiento, los cuales serán publicados en el Diario Oficial de la Federación, dentro de los veinte días naturales siguientes a la integración formal de la misma.

CUARTO. La Cámara de Diputados aprobará para el ejercicio fiscal del año 2018, la partida presupuestal requerida para el óptimo cumplimiento de las funciones de la Comisión de la Verdad durante el mes de diciembre del mismo año.

Atentamente

Sen. Dante Delgado Rannauro.- Sen. Clemente Castañeda Hoeflich.- Sen. Verónica Delgadillo García.- Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda.- Sen. José Ramón Enríquez Herrera.- Sen. Indira Kempis Martínez.- Sen. Patricia Mercado Castro.

1 Centro Internacional para la Justicia Transicional, «¿Qué es la justicia transicional?»,
https://www.ictj.org/es/que-es-la-justicia-transicional

2 CIDH, Derecho a la verdad en las Américas, OEA/Ser.L/V/II.152 Doc. 2, 13 agosto 2014,
(http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Derecho-Verdad-es.pdf), p.61

3 Ibíd, pp.59-60

4 Hayner, Priscilla, Verdades innombrables. El reto de las comisiones de la verdad. México, FCE, 2014 (edición electrónica).

5 «CIDH culmina visita in loco a México», Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Comunicado de prensa No. 112/15,
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2015/112.asp

6 Ídem.

7 Op.cit., Derecho a la verdad en las Américas, pp. 25-26

8 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Convención Internacional para la Protección de todas las personas contras las desapariciones forzadas,
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ConventionCED.aspx

9 Op.cit., Derecho a la verdad en las Américas, p.27

10 Ibíd. p.59

11 Ibíd, p.30

12 Ibíd., p.37

13 CIDH, Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa, http://prensagieiayotzi.wixsite.com/giei-ayotzinapa/informe-, p.259

14 Amnistía Internacional, Fuera de control: tortura y otros malos tratos en México, Madrid, Centro de Lenguas de Amnistía Internacional, 2014,
https://www.amnesty.org/download/Documents/4000/amr410202014es.pdf

15 «México, tercer país más peligroso para la prensa, alertan», El Universal, 3 de febrero de 2017,
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2017/02/3/mexico-tercer-pais-mas-peligroso-para
-la-prensa-alertan

16 «Asesinatos de periodistas marcan un “punto de no regreso” en México, alerta Artículo 19», Proceso, 28 de marzo de 2017,
http://www.proceso.com.mx/479900/asesinatos-periodistas-marcan-punto-regreso-en-mexico-alerta-articulo-19

17 «Periodistas asesinados en México», Artículo 19, (actualizada al 6 de octubre de 2017),
https://articulo19.org/periodistasasesinados/

18 «La memoria, verdad y justicia también deben contarse», Animal político, 8 de septiembre de 2017, http://bit.ly/2wPCa08; «Periodistas asesinados en México», Artículo 19, (actualizada al 6 de octubre de 2017),
https://articulo19.org/periodistasasesinados/

19 « ‘Somos los nuevos enemigos del Estado’: el espionaje a activistas y periodistas en México», The New York Times, 19 de junio de 2017,
https://www.nytimes.com/es/2017/06/19/mexico-pegasus-nso-group-espionaje/

20 « Presupuesto para mecanismo de protección a periodistas en 2017: cero pesos», Aristegui Noticias, 24 de marzo de 2017,
http://aristeguinoticias.com/2403/mexico/presupuesto-para-mecanismo-de-proteccion-a-periodistas-en-2017-cero-pesos/

21 «Han destruido la vida de este lugar: megaproyectos, violaciones a derechos humanos y daños ambientales en México», México, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, 2012,
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/FAssociation/NaturalResource/Centro_de_DDHH_S.pdf

22 «Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México», México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2016, p.138,
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/2016_IE_Desplazados.pdf

23 «Exclusiva: testigo revela ejecuciones en el Estado de México», Esquire Latinoamérica, 17 de septiembre de 2014,
http://www.esquirelat.com/reportajes/14/09/17/esxclusiva-esquire-Testigo-revela-ejecuciones-ejercito/

24 «Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias acerca del seguimiento de su misión a México», Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 5 de junio de 2016,
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?si=A/HRC/32/39/Add.2

25 Carlos Martin Beristaín, miembro del GIEI, durante la presentación de su “Informe Ayotzinapa”, el 6 de septiembre de 2015.

26 “Peritos argentinos denuncian irregularidades en el caso Ayotzinapa”, CNN México, 8 de febrero de 2015,
http://mexico.cnn.com/nacional/2015/02/08/peritos-argentinos-denuncian-irregularidades-en-el-caso-ayotzinapa

27 “La PGR responde a peritos argentinos: sus opiniones sobre Ayotzinapa: ‘más especulaciones que certezas’”, Animal Político, 9 de febrero de 2015,
http://www.animalpolitico.com/2015/02/la-pgr-responde-cuestionamientos-de-peritos-argentinos-sus-
opiniones-sobre-ayotzinapa-mas-especulaciones-que-certezas/

28 «Informe Ayotzinapa II: Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas», Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI),
http://www.oas.org/es/cidh/actividades/giei/GIEI-InformeAyotzinapa2.pdf

29 Ibíd. p.74

30 Ibíd. p.9

31 Ibíd. p.6

32 Ibíd. p.15

33 Ibíd. p.148

34 Sí hay testigos en Tanhuato: “no tuvieron oportunidad”, la policía les disparó desde un helicóptero», Animal Político, 25 de mayo de 2015,
http://www.animalpolitico.com/2015/05/los-42-muertos-no-tuvieron-oportunidad-la-policia-disparo-desde-
un-helicoptero-testigos/

35 «Lavado de dinero y robo de libros, los delitos por los que fueron detenidos dos líderes de la CNTE», Animal Político, 13 de junio de 2016,
http://www.animalpolitico.com/2016/06/lavado-de-dinero-y-robo-de-libros-los-delitos-por-los-que-
fueron-detenidos-dos-lideres-de-la-cnte/

36 «La CNTE realiza paros, bloqueos y marchas para pedir la liberación de sus líderes», Animal Político,14 de junio de 2016,
http://www.animalpolitico.com/2016/06/la-cnte-realiza-paros-bloqueos-y-marchas-para-pedir-la-liberacion
-de-sus-lideres/

37 «Si continúan los bloqueos de la CNTE, plantas en Salina Cruz, Oaxaca, deberán parar: Pemex», Animal Político, 17 de junio de 2016,
http://www.animalpolitico.com/2016/06/si-continuan-los-bloqueos-de-la-cnte-plantas-en-salina-cruz-
oaxaca-deberan-parar-pemex/

38 «El uso de armas contra maestros y civiles en Nochixtlán pone en duda la legitimidad de la Reforma», sinembargo.mx, 20 de junio de 2016,
http://www.sinembargo.mx/20-06-2016/3056354

39 «CNS dijo que son falsas fotos de policías armados; Xinhua prueba autenticidad con metadatos», Aristegui Noticias, 19 de junio de 2016,
http://aristeguinoticias.com/1906/mexico/policia-si-uso-armas-durante-desalojo-en-oaxaca-agencia-
muestra-metadatos-fotos/

40 «Chocan CNTE y PF; reportan 6 muertos», Reforma, 20 de junio de 2016,
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=874062&v=6

41 «Enfrentamiento entre policías y manifestantes en Nochixtlán deja 6 muertos», Animal Político, 20 de junio de 2016,
http://www.animalpolitico.com/2016/06/desalojo-en-oaxaca-provoca-enfrentamiento-entre-policias-y-
maestros-hay-al-menos-6-heridos/

42 «Operativo deja seis muertos en Oaxaca», La Jornada, 20 de junio de 2016,
http://www.jornada.unam.mx/2016/06/20/politica/002n1pol

43 Ídem.

44 «Open Society presenta informe sobre “atrocidades innegables” en México», Proceso, 6 de junio de 2016,
http://www.proceso.com.mx/443141/open-society-presenta-informe-atrocidades-innegables-en-mexico

45 Op.cit., Verdades innombrables.

46 Ídem.

47 Ídem.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Castañeda Hoeflich. Túrnese a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos.






Tiene el uso de la tribuna el Senador Juan Manuel Zepeda Hernández, para presentar, con aval del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 76, 89 y 102 constitucionales, en materia de designación del Fiscal General de la República.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 76, FRACCIÓN XIII, DEROGA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 89 Y REFORMA EL ARTÍCULO 102, APARTADO A DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Juan Manuel Zepeda Hernández, con aval del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Gracias, señor Presidente. Saludo a los integrantes de la Mesa Directiva, saludo a mis compañeras Senadoras, compañeros Senadores, al público que hoy nos visita, a los medios de comunicación.

En efecto, la semana pasada, el PRD presentó una iniciativa de Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, y en ese momento anunciamos que para que se pudiera completar la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República era necesario modificar el marco normativo constitucional.

Por eso el día de hoy, a nombre del grupo parlamentario del PRD, estamos presentando esta iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 76, fracción XIII, deroga la fracción IX del artículo 89 y que reforma el artículo 102 en su Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta reforma constitucional tiene por objetivo que podamos garantizar una Fiscalía General de la República auténticamente autónoma e independiente.

Las principales características de este proyecto de Decreto tienen que ver con que se elimina totalmente la facultad del Ejecutivo Federal en el nombramiento y remoción del Fiscal General de la República y esto solamente va a quedar en el ámbito, según nuestra propuesta, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Senado.

Nosotros creemos que para que esta Fiscalía cumpla con el objetivo, tiene que salir del ámbito del Ejecutivo, porque tan reprobable es que se inventen culpables, como tan reprobable es que se inventen inocentes.

El grupo parlamentario del PRD sostiene que ante acusaciones o ante investigaciones que permitan mínimamente sospechar de desvío de recursos, de malas conductas o de un uso indebido de la función pública no puede haber un Ejecutivo que sesgue la opinión a favor o en contra.

Ante eso, se tienen que encauzar las investigaciones, en este caso y en el nuevo tiempo que estamos viviendo, ante la Fiscalía General de la República, pero garantizando la autonomía y la independencia.

Por eso sostenemos que debe de salir del ámbito del Ejecutivo Federal tanto el nombramiento como la remoción, por eso el PRD asume este tema del nombramiento del Fiscal General de la República como un tema prioritario por la importancia que cumple para nuestra vida pública y, sobre todo, lo recalcamos con los lamentables ejemplos de cuando se sesga la procuración de justicia para acabar con un enemigo político, eso no lo podemos seguir permitiendo.

Por eso sostenemos que esta Fiscalía General de la República debe fortalecer su Servicio Civil de Carrera para que empecemos a generar a quienes serán posteriormente, no solamente el Fiscal General, sino los fiscales especializados en los diversos temas que nosotros estamos proponiendo.

Si nosotros logramos avanzar con esta propuesta, vamos a lograr que la Fiscalía no solamente tenga su autonomía política, financiera, jurídica y administrativa, sino que lo que conlleve esa autonomía va a generar la confianza de los mexicanos en las instituciones de procuración de justicia para el bien de la vida pública, para el bien de nuestro país.

Por eso ponemos a su consideración esta iniciativa con proyecto de Decreto para que podamos en comisiones discutirla, enriquecerla, y que lo que ahí podamos nosotros materializar sea en bien de nuestro querido México.

Es todo, mi querido Presidente.

Gracias a todos.

Iniciativa

Quien suscribe, Senador JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ, integrante de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión y miembro del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los Artículos 8 numeral 1 fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta H. Cámara la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 76 FRACCIÓN XIII, DEROGA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 89 Y REFORMA EL ARTÍCULO 102 APARTADO A DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS para quedar como sigue:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En nuestra Constitución Política existen principios esenciales y estructuras de Gobierno que, en materia de Derecho Constitucional, son considerados como fundamento de toda institución públicas que fortalecen los cimientos de la organización del poder político de nuestro Estado democráticos que conforma a su vez al Gobierno Federal.

Así, nuestra Constitución regula la división de poderes; y sólo este cuerpo normativo se pueden establecer excepciones al principio fundamental de la organización del Estado con el fin de garantizar que los organismos autónomos no pierdan su autonomía.

Se debe entender por órganos constitucionales autónomos aquellos que se encuentran establecidos en la Constitución y que no se encuentran adscritos orgánicamente o vinculado directamente a alguno de los poderes del Estado.

Así la regulación de una Fiscalía General de la República debe ir de la mano de un equilibrio constitucional y político, para que los parámetros bajo los cuales es nombrado su titular y fiscales en materia de Delitos Electorales, Anticorrupción y Fiscales desconcentrados puedan desempeñar su función, ya que su función representa la preservación del orden constitucional y de la democracia y, por ello, es preciso que su nombramiento esté regulado en la Constitución a cargo de instituciones democráticas como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Senado de la República a fin de que su funcionamiento posterior sea independiente, esta reforma plantea tres aspectos:

1. Autonomía política y financiera, porque implica un organismo constitucional autónomo que no forma parte de los tres poderes tradicionales, aún y cuando sus funciones puedan ser materialmente administrativas, jurisdiccionales en su función de vinculación a proceso o como garante de la legalidad en materia de Amparo, así este nuevo organismo constitucional autónomo podrá ejercer su función de manera independiente, sin sujeción a otro órgano, es decir autónoma.

Y de esta manera, las leyes que rigen su existencia le reconocerán el carácter de autoridad autónoma, porque de esta manera, constitucionalmente la nueva Fiscalía General de la República, no está supeditada a poder alguno y por tanto es la máxima autoridad para ejercer con responsabilidad sus funciones y atribuciones.

Esta autonomía va de la mano de la cuestión financiera que se traduce en garantizar constitucionalmente la independencia económica de la Fiscalía General de la República, necesaria para la consolidación de la autonomía política.

Es total cuando el organismo constitucional autónomo que se pretende crear, tendrá facultades para elaborar, aprobar y ejercer diligentemente su presupuesto asignado; evitando parcialidades como anteriormente se realizaba, es decir, se aprobaba un presupuesto para el órgano encargado de la Procuración de Justicia Federal mismo que carecía de facultades para mantenerlo ante las decisiones del titular del Ejecutivo y no obstante estar facultado para elaborar su presupuesto, debía proponer la manera de ejercerlo, limitando sus funciones a la decisión política

2. Autonomía jurídica. - Esto significa que la Fiscalía General de la República debe ser capaz de autorregularse, a través de la facultad reglamentaria reservada al Poder Legislativo garantizando esta autonomía por estar elevada a nivel constitucional ya que ningún otro poder le impondrá la toma de decisiones, únicamente la exigencia del cumplimiento de sus funciones derivada del ejercicio democrático de su nueva naturaleza.

3. Autonomía administrativa. - Asimismo, como organismo constitucional autónomo la Fiscalía General de la República tendrá la facultad para establecer los parámetros de organización interna, así como la de los organismos que están a su cargo, contará con amplias facultades de administración de los recursos materiales y humanos.

También es importante destacar, que el adecuado funcionamiento de esta nueva Institución será basada en un diseño estructural que permita la permanente interacción entre este órganos federales autónomo y las fiscalías locales, siempre con pleno respeto de sus competencias, pero siempre bajo el supuesto esencial de la indivisibilidad de la función de la Institución del Ministerio Público, la cual permite la actuación conforme al fuero que el propio sistema normativo constitucional permite, lo cual indudablemente permite el fortalecimiento del Estado democrático en nuestro país.

No se descarta que, con posterioridad, en materia de Procuración de Justicia se dé inicio a una inercia legislativa que generé modificaciones a normas constitucionales y legales vigentes, con el propósito de complementar los supuestos normativos que aquí se plantean, superando las limitaciones que actualmente existen y, desde luego ampliando la participación de las entidades federativas y de sus órganos de procuración de justicia autónomos.

El desarrollo normativo en el tema de Procuración de Justicia es una responsabilidad concurrente de todos los ámbitos de gobierno, la cual requiere una coordinación adecuada y permanente entre las distintas autoridades facultadas para atender las problemáticas que les es inherente, de conformidad con el sistema de distribución de competencias, pero en esta ocasión a través de instituciones con carácter autónomo.

La coordinación, desde luego es la base para generar oportunidades y eficiencia de las diversas acciones tendientes al cumplimiento de programas, metas y objetivos que se plantean los organismos encargados legalmente de la Procuración de Justicia, ya que son instancias directamente encargadas del debido cumplimiento de la compleja tarea que representa uno de los problemas que azotan al país.

Consecuentemente, mediante la presente Iniciativa, se propone a esta alta representación federal la reforma al artículo 76 fracción XIII, la derogación de la fracción IX del artículo 89 y la reforma al artículo 102 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de regular la elección del Fiscal General de la República y Fiscales especializados.

A partir de lo que se plantea en este Proyecto de Iniciativa de Decreto, el órgano autónomo encargados de la Procuración de Justicia en México, estará en aptitud de contribuir al fortalecimiento del régimen federal y del sistema democrático, no sólo de manera política, sino también de manera legal y normativa.

A efecto de llevar a cabo estas modificaciones, se proponen los siguientes cambios
específicos a los artículos constitucionales mencionados:

1.- Se reforma la fracción XIII del Artículo 76 constitucional, para establecer el mecanismo de elección del Fiscal General de la República y Fiscales Especializados mediante un proceso establecido constitucionalmente a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Senado de la República.

2.- Se deroga la fracción IX del Artículo 89 de la Constitución General para evitar que el Fiscal General de la República este sujeto tanto en su nombramiento como remoción a la voluntad del titular del Poder Ejecutivo.

3.- Se reforma el apartado A del Artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para contar con un marco jurídico a nivel constitucional que, de mayor certeza en el procedimiento de nombramiento del Fiscal General de la República, mismo que asimismo establece con claridad la función de la Institución del Ministerio Público.

INICIATIVA CON AVAL DE GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 76 FRACCIÓN XIII, DEROGA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 89 Y REFORMA EL ARTÍCULO 102 APARTADO A DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 76 fracción XIII, se deroga la fracción IX del artículo 89 y se reforma el artículo 102 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 76. ...

l. a XII. ...

XIII. Participar en la designación del Fiscal General de la República de conformidad con el artículo 102, Apartado A, de esta Constitución.

XIV...

Artículo 89...

1 a VIII...

IX. Se deroga

X a XX ...

Artículo 102.

A. La Institución del Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya integración directiva estará a cargo de los poderes Judicial y Legislativo de la Federación, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Senado de la República.

Su objetivo es la investigación y persecución de las conductas consideradas ilícitas conforme a lo dispuesto por el artículo 21 de esta Constitución. En el ejercicio de este cometido tendrá como principios rectores la profesionalidad, legalidad, objetividad, certeza, cientificidad, respeto a los derechos humanos e independencia. Contará con un Servicio Profesional de Carrera de carácter obligatorio y académico que evaluará permanentemente a los servidores públicos de las áreas ministerial, policial y pericial.

La Fiscalía General de la República contará con un órgano de Gobierno a cargo de un Fiscal General, e integrado además por Fiscales Especializados. Ninguna autoridad podrá ordenar a la Fiscalía el no ejercicio de la acción penal.

I. En la designación del titular de la Fiscalía General estará a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente en su caso; desempeñará su encargo por un período de siete años, cuya duración y escalonamiento provean al ejercicio autónomo de sus funciones; sólo podrá ser removido por causa grave y no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión dentro del ámbito federal, local o municipal con excepción de actividades académicas. El titular de la Fiscalía General de la República podrá ser sujeto de juicio político conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Constitución.

Para ser Fiscal General de la República se requiere: ser ciudadano mexicano; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación, haber sido Magistrado de un Tribunal Colegiado de Circuito del Poder Judicial de la Federación, Fiscal Especializado del Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General de la República o Fiscal General de Justicia de alguna entidad federativa.

Deberán contar con los siguientes requisitos: ser ciudadano mexicano, tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación, tener el más alto nivel de escalafón del Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General de la República.

Y los fiscales especializados serán designados mediante el siguiente procedimiento:

A partir de la ausencia definitiva del Fiscal General, el Senado de la República contará con veinte días para emitir convocatoria dirigida a quienes hayan ocupado el cargo de Magistrados de los Tribunales Colegiados del Poder Judicial de la Federación, Fiscales Especializados y Fiscales Generales de Justicia en alguna entidad federativa; para integrar una lista de al menos diez candidatos al cargo, aprobada por mayoría calificada de las dos terceras partes de los miembros presentes, la cual se enviará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación no recibe la lista en el plazo antes señalado, enviará libremente al Senado una terna y se designará provisionalmente al Fiscal General, quien ejercerá sus funciones hasta en tanto se realice la designación definitiva conforme a lo establecido en este artículo. En este caso, el Fiscal General designado podrá formar parte de la terna. Recibida la lista a que se refiere la fracción anterior, dentro de los diez días siguientes la Suprema Corte de Justicia de la Nación formulará una terna y la enviará a la consideración del Senado.

Para la formulación y ejecución del examen de oposición a ocupar los cargos de Fiscal General de la República, Fiscales Especializados, el Pleno de Ministros de la Suprema Corte de Justicia designará a tres Ministros que serán los encargados de evaluar a los candidatos mediante examen de oposición. El Senado de la República emitirá convocatoria de examen de oposición dirigida a quienes hayan ocupado el cargo de Magistrados de los Tribunales Colegiados del Poder Judicial de la Federación, Fiscales Especializados y Fiscales Generales de Justicia en alguna entidad federativa.

Las evaluaciones serán públicas y se presentarán ante el Pleno de Ministros de la Suprema Corte de Justicia, quien designará, para cada caso, a quienes hubieran obtenido las diez más altas calificaciones.

La lista será enviada al Senado de la República, el cual hará comparecer a los candidatos en audiencias públicas ante las comisiones de Gobernación, Justicia y Derechos Humanos, las que elaborarán un dictamen de idoneidad que será presentado ante el Pleno de la Cámara.

Para el caso del Fiscal General, previo a la realización de las audiencias, los candidatos deberán presentar para su evaluación una propuesta de Programa General de Procuración de Justica que contendrá, al menos, los siguientes apartados:

a. Diagnóstico general de las actividades criminales en el país.

b. Análisis de la estructura organizacional de la Fiscalía General de la República.

c. Lineamientos generales de Política Criminal.

d. Modelo de actualización y formación jurídica.

e. Modelo de policía científica de investigación criminal.

f. Modelo de vigilancia institucional al respeto de los derechos humanos y protección a víctimas del delito.

En sesión del Pleno del Senado se deliberará y se designará por mayoría calificada de los miembros presentes al Fiscal General de la República, a los Fiscales Especializados según se trate. En caso de no lograrse la votación calificada después de dos rondas de elección, serán electos por mayoría simple.

Los cargos de Fiscal General de la República, Fiscales Especializados serán de carácter irrenunciable e improrrogable y sus titulares sólo podrán separarse de ellos por enfermedad grave, responsabilidad penal o administrativa conforme a lo establecido en la Ley. El Fiscal General podrá ser removido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por las causas graves que establezca la ley.

II. Corresponde a la Institución del Ministerio Público de la Federación la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, solicitará las medidas cautelares contra los imputados; buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes señalen como delito; procurará que los juicios federales en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita; pedirá la aplicación de las penas, e intervendrá en todos los asuntos que la ley determine.

La Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia de Delitos Electorales y de Combate a la Corrupción. El nombramiento y remoción de los fiscales especializados antes referidos podrán ser objetados por el Senado en los mismos términos que para el caso del Fiscal General proceda

El Fiscal General presentará anualmente al Senado un informe de actividades dentro del primer período de sesiones. Comparecerá ante cualquiera de las Cámaras cuando se le cite a informar en cualquier momento de su gestión sobre algún tema en particular.

El Fiscal General de la República como titular de la Institución del Ministerio Público y sus agentes, serán responsables de toda falta, omisión o violación a la ley en que incurran con motivo de sus funciones.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 18 de septiembre de 2018.

Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Zepeda Hernández. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos.






Enseguida tiene el uso de la tribuna la Senadora Nancy De la Sierra Arámburo, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 19 constitucional, en materia de prisión preventiva.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Nancy De la Sierra Arámburo, del grupo parlamentario del PT)

La Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Gracias. Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros Senadores:

En los últimos doce años el número de tomas clandestinas y el robo de hidrocarburos ha registrado un incremento de 11 mil por ciento.

Tan sólo en 2017, el director de Pemex, Carlos Treviño, estimó en 30 mil millones de pesos por concepto de robo de hidrocarburos, una pérdida para Pemex. Se equipara al presupuesto anual de la UNAM.

Los homicidios dolosos a nivel nacional relacionados con este delito se pueden contar por cientos.

Dichas extracciones de combustibles por individuos o por miembros del crimen organizado, derivan en fugas de combustible, incendios y explosiones que ocasionan un daño colateral al medio ambiente, además de los costos de operación asociados al control de los daños, así como lesiones y pérdidas humanas.

Tan sólo el miércoles pasado en la Colonia Villa Frontera, ubicada en la capital de Puebla, una perforación ilegal para extraer gas LP, puso en riesgo a más de mil 400 personas, tuvieron que cerrar 95 escuelas; y un día después una nube tóxica desatada por una fuga de una toma clandestina en el estado de Hidalgo, tuvo que tener como consecuencia la suspensión de clases en 20 escuelas y el desalojo de comunidades enteras.

Es un delito que no sólo tiene la capacidad de desplazar a miles en un día, sino que pone en riesgo nuestras vidas.

Lo anterior es muestra de que los operativos conjuntos entre los distintos órdenes de gobierno, en donde inclusive participan miembros del Ejército y la Marina, no son suficientes para combatir este crimen.

Por supuesto respetamos el esfuerzo realizado, sin embargo, estas acciones no sirven   de nada si no establecemos una política criminal más fuerte en dicha conducta para contener la impunidad que reina en nuestra nación, pues la impunidad es, sin dudarlo, el mayor de los incentivos para la delincuencia y el crimen organizado en nuestro país.

El incremento de la incidencia delictiva, la cada vez mayor agresividad de las conductas antisociales y la penetración desmedida de dicho delito en sectores vulnerables para la sociedad, tan sólo revelan que el actual sistema no está cumpliendo con su objetivo. La estrategia utilizada no concuerda con la magnitud de los crímenes relacionados con el robo de hidrocarburos.

Por eso esta iniciativa pretende incorporar al artículo 19, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente al robo de hidrocarburos, se establezca prisión preventiva oficiosa para dicha conducta.

Lo anterior encuentra justificación en la imperante necesidad de combatir el fenómeno delictivo que no sólo atiende a reestablecer las arcas de la nación, sino también a través de esta estrategia, reacciona tiene y debe evitar la desaparición del Estado social y democrático de derecho en el que vivimos todos los mexicanos.

En este sentido, se busca evitar el peligro de reincidencia o comisión de nuevos delitos, así como preservar el orden nacional.

Todos aquí, sin lugar a dudas, reconocemos que debemos de tener un sistema judicial que sea más efectivo y que asegure el cumplimiento de los principios rectores del sistema de justicia, tales como la presunción de inocencia, que es algo que no estamos discutiendo el día de hoy.

Pero también sabemos que es necesario tener políticas criminales que nos permitan asegurar que nosotros como sociedad podemos mantener la paz, el orden y la seguridad en nuestra nación.

Hoy nos encontramos frente a un desafío, como el que previó el legislador en la reforma de seguridad de justicia del que depende la subsistencia nacional.

No podemos subestimar su impacto, no podemos ceder nuestra tranquilidad, nuestra paz y nuestros hogares a los grupos delictivos.

Como nación no podemos ser laxos con los delitos en materia de hidrocarburos.

El petróleo es de los mexicanos, no de los huachicoleros.

Buenas tardes.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora De la Sierra Arámburo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos.






Quiero comunicar lo siguiente, a petición de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, se dará turno directo a las siguientes iniciativas, puesto que han solicitado no hacer uso de la palabra en este caso.

La iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

(Presentada por los Senadores del grupo parlamentario del PVEM)

Los Senadores que firman al calce, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, EN MATERIA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. CONSIDERACIONES

Todas las actividades humanas generan, en mayor o menor medida, impactos sobre el ambiente. En atención a esta realidad, el Derecho Ambiental se erige como la especialidad jurídica encargada de regular la manera en que se realizan las actividades con impacto ambiental significativo.

Por las características de los elementos que integran el ambiente como recursos naturales no renovables o de difícil regeneración, es evidente que la mejor forma de protegerlo es evitando la producción de daños. Por ello, el Derecho Ambiental fue definido desde su nacimiento como una especialidad jurídica preferentemente preventiva, de tal suerte que uno de sus principios fundamentales es el preventivo.

En el caso del sistema jurídico mexicano, el preventivo se encuentra consagrado como principio de la política ambiental en la fracción VI del artículo 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), al establecer que “La prevención de las causas que los generan, es el medio más eficaz para evitar los desequilibrios ecológicos”. Lo anterior se justifica porque para el Derecho Ambiental la actuación a posteriori, materializada en una consecuencia jurídica en forma de sanción, resulta ineficaz, toda vez que en este caso los efectos nocivos de una conducta antijurídica ya se habrán presentado; si bien una eventual sanción trascenderá socialmente, los daños causados serán difícilmente reparables, en perjuicio de la calidad ambiental y, en consecuencia, de la salud de las personas y la vida misma.

Para el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental, como la prevención de daños al ambiente, la LGEEPA se vale de una serie de instrumentos, entre los cuales destaca la evaluación del impacto ambiental (EIA), definida por el artículo 28 de la citada Ley como “el procedimiento a través del cual la Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente”.

De conformidad con lo anterior, quienes pretendan llevar a cabo alguna de las actividades enlistadas en el artículo de referencia (obras de infraestructura en materia hidráulica, de comunicaciones o de residuos peligrosos y radiactivos; industriales; minerales; aprovechamientos forestales; cambios de uso de suelo forestal, u obras en áreas naturales protegidas, entre otras) requerirán, previo a su realización, una autorización en materia de impacto ambiental por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Cabe mencionar que la adopción de la EIA por parte de los Estados, es mandatada por el principio 17 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, derivada de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro, Brasil, en 1992, el cual establece que “Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente1.

En congruencia con lo anterior, la EIA en nuestro país cuenta con un marco legal sólido y consolidado, tanto en la LGEEPA como en su reglamento en esta materia2. La importancia de este instrumento de la política ambiental puede ser inferida de la recurrencia en su utilización; por ejemplo, durante el año 2014 fueron ingresados ante la SEMARNAT 825 proyectos, lo cual representa el mayor número de solicitudes de los últimos 10 años, de conformidad con el Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales (SNIARN) de dicha dependencia3.

Sin embargo, por su propia naturaleza la EIA constituye un instrumento de la política ambiental de carácter excepcional, cuya aplicación opera caso por caso y, por ende, queda limitado a la evaluación de los posibles impactos ambientales de las obras o actividades sometidos a dicho procedimiento, sin tomar en consideración la posibilidad de que se generen impactos ambientales indirectos, sinérgicos o acumulativos derivados de la planificación de diferentes obras que, individualmente consideradas, registran un impacto ambiental menor del que registrarían en su conjunto. Como consecuencia de este modelo individualista, se corre el riesgo de que las actividades sometidas a la EIA sean autorizadas bajo una visión sesgada por no haber contado con un análisis integral de sus posibles efectos desde su planeación, en perjuicio de la calidad ambiental.

En este sentido, “a medida que la EIA se ha ido extendiendo como práctica común de la gestión ambiental, se han ido haciendo evidentes las limitaciones de la aplicación de la evaluación ambiental exclusivamente a proyectos, ya que muchos de los impactos ambientales agregados no pueden ser correctamente previstos ni valorados a partir de la simple evaluación de los proyectos singulares que los generan4.

Por ello, la eficacia de la EIA depende de la implementación de otros mecanismos preventivos, consistentes principalmente en el adecuado diseño y ejecución de instrumentos de ordenación territorial, como los planes de desarrollo urbano, el ordenamiento ecológico del territorio o las áreas naturales protegidas.

Si se toma en consideración la naturaleza del ambiente como bien jurídico y la necesidad de prevenir la manifestación de daños sobre los recursos naturales que lo integran, resulta evidente la necesidad de adelantar en el tiempo la adopción de mecanismos preventivos, incluso desde las etapas de planeación y antes de la aprobación y ejecución de políticas públicas que puedan suponer la realización de obras y actividades sujetas al procedimiento de EIA.

Legislaciones ambientales avanzadas como la de la Unión Europea, que mandata un alto nivel de protección ambiental5, han materializado los razonamientos de referencia mediante la llamada “Evaluación Ambiental Estratégica” (EAE) de políticas, planes y programas, con la finalidad de incorporar criterios ambientales y de sustentabilidad en el diseño de dichos instrumentos de política pública, es decir, en la toma de decisiones estratégicas.

En congruencia con lo anterior, en el año 2001 fue aprobada en el seno de la Unión Europea la “Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente”6, obligando a los países miembros a incorporar sus disposiciones en sus respectivos sistemas jurídicos a más tardar en julio de 2004. De esta forma, a partir de la transposición de esta Directiva a su Derecho interno, los Estados que forman parte de la Unión Europea están obligados a evaluar las implicaciones ambientales de sus planes y programas.

No obstante su relativamente reciente incorporación como instrumento de la política ambiental, es posible ubicar el nacimiento conceptual de la EAE precisamente a partir de la institucionalización de la EIA en la National Environmental Policy Act (NEPA) de los Estados Unidos de América, que contemplaba la evaluación de impactos de las llamadas “major federal actions”, consistentes en los proyectos, programas, regulaciones, planes, políticas y propuestas legislativas presentadas por las agencias federales que afectasen significativamente la calidad del ambiente, con la finalidad de garantizar la consideración de los requerimientos de la política ambiental en la toma de decisiones sobre desarrollo7.

Sin embargo, esta concepción de la EIA que tenía como finalidad evaluar los impactos ambientales de todas las actividades sometidas a decisión, terminó por aplicarse tal como conocemos el instrumento hoy en día, es decir, a proyectos individuales. Este cambio de enfoque obedeció a la oposición que los objetivos originales de la EIA encontraron en las instancias políticas, pues los proyectos gubernamentales más importantes debían someterse a ella y, por ende, restringían la capacidad y discrecionalidad de las autoridades8.

En la doctrina actual, la EAE es definida como “el proceso sistemático para evaluar las consecuencias ambientales de las propuestas de políticas, planes y programas, con la finalidad de asegurar que sean totalmente incluidas y adecuadamente orientadas en la etapa más temprana de la toma de decisiones al mismo nivel que las consideraciones económicas y sociales9.

De esta forma, es posible establecer como características de la EAE las siguientes:

• Deriva de la necesidad de establecer mecanismos de control previos a la evaluación ambiental de proyectos, que son materia de la EIA;

• Tiene como objetivo incorporar la variable ambiental desde las primeras fases de la toma de decisiones, es decir, aquéllas en las que se definen los marcos básicos de intervención y, por lo tanto, las que en general tienen una mayor capacidad de determinar impactos ambientales a mediano y largo plazos;

• Complementa a la EIA, al incidir desde etapas previas y conformar un sistema integral de evaluación ambiental;

• Dentro de sus beneficios se encuentran:

1. Mejorar los procesos de planeación, al incorporar durante la elaboración de políticas, estrategias, planes o programas, criterios de sustentabilidad previos a la ejecución de éstos;

2. Prevenir grandes impactos ambientales, derivados de la toma de decisiones estratégicas, identificando ventajas y desventajas, así como oportunidades y riesgos;

3. Perfilar las dimensiones, naturaleza y, en general, los criterios para la realización de los proyectos que materializan las políticas públicas contenidas en los instrumentos de planeación cometidos a EAE, y

4. Mejorar las condiciones de realización de la EIA, así como despresurizar su recurrencia y fortalecer la eficacia del instrumento, pues los proyectos individuales sometidos a ésta podrían derivar de políticas, estrategias, planes o programas que ya habrán pasado por el trámite de la EAE.

Si bien la EAE guarda una estrecha relación con la EIA, al complementarse para dar origen a un sistema de evaluación ambiental adecuado, no deben confundirse ni asumir que un instrumento forma parte de otro. En tal sentido se pronuncia la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de la Organización de las Naciones Unidas en su “Guía de Evaluación Ambiental Estratégica”, al expresar lo siguiente:

“Una cosa es un plan o programa, que tiene su dimensión ambiental, a identificar, y otra, son las actividades singulares que se dan al amparo o en el ámbito de aquello que el plan planifica, que tiene cada una su dimensión ambiental. La dimensión ambiental de las actividades sectoriales es más o menos conocida y ella se utiliza como referencia para evaluar ambientalmente los proyectos de las actividades del sector. Esa dimensión viene dada por el binomio actividades sectoriales en cuestión-impactos ambientales que genera. Cada actividad tipo en el sector, como puede ser el transporte de mercancías, tiene un perfil de efectos ambientales que constituye el marco de la evaluación cuando se trata de un proyecto de transporte y define el conjunto de cuestiones de las cuales se debe preocupar la evaluación de impacto ambiental de un proyecto de transporte. Si se considera adecuadamente la dimensión ambiental de cada una de las actividades que el proyecto en cuestión supone, entonces, el proyecto será ambientalmente sostenible. La dimensión ambiental de una política, plan o programa es distinta y lo que la hace distinta es su carácter estratégico. Una decisión o programa decide sobre un abanico de ámbitos que exceden, de lejos, la simple programación de proyectos. En general, planes y programas tienden a abordar el conjunto de temas que condicionan a mediano y largo plazo el destino del sector o ámbito de política. Una decisión estratégica es una intervención que pretende actuar sobre los condicionantes estructurales de un sector para hacerlo más eficiente desde el punto de vista de los agentes implicados y de la sociedad.”10

De conformidad con lo anterior, mientras la EIA se ocupa de la identificación de impactos ambientales de un proyecto específico, en la etapa más próxima a su ejecución, la EAE se ubica en el nivel estratégico de identificar las mejores condiciones para que el sector que se pretende planificar tenga en el futuro efectos ambientales razonables. De esta forma, la EAE influye ex ante sobre la relación causa–efecto de proyectos concretos para mejorar el desempeño ambiental de una totalidad, al no tener por objeto únicamente la causa inmediata de un impacto ambiental sino toda la estructura que hay detrás.

En el caso de nuestro país, la EAE no forma parte del catálogo de instrumentos de la política ambiental nacional, pero existen algunos antecedentes que han intentado incorporar esta figura a la legislación en la materia, como el caso de la una iniciativa de Ley General de Evaluación Ambiental de los Efectos de Planes y Programas de la Administración Pública, presentada en la LXI Legislatura por los entonces diputados Armando Ríos Piter, César Francisco Burelo Burelo, María Dina Herrera Soto y María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; sin embargo, esta iniciativa no fue aprobada.

Otro antecedente, incluso vigente en el sistema jurídico mexicano, es la facultad de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos para llevar a cabo la evaluación estratégica del sector hidrocarburos, contenida en la fracción I del artículo 5o de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos11; de conformidad con la fracción V del artículo 3o de esta Ley, la evaluación estratégica es el “Proceso sistemático de análisis que realiza la Agencia para emitir observaciones y recomendaciones en las materias de seguridad industrial, seguridad operativa y de protección ambiental en las iniciativas de políticas públicas, planes o programas de gobierno relacionadas con las actividades del sector hidrocarburos”, de lo cual se desprende que el espíritu de este nuevo instrumento, incorporado por el Poder Legislativo Federal en la aprobación de la reforma energética, coincide con el objeto de la EAE de evaluar políticas públicas, planes o programas de gobierno. Desafortunadamente, este instrumento únicamente es contemplado en la Ley de referencia, sin contar con un desarrollo adecuado.

En diversas oportunidades, como el “Foro de Discusión sobre el Estado de la Evaluación del Impacto Ambiental”, organizado por la Cámara de Diputados en marzo de 2015, o el documento “Propuestas de reformas y adiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para mejorar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental federal en México”12, suscrito por diversas organizaciones ambientalistas de la sociedad civil, se ha planteado la pertinencia de incorporar la EAE a la legislación ambiental.

Por ello, considerando la necesidad de que la EAE cumpla eficazmente con sus objetivos, tenga una aplicación general y no quede limitado a los planes y programas de un sector en específico, mediante la presente iniciativa se recogen las inquietudes planteadas en los antecedentes citados, con la finalidad de consagrarla en la LGEEPA como un instrumento de la política ambiental nacional.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La presente iniciativa tiene por objeto incorporar la EAE como instrumento de la política ambiental, en la ley marco del sistema jurídico mexicano en esta materia, para lo cual se proponen las siguientes reformas y adiciones a la LGEEPA:

a) Facultar expresamente a los tres órdenes de gobierno en materia de EAE.

En su calidad de ley general, la LGEEPA distribuye competencias entre los gobiernos federal, de las entidades federativas y municipales, en atención al principio de concurrencia previsto en la fracción XXIX-G del artículo 73 constitucional. En tal sentido lo confirma el artículo 4o de la propia LGEEPA, que señala que “La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios ejercerán sus atribuciones en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, de conformidad con la distribución de competencias prevista en esta Ley y en otros ordenamientos legales”.

Considerando que los tres órdenes de gobierno emiten planes y programas, se propone facultarlos legalmente para llevar a cabo la EAE de los que sean de su competencia.

Para lograr lo anterior, se propone adicionar una fracción a los artículos 5o, 7o y 8o de la LGEEPA, relativos a las facultades de la federación, las entidades federativas y los municipios, respectivamente, con la finalidad de establecer expresamente sus atribuciones para llevar a cabo la evaluación estratégica de los planes y programas de sus competencias.

b) Regular la EAE como instrumento de la política ambiental en un apartado especial.

El Capítulo IV del Título Primero de la LGEEPA contiene nueve secciones que desarrollan los diferentes instrumentos de la política ambiental que contempla dicha Ley, a saber: (i) planeación ambiental, (ii) ordenamiento ecológico del territorio; (iii) instrumentos económicos; (iv) regulación ambiental de los asentamientos humanos; (v) EIA; (vi) normas oficiales mexicanas en materia ambiental; (vii) autorregulación y las auditorías ambientales; (viii) investigación y educación ecológicas, y (ix) información y vigilancia.

Considerando que el objetivo de la presente iniciativa consiste en incorporar la EAE al catálogo de instrumentos ambiental contenidos en la LGEEPA, se propone adicionar una Sección X al Capítulo IV del Título Primero de la LGEEPA que desarrolle todo lo relativo a este nuevo instrumento.

Esta nueva Sección deberá contener:

1. La definición de la EAE como instrumento de la política ambiental, caracterizado por permitir que la autoridad ambiental analice y evalúe la dimensión ambiental en los procesos de formulación y modificación de los programas de gobierno que contemplen la realización de obras o actividades que, previo a su realización, deban someterse al procedimiento de EIA. Asimismo, se propone que el presente artículo contenga dos reglas excepcionales: (i) la posibilidad de que el Ejecutivo Federal, en ejercicio de su facultad reglamentaria, establezca obras o actividades adicionales sujetas a EAE, y (ii) que los programas en materia de seguridad nacional y defensa nacional no sean objeto de EAE;

2. El inicio del procedimiento de EAE, consistente en la obligación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal de elaborar un “estudio de impacto ambiental” de los proyectos de programas de su competencia que están sujetos a EAE, debiendo remitirlos a la SEMARNAT treinta días naturales antes de emitirlo o someterlo a consideración del Titular del Poder Ejecutivo Federal;

3. Por su importancia como mecanismo que permite llevar a cabo la EAE, se estima necesario establecer los requisitos mínimos que debe cumplir el “estudio de impacto ambiental” que las entidades de la Administración Pública Federal remiten a la SEMARNAT junto con el programa sujeto a EAE, incluyendo: (i) la identificación, descripción y evaluación de los impactos negativos sobre el ambiente que puedan derivar del programa que se plantea; (ii) las alternativas que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito de aplicación geográfica del programa, y  (iii) las medidas preventivas, de mitigación y las demás necesarias para evitar y reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente. Estos requisitos mínimos deberán ser detallados por el Poder Ejecutivo Federal mediante las disposiciones reglamentarias correspondientes;

4. Las reglas que permitan subsanar deficiencias del estudio de impacto ambiental, incluyendo la posibilidad de que la SEMARNAT requiera a la dependencia o entidad correspondiente para que realice ampliaciones o correcciones, o hasta la designación de un experto externo, con cargo al presupuesto del promovente y previamente aprobado por la SEMARNAT, para que revise el estudio y entregue sus conclusiones tanto a la dependencia o entidad que lo contrató como a la SEMARNAT;

5. La culminación del procedimiento de EAE, pudiendo existir dos posibilidades: (i) que la SEMARNAT no tenga observaciones al estudio de impacto ambiental o, en su caso, a las ampliaciones, correcciones o conclusiones del experto designado, en cuyo caso emitirá un dictamen final dentro de los treinta días siguientes a la recepción de dichos documentos; o (ii) que la SEMARNAT tenga observaciones al estudio de impacto ambiental o, en su caso, a las ampliaciones, correcciones o conclusiones del experto designado, en cuyo caso emitirá un dictamen preliminar para que dichas observaciones sean consideradas por la dependencia o entidad que promueve el programa correspondiente.

En caso de que las observaciones sean atendidas por la dependencia o entidad correspondiente, la SEMARNAT emitirá su dictamen final dentro de los diez días siguientes a la recepción del nuevo proyecto de programa que satisfaga las observaciones formuladas; en caso de que la dependencia o entidad no atienda las observaciones del dictamen preliminar, deberá expresar en su respuesta las razones que lo justifiquen, a fin de que la SEMARNAT convoque, dentro de los diez días siguientes a la recepción de dicha respuesta, a un “Comité de Evaluación Ambiental Estratégica” (en adelante CEAE);

6. La integración de los CEAE, cuya composición plural, objetiva e imparcial será garantizada mediante la participación de: (i) un representante de la Oficina de la Presidencia de la República, que lo presidirá; (ii) un representante de la SEMARNAT, que actuará como Presidente del Comité en ausencia del representante de la Oficina de la Presidencia de la República; (iii) un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; (iv) un representante de la dependencia o entidad promovente del proyecto de programa; (v) un representante de una institución académica o científica; (vi) un representante de organizaciones sociales, y (vii) un representante del sector empresarial. Los procedimientos para la designación de los representantes, funcionamiento y emisión de opiniones de los CEAE serán especificados en las disposiciones reglamentarias correspondientes

En cuanto a la participación de los CEAE en el procedimiento de EAE, se propone que tengan a su cargo la revisión de: (i) el dictamen preliminar emitido por la SEMARNAT, y (ii) la respuesta de la dependencia o entidad promovente del proyecto de programa desestimando las observaciones del dictamen preliminar; todo lo anterior, con la finalidad de que el CEAE formule las opiniones que se consideren necesarias, con base en las cuales la SEMARNAT emitirá, dentro de los diez días siguientes a su recepción, el dictamen final correspondiente, y

7. El carácter público de los proyectos de programas y sus respectivos estudios de impacto ambiental, así como, en su caso, las ampliaciones, correcciones o conclusiones del experto designado, los cuales deberán ser difundidos por la SEMARNAT y puestos a disposición de cualquier persona para que emita los comentarios que estime oportunos. En tal sentido, la EAE supone la realización de un proceso de consulta pública que deberá ser detallado mediante las disposiciones reglamentarias correspondientes;

Por los argumentos expuestos, el Senador que suscribe se permite someter a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL IMPACTO AMBIENTE, EN MATERIA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 5o, 7o y 8o, y se adiciona una Sección X al Capítulo IV del Título Primero de la LGEEPA, para quedar como siguen:

ARTÍCULO 5o.- Son facultades de la Federación:

I.- a X.- …

X bis.- La evaluación ambiental estratégica de los proyectos de programas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de los proyectos de modificaciones a los mismos;

XI.- a XXII.- …

ARTÍCULO 7o.- Corresponden a los Estados, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:

I.- a XVI.- …

XVI bis.- La evaluación ambiental estratégica de los proyectos y programas de su competencia, así como de los proyectos de modificaciones a los mismos;

XVII.- a XXII.- …

ARTÍCULO 8o.- Corresponden a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:

I.- a XIV.- …

XIV bis.- La evaluación ambiental estratégica de los programas de su competencia, así como las modificaciones a los mismos;

XV.- a XVII.- …

TITULO PRIMERO
Disposiciones Generales

CAPÍTULOS I AL III …

CAPÍTULO IV
Instrumentos de la política ambiental

SECCIONES I A IX …

SECCIÓN X
Evaluación Ambiental Estratégica

Artículo 43 bis.- La Evaluación Ambiental Estratégica es el procedimiento a través del cual se incorpora el análisis y la evaluación de la dimensión ambiental, en la formulación y actualización de los programas de la Administración Pública Federal.

Se someterán a Evaluación Ambiental Estratégica:

I. Los proyectos de programas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que contemplen, promuevan o induzcan obras o actividades previstas en el artículo 28 de esta Ley;

II. Los proyectos de modificaciones de programas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que contemplen, promuevan o induzcan obras o actividades previstas en el artículo 28 de esta Ley, y

III. Los proyectos de programas que señale el Reglamento correspondiente de la presente Ley.

Se exceptúan de Evaluación Ambiental Estratégica los proyectos de programas en materia de seguridad nacional y defensa nacional.

Artículo 43 ter.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal responsables de emitir alguno de los proyectos señalados en el artículo anterior, deberán presentarlos a la Secretaría junto con el estudio de impacto ambiental correspondiente, cuando menos treinta días naturales antes de emitirlo o someterlo a consideración del titular del Poder Ejecutivo Federal.

Artículo 43 quater.- El estudio de impacto ambiental deberá contener, por lo menos:

I. La identificación, descripción y evaluación de los impactos negativos sobre el ambiente, que puedan derivar de la ejecución del proyecto de programa presentado;

II. Las alternativas que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito de aplicación geográfica del proyecto de programa, y

III. Las medidas preventivas, de mitigación o, en su caso, de restauración y compensación, así como las demás necesarias para evitar y reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente.

El contenido específico del estudio de impacto ambiental será establecido por el Reglamento correspondiente de la presente Ley.

Artículo 44 quinquies.- En los casos en que el estudio de impacto ambiental presente deficiencias que impidan llevar a cabo la evaluación, la Secretaría podrá solicitar a la dependencia o entidad correspondiente, dentro de los diez días siguientes a que reciba dicho estudio, que realice las ampliaciones o correcciones a que haya lugar.

Cuando, a criterio de la Secretaría, el estudio de impacto ambiental siga siendo deficiente, podrá solicitar a la dependencia o entidad respectiva que, con cargo al presupuesto de ésta, designe un experto, quien deberá ser aprobado previamente por la Secretaría. El experto deberá revisar el estudio y entregar sus conclusiones a la Secretaría y a la propia dependencia o entidad promovente, dentro de los cuarenta días siguientes a su contratación.

Artículo sexies.- Cuando la Secretaría no tenga observaciones al estudio de impacto ambiental o, en su caso, a las ampliaciones y correcciones del mismo, o a las conclusiones del experto que se haya designado, emitirá un dictamen final que dará por concluida la evaluación, en un plazo no mayor a treinta días, contados a partir de la fecha en que reciba dichos documentos, según corresponda.

El dictamen final considerará las opiniones que, en su caso, reciba del proceso de consulta pública o los que se expongan en los foros de consulta que se lleven a cabo, e incluirá la valoración sobre los posibles impactos negativos sobre el ambiente, las alternativas que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito de aplicación geográfica del proyecto de programa, así como las medidas preventivas, de mitigación o, en su caso, las de restauración o compensación.

En caso de tener observaciones al estudio de impacto ambiental o, en su caso, a las ampliaciones y correcciones del mismo, o a las conclusiones del experto que se haya designado, la Secretaría emitirá un dictamen preliminar, a efecto de que sean consideradas por la dependencia o entidad correspondiente para su incorporación al proyecto de programa. Una vez incorporadas las observaciones, la dependencia o entidad deberá remitir a la Secretaría la nueva versión del proyecto, a efecto de que ésta emita el dictamen final dentro de los diez días siguientes a su recepción.

Cuando la dependencia o entidad promovente del proyecto de programa no se ajuste al dictamen preliminar, deberá comunicar por escrito a la Secretaría las razones para su desestimación, para que dentro de los diez días siguientes el asunto sea sometido a un Comité de Evaluación Ambiental Estratégica.

Dicho Comité estará integrado por un representante de la Oficina de la Presidencia de la República, que lo presidirá, un representante de la Secretaría, que actuará como presidente del comité en ausencia del representante de la Oficina de la Presidencia de la República, un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un representante de la dependencia o entidad promotora del proyecto de programa, un representante de una institución académica o científica, un representante de organizaciones sociales y un representante del sector empresarial.

El Comité revisará el dictamen preliminar elaborado por la Secretaría, así como la respuesta de la dependencia o entidad promotora del proyecto de programa, y con base en dicha información remitirá su opinión a la Secretaría. El Reglamento de la presente Ley establecerá los mecanismos para la designación de los representantes gubernamentales y no gubernamentales de los comités, así como los procedimientos para sus discusiones y la emisión de las opiniones correspondientes.

Con base en la opinión del Comité de Evaluación Ambiental Estratégica correspondiente, la Secretaría emitirá el dictamen final dentro de los diez días siguientes a la recepción de aquélla.

Para someter los proyectos a consideración del Titular del Ejecutivo Federal, el Consejero Jurídico deberá recabar y tomar en cuenta el estudio de impacto ambiental así como el dictamen final emitido por la Secretaría.
Artículo septies.- La Secretaría hará públicos, desde que los reciba, los proyectos de programas y los estudios de impacto ambiental correspondientes, así como los dictámenes que emita, a efecto de que cualquier persona pueda consultarlos y, en su caso, emitir las opiniones que considere pertinentes. El Reglamento de la presente Ley establecerá los términos de este proceso de consulta pública.

Artículo octies.- En el desarrollo de los foros de consulta de los programas a que se refiere la presente sección, organizados de conformidad con lo previsto en la Ley de Planeación, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal promoventes, deberán explicar los posibles impactos negativos sobre el ambiente y las medidas que se adoptarán para prevenirlos, mitigarlos o, en su caso, restaurarlos o compensarlos.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Dentro del plazo de 180 días siguientes a la publicación del presente decreto, el Poder Ejecutivo Federal publicará las reformas necesarias al Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 18 de septiembre de 2018.

Senadores del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

1 Organización de las Naciones Unidas, 2015. Disponible en:
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm

2 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2000.

3 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, México, 2015. Disponible en:
http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D4_IMPACTO00_01&IBIC_user=dgeia_
mce&IBIC_pass=dgeia_mce
Página consultada a las 11:54 del 13 de junio de 2015.

4 Jilberto Herrera, Rodrigo. Evaluación Ambiental Estratégica: hacia una mejora de la decisión estratégica. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Santiago, Pág. 2. Disponible en:
http://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/8/35988/Art%C3%ADculoEAE_R_JIliberto.pdf
Página consultada el 8 de junio de 2015 a las 17:25 horas.

5 El artículo 191.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que “La política de la Unión en el ámbito del medio ambiente tendrá como objetivo alcanzar un nivel de protección elevado…”.

6 Publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas el 21 de julio de 2001. Disponible en:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:197:0030:0037:ES:PDF

7 Cfr. Centro de Estudios del Desarrollo. Marco conceptual para la implementación de la evaluación ambiental estratégica en Chile, Comisión Nacional del Medio Ambiente, Santiago, Chile, 2010. Pág. 11.

8 Ibídem. Pág. 12.

9 Sadler, Barry y Verheem, Rob. Strategic Environmental Assessment - Status, Challanges and Future Directions. Ministry of housing, Spatial Planning and the Environment of the Netherland, La Haya, Holanda. 1996.

10 Jiliberto Herrera, Rodrigo y Bonilla Madriñán, Marcela. Guía de evaluación ambiental estratégica, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Organización de las Naciones Unidas, Santiago, Chile, 2009. Pág. 17.

11 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014.

12 Alcosta, Alianza por la Sustentabilidad del Noroeste; Causa Natura A.C.; Centro Mexicano de Derecho Ambiental; Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y Vo.Bo. Asesores Integrales S.C. Disponible en:
http://aguaparatodos.org.mx/wp-content/uploads/Propuestas-de-reformas-y-adiciones-a-la-LGEEPA-para-
mejorar-la-EIA-en-M%C3%A9xico-251114.pdf






La iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales y del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2004, se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES Y DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 29 DE ABRIL DE 2004

(Presentada por los Senadores del grupo parlamentario del PVEM)

Los Senadores que firman al calce, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES Y DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 29 DE ABRIL DE 2004, EN MATERIA DE USO AMBIENTAL DEL AGUA, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El agua es un compuesto químico indispensable, porque ningún organismo sobrevive sin ella. Es un constituyente esencial de la materia viva, de la atmósfera y del clima. Sin embargo, el 97% del agua que existe en la Tierra es salada; solamente el 3% es agua dulce, cuya cantidad disponible es escasa y su distribución desigual, ya que varía a lo largo del año y está sujeta a cambios provocados por las actividades humanas como la agricultura, el consumo industrial y doméstico.

Ante la escasez de agua para satisfacer las necesidades de la población mundial, en noviembre de 2002, las Naciones Unidas establecieron que "El derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna". Este concepto debe entenderse como el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico.

En México, la disponibilidad natural media per cápita de agua se calculó en 3 mil 982 metros cúbicos por habitante al año 2013, cifra calificada como baja por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. En la mayor parte del país existe una gran presión sobre el vital líquido, por lo que resulta de gran importancia articular un modelo de gestión de recursos hídricos cada vez más eficiente y flexible, sin limitar el desarrollo económico y social del país.

En seguimiento a las recomendaciones de las Naciones Unidas, y a raíz de varias iniciativas propuestas por el Partido Verde, el artículo Cuarto de la Constitución Federal fue reformado en febrero de 2012 para establecer que “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.

Actualmente el principal ordenamiento en materia de agua a nivel federal es la Ley de Aguas Nacionales (LAN), que se encuentra vigente desde 1992 y desde entonces ha sido modificada por 7 decretos posteriores.

En dicho ordenamiento se establecen diversos usos del agua, entendidos como las aplicaciones del agua a una actividad que implique el consumo, parcial o total de ese recurso:

• “Uso Agrícola”: La aplicación de agua nacional para el riego destinado a la producción agrícola y la preparación de ésta para la primera enajenación, siempre que los productos no hayan sido objeto de transformación industrial.

• “Uso Ambiental" o "Uso para conservación ecológica": El caudal o volumen mínimo necesario en cuerpos receptores, incluyendo corrientes de diversa índole o embalses, o el caudal mínimo de descarga natural de un acuífero, que debe conservarse para proteger las condiciones ambientales y el equilibrio ecológico del sistema.

• "Uso Consuntivo": El volumen de agua de una calidad determinada que se consume al llevar a cabo una actividad específica, el cual se determina como la diferencia del volumen de una calidad determinada que se extrae, menos el volumen de una calidad también determinada que se descarga.

• "Uso Doméstico": La aplicación de agua nacional para el uso particular de las personas y del hogar, riego de sus jardines y de árboles de ornato, incluyendo el abrevadero de animales domésticos que no constituya una actividad lucrativa.

• “Uso en Acuacultura”: El aprovechamiento de paso de aguas nacionales en el conjunto de actividades dirigidas a la reproducción controlada, pre engorda y engorda de especies de la fauna y flora realizadas en instalaciones en aguas nacionales, por medio de técnicas de cría o cultivo, que sean susceptibles de explotación comercial, ornamental o recreativa.

• "Uso industrial": La aplicación de aguas nacionales en fábricas o empresas que realicen la extracción, conservación o transformación de materias primas o minerales, el acabado de productos o la elaboración de satisfactores, así como el agua que se utiliza en parques industriales, calderas, dispositivos para enfriamiento, lavado, baños y otros servicios dentro de la empresa, las salmueras que se utilizan para la extracción de cualquier tipo de sustancias y el agua aun en estado de vapor, que sea usada para la generación de energía eléctrica o para cualquier otro uso o aprovechamiento de transformación.

• "Uso Pecuario": La aplicación de aguas nacionales para la cría y engorda de ganado, aves de corral y otros animales, y su preparación para la primera enajenación siempre que no comprendan la transformación industrial; no incluye el riego de pastizales.

• "Uso Público Urbano": La aplicación de agua nacional para centros de población y asentamientos humanos, a través de la red municipal.

A fin de garantizar un equilibrio entre los diversos usos del agua, uno de los principios que sustentan la política hídrica nacional indica que los usos del agua en las cuencas hidrológicas, incluyendo los acuíferos y los trasvases entre cuencas, deben ser regulados por el Estado. Asimismo, los artículos 14 Bis 5 y 22 de la LAN indican que el uso doméstico y el uso público urbano siempre serán preferentes sobre cualquier otro uso.

Por otra parte, con la finalidad de proteger el agua cuando su disponibilidad es limitada, la LAN establece las figuras de zonas de veda y zonas de reserva:

• "Zona de veda": Aquellas áreas específicas de las regiones hidrológicas, cuencas hidrológicas o acuíferos, en las cuales no se autorizan aprovechamientos de agua adicionales a los establecidos legalmente y éstos se controlan mediante reglamentos específicos, en virtud del deterioro del agua en cantidad o calidad, por la afectación a la sustentabilidad hidrológica, o por el daño a cuerpos de agua superficiales o subterráneos.

• "Zona de reserva": Aquellas áreas específicas de los acuíferos, cuencas hidrológicas, o regiones hidrológicas, en las cuales se establecen limitaciones en la explotación, uso o aprovechamiento de una porción o la totalidad de las aguas disponibles, con la finalidad de prestar un servicio público, implantar un programa de restauración, conservación o preservación o cuando el Estado resuelva explotar dichas aguas por causa de utilidad pública.

El artículo 6 de la Ley de Aguas Nacionales prevé como atribución que el Ejecutivo Federal la expedición, modificación o supresión de zonas de veda y de reserva de aguas nacionales superficiales, las cuales deben actualizarse en función de la protección ecológica y por causas de utilidad pública.

Las reservas de agua permiten aumentar la resiliencia del país ante los efectos del cambio climático y el crecimiento poblacional, así como prevenir un déficit en materia de agua. Actualmente se cuenta con un Programa Nacional de Reservas de Agua, cuyos principales objetivos son:1

• Establecer un sistema nacional de reservas de agua para el medio ambiente.

• Demostrar sus beneficios como instrumento garante de la funcionalidad del ciclo hidrológico y sus servicios ambientales.

• Fortalecer  la aplicación de la norma mexicana de caudal ecológico en el país.

En concordancia con este instrumento, el 6 de junio de 2018 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación 10 decretos que suprimen diversas vedas en cuencas hidrológicas y establecen diversas zonas de reserva de aguas nacionales superficiales para los usos doméstico, público urbano y ambiental o conservación ecológica en varias cuencas.2

Estos decretos abarcan un total de 274 cuencas con reservas de agua, en 20 estados de la República. Con ello, se reservan volúmenes de agua suficiente para mantener el desarrollo de los ecosistemas y el abastecimiento de las necesidades básicas para las siguientes generaciones durante los próximos 50 años.

Con estos decretos nuestro país tiene un volumen de reserva de agua para uso ambiental y público urbano de 170 mil 379 millones de metros cúbicos, lo que significa garantizar el agua suficiente para más de 18 millones de mexicanos que aún no han nacido, además de asegurar el flujo del agua que sostiene a más de 20 mil especies de flora y fauna.3

Cabe destacar que los decretos tienen fundamento en estudios técnicos previos que comprueban que existe disponibilidad de agua en las cuencas referidas, por lo que se considera necesario suprimir las vedas y crear zonas de reserva de agua para hacer posibles los usos doméstico, público urbano y ambiental, permitiendo así cubrir la demanda de recursos hídricos de la población y promover la conservación de los ecosistemas.

Cabe destacar que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha declarado en varias ocasiones que los 10 decretos antes mencionados son inconstitucionales y deben ser revocados.

Por otra parte, diversos expertos en la materia han reconocido la importancia de las nuevas reservas de agua. De acuerdo con la Dra. Julia Carabias, las diez nuevas reservas de agua protegen 80% del caudal actualmente disponible en estas cuencas, mientras que las vedas suprimidas solo protegían 14% del volumen. Por ello, las reservas del agua son una respuesta moderna, con criterios ambientales, al problema de sobreexplotación del agua.4

Ante la desinformación provocada por diversos medios de comunicación, que afirman que los decretos equivalen a una privatización del agua, es necesario dejar claro que las reservas de agua, las vedas y las concesiones son tres instrumentos diferentes, cada uno con su propio propósito y normatividad.

Independientemente de que los decretos sean abrogados o conservados por el gobierno entrante, es necesario reconocer con mayor énfasis la importancia del uso ambiental de agua en las reservas de agua y en otros instrumentos de la política hídrica nacional, ya que si no se garantiza la conservación ecológica en las cuencas hidrológicas, no se puede mantener a largo plazo ninguno de los otros usos del agua.

En este sentido, el objeto de la presente iniciativa es hacer prioritario el uso ambiental del agua y considerarlo preferente en la política hídrica nacional, en el otorgamiento de concesiones y asignaciones, así como en la declaración de reservas totales o parciales de las aguas nacionales.

Para tal efecto se propone reformar diversos artículos de la Ley de Aguas Nacionales y de uno de los decretos que reformó dicha Ley en 2004. En el régimen transitorio del proyecto de decreto se establece un plazo de 360 días para que la Comisión Nacional del Agua revise, y en su caso actualice, la política hídrica nacional y su respectiva programación, a fin de cumplir con el objeto antes referido.

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES Y DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 29 DE ABRIL DE 2004, EN MATERIA DE USO AMBIENTAL DEL AGUA

ARTI?CULO PRIMERO.- Se reforman la fracción XXII del artículo 14 Bis 5, el párrafo tercero del artículo 22, y las fracciones I a III del artículo 41, todos de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 14 BIS 5. Los principios que sustentan la política hídrica nacional son:

I. a XXI. …

XXII. El uso ambiental, uso doméstico y el uso público urbano tendrán preferencia en relación con cualesquier otro uso.

ARTÍCULO 22.

El Consejo de Cuenca en coordinación con el Organismo de Cuenca que corresponda, propondrá a "la Comisión" el orden de prelación de los usos del agua para su aprobación, el cual se aplicará en situaciones normales, para el otorgamiento de concesiones y asignaciones de la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, superficiales y del subsuelo, atendiendo a lo dispuesto en los Artículos 13 BIS 3, y 14 BIS 5 de esta Ley. El uso ambiental, el uso doméstico y el uso público urbano siempre serán preferentes sobre cualquier otro uso.

…:

I. y II. …

…:

a) a e) …



ARTÍCULO 41. El Ejecutivo Federal podrá declarar o levantar mediante decreto la reserva total o parcial de las aguas nacionales para los siguientes propósitos:

I. Uso Ambiental, para garantizar los flujos mínimos para la protección ecológica, incluyendo la conservación o restauración de ecosistemas vitales;

II. Uso Doméstico y Uso Público Urbano, y

III. Generación de energía eléctrica para servicio público.

...

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman los numerales 1 a 6 del artículo Décimo Quinto Transitorio del DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2004, para quedar como sigue:

DÉCIMO QUINTO. En tanto se cumple con lo dispuesto en el Párrafo Tercero del Artículo 22 de esta Ley, se observará el siguiente orden de prelación de los usos del agua para la concesión y asignación de la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, superficiales y del subsuelo, aplicable en situaciones normales:

1. Ambiental;

2. Doméstico;

3. Público urbano;

4. Pecuario;

5. Agrícola;

6. Acuacultura;

7 a 13. …

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En un plazo máximo de 360 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto, la Comisión Nacional del Agua deberá revisar, y en su caso actualizar, la política hídrica nacional y su respectiva programación, a fin de cumplir con el objeto del presente decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores,
el 18 de septiembre de 2018.

Senadores del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

1 CONAGUA. Programa Nacional de Reservas de Agua (PNRA) para el Medio Ambiente. 31 de mayo de 2015
https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/programa-nacional-de-reservas-de-agua-pnra-para-el
-medio-ambiente

2 Diario Oficial de la Federación. Fecha: 06/06/2018 - Edición Vespertina
http://www.diariooficial.gob.mx/index.php?year=2018&month=06&day=06

3 CONAGUA. Versión estenográfica: Conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente 2018. 5 de junio de 2018
https://www.gob.mx/conagua/prensa/version-estenografica-conmemoracion-del-dia-mundial-del-medio-
ambiente-2018?idiom=es

4 Reservas del Agua: agua para siempre - Julia Carabias | La Crónica de Hoy
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1084664.html






En una segunda ronda, tiene el uso de la palabra la Senadora Nadia Navarro Acevedo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, en materia de derechos paritarios de padres y madres.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 201 Y 205 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL

(Presentada por la Senadora Nadia Navarro Acevedo, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora Nadia Navarro Acevedo: Muchas gracias, señor Presidente. Saludo con respeto a mis compañeras Senadoras y Senadores. Agradezco también el acompañamiento que a esta iniciativa hacen mis compañeros del grupo parlamentario de Acción Nacional.

Presento esta iniciativa con un tema prioritario para este grupo parlamentario, que está impulsando, protegiendo y promoviendo cinco principios básicos e importantes de nuestra Constitución.

Como primer punto, el interés superior de la niñez, la igualdad entre mujeres y hombres, la no discriminación, los derechos laborales de las trabajadoras y los trabajadores y el derecho a la familia.

Esta iniciativa consiste en reformar los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, los cuales establecen las características y formas de gozar del servicio de las guarderías en beneficio de las hijas y de los hijos de los trabajadores asegurados en el régimen obligatorio del Seguro Social.

Es importante mencionar que a diciembre de 2017, y en términos generales, el IMSS reportó un total de 19 millones de asegurados. De estos asegurados, 7 millones fueron mujeres y 12 millones fueron hombres.

Considerando lo anterior, es importante advertir que, al día de hoy, la Ley del Seguro Social no permite que los padres puedan acceder al servicio de guarderías en beneficios de sus menores hijas e hijos, salvo que acrediten que son viudos, divorciados o que judicialmente se les hubiere concedido la custodia de los menores.

Por el contrario, la Encuesta Nacional Sobre el Uso del Tiempo de 2014 del Inegi, manifiesta que el 63 por ciento de las mujeres de 12 años o más son las principales responsables del cuidado de los niños de cero a cinco años, frente a un 37 por ciento que hacen los hombres.

Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que estas restricciones originan una violación a los derechos humanos de las y los asegurados, porque vulneran los artículos 1o. y 4o., 123, apartado A en su fracción XXIX de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En este sentido, los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, resultan discriminatorios en materia de igualdad de seguridad social, pero sobre todo, de interés superior de la niñez.

Desde este punto de vista, consideramos cuatro razones que resultan fundamentales y violatorias a nuestra Constitución.

Primero. Discriminación a las niñas y a los niños beneficiarios de la primera infancia, al subordinar la protección más amplia a una condición civil de la persona laboralmente activa.

Segundo. Discriminación motivada por razón de género a la mujer trabajadora al naturalizar la división sexual del trabajo y presuponer que la madre tiene la responsabilidad de solucionar el cuidado de sus menores hijos.

Tercero. Discriminación a los trabajadores varones afiliados al IMSS, al no contemplar la posibilidad igualitaria de otorgarle el derecho de guardería del menor beneficiario.

Cuarto. Discriminación a la realidad social de familias mexicanas al no considerar la diversidad de familias que actualmente existen en nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, resulta indispensable que, desde este cuerpo legislativo, se proponga una modificación a la Ley del Seguro Social en los artículos mencionados a efecto de eliminar los preceptos discriminatorios que en distintas ocasiones ya se ha manifestado la Corte y que generan desigualdad entre mujeres y hombres.

Por la misma, debe de aplicarse para lograr que tanto las niñas, los niños, las mujeres y los trabajadores afiliados puedan gozar de este derecho a las guarderías. Por lo tanto, solicito a la Mesa Directiva se turne para el trámite correspondiente.

Es cuando, señora Presidenta.

Gracias por su atención.

Iniciativa



PRESIDENCIA DE LA SENADORA
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Navarro Acevedo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y Seguridad Social; y de Estudios Legislativos

Sonido al escaño de la Senadora Paredes Rangel, por favor.

La Senadora Beatriz Elena Paredes Rangel: (Desde su escaño) Le ruego pregunte a la señora Senadora, si permite que me sume a la iniciativa.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Sí, Senadora Paredes Rangel, le solicitamos a ella, y pasa Servicios Parlamentarios para recabar su firma.

Gracias a las Senadoras que se quieren unir.

Le pedimos a la Secretaría de Servicios Parlamentarios que pasen a sus escaños y previa autorización de la Senadora proponente, adelante.

Gracias.






Tiene el uso de la tribuna el Senador Martí Batres Guadarrama, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES I Y II, Y SE RECORRE EL ORDEN DE LAS FRACCIONES SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

(Presentada por el Senador Martí Batres Guadarrama, del grupo parlamentario del Partido Morena)

El Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, señora Presidenta.

Podemos ubicar tres grandes momentos en el desarrollo de la política social en México y en muchos lugares del mundo.

Un primer momento está definido por el surgimiento de las grandes instituciones como la Educación Pública Básica, completamente universal y la seguridad social universal en el mundo del trabajo, bajo el impulso de una intensa movilización social, derechos que llegaron a plasmarse en las primeras constituciones sociales del planeta.

Un segundo momento está determinado a finales del siglo XX por las fuertes presiones regresivas de los grandes intereses económicos en el periodo neoliberal que llevaron a reducir el gasto público y el gasto social para pasar de las grandes instituciones a los programas focalizados o selectivos, condicionados en su incorporación, a una condición de extrema pobreza que es decidida por las mediciones de los gobiernos.

Con estas políticas los gobiernos asumieron la posibilidad de crear, modificar, ampliar, disminuir o desaparecer programas y políticas sociales, así como de incluir o excluir a beneficiarios que dejaron de ser derechohabientes. Se perdió así el enfoque de derechos.

Al comenzar este siglo, hemos sido testigos de la emergencia de nuevos actores y sujetos sociales que plantean retomar en México, y en muchos lugares del mundo, una política social con una perspectiva de derechos, pero ahora con el enfoque de ciudadanía.

Esto ha llevado a postular la universalidad como un principio de las políticas sociales en diversos lugares, y en el caso de México, particularmente en la Ciudad de México la creación de la Pensión Ciudadana de Adultos Mayores constituyó un punto de referencia como nuevo paradigma al superar los esquemas de las políticas de transferencias focalizadas y condicionadas, típicas del periodo neoliberal, para inaugurar una era de políticas públicas, universales, ciudadanas sin condicionamientos en el año 2001 y plasmarlas en la ley en el año 2003, estableciendo la garantía presupuestal y la obligación gubernamental correspondiente.

El debate de principios de nuestro siglo llegó a plasmar diversos principios en las leyes de desarrollo social y particularmente los principios de universalidad e igualdad en la Ley de Desarrollo Social del entonces Distrito Federal, no así aún en la ley federal de la misma materia.

Con el objeto de ampliar los beneficios de las políticas sociales, reconocer y fortalecer derechos sociales, ciudadanos universales y restringir los márgenes de discrecionalidad que puedan ocurrir en los niveles federal, local o municipal, proponemos incluir en la política de desarrollo social, en la Ley General de Desarrollo Social los principios de universalidad e igualdad.

Por lo anterior, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente:

Proyecto de Decreto.

Único.- Se adicionan las fracciones I y II, y se recorre el orden de las fracciones subsecuentes del artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social para quedar como sigue:

Ley General de Desarrollo Social.

Artículo 3. La política de desarrollo social se sujetará a los siguientes principios:

Primero. Universalidad. La política de desarrollo social está destinada para todos los habitantes de la República Mexicana, y tiene como propósito el acceso de todos y todas al ejercicio de los derechos sociales y a la mejora continua de sus condiciones de vida, entre otras, la educación, la salud, la cultura, la alimentación nutritiva y de calidad, la vivienda digna, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo, la seguridad social y a la transformación de la calidad de vida para el conjunto de los habitantes.

Fracción II. Igualdad. Constituye el objetivo principal del desarrollo social y se expresa en la mejora progresiva de la distribución de la riqueza, el ingreso y la propiedad, en el acceso al conjunto de los bienes públicos, en la capacidad de incidencia de las decisiones públicas y el abatimiento de las grandes desigualdades entre personas, familias, grupos sociales y ámbitos territoriales.

Se adhieren a esta iniciativa también las Senadoras Mónica Fernández, de Morena; Marcela Mora, del Partido Encuentro Social; Beatriz Paredes, del PRI; Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano; Verónica Martínez, del PRI; María Leonor Noyola, del PRD; Freyda Maribel Villegas, de Morena; Citlalli Hernández, de Morena; y Delfina Gómez Álvarez, de Morena.

Muchas gracias por su atención.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Batres Guadarrama.

Sonido en el escaño del Senador Bolaños Cacho.

El Senador Raúl Bolaños Cacho Cué: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Tomando en cuenta que el desarrollo social no puede ser, en materia, inherente a una sola dependencia, felicitamos en la bancada del Partido Verde la iniciativa del Senador Martí Batres, y solicitamos nuestra adición a la misma.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Cacho Cué.

Si lo tiene a bien y, perdón, la Senadora Nestora Salgado, la Senadora Guadalupe Covarrubias, la Senadora Roció Nahle, la Senadora Antares Vázquez, el Senador Héctor Vasconcelos, Salomón Jara, Ricardo Ahued, la Senadora Margarita Sánchez, el Senador José Luis Pech, el Senador Narro Céspedes, el Senador Navarro Quintero, la Senadora Xóchitl Gálvez, la Senadora Susana Harp, la Senadora Nuvia Mayorga, el Senador Zepeda Hernández, la Senadora Nadia Navarro, la Senadora Nancy De la Sierra, toda la bancada del PT; la Senadora Bertha Caraveo, la Senadora Rocío Abreu, Senador Rocha Moya, Senadora Imelda Castro, Senador Herrera Ruiz, Daniel Gutiérrez Castorena, Senadora Gricelda Valencia, Senador Américo Villarreal, Senador Raúl Paz, Senador Primo Dothé, Senador Félix Salgado, la Senadora Blanca Estela Piña, y bueno, le pedimos a la Secretaría Parlamentaria que se acerque al escaño de los Senadores que se adhieren a esta iniciativa. Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos.






Tiene el uso de la tribuna la Senadora Verónica Martínez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de derechos de mujeres con discapacidad.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, DE LA LEY GENERAL  PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LA LEY GENERAL DE ACCESO A LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

(Presentada por la Senadora Verónica Martínez García, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Verónica Martínez García: Con su venia, compañeras y compañeros Senadores:

Reconozco que en los últimos años se ha trabajado a favor de revertir la desigualdad entre hombres y mujeres.

Existen principios y ordenamientos cuyo objetivo es darnos certeza jurídica. Sin embargo, al día de hoy las mujeres seguimos enfrentando mayores retos que los hombres para incorporarnos a la vida laboral, política y social.

Y más aún, cuando además de ser mujeres se vive con alguna discapacidad.

Sostener una política centrada en los derechos humanos nos remite a visualizar constantemente en las necesidades particulares de cada sector de la población. En este sentido, debemos de abordar puntual y adecuadamente el tema.

El género y la discapacidad como factores de discriminación han sido considerados de manera aislada para su análisis, por eso esto da como resultado políticas de igualdad limitadas.

En México, según los datos de la última Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Inegi, más de 7 millones de habitantes de nuestro país no pueden o tienen mucha dificultad para realizar sus actividades básicas para el desempeño diario, la construcción de una nación con una verdadera y real visión incluyente es tarea de todas y de todos.

Por ello presento esta iniciativa, cuyo objetivo es incluir dentro del marco legal algunas modificaciones a fin de lograr que las mujeres con discapacidad, gocen plenamente de sus derechos a través de la puesta en marcha de las siguientes acciones:

Incorporar un principio de transversalidad que visibilice las diversas barreras que enfrentan las mujeres con discapacidad.

Atribuir a las autoridades competentes las funciones que permitan la protección de los derechos de las mujeres con discapacidad.

Generar una cultura de la no discriminación a través de la difusión adecuada, de la información relativa en este tema.

Establecer un vínculo permanente con las instituciones que atiende la discriminación en razón de género y la discapacidad.

Para ello, presento la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Contribuir a un México sin barreras, por razones de género o discapacidad, es una tarea impostergable a la que todas y todos estamos llamados.

Es cuanto.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Martínez García. Túrnese a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos.






Tiene el uso de la tribuna el Senador Samuel García Sepúlveda, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de fondo de participaciones.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2o. DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL

(Presentada por el Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda: Gracias, señora Presidenta.

Pues aquí la pregunta importante es si realmente queremos descentralizar nuestro país y ser una verdadera Federación, quizás la solución no sea la reubicación de las Secretarías a los estados o quizás no sean los superdelegados, tan polémicos; quizás la solución esté en animarnos a reformar por fin, después de 40 años, una Ley de Coordinación Fiscal.

Como ustedes saben, la Ley de Coordinación Fiscal es este acuerdo del federalismo, donde los estado se limitan a no cobrar con doble tributación los impuestos del artículo 73, ISR, IVA, IEPS y otros derechos; y a cambio de eso, en la Ley de Coordinación Fiscal, la Federación se compromete a ir a cuidarlos y regresarlos en dos sentidos: aportaciones y participaciones. Aportaciones, pues son los gastos condicionados que la Federación manda en salud, en infraestructura, en educación.

Por eso, esta reforma se va a concentrar en las participaciones, que son aquellos recursos libres no etiquetados, que hoy en día no alcanzan y que hoy en día los estados están tan apretados que no les permite avanzar.

Esta iniciativa parte de dos cambios fundamentales, por un lado tenemos que animarnos, de una vez por todas, a cambiar los criterios de las fórmulas de participación.

Hoy en día, a pesar de la reforma de 2008, el 80 por ciento del recurso se entrega de manera compensatoria, ¿qué es esto? Carencias ¿y que quiere decir esto? Que entre más poblado y más carencias más dinero.

Solamente un 20 por ciento se distribuye de manera resarcitoria, ¿qué es esto? Esfuerzo fiscal, productividad, PIB, transparencia.

Entonces llevamos 40 años mandando un mensaje a nueve estados productivos que entre más esfuerzo y mayor PIB, te castigo y menos dinero.

Y eso no tiene que ser así, por ejemplo, en Nuevo León somos el número 1 en recaudación del IEPS, somos el número 2 en recaudación del IVA y somos el número 3 en recaudación del ISR. SAT San Pedro, es el SAT que más recauda de todo el país.

Y así hay más estados, Ciudad de México, Estado de México, Coahuila, Tamaulipas, Guanajuato; en síntesis, nos regresan 22 centavos de cada peso.

Me van a decir es la discusión de siempre, quieres estirar la colcha y vas a descobijar a otros estados. Pues no, no necesariamente. Esta es la oportunidad para por fin existir como una verdadera Federación.

En otros países, la Federación que se queda con los impuestos grandes ISR, IVA, IEPS, solamente se queda con el 60 por ciento; aquí en México, la Federación se queda con un 80 y solamente distribuye un 20 y de ese 20, los estados tienen que darle un 20 a sus municipios, es decir, solamente un 4 por ciento para 2 mil 442 municipios.

¿Qué quiere esta iniciativa?

1.- Subir de 20 a 30 por ciento el Fondo General de Participaciones, un por ciento por año para poder tener un 70-30 en el 2028.

2.- Que ya el 80 por ciento no sea compensatorio y un 20 resarcitorio, podemos tener 50-50 o 40-30-30.

3.- Que ya la Federación, y los estados se coordinen y se pongan las pilas para ir por más recaudación sin crear impuestos, se evade 1.2 billones en compraventa de facturas. Son dos millones y medio que amparan facturas apócrifas, el 30 por ciento de eso son 800 mil millones de ISR, 400 mil millones de IVA del 16 por ciento.

Se evaden 350 mil millones con el outsourcing y también se evaden con Panama Papers, offshore y paraísos fiscales otros 500 mil millones.

Si nos ponemos de acuerdo y modificamos la Ley de Coordinación Fiscal, sin estirar la colcha, sin quitarle a nadie, podemos darle a todos los estados y municipios mayores recursos.

Muchas gracias, señora Presidenta.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador García Sepúlveda. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos.






En una tercera ronda de iniciativas, tiene el uso de la tribuna el Senador Alejandro Armenta Mier, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, en materia de tipos de proposiciones con punto de Acuerdo.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL PÁRRAFO SEGUNDO A LA FRACCIÓN I DEL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 276 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA

(Presentada por el Senador Alejandro Armenta Mier, del grupo parlamentario del Partido Morena)

El Senador Alejandro Armenta Mier: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

Los Senadores y los grupos parlamentarios pueden presentar posiciones con puntos de Acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o Decretos, sino pronunciamientos sobre asuntos políticos, culturales, económicos o sociales que afectan a una comunidad o a un grupo en particular, para formular algún pronunciamiento, exhorto o recomendación.

Se considera que mediante este instrumento, que utilizamos en cada sesión los legisladores y las Cámaras del Congreso ejercen peticiones formales con el objeto de asumir una postura institucional respecto a asuntos que necesariamente son, lo que para los ciudadanos son importantes, se tome en cuenta en la agenda pública y en la agenda de sus representantes estableciendo estas posiciones en relación con algún asunto específico de orden nacional, de los otros poderes públicos, de los organismos, de las entidades o de los municipios.

En la Legislatura anterior se aprobaron 266 exhortos en diferentes temas, 186 más que en la Legislatura anterior.

El motivo de esta adición que pongo a su consideración, es una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona al párrafo segundo a la fracción I del numeral 1 del artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, busca que se dé celeridad al momento de solicitar información a una autoridad.

Un Senador aquí decía: “Que los exhortos del Senado son llamadas a misa”. No queremos que los exhortos del Senado sean llamadas a misa, lo que queremos es que el Poder Ejecutivo, los órdenes de gobierno, los poderes públicos atiendan las solicitudes que surgen del Senado de la República, en el ejercicio de sus funciones y, obviamente, que la ejecución de estos actos que reclaman una explicación por parte de la sociedad, implique que el funcionario público presente información que permita a la sociedad saber por qué se está tomando una decisión en contra de sus propios derechos.

El exhorto solicita que alguna autoridad o dependencia de los tres poderes tenga que presentar información en el ejercicio de sus funciones, así como explique los actos o el cumplimiento de obligaciones cuyos efectos sean de interés por una comisión que nosotros hemos planteado en el propio Pleno.

Dotando esta proposición como un punto de Acuerdo para que en un término perentorio de cumplimiento de tres días, de ser necesario, con la finalidad de aplicar los principios de celeridad, efectividad y exhaustividad en el marco de colaboración debe de imperar entre los tres Poderes de la Unión.

Las proposiciones con punto de Acuerdo se deben remitir por escrito y firmadas por los autores de las comisiones correspondientes, según sea el tema, y estas emitirán un dictamen, según sea su importancia y su pertinencia hacia el punto de Acuerdo.

Este es el planteamiento que hoy hago a esta Soberanía con el propósito de que la representación que tenemos nos permita que los exhortos, las solicitudes de información que se hagan a los miembros de la administración pública y a los órdenes públicos, permitan que en tiempo determinado se remita un informe, si aceptan o no el exhorto, pero también un informe que nos permita dar cuentas a la sociedad, que al final de cuentas es quien nos mandata esta responsabilidad.

Es cuanto, señora Presidenta.

Muchas gracias.

Iniciativa

El suscrito ALEJANDRO ARMENTA MIER senador de la república de la LXIV legislatura integrante del grupo parlamentario del partido morena, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la constitución política de los estados unidos mexicanos; así como por los artículos 8 fracción I; 162 numeral 1; 163 numeral 1; 164 numerales 1, 2 y 5; 169; 172 y demás disposiciones aplicables del reglamento del senado de la república, someto a consideración de esta soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA PARRAFO SEGUNDO A LA FRACCION PRIMERA DEL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 276 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los senadores y los grupos parlamentarios pueden presentar posiciones con puntos de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decretos, sino pronunciamientos sobre asuntos políticos, culturales, económicos o sociales que afectan a una comunidad o grupo en particular, para formular algún pronunciamiento, exhorto o recomendación.

Se considera que mediante este instrumento los legisladores y las cámaras del Congreso ejercen peticiones formales con el objeto de asumir postura institucional respecto a asuntos de diversas índoles y sin carácter vinculante debido a que este mecanismo se emplea de forma consistentente. 

Estableciendo posiciones en relación con algún asunto específico de interés nacional o sus relaciones con los otros poderes de la Federación, organismos públicos, entidades federativas y municipios.

En la anterior legislatura LXIII se aprobaron 266 exhortos en diferentes temas, 186 más que la anterior legislatura.

El motivo de la adición es incluir los principios de celeridad al momento de solicitar información a una autoridad sobre, el ejercicio de sus funciones, la realización y ejecución de determinados actos, el cumplimiento de obligaciones cuyos efectos sean de interés para una comisión senatorial o de un senador particular que requiera para que su desempeño sea de forma eficiente y exhaustivo.

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

ARTÍCULO 276

1. Los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto. 

Se entiende por proposición con punto de acuerdo a toda petición o declaración formal que el pleno del senado de la república realiza para asumir una postura institucional respecto a asuntos de diversas índoles y sin carácter vinculante, en función de su objeto se clasifican en:

I. De exhorto.- cuando se solicita a alguna autoridad dependiente de los tres poderes de la unión en el marco de colaboración que debe imperar entre los mismos: información sobre, el ejercicio de sus funciones, la realización y ejecución de determinados actos, el cumplimiento de obligaciones cuyos efectos sean de interés para una comisión senatorial o de un senador particular que requiera para su desempeño. también se entiende que el punto de acuerdo está incluido dentro de éste tipo cuando se solicita información de interés general del país, de la colectividad, de una región, de una entidad, de un sector de la sociedad igualmente cuando se solicita la cesación o suspensión de determinadas acciones consideradas perjudiciales o que afecten intereses de terceros, así como para crear alguna comisión legislativa ordinaria o especial;

 

 

 

 


II. De pronunciamiento.- cuando se solicita la declaración expresa del senado de la república o de la comisión permanente, que implique un posicionamiento en relación a una manifestación, acontecimiento, resolución o acuerdo de dependencias, entidades u organismos nacionales e internacionales, en relación a asuntos de orden político, social o cultural, cuyos efectos sean de interés general;

III. De recomendación.- cuando se realiza una sugerencia respetuosa, en el ámbito de colaboración entre los poderes, a órganos de la administración pública federal, del poder judicial o de los gobiernos de los estados, a efecto de que realicen algún acto, gestión, cumplimiento de obligación, resolución o acuerdo, o para que atiendan algún asunto de su incumbencia administrativa y de gestión, que sea de interés general, y

IV. De convocatoria.- cuando se pida a la comisión permanente, convocar a periodos extraordinarios de sesiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 67 de la constitución política de los estados unidos mexicanos. párrafo con fracciones adicionado DOF 22-12-2014

2. Las proposiciones con punto de acuerdo se remiten por escrito y firmadas por su o sus autores a las comisiones correspondientes según el tema y éstas emitirán su dictamen de trámite según la importancia y la pertinencia del punto de acuerdo. Salvo que se les dispense de dicho trámite en términos del artículo 108 de este reglamento. numeral reformado DOF 22-12-2014

3. El derecho a presentar proposiciones con punto de acuerdo conlleva el de retirarlas a solicitud de su o sus autores.

ARTÍCULO 276

1. Los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto. 

Se entiende por proposición con punto de acuerdo a toda petición o declaración formal que el pleno del senado de la república realiza para asumir una postura institucional respecto a asuntos de diversas índoles y sin carácter vinculante, en función de su objeto se clasifican en:

I. De exhorto. cuando se solicita a alguna autoridad dependiente de los tres poderes de la unión en el marco de colaboración que debe imperar entre los mismos: información sobre, el ejercicio de sus funciones, la realización y ejecución de determinados actos, el cumplimiento de obligaciones cuyos efectos sean de interés para una comisión senatorial o de un senador particular que requiera para su desempeño. también se entiende que el punto de acuerdo está incluido dentro de éste tipo cuando se solicita información de interés general del país, de la colectividad, de una región, de una entidad, de un sector de la sociedad igualmente cuando se solicita la cesación o suspensión de determinadas acciones consideradas perjudiciales o que afecten intereses de terceros, así como para crear alguna comisión legislativa ordinaria o especial;

Dotando esta proposición con punto de acuerdo para la ejecución del mismo, en un término perentorio de cumplimiento de tres días, de ser necesario con la finalidad de aplicar los principios de celeridad, efectividad y exhaustividad en el marco de colaboración que debe imperar en los tres poderes de la unión.

II. De pronunciamiento.- cuando se solicita la declaración expresa del senado de la república o de la comisión permanente, que implique un posicionamiento en relación a una manifestación, acontecimiento, resolución o acuerdo de dependencias, entidades u organismos nacionales e internacionales, en relación a asuntos de orden político, social o cultural, cuyos efectos sean de interés general;

III. De recomendación.- cuando se realiza una sugerencia respetuosa, en el ámbito de colaboración entre los poderes, a órganos de la administración pública federal, del poder judicial o de los gobiernos de los estados, a efecto de que realicen algún acto, gestión, cumplimiento de obligación, resolución o acuerdo, o para que atiendan algún asunto de su incumbencia administrativa y de gestión, que sea de interés general, y

IV. De convocatoria.- cuando se pida a la comisión permanente, convocar a periodos extraordinarios de sesiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 67 de la constitución política de los estados unidos mexicanos. párrafo con fracciones adicionado DOF 22-12-2014

2. Las proposiciones con punto de acuerdo se remiten por escrito y firmadas por su o sus autores a las comisiones correspondientes según el tema y éstas emitirán su dictamen de trámite según la importancia y la pertinencia del punto de acuerdo. Salvo que se les dispense de dicho trámite en términos del artículo 108 de este reglamento. numeral reformado DOF 22-12-2014

3. El derecho a presentar proposiciones con punto de acuerdo conlleva el de retirarlas a solicitud de su o sus autores.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- Se adiciona ADICIONA PARRAFO SEGUNDO A LA FRACCION PRIMERA DEL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 276 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA

ARTÍCULO 276

1. Los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto. 

Se entiende por proposición con punto de acuerdo a toda petición o declaración formal que el pleno del senado de la república realiza para asumir una postura institucional respecto a asuntos de diversas índoles y sin carácter vinculante, en función de su objeto se clasifican en:

I. De exhorto.- cuando se solicita a alguna autoridad dependiente de los tres poderes de la unión en el marco de colaboración que debe imperar entre los mismos: información sobre, el ejercicio de sus funciones, la realización y ejecución de determinados actos, el cumplimiento de obligaciones cuyos efectos sean de interés para una comisión senatorial o de un senador particular que requiera para su desempeño. también se entiende que el punto de acuerdo está incluido dentro de éste tipo cuando se solicita información de interés general del país, de la colectividad, de una región, de una entidad, de un sector de la sociedad igualmente cuando se solicita la cesación o suspensión de determinadas acciones consideradas perjudiciales o que afecten intereses de terceros, así como para crear alguna comisión legislativa ordinaria o especial;

Dotando esta proposición con punto de acuerdo para la ejecución del mismo, en un término perentorio de cumplimiento de tres días, de ser necesario con la finalidad de aplicar los principios de celeridad, efectividad y exhaustividad en el marco de colaboración que debe imperar en los tres poderes de la unión.

II. De pronunciamiento.- cuando se solicita la declaración expresa del senado de la república o de la comisión permanente, que implique un posicionamiento en relación a una manifestación, acontecimiento, resolución o acuerdo de dependencias, entidades u organismos nacionales e internacionales, en relación a asuntos de orden político, social o cultural, cuyos efectos sean de interés general;

III. De recomendación.- cuando se realiza una sugerencia respetuosa, en el ámbito de colaboración entre los poderes, a órganos de la administración pública federal, del poder judicial o de los gobiernos de los estados, a efecto de que realicen algún acto, gestión, cumplimiento de obligación, resolución o acuerdo, o para que atiendan algún asunto de su incumbencia administrativa y de gestión, que sea de interés general, y

IV. De convocatoria.- cuando se pida a la comisión permanente, convocar a periodos extraordinarios de sesiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 67 de la constitución política de los estados unidos mexicanos. párrafo con fracciones adicionado DOF 22-12-2014.

2. Las proposiciones con punto de acuerdo se remiten por escrito y firmadas por su o sus autores a las comisiones correspondientes según el tema y éstas emitirán su dictamen de trámite según la importancia y la pertinencia del punto de acuerdo. Salvo que se les dispense de dicho trámite en términos del artículo 108 de este reglamento. Numeral reformado DOF 22-12-2014

3. El derecho a presentar proposiciones con punto de acuerdo conlleva el de retirarlas a solicitud de su o sus autores.

TRANSITORIO

ÚNICO.- el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el diario oficial de la federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 18 de septiembre de 2018.

Atentamente.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Armenta Mier. Túrnese a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos.






Se concede el uso de la palabra al Senador José Erandi Bermúdez Méndez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 3o. de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en materia de cultivos hidropónicos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 3o. DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

(Presentada por el Senador José Erandi Bermúdez Méndez, del grupo parlamentario del PAN)

El Senador José Erandi Bermúdez Méndez: Muchas gracias, señora Presidenta. Con su venia. Compañeras y compañeros Senadores:

Acudo a esta tribuna para presentar una iniciativa que tiene como finalidad que las políticas públicas, por disposición general, incluyan programas de complementación, desarrollo y fortalecimiento en cultivos inocuos en tierra y en sus tratos inertes sin tierra por ser técnicas altamente probadas en beneficio de la humanidad.

En México existen seis millones de hectáreas de riego, y aproximadamente entre 15 o 16 millones de hectáreas de temporal; por lo tanto, nuestra frontera agrícola productiva ya está limitada y los sistemas tradicionales de producción no alcanzan a cosechar lo que nuestro país necesita, lo que esta Soberanía alimentaria requiere para poder alimentar a los ciudadanos.

Ante ello han surgido sistemas alternativos que pueden ayudar a cubrir el déficit de la producción de alimentos en el país, como es la hidroponía, una forma de producción que no necesita de suelos y, por lo mismo, no depende de fenómenos meteorológicos. Con ello permite la reducción de costos, de manera considerable, y cosechas fuera de la estación, además de que brinda elevados rendimientos y de alta calidad en los alimentos.

Hoy la hidroponía es el término que describe las distintas formas que pueden cultivarse las plantas sin tierra, estos métodos, generalmente, conocidos como cultivos sin suelo, incluyen el cultivo de plantas en recipientes llenos de agua y cualquier otro medio distinto a la tierra, incluso arena gruesa y otros medios más exóticos como piedras, sustratos de coco, etcétera.

Una característica importante al cultivar las plantas en un medio sin tierra, es que permiten tener más plantas en una cantidad limitada de espacio, las cosechas maduran más rápido y producen rendimientos mayores; se conserva el agua y los fertilizantes ya que pueden reciclarse, además la hidroponía permite ejercer un mayor control sobre las plantas, sobre todo también, sobre las malezas con un resultado más uniforme y más seguro.

La hidroponía como técnica de producción de alimentos, especialmente de hortalizas de alta sanidad y calidad, está siendo también considera en distintos países de América Latina, como una alternativa tecnológica, apta y útil en el desarrollo de empresas para la generación de ingresos y para el desarrollo de un sector agroexportador emergente en hortalizas, flores y plantas medicinales con alto valor agregado.

Asimismo, se le han integrado a subversiones de menor sofisticación a programas sociales y económicos de superación a la pobreza.

Un factor importante en la hidroponía es la implementación de manera-manera, simple o compleja que da como resultado, sobre todo, altos rendimientos de las zonas de escasa agua o donde la tierra no es muy fértil.

Los objetivos más importantes de esta técnica son los siguientes: mejorar la calidad y la cantidad de alimentos para la familia, fortalece la economía familiar generando ingresos y disminuyendo los costos en la canasta básica, crear fuentes de trabajo por su cultivo, que en una parte se convierte intensivo, genera y promueve actitudes positivas hacia la autogestión comunitaria, fomenta la microempresa iniciándola por medio de aprovechamiento del tiempo libre de los miembros de la familia, induce a los niños el interés precoz por las actividades productivas a nivel familiar y por un trabajo en equipo y en conjunto.

La investigación, tanto de los vegetales en sí, como las técnicas hidropónicas, muestran un importante incremento alrededor del mundo, dando lugar a una gran actividad económica, donde estos cultivos hidropónicos presentan muchas ventajas técnicas, sobre todo, en donde nuestras tierras no son fértiles y donde carecemos de agua, como económicas y ambientales, lo cual ha hecho que ganen mucho espacio en países de gran desarrollo como Israel, Japón, Estados Unidos, Holanda, entre muchos otros, y se ha convertido en una herramienta principal para cubrir la pobreza alimentaria en países poco desarrollados.

Este pilar del desarrollo es el principal canal para desarrollar en cada individuo la capacidad de generar menos sus alimentos básicos en espacios pequeños, incluso mediante las técnicas de cultivo sin tierra.

La adopción de estos conocimientos ha redundado en la seguridad tanto personal como social y de la posibilidad de enfocar los intereses, principalmente, a la juventud, arraigando a nuestras familias, arraigando a los jóvenes a nuestra tierra. Ello ha apostado a países como Perú, que con gran éxito ha adoptado un plan de enseñanza básica del cultivo y la investigación de cultivos hidropónicos.

Desde 1992, la FAO está impulsando la capacitación en la hidroponía con la finalidad de mejorar la calidad de vida de grupos familiares. Por lo que es importante que actualmente el marco jurídico vigente contemple esta regulación de este tipo de cultivo con la finalidad de que las políticas públicas por disposición general incluyan programas de implementación, desarrollo y fortalecimiento de cultivos inocuos en tierra y en sustratos inertes sin tierra por ser técnicas altamente probadas en beneficio de la humanidad.

En virtud de lo expuesto se presenta la presente reforma para quedar como sigue.

Artículo Único.- Se reforma la fracción I del artículo 3o. de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

1.- Actividades Agropecuarias. Los procesos productivos primarios basados en recursos renovables: agricultura, que incluye cultivos inocuos en tierra y sustratos inertes sin tierra, ganadería, incluye caza, silvicultura y acuacultura, incluye pesca.

Transitorios

Único. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- El Ejecutivo Federal contará con 120 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para emitir el Reglamento y los lineamientos de certificación de estas técnicas y procedimientos para la calidad de los cultivos inocuos en tierra y en sustratos inertes sin tierra.

Por su atención, muchas gracias, señor Presidente.

Iniciativa



PRESIDENCIA DEL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Bermúdez Méndez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; y de Estudios Legislativos.






Informo que el Senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, inscribió iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Dicha iniciativa se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, de manera directa a petición del Senador.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

(Presentada por el Senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del grupo parlamentario del PRI)








Pasamos a la siguiente ronda de iniciativas.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones constitucionales, en materia de revocación de mandato.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Morena)

La Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán: Gracias, señor Presidente. Buenas tardes compañeras y compañeros Senadores:

En nuestro grupo parlamentario de Morena estamos convencidos de que la participación ciudadana directa fortalece a nuestra democracia.

Hoy, a nombre de nuestro grupo, vengo a presentar la iniciativa de reforma a los artículos 35, 41, 73, 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el firme objetivo de establecer y regular la revocación de mandato como un mecanismo de control ciudadano hacia sus autoridades y como un instrumento para fortalecer la democratización del régimen presidencialista.

La revocación de mandato no es un tema de moda político, ni obedece a la coyuntura social, mucho menos a una homologación internacional. La revocación de mandato está plasmada en nuestra Constitución desde las reformas al artículo 115 desde 1983; es decir, existe desde hace 35 años para los integrantes de los ayuntamientos.

Por lo tanto, no es tema nuevo para los mexicanos; sin embargo, en estos momentos la revocación de mandato cobra relevancia, porque se trata de reconocerle al pueblo su derecho legítimo de separar de sus cargos a los funcionarios públicos que dejen de inspirar confianza.

Y en nuestra propuesta no sólo se contempla la revocación del mandato para el Presidente de la República, sino también a los Diputados Federales y a los Senadores, porque el mismo derecho que tienen los mexicanos de elegirnos, lo tienen para quitarnos.

La presente iniciativa propone que la revocación de mandato se haga extensiva también a los representantes surgidos del voto popular en las entidades federativas, porque todos los que somos elegidos por el voto popular tenemos que someternos al control ciudadano, a la revisión del ejercicio del poder.

El objetivo de la revocación es que los votantes tengan un control permanente sobre los funcionarios públicos, como lo señala el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer que: “la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”.

Y en esto se ha referido el Presidente Electo de México, Andrés Manuel López Obrador, en regresarle el poder al pueblo, porque en la democracia el pueblo pone y el pueblo quita.

Por ello, en esta propuesta que hoy presento ante ustedes, a nombre de nuestro grupo parlamentario, estamos planteando un procedimiento constitucional para la revocación del mandato que habrá de impactar y reforzarse en las distintas leyes secundarias, y me refiero a las leyes electorales y a la Ley Federal de Consulta Popular y a una futura Ley de Participación Ciudadana.

Estamos proponiendo que los sujetos de la revocación del mandato sean el Presidente de la República, los Senadores y Diputados del Congreso de la Unión, los integrantes de los ayuntamientos, diputados locales y gobernadores de las entidades federativas.

La solicitud de revocación deberá de estar respaldada por al menos el 15 por ciento de las firmas de los ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral de la circunscripción a que corresponda el servidor público objeto del procedimiento. También podrá llevarse a cabo, cuando el servidor público, surgido del voto popular, solicite someterse voluntariamente a este procedimiento.

Los resultados obtenidos en el procedimiento de revocación del mandato, tendrán efectos vinculatorios cuando participe al menos el 60 por ciento de los electores inscritos en el Padrón Electoral de la circunscripción respectiva y que el voto a favor sea al menos el 50 por ciento más uno del total de los votos válidos emitidos.

Por supuesto, estamos contemplando que sea el Instituto Nacional Electoral quien organice la Consulta Popular para la revocación del mandato en el caso del Presidente de la República, los Senadores y los Diputados federales, y que sean los órganos electorales locales los que se encarguen de realizar el procedimiento para los presidentes municipales, diputados locales y gobernadores.

La presente iniciativa se suma a otras propuestas que ya han presentado compañeros Senadores.

Compañeras y compañeros Senadores, no le tengamos miedo a la revocación de mandato, este mecanismo de control que debe tener el pueblo nos obliga a ser políticos y servidores públicos transparentes y honestos, a rendir cuentas frente a los ciudadanos, a estar al servicio de quienes nos eligieron y ser responsables de nuestros actos.

En diversas entidades de la República ya existe la revocación del mandato, pero tiene muchos candados jurídicos para su realización.

No obstruyamos la participación ciudadana ni la consulta popular con requisitos inalcanzables, permitamos que el pueblo decida, llegó la hora de democratizar el régimen presidencial. Esa es una convicción de nuestro Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, y en este grupo parlamentario de Morena nos unimos con toda congruencia y responsabilidad.

Muchas gracias.

Iniciativa

La que suscribe Senadora de la República LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 8 numeral 1 fracción I, 164 numeral 1 ambos del Reglamento de Senado de la República presentó ante esta soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA INCORPORAR EN EL TEXTO CONSTITUCIONAL LA FIGURA DE LA REVOCACIÓN DE MANDATO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

1.- El Estado democrático moderno, se fortalece y consolida mediante el fortalecimiento del marco jurídico regulatorio para la implementación de los mecanismos de participación ciudadana como el plebiscito, el referéndum, la consulta popular, la iniciativa popular y la revocación de mandato.

El ejercicio de esos mecanismos activa a la ciudadanía en la vigilancia del correcto ejercicio público de sus representantes populares o mandatarios, ya que la democracia participativa no debe limitarse al ejercicio del voto, sino también a vigilar el desempeño en de su función pública.

Es la revocación del mandato, una figura al alcance de los ciudadanos, para que estos, determinen si el representante popular surgido del sufragio, es merecedor o no de la confianza ciudadana, y si debe o no continuar en el cargo.

La presente Iniciativa, tiene como objeto incorporar la revocación del mandato como un mecanismo de participación ciudadana, al alcance de los electores, para que mediante esta vía y conforme a los procedimientos que al efecto se establezcan, puedan determinar la separación del servidor público respectivo, del ejercicio del cargo que los propios electores le confirieron.

El vocablo revocar deriva del latín revocare y hace referencia al acto unilateral que emana de una voluntad que se rectifica. El Diccionario de la Real Academia Española lo define como “dejar sin efecto una concesión, un mandato o una resolución.”1

La misma fuente define "mandato" como el "Encargo o representación que por la elección se confiere a los diputados, concejales, etc."

En el Diccionario del Español Actual, Manuel Seco define el término revocar como “anular o dejar sin efecto una disposición o mandato.” Asimismo, el mandato es entendido como el “contrato consensual por el que una persona encarga a otra su representación o la gestión de algún negocio.” Revocar es entonces –para los efectos que se analizan–, anular el encargo político, porque la elección confiere al funcionario un mandato sustentado en un contrato tácito y de confianza, entre electores y mandatario, de ahí que la revocatoria, cuando la ejerce el electorado, permite que el ejercicio de tal encargo retorne a consulta popular, en caso de sospecha de que el funcionario electo es susceptible de ser señalado por pérdida de confianza.

El Diccionario Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, señala que la revocatoria del mandato o plebiscito revocatorio “constituye un procedimiento a través del cual los electores pueden destituir a un funcionario de un cargo público con anterioridad a la expiración del período para el cual fue elegido.”

La revocación del mandato originaria del common law, también se le conoce como recall o deposición, como el mecanismo procedimental de la democracia que permite a los votantes despedir y reemplazar a un servidor público. Es la institución mediante la cual, se le reconoce al pueblo su derecho de separar a los funcionarios públicos cuando éstos dejen de inspirarles confianza. El objetivo de la revocación es que los votantes tengan un control permanente sobre los funcionarios públicos, como lo señala el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer que “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste.”

En este orden de ideas, si bien la democracia representativa que ha adoptado nuestro país, se ejerce a través de funcionarios, quienes se eligen periódicamente, pudiendo estimarse, que el día de los comicios el ciudadano, previa valoración de la gestión de gobierno, estará en condiciones de expresar su voluntad soberana, para lograr una verdadera democracia, en cuanto a la designación de los representantes populares y su eventual revocación de mandato, es necesario que en nuestro sistema jurídico se incluya y regule este tipo de participación directa, en la que a través del ejercicio de la soberanía popular el pueblo designe y remueva a quien ha dejado de abanderar los intereses de la colectividad, porque permitir que continúe en el cargo, puede acarrear como consecuencia, la inestabilidad política y social en casos extremos.

Por tanto, la revocación del mandato puede definirse como un mecanismo de democracia directa, mediante el cual los ciudadanos tienen el derecho para revocar del cargo a los servidores públicos surgidos del sufragio, que hayan incurrido en alguna de las causales previstas por la propia ley.

2.- La revocación del mandato, es una figura ya prevista en la Constitución General de la República, desde la reforma municipal publicada en el Diario Oficial de la Federación del 3 de febrero de 1983. El artículo 115 establece la revocación del mandato como un procedimiento a través del cual, las legislaturas de los estados pueden separar de su cargo, a los miembros de los ayuntamientos cuando estos se coloquen en algunas de las causas graves establecidas por la propia legislación local. Por ello, más que un mecanismo de participación ciudadana está prevista como un procedimiento sancionatorio.

3.- En el ámbito local, la revocación del mandato ha sido incorporado en diversas legislaciones, como un instrumento de la democracia directa, a través del cual se reconoce el derecho de los ciudadanos a separar del cargo a servidores públicos surgidos del voto popular.

Así, por ejemplo, la constitución local del Estado de Yucatán establecía la revocación del mandato, hasta que fue suprimida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 8/2010, bajo el argumento de que la reforma que dio lugar a la misma carecía de sustento constitucional. Asimismo, estableció la tesis jurisprudencial número P./J. 21/2012 (10a.). 2

A la fecha, las constituciones de los estados de Zacatecas, Oaxaca, Guerrero, y Aguascalientes, tienen establecida la revocación del mandato como un mecanismo de participación ciudadana.

En Nuevo León, la revocación del mandato está reconocida en su Ley de Participación Ciudadana, sin embargo, a la fecha se encuentra en vacatio legis, en espera de su reconocimiento en la constitución local.

En el estado de Morelos, estuvo incorporada en su constitución local, hasta que, en el año de 2016, a iniciativa de los propios legisladores locales, fue suprimida por el Poder Legislativo, argumentando razones de inconstitucionalidad.

4.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Acción de Inconstitucionalidad número 63/2009 y sus acumuladas 64/2009 y 65/2009, promovidas por un grupo de diputados integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua, por el Partido del Trabajo y el Procurador General de la República, declaró la inconstitucionalidad de diversos preceptos de la Ley Electoral Local, que establecían la figura de la revocación del mandato popular.

Asimismo, estableció la tesis jurisprudencial número P./J. 28/2013 (9a.), en la que sostiene que nuestro ordenamiento fundamental dispone de otros medios para fincar responsabilidades de los servidores que llevan a la misma consecuencia de remoción del cargo para el que fueron electos.3 Es decir, le otorga a la revocación de mandato, una connotación sancionatoria, pasando por alto que es un mecanismo de participación ciudadana.

La Constitución Política de la Ciudad de México, recientemente expedida, incorporo la figura de la revocación del mandato como un instrumento de participación ciudadana. A diferencia de otros esfuerzos locales, en un giro a sus precedentes, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las acciones de inconstitucionalidad número 15/2017 y sus acumuladas 16/2017, 18/2017 y 19/2017, confirmó la constitucionalidad de la revocación del mandato, pero en una votación sumamente dividida.

5º.- Durante su campaña electoral, el Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente Electo de México, manifestó su compromiso con la sociedad, para que esta sea la que tuviera a su alcanza mecanismos de participación para que pudiera separar a los servidores públicos surgidos de la voluntad popular, que no cumplieran. Dijo reiteradamente que: “En la democracia, el pueblo pone, y el pueblo quita”. Ofreció él mismo, someterse a la revocación del mandato, lo cual hará a los tres años al frente del gobierno.

La incorporación de la revocación del mandato, en nuestro marco jurídico, reconoce el poder de la ciudadanía para que, mediante su determinación, pueda decidir si un servidor público surgido del voto popular es merecedor de continuar o no, en el ejercicio del cargo. Desde luego, que el procedimiento deberá instrumentarse durante el desempeño del cargo y una vez satisfechos los requisitos previstos en la ley y con efectos vinculantes.

A la vez, tanto el Programa como la Declaración de Principios de nuestro partido, Movimiento de Regeneración Nacional, reconocen a la Revocación del Mandato, como un instrumento de participación social.

6º.- La presente iniciativa, dota de una base constitucional al derecho de los ciudadanos para revocar el mandato a sus representantes populares, complementado esta facultad deducida de los artículos 39 y 40 de nuestra norma suprema. Igualmente, precisa la facultad de las legislaturas de los estados para incorporarla en su legislación local. Se establece también, que la legislación secundaria, establecerá los requisitos y procedimientos específicos, que faciliten y hagan efectiva participación ciudadana.

Para alcanzar su propósito, la presente iniciativa propone adicionar una fracción IX al artículo 35, para establecer como un derecho del ciudadano el de participar en los procesos de revocación del mandato, y como cualidad de este, sus efectos vinculantes. Se propone reformar la fracción IV y adicionar una fracción VII al artículo 41, a efecto de que en leyes secundarias establezcan la forma y los procedimientos conforme a los cuales se desarrollará la revocación del mandato, y se establece las bases mínimas para su procedencia, en la inteligencia de que su regulación se reserva a la expedición de una ley federal de participación ciudadana, y a leyes similares en las entidades federativas. Se modifica la fracción XXIX-Q, del artículo 73, a fin de facultar al congreso federal para legislar en materia de revocación del mandato. Se modifica el artículo 86, para establecer que el cargo de Presidente de la República, podrá concluir mediante la revocación del mandato, en los términos que al efecto se establezca en la ley. Se propone una nueva redacción a la fracción I del artículo 115, para modificar el carácter sancionatorio a la revocación del mandato y establecerlo como un procedimiento de participación ciudadana. En el artículo 116 fracción II, se le adiciona un último párrafo, para que las legislaturas de los estados, establezcan en su marco jurídico, la revocación del mandato para el Gobernador, Diputados Locales y miembros de los ayuntamientos. Finalmente, en el artículo 122, se establece una base constitucional para la revocación del mandato que ya contiene la Constitución de la Ciudad de México, no tenga cuestionamientos de constitucionalidad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía, la presente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTÍCULO PRIMERO. - Se reforman los artículos 41 fracción IV, 73 fracción XXIX-Q, 86, 115 fracción I tercer párrafo y 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTÍCULO SEGUNDO. - Se adicionan la fracción IX al artículo 35, la fracción VII al artículo 41, un párrafo cuarto a la fracción I del artículo 115 y un último párrafo a la fracción II del artículo 116 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para quedar como sigue:

Título Primero

Capítulo IV

De los Ciudadanos Mexicanos

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

I. a VIII. …

IX. Votar en los procesos de revocación del mandato, los cuales tendrán carácter vinculante.

Título Segundo

Capítulo I

De la Soberanía Nacional y de la Forma de Gobierno

Artículo 41. …

I. a III. …

IV. La ley establecerá los requisitos y las formas de realización de los procesos de selección y postulación de candidatos a cargos de elección popular, las reglas para las precampañas y las campañas electorales, y los procedimientos para la revocación del mandato.

V a VI. ...

VII. La revocación del mandato es un procedimiento de participación ciudadana, solicitado por los ciudadanos cuando han perdido la confianza de un servidor público surgido del voto popular. Y podrá solicitarse cuando haya pasado una tercera parte del periodo de su gestión y hasta antes de un año de su conclusión en el cargo.

La organización de los procesos de revocación del mandato estará a cargo del Instituto Nacional Electoral, en el caso de autoridades federales y de los órganos locales de las entidades federativas en el caso de autoridades locales.

Son servidores públicos sujetos de la revocación del mandato el Presidente de la República, los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los integrantes de los ayuntamientos, diputados locales y gobernadores de las entidades federativas.

La solicitud deberá ir respaldada de al menos el 15% de firmas de los ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral de la circunscripción a que corresponda el servidor público objeto del procedimiento. La autenticidad de las firmas será verificada por el organismo electoral respectivo. También podrá llevarse a cabo, cuando el servidor público respectivo, solicite someterse voluntariamente a ese procedimiento.

Los resultados obtenidos en el procedimiento de revocación del mandato, tendrán efectos vinculatorios cuando participe al menos el 60 por ciento de electores inscritos en el Padrón Electoral de la circunscripción respectiva y que el voto a favor sea al menos del 50 por ciento más uno del total de los votos válidos emitidos.

 

Título Tercero

Capítulo II

Del Poder Legislativo

Sección III

De las Facultades del Congreso

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XXIX-P.

XXIX-Q. Para legislar sobre iniciativa ciudadana, revocación del mandato y consultas populares.

XXIX.-R. a XXXI. …

Artículo 86. El cargo de Presidente de la República sólo es renunciable por causa grave, que calificará el Congreso de la Unión, ante el que se presentará la renuncia. El cargo podrá concluir mediante la revocación del mandato, conforme al procedimiento establecido en la ley.

Título Quinto

De los Estados de la Federación y de la Ciudad de México

Artículo 115. …

I.

Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y formular los alegatos que a su juicio convengan.

Asimismo, en las constituciones locales establecerán un mecanismo de participación social, a través del cual los ciudadanos decidirán sobre la revocación del mandato a los miembros del ayuntamiento a alguno de sus integrantes.

II. a X. …

Artículo 116. …

I. …

a) y b) …

II. …

Las legislaturas de los Estados establecerán la revocación del mandato del Gobernador, Diputados de las legislaturas y miembros de los Ayuntamientos.

III a IX…

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa.
A. …

I. …

II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución Política de la entidad. Sus integrantes deberán cumplir los requisitos que la misma establezca y serán electos mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, por un periodo de tres años. Asimismo, garantizara el derecho de los ciudadanos a revocar el mandato de los servidores públicos surgidos del voto popular, conforme a los procedimientos que al efecto establezca.

...



III. a XI. …

B. a D. …

TRANSITORIOS

Primero. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. - Las Legislaturas de los Estados deberán adecuar o expedir la legislación en materia de mecanismos de participación ciudadana, incluyendo la figura de la revocación de mandato en los siguientes ciento ochenta días hábiles posteriores a la entrada en vigencia de la presente reforma.

Tercero. - El Congreso de la Unión expedirá la ley de participación ciudadana dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigencia de la presente reforma, para reglamentar la figura de revocación de mandato y adecuarán los ordenamientos secundarios.

Senado de la República, el 18 de septiembre de 2018.

Atentamente

Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán.

1 Diccionario de la Lengua Española, Madrid, 1984.

2 REVOCACIÓN DEL MANDATO CONFERIDO AL GOBERNADOR Y A LOS DIPUTADOS LOCALES. CONSTITUYE UNA FORMA DE DAR POR TERMINADO EL CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS REFERIDOS QUE CARECE DE SUSTENTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
El artículo 109, fracción I, de la Constitución General establece como única forma de dar por terminado el ejercicio de los cargos públicos como los de gobernador y diputados de la Legislatura Estatal antes de la conclusión legal de su mandato, la de la responsabilidad de los servidores públicos, sin que pueda establecerse válidamente una diferente en las Constituciones de los Estados. De ahí que la figura de la revocación del mandato conferido al gobernador y a los diputados locales, como facultad del Congreso del Estado, constituye una forma de dar por terminado su cargo que carece de sustento constitucional.
Acción de inconstitucionalidad 8/2010. Procurador General de la República. 22 de marzo de 2012. Mayoría de nueve votos; votaron en contra: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretarios: Alfredo Orellana Moyao y Marco Antonio Cepeda Anaya.
El Tribunal Pleno, el primero de octubre en curso, aprobó, con el número 21/2012 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a primero de octubre de dos mil doce.

3 REVOCACIÓN DEL MANDATO POPULAR. LOS ARTÍCULOS DEL 386 AL 390 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, EN CUANTO PREVÉN ESA FIGURA PARA LA REMOCIÓN DE CUALQUIER FUNCIONARIO PÚBLICO ELECTO MEDIANTE EL VOTO POPULAR, VIOLAN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE DICIEMBRE DE 2009).
Los citados preceptos de la Ley Electoral Local, en cuanto prevén la figura de la revocación del mandato popular, son violatorios de la Constitución Federal, pues este último Ordenamiento Fundamental dispone otros medios para fincar responsabilidades de los servidores que llevan a la misma consecuencia de remoción del cargo para el que fueron electos. En efecto, la Constitución General de la República sólo prevé la responsabilidad civil, penal, administrativa y la política, pero no contempla la figura de la revocación de mandato popular a que aluden los artículos del 386 al 390 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, lo que implica que regulan un nuevo sistema de responsabilidad que no tiene sustento constitucional, es decir, los numerales señalados introducen la revocación del mandato de los funcionarios públicos electos mediante el voto, a través de un procedimiento en el que los ciudadanos del Estado manifiestan su voluntad de destituirlos del cargo, pero, el legislador local no advirtió que si bien la Constitución Federal prevé la figura de la destitución, sólo se autoriza su aplicación a través de los medios que la propia Carta Magna prevé, ya que de la lectura integral a su título cuarto se advierte que el sistema determinado por el Constituyente Permanente en materia de responsabilidades de los servidores públicos es claro en precisar cuatro vertientes de responsabilidad: la política, la penal, la civil y la administrativa, sin que se desprenda la posibilidad de contemplar una figura diversa; de ahí la inconstitucionalidad del sistema que contempla la Ley Electoral citada. Además, es importante resaltar que la consecuencia que en su caso persiguen dichos preceptos de la Ley Electoral Local, que es la destitución de los servidores electos mediante el voto, puede obtenerse a través de los tipos de responsabilidad aludidos y por las mismas causas que la propia legislación estatal regula, esto es, los artículos señalados, concretamente el numeral 387, disponen que para la revocación de gobernador y diputados se deberán invocar como causa o causas por las que se puede iniciar el proceso de revocación, las contempladas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua, para la procedencia del juicio político, ordenamiento que a su vez, en sus artículos 6o. y 7o. regula los actos u omisiones de los servidores públicos que redundan en perjuicio de los intereses públicos y, por su parte, el diverso 11 prevé que si la resolución que se dicte en el juicio político es condenatoria, se aplicarán entre otras sanciones la de destitución del servidor público, lo que significa que las normas señaladas prevén un nuevo procedimiento de responsabilidad que finalmente descansa en las mismas causas que dan lugar al juicio político y a la misma sanción, es decir, a la destitución del funcionario electo mediante voto, lo que confirma la inconstitucionalidad indicada, pues se está ante una figura que no tiene sustento en la Constitución Federal y cuyo objetivo final, que es la destitución, puede obtenerse mediante el diverso procedimiento denominado juicio político. Lo mismo ocurre en relación con la revocación de mandato de los presidentes municipales, síndicos y regidores, pues la revocación de mandato de éstos deberá llevarse a cabo en términos del artículo 115 constitucional. Así, el párrafo tercero de su fracción I prevé que las Legislaturas Locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por una de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y alegatos que a su juicio convengan. A su vez, el artículo 57 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua enumera los supuestos en que podrán ser suspendidos definitivamente los miembros de los Ayuntamientos, precisando que en estos casos se aplicará en lo conducente, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua. Por su parte, el artículo 387 de la Ley Electoral Local ordena que para iniciar el proceso de revocación de presidentes municipales, síndicos y regidores, se deberá estar a la causa o causas contenidas en el código municipal de la entidad. Lo anterior corrobora la inconstitucionalidad destacada, toda vez que el artículo 115 constitucional que permite la revocación del mandato de los miembros del Ayuntamiento, es claro al establecer que para ello deberá estarse a la ley local, por lo que si en el caso, es el Código Municipal para dicha entidad, el que ya regula la figura de la revocación tratándose de los integrantes de los Ayuntamientos, resultaba innecesario introducir un nuevo procedimiento que finalmente tiene el mismo objetivo, a saber, la destitución del servidor público electo mediante el voto.
Acción de inconstitucionalidad 63/2009 y sus acumuladas 64/2009 y 65/2009. Diputados integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua, Partido del Trabajo y Procurador General de la República. 1o. de diciembre de 2009. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Guadalupe de la Paz Varela Domínguez.
El Tribunal Pleno, el dieciocho de abril en curso, aprobó, con el número 28/2013 (9a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de abril de dos mil trece.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Meza Guzmán. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General, en materia de consejo fiscal.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora Minera Hernández Ramos: Con su venia, señor Presidente.

Con la denominación de Consejo Fiscal, el Fondo Monetario Internacional concentra instituciones con nombres y estructuras diversas pero que desempeñan funciones en común: tienen como finalidad compartida la de ser vigilantes del cumplimiento de las reglas de balanza fiscal y de la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo.

La iniciativa que presento, a nombre propio y del grupo parlamentario del PAN, parte de reconocer un hecho innegable: que México necesita un Consejo Fiscal, un órgano técnico que analice los riesgos y temas que podrían comprometer el equilibrio financiero en el mediano y largo plazos; que especifique cuáles son los comportamientos macroeconómicos y de finanzas públicas que México requiere para ser eficiente, que monitoreé el cumplimiento de las reglas fiscales y las supervisión de las normas presupuestarias.

Debo señalar que, en 2017, el Poder Legislativo y la Coparmex llevamos a cabo un foro internacional para analizar, debatir y reflexionar sobre la necesidad de impulsar en México la creación de un Consejo Fiscal apartidista, libre de cuates y de cuotas, e integrado por reconocidos especialistas.

Incluso, recientemente, el próximo Secretario de Hacienda manifestó que el gobierno electo buscará una mayor disciplina en las finanzas públicas coincidiendo en la propuesta de crear un Consejo Fiscal que dependa del Poder Legislativo, pero que se sustraiga de su dinámica política mediante la autonomía de gestión, el análisis objetivo, la preeminencia del carácter técnico de este órgano.

Senadores, hace diez años la crisis financiera internacional causó descalabros y saldos deficitarios en las finanzas públicas de muchos países, quienes debieron fortalecer su credibilidad en sus marcos macroeconómicos.

Estas crisis financieras centraron el debate en determinar qué es lo que hace el Poder Legislativo dentro del ciclo presupuestario y cuáles son sus funciones relacionadas con el control democrático de los recursos públicos.

En nuestro caso, el contrapeso financiero que la Constitución mandata a la Cámara de Diputados, está verdaderamente superado en la práctica, es un modelo que ha quedado agotado.

Así el ejercicio comparativo entre lo aprobado en el Presupuesto de Egresos y lo gastado conforme a la Cuenta Pública, nos hace ver una lamentable realidad, que el Ejecutivo juega a las apariencias, a una simulación tratándose de las finanzas públicas del país, porque cada año se recibe un proyecto de presupuesto por parte del Ejecutivo y éste, discrecionalmente, modifica la forma en que se propuso gastar los recursos.

El gobierno federal termina haciendo lo que cree conveniente sin que el Congreso de la Unión pueda emitir una opinión fundada al respecto, debido a que es la Secretaría de Hacienda quien tiene el monopolio de las decisiones financieras de este país, sin que los legisladores federales podamos revisar datos o estadísticas propias, apartados del sesgo gubernamental.

En 2017, el gobierno federal gastó 10 por ciento más de lo que le fue aprobado en el Presupuesto de Egresos, un incremento que, desde luego, no se reflejó en mayores recursos para programas sociales, sino en mayor gasto para comunicación social, nómina e intereses de la deuda pública.

El Senado debe observar que este tipo de gastos han sido financiados en forma recurrente, con los excedentes de los ingresos, es decir, que como en los casinos, la casa siempre gana, porque la Secretaría de Hacienda estimó a la baja los ingresos que pudieran obtenerse, limitando el margen de decisión de este Poder Legislativo que tenemos en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos.

Por eso, es necesario que el Legislativo tenga a su disposición información técnica, bien sustentada y ajena de la posición del partido en el poder, así como independiente de los pronósticos que elabora Hacienda para que los legisladores tengamos una postura propia en la discusión del paquete económico.

Pronto se entrega el Paquete Económico 2019 y, como ya fue adelantado en las noticias, tendrá un incremento en términos reales del 4 por ciento respecto del PEF.

Si no establecemos controles legislativos e institucionales que aseguren la sostenibilidad financiera, seguiremos observando que el gobierno federal ajustará discrecionalmente el gasto público.

Por eso es imperativo que los recursos de los mexicanos se direccionen al desarrollo sostenible de la economía nacional, que se dirijan al abatimiento de las condiciones de pobreza y desigualdad, y que se orienten a hacernos una sociedad cada vez más incluyente.

Senadoras y Senadores, es momento de democratizar la conducción de las finanzas públicas del país, es hora de que los criterios de recaudación de ingresos, de asignación de recursos mediante programas presupuestales, de contratación de deuda pública, de cumplimiento de reglas fiscales y de sostenibilidad financiera a  largo plazo, no sean competencia exclusiva del Ejecutivo y de la Secretaría de Hacienda y de que existan otras voces institucionales que puedan ofrecernos una perspectiva diferente.

Recordemos que la relación entre finanzas públicas y combate a la corrupción es más fácil y común de lo que pareciera, porque cada peso del erario que se gastó de más o que se gastó mal, implican corrupción, pues hay un beneficio económico o personal para alguien, y lo peor es que el sistema presupuestario se vuelve ineficiente en su conjunto.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Iniciativa



PRESIDENCIA DEL SENADOR
RAFAEL MORENO VALLE ROSAS

El Presidente Senador Rafael Moreno Valle Rosas: Gracias, Senadora Hernández Ramos. Túrnese a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos.






En la quinta ronda de iniciativas, tiene el uso de la tribuna el Senador Félix Salgado Macedonio, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales y la Ley General de Partidos Políticos, en materia del uso de los colores patrios.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES Y LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS

(Presentada por el Senador J. Félix Salgado Macedonio, del grupo parlamentario del Partido Morena)

El Senador J. Félix Salgado Macedonio: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

La pregunta que nos hacemos todos los mexicanos, ¿por qué un partido político usa los colores de nuestra Bandera?

Nuestra Bandera es nuestro máximo símbolo patrio.

¿Qué significa la Bandera y qué significan sus colores? Sí sabemos el significado, pero no entendemos cuál es la correlación entre los colores de nuestra Bandera con un partido político, y desde hace cuánto tiempo el PRI viene usando los colores patrios.

La Bandera nos da identidad al mexicano, el patriotismo, nuestra mexicanidad, y yo sé que desde Plutarco Elías Calles a la fecha se viene utilizando los colores de la Bandera en el PRI, y no hay quien les diga que no pueden usar los colores de la Bandera, y pareciera que ya es uso y costumbre y que los pueden usar.

Hay una Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, y hay una Ley General de Partidos Políticos, y curiosamente en ningún apartado de esas leyes existe la prohibición del uso de los colores de nuestra Bandera.

¿Y saben por qué? Aquí se ha intentado varias veces retirar, quitar el uso de los colores de nuestra Bandera al PRI y se ha fracasado porque el PRI era una inmensa mayoría que todo rechazaba.

De ahí que, he estado leyendo por ahí que el PRI ya piensa cambiar de nombre, cambiar de logotipo, y sería muy bueno que lo hiciera, porque en realidad es ofensivo para los mexicanos que un partido, eh, independientemente que se llame PRI, de cualquier partido utilice los colores de nuestra Bandera. No es ético, ni es moral.

Fíjense lo que representa el verde: la esperanza.

Lo que representa el blanco: unión y la paz entre todos los mexicanos, con el fin de poder construir un futuro mejor con fraternidad y valores.

Y lo que representa el rojo: representa a la sangre derramada por todos los héroes que contribuyeron a la creación e independencia y soberanía del país.

Esto es lo que significan nuestros colores patrios, los colores de nuestro máximo símbolo: la Bandera.

Pero esto no es lo que significan los colores del PRI.

Motivo por el cual yo vengo a esta tribuna a solicitar el apoyo de todas, de todos ustedes compañeras y compañeros, para que esta iniciativa con proyecto de Decreto se turne a comisiones y pueda aprobarse en su momento.

Muchas gracias, por su atención.

Iniciativa



El Presidente Senador Rafael Moreno Valle Rosas: Gracias, Senador Salgado Macedonio Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos.






La Junta de Coordinación Política suscribió un Acuerdo por el que el Senado de la República hace un reconocimiento a la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. El Acuerdo está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto.

El Presidente Senador Rafael Moreno Valle Rosas: Está a discusión el Acuerdo. Al no haber oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador Rafael Moreno Valle Rosas: Aprobado el Acuerdo por el que el Senado de la República hace un reconocimiento a la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Comuníquese.






Ahora hago de su conocimiento que la Junta de Coordinación Política suscribió otro acuerdo, éste por el que se emiten las Reglas del Programa de Austeridad del Gasto y Racionalización de los Recursos en el Senado de la República para el periodo septiembre-diciembre de 2018. El Acuerdo está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Rafael Moreno Valle Rosas: Está a discusión el Acuerdo. Al no haber oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Rafael Moreno Valle Rosas: Aprobado el Acuerdo por el que se emiten las Reglas del Programa de Austeridad del Gasto y Racionalización de los Recursos en el Senado de la República para el periodo septiembre-diciembre del año en curso. Comuníquese.






La Junta de Coordinación Política suscribió también un Acuerdo en relación con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El Acuerdo está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Rafael Moreno Valle Rosas: Está a discusión el Acuerdo. Al no haber oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador Rafael Moreno Valle Rosas: Aprobado el Acuerdo en relación con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Comuníquese.






Les informo que los integrantes de la Junta de Coordinación Política suscribieron otro Acuerdo, éste con un exhorto al gobierno del estado de Veracruz a atender de manera pronta las demandas de participación y coadyuvancia de las víctimas y colectivos de personas desaparecidas en esta entidad federativa. El Acuerdo está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Rafael Moreno Valle Rosas: Está a discusión el Acuerdo. Al no haber oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Rafael Moreno Valle Rosas: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Compañeras y compañeros Senadores, la Junta de Coordinación Política suscribió un Acuerdo en relación con las zonas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre del 2017. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza a que se incorpore a la agenda de este día para su trámite.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre a la agenda el día de hoy. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.

El Presidente Senador Rafael Moreno Valle Rosas: El Acuerdo se encuentra disponible en sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría dé cuenta con el Acuerdo.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto.

El Presidente Senador Rafael Moreno Valle Rosas: Está a discusión el Acuerdo. Al no haber oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes están porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador Rafael Moreno Valle Rosas: Aprobado el Acuerdo relativo a las zonas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. Comuníquese.






Informo a la Asamblea que las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, inscribieron en la agenda del día una proposición con punto de Acuerdo sobre el “Día Nacional Sin Automóvil”. Los integrantes de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política nos sumamos a dicha proposición y suscribimos un Acuerdo sobre el tema.

En consecuencia, solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

MESA DIRECTIVA Y JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Rafael Moreno Valle Rosas: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Señor Presidente, sí se considera de urgente resolución.

El Presidente Senador Rafael Moreno Valle Rosas: En consecuencia, está a discusión el Acuerdo. Al no haber oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Rafael Moreno Valle Rosas: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






PRESIDENCIA DEL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Informo a la Asamblea, antes de pasar a las proposiciones con punto de Acuerdo, que el Senado de la República recibió del Ejecutivo Federal el Convenio 98 de la Conferencia Internacional del Trabajo, relativo a la Aplicación de los Principios del Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva, adoptado en Ginebra, el 1º de julio de 1949 para los efectos de la fracción I del artículo 76 constitucional.

El instrumento fue recibido el 1º de diciembre de 2015, una vez firmado por el Poder Ejecutivo de la Unión y se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Trabajo y Previsión Social de la LXIII Legislatura para su análisis y dictamen.

A la fecha, el instrumento se mantiene sin recibir dictamen y las comisiones de la LXIII Legislatura no emitieron pronunciamiento alguno.

A partir de la situación anterior, de que las Comisiones de la LXIII Legislatura ya no están en posibilidad de emitir el dictamen del asunto turnado, la Mesa Directiva en consulta con las diversas bancadas parlamentarias ha resuelto el siguiente trámite:

Es llegado el tiempo de que el Convenio 98 de la Conferencia Internacional del Trabajo, relativo a la Aplicación de los Principios del Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva sea sometido a consideración del Pleno del Senado de la LXIV Legislatura, el proyecto se publicará en la Gaceta Parlamentaria para cumplir con su primera lectura y en sesión posterior a la actual, se presentará a discusión y votación ante la Asamblea.

Por lo tanto, la Mesa Directiva y en acuerdo y consulta con los coordinadores y bancadas parlamentarias, solicita la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza el trámite del Convenio 98 de la Conferencia Internacional del Trabajo, relativo a la Aplicación de los Principios del Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva que hemos aquí expuesto.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza el trámite explicado por el Presidente. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se autoriza.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, señora Secretaria. Esta Mesa Directiva, por la relevancia del tema, agradece profundamente los buenos oficios de las Senadoras y Senadores que han ayudado a esta aprobación, muchísimas gracias.

En consecuencia, les informo que el Convenio 98 de la Conferencia Internacional del Trabajo, relativo a la Aplicación de los Principios del Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva, está publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día y también está disponible en sus escaños, con lo que cumple con el párrafo segundo del artículo 195 del Reglamento del Senado y esta Presidencia declara que ha quedado de primera lectura.

CONVENIO 98 DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO, RELATIVO A LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO DE SINDICACIÓN Y DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA, ADOPTADO EN GINEBRA, EL 1º DE JULIO DE 1949

(Proyecto de primera lectura)



En la sesión del próximo jueves 20, cumpliremos con su segunda lectura y se pondrá a discusión, consideración y votación de esta Asamblea, muchas gracias a todas y a todos.






Pasamos al apartado de proposiciones con punto de Acuerdo.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

Tiene el uso de la tribuna la Senadora María Guadalupe Covarrubias Cervantes, para presentar a nombre propio y del Senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido Morena, un punto de Acuerdo para crear una comisión especial de investigación relativa al presunto desvío de recursos en diversas dependencias de la Administración Pública Federal y citar a diversos funcionarios.

La Senadora María Guadalupe Covarrubias Cervantes: Con su permiso, señor Presidente. Senadoras y Senadores:

Los suscritos, Ricardo Monreal Ávila y una servidora, María Guadalupe Covarrubias Cervantes y a nombre del grupo parlamentario de Morena y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo.

Consideraciones

En septiembre del 2017, a través de una investigación periodística realizada por el portal de noticias de Animal Político y la organización Civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, fue revelado un sofisticado mecanismo que le permitió al gobierno de Enrique Peña Nieto, cometer un fraude por más de 7 mil millones de pesos, de los cuales se desconoce el destino de casi la mitad, 3 mil 433 millones.

La red de corrupción, conocida como la “Estafa Maestra”, involucró a once dependencias del gobierno federal, ocho universidades, más de cien empresas privadas y medio centenar de servidores públicos de distintos niveles de gobierno.

Un año después de que fuera revelada la “estafa maestra”, una nueva investigación periodística, esta vez del diario Reforma, ha puesto luz sobre otro capítulo de este complejo entramado de operaciones financieras.

De acuerdo con el medio, entre diciembre de 2014 y diciembre de 2017 fueron desviados otros 700 millones de pesos a través de la Sedesol y de la Sedatu esta cantidad repartida en billetes, representa sólo el 37 por ciento del total del monto desviado, conforme a la indagación de la Auditoría Superior de la Federación.

El esquema empleado fue prácticamente el mismo: los desvíos se habrían realizado a través de pagos a empresas fantasmas a las que, en algunos casos, les encargaron parte de los trabajos solicitados por las dependencias.

A pesar de la variedad de sus modalidades, el sofisticado artilugio de corrupción tiene un común denominador: beneficiar a la plutocracia a costa de las personas más pobres del país; que los recursos desviados hayan sido aquellos que habrían de ser destinados a la población más desfavorecida, como en el caso de la Cruzada contra el Hambre, dibuja de cuerpo entero la pequeñez, la mezquindad y el sólido cinismo de los gobiernos que idearon este monumental fraude.

Sin ánimos de convertir al Senado de la República en un órgano de persecución o de enjuiciamiento metaconstitucional, acudo a esta tribuna a proponer que esta LXIV Legislatura no contribuya a perpetuar la complicidad institucional que mantiene bajo un manto de protección a decenas de funcionarios corruptos.

Es por ello que le propongo a esta Asamblea que constituya, mediante los debidos procedimientos y en el marco de sus facultades constitucionales y legales, una comisión de especial investigación que se encargue de indagar la serie de desvíos revelados por la Auditoría Superior de la Federación y por los trabajos periodísticos referidos en el cuerpo argumentativo de esta proposición.

Esta proposición y la iniciativa que hemos presentado para reformar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, compañeras y compañeros Senadores, constituyen no sólo un rotundo acto de congruencia con aquello que le ofrecimos a nuestro electorado, sino que habrá de medir el brío de esta nueva Legislatura, en materia del combate a la corrupción.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Senado de la República la siguiente proposición con punto de Acuerdo.

Se cita a comparecer a la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, María del Rosario Robles Berlanga, y al titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña, ante las comisiones ordinarias correspondientes del Senado de la República y, en su caso, ante la Comisión Especial.

Se cita también al Auditor Superior de la Federación, David Rogelio Colmenares Páramo a una reunión de trabajo con las comisiones ordinarias correspondientes.

También se cita al titular encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, a una reunión de trabajo con las comisiones ordinarias.

Se cita a la Secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González, a una reunión de trabajo con las comisiones ordinarias.

Por lo mismo también, se cita al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, Osvaldo Antonio Santín Quiroz.

Se cita también al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Bernardo González Rosas, a una reunión de trabajo con las comisiones ordinarias.

Se cita al encargado de despacho de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una reunión de trabajo con las comisiones ordinarias correspondientes.

Es por eso, compañeros, que Morena ya no quiere más el binomio corrupción-  impunidad.

Es todo, señor Presidente.

Es cuanto.

Y le solicito que se inscriba, en forma íntegra, el presente documento.

Muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Covarrubias Cervantes.

Informo a esta Asamblea que, aún y cuando se solicitó en principio este punto como de urgente resolución, los proponentes han pedido que se turne a la Comisión de Justicia. Túrnese a la Comisión de Justicia la presente proposición con punto de Acuerdo.






Tiene la palabra el Senador Mauricio Kuri González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a proporcionar información respecto del avance de las investigaciones del caso de la empresa Odebrecht y Petróleos Mexicanos.

El Senador Mauricio Kuri González: Gracias, señor Presidente. Muy buenas tardes. Con su permiso, señor Presidente. Compañeras Senadoras y Senadores:

Mauricio Kuri González, a nombre del grupo parlamentario del PAN en esta Legislatura, someto a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a proporcionar información respecto del avance de las investigaciones del caso de la empresa Odebrecht y Petróleos Mexicanos, así como la propuesta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, para la creación de una Comisión Especial que dé seguimiento a las investigaciones.

En diciembre del 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló documentos sobre presupuestos sobornos por 788 millones de dólares efectuados por la constructora brasileña en 12 países de América Latina y en África, de 2001 al 2016.

Resulta oportuno hacer un breve relato de los hechos ocurridos:

En el 2014 en Brasil, se llevó a cabo una investigación que identificó una red clandestina que operaba en algunos estados con la empresa Petrobras.

Como resultado de dicha investigación en el 2016 Marcelo Odebrecht, Presidente de la compañía del mismo nombre, fue condenado a 19 años de prisión por delitos de corrupción, lavado de dinero y asociación delictuosa.

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, fue acusado de usar su influencia para favorecer a la constructora.

Las sospechas también alcanzan a Dilma Rousseff y al actual Presidente Michel Temer quienes se han visto implicados en el escándalo de corrupción.

En Colombia se involucran en actos de corrupción a funcionarios de primer nivel por cohecho y enriquecimiento ilícito.

En Ecuador, el Fiscal General señaló actos de corrupción, respecto de obras en el metro de Quito y se retuvieron más de 40 millones de dólares.

En Guatemala, en el 2015, se emitió una orden de captura contra el Presidente Otto Pérez, después de que el Congreso le retirara la inmunidad para ser investigado penalmente por corrupción.

En febrero de 2017, ministerios públicos y fiscalías de 11 países firman acuerdo para investigar a la empresa. El acuerdo fue firmado por autoridades de Brasil, Argentina, Chile, Colombia, México, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana y Venezuela.

En Argentina, Mauricio Macri también ha sido implicado en presuntos actos de corrupción relacionados con el caso, así como importantes funcionarios de la era Kirchner.

En febrero del mismo año el expresidente de Perú, Alejandro Toledo, enfrentó el escándalo por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. Las autoridades dictaron prisión preventiva y se emitió ficha roja a la Interpol para su captura.

Finalmente, el escándalo llegó al Presidente Pedro Pablo Kuczynski, el cual renunció a su cargo.

Las investigaciones se extendieron por todo el continente.

En México, en enero del 2017, la Secretaría de la Función Pública anunció que recopilaría información disponible del caso a través de la Unidad de Responsabilidades y en coordinación con Petróleos Mexicanos.

En marzo del mismo año, Odebrecht en una Corte Federal de Nueva York admitió sobornos en México por 10.5 millones de dólares.

En octubre, el exprocurador General de la República, Raúl Cervantes, el día de su renuncia, en una reunión privada con Senadores anunció que la PGR había concluido las investigaciones sobre los presuntos sobornos a altos funcionarios de Pemex, entre quienes se nombraba al director de la empresa Emilio Lozoya Austin.

Estamos a casi dos años de que la Secretaría de la Función Pública anunció que recopilaría información sobre los presuntos sobornos de la constructora en México y el posible involucramiento de funcionarios de Pemex en esos hechos.

El tema no es nuevo, en la pasada Legislatura se hicieron muchos llamados y exhortos a las autoridades del gobierno federal. Sin embargo, al día de hoy, el gobierno no ha dado respuesta a la sociedad mexicana.

Las campañas electorales han concluido, y los que hoy conformamos esta Honorable Cámara, tenemos la obligación moral y el mandato popular para hacer lo que esté a nuestro alcance para combatir la corrupción. Debemos manifestarnos en contra de cualquier indicio de ocultamiento de información.

Compañeras y compañeros, es momento de mostrarles a los ciudadanos que no se equivocaron al elegirnos como sus representantes.

Mandemos el mensaje correcto a los ciudadanos y exijamos que se rindan cuentas claras sobre el escándalo más grande de corrupción en América Latina.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal para que proporcione información respecto del avance de las investigaciones del caso de la empresa Odebrecht y Petróleos Mexicanos.

Segundo.- Se propone a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, la creación de una Comisión Especial para dar seguimiento a las investigaciones del caso.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo

MAURICIO KURI GONZÁLEZ, Senador de la República e integrante del Grupo Parlamentario del PAN en la LXIV Legislatura, someto a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A PROPORCIONAR INFORMACIÓN RESPECTO DEL AVANCE DE LAS INVESTIGACIONES DEL CASO DE LA EMPRESA ODEBRECHT Y PETRÓLEOS MEXICANOS, ASÍ COMO LA PROPUESTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN  POLÍTICA DE LA CÁMARA DE SENADORES, PARA LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL QUE DE SEGUIMIENTO A LAS INVESTIGACIONES.

En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América reveló presuntos sobornos que la empresa brasileña Odebrecht admitió pagar en varios países de América Latina a cambio de contratos de obra pública, entre otros.

A partir de entonces, las fiscalías y procuradurías de diversos países latinoamericanos iniciaron las investigaciones correspondientes. Como resultado de las mismas, se procedió penalmente contra funcionarios de alto nivel.

Resulta oportuno hacer un breve relato de los hechos ocurridos:

• En el 2014 en Brasil,1 se llevó a cabo una investigación que identificó una red clandestina que operaba en algunos estados con la empresa Petrobras.

Como resultado de dicha investigación en el 2016 Marcelo Odebrecht, presidente de la compañía del mismo nombre, fue condenado a 19 años de prisión por delitos de corrupción, lavado de dinero y asociación delictuosa.

• El ex presidente Luis Inácio Lula da Silva, fue acusado de usar su influencia para favorecer a la constructora Odebrecht.

Las sospechas también alcanzan a Dilma Rousseff y al actual presidente Michel Temer quienes se han visto implicados en el escándalo de corrupción.

• Como resultado de las investigaciones, en Colombia detienen el ex viceministro de Transportes Gabriel García Morales, y el ex congresista Otto Bula acusado de cohecho y enriquecimiento ilícito. Incluso los señalamientos llegaron a las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y el opositor Oscar Iván Zuluaga en 2014.

• En Guatemala en el 2015, se emitió una orden de captura contra el Presidente Otto Pérez, después de que el Congreso le retirará la inmunidad para ser investigado penalmente por corrupción.

En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló documentos sobre presuntos sobornos por 788 millones de dólares, efectuados por la constructora brasileña en doce países de América Latina y África de 2001 a 2016.

En febrero de 2017, ministerios públicos y fiscalías de 11 países firman acuerdo para investigar a Odebrecht. El acuerdo fue firmado por autoridades de Brasil, Argentina, Chile, Colombia, México, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana y Venezuela.

En Ecuador, el fiscal general señaló actos de corrupción, respecto de obras en el metro de Quito y se retuvieron más de 40 millones de dólares a la empresa Odebrecht.

En Argentina, Mauricio Macri también ha sido implicado en presuntos actos de corrupción relacionados con el caso Obredecht, así como importantes funcionarios de la era Kirchner.

En Perú, en enero de 2017 dos ex funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, fueron acusados por delitos de cohecho, lavado de activos, al haber recibido dinero de Odebrecht para favorecerla en la licitación de obras.

En febrero del mismo año el expresidente de Perú, Alejandro Toledo, enfrentó el escándalo de Odebrecht por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. Las autoridades dictaron prisión preventiva y se emitió ficha roja a la interpol para su captura.

También fueron señalados los ex presidentes Alan García y Ollanta Humala por presuntos actos de corrupción y lavado de dinero, aunque éstos lo niegan.

Finalmente, el escándalo llegó al presidente Pedro Pablo Kuczynski, el cual renunció al cargo.

Las investigaciones se extendieron por todo el continente llegando a República Dominicana y Panamá en donde la Procuradora anunció la formulación de cargos por blanqueo de capitales a 17 personas por el caso Odebrecht en el país, entre ellos exfuncionarios y empresarios.

En México, en enero de 2017 la Secretaría de la Función Pública anunció que recopilaría información disponible del caso a través de la Unidad de Responsabilidades y en coordinación con Petróleos Mexicanos (Pemex).

En marzo del mismo año, Odebrecht en una Corte Federal en Nueva York. admitió sobornos en México 10,5 millones de dólares.

En octubre el ex Procurador General de la República, Raúl Cervantes, el día de su renuncia, en una reunión privada con senadores anunció que la PGR había concluido las investigaciones sobre los presuntos sobornos de la constructora Odebrecht a altos funcionarios de Pemex, entre quienes se nombraba al ex director de la empresa Emilio Lozoya Austin.

En octubre la PGR, Arturo Elías Beltrán, destituye a Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), bajo el argumento de haber transgredido lo dispuesto en el Código de Conducta de la Procuraduría General de la República.

Santiago Nieto reveló a un medio impreso haber recibido presiones por parte de Emilio Lozoya, a quien investigaba por irregularidades en el financiamiento de campaña del entonces candidato a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto.

Estamos a casi dos años de que la Secretaría de la Función Pública anunció que recopilaría información sobre los presuntos sobornos de la constructora Odebrecht en México y el posible involucramiento de funcionarios de PEMEX en esos hechos.

El tema no es nuevo, en la pasada legislatura se hicieron muchos llamados y exhortos a las autoridades del gobierno federal, sin embargo al día de hoy el gobierno no ha dado respuesta a la sociedad mexicana.

Como todos sabemos, los mexicanos no contamos con un Procurador, sino con un Encargado de Despacho que no tiene personalidad jurídica para rendir cuentas al Congreso, de la opacidad que vivimos en torno a este caso tan importante.

Las campañas electorales han concluido, y los que hoy conformamos esta honorable Cámara, tenemos la obligación moral y el mandato popular para hacer lo que esté a nuestro alcance para combatir la corrupción.

Debemos manifestarnos en contra de cualquier indicio de ocultamiento de información.

Compañeras y compañeros, es momento de mostrarle a los ciudadanos que no se equivocaron al elegirnos como sus representantes. Mandemos el mensaje correcto a la ciudadanía, y exijamos al titular del Ejecutivo Federal que rinda cuentas claras sobre el escándalo más grande de corrupción en América Latina.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO.

PRIMERO: La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal para que proporcione información respecto del avance de las investigaciones del caso de la empresa Odebrecht y Petróleos Mexicanos.

SEGUNDO: Se propone a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, la creación de una Comisión Especial para dar seguimiento a las investigaciones del caso Obredecht.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 18 de septiembre de 2018.

Atentamente

Sen. Mauricio Kuri González.

1 Fuente: https://cnnespanol.cnn.com/2017/03/07/en-que-va-el-caso-odebrecht-cronologia-del-escandalo/

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Kuri González. Se turna a la Junta de Coordinación Política.






Se concede el uso de la tribuna al Senador Ángel García Yáñez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a la Conferencia Nacional de Gobernadores a que en esta etapa de transición se pronuncie a favor del Pacto Federal.

El Senador Ángel García Yáñez: Gracias. Con su permiso, señor Presidente. Buenas tardes, compañeras Senadoras ySenadores:

Proposición con punto de Acuerdo para exhortar a la Conferencia Nacional de Gobernadores, mejor conocida como la Conago, para que en esta etapa de transición se pronuncie a favor del Pacto Federal, y para que de manera conjunta con la Cámara de Senadores se organicen foros de consulta para analizar la pertinencia respecto a la figura de los coordinadores estatales anunciada por el Presidente Electo, así como la posible afectación de las atribuciones conferidas a los ejecutivos estatales y al régimen federalista prevaleciente en nuestro país.

El que suscribe, Ángel García Yáñez, Senador de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes consideraciones.

El federalismo es uno de los arreglos políticos más importantes que nos hemos dado como mexicanos y nos remite al nacimiento de la República.

Por tanto, el Estado mexicano y su forma republicana de gobierno no se pueden entenderse ni histórica, ni democráticamente, sin hacer mención al régimen federalista.

El Senado de la República es el garante del federalismo y la soberanía de las entidades federativas; ya que el federalismo sintetiza la esencia, unidad y fortaleza de la nación para impulsar la transformación y el desarrollo del país.

Las y los senadores de la República debemos velar por el diseño federalista, pero siempre bajo el principio de que las partes deben contar con las facultades constitucionales expeditas para intervenir en las determinaciones que incidan en su territorio.

Por lo anterior, en el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional creemos que la propuesta que ha anunciado el Presidente Electo, licenciado Andrés Manuel López Obrador, respecto a nombrar coordinadores estatales mejor conocidos en los medios de comunicación como superdelegados, podría dañar gravemente el federalismo y restablecer un poder centralizado que en nada conviene al desarrollo y modernización de nuestro país.

La concentración de atribuciones y recursos presupuestales en manos de un solo funcionario que representaría la Federación, puede provocar el debilitamiento del régimen federal y colocará a estos funcionarios en tal posición de poder, que pueden llegar a interferir en la relación política que existe actualmente entre los distintos órdenes de gobierno.

Los priístas queremos dejar en claro frente a la nación nuestra oposición a los intentos que busquen dañar al federalismo tal y como pudiera presentarse a través de los superdelegados, ya que consideramos que su propósito es concentrar el poder político y económico para dar sustento a una nueva forma de ejercer la política electoral y clientelar.

Muchos gobernadores ya se han manifestado en contra de esta figura, ya que podría provocar el retraso en la aplicación de recursos federales, así como obstaculizar las facultades que les corresponden exclusivamente a los ejecutivos estatales.

Y un claro ejemplo es el que se ha estado viviendo en Morelos, que ya trae una disputa entre el gobernador electo y el posible superdelegado que han más o menos nombrado una lista de superdelegados en todo el país.

Y es por ello, que las y los Senadores del Partido Revolucionario Institucional nos unimos al legítimo reclamo de los gobernadores para evitar una figura intermedia entre la Federación y las entidades federativas que, en el fondo, busca debilitar a los ejecutivos estatales a partir de un nombramiento que recaerá en una sola persona a la que se concederá facultades de decisión unilateral y de ejecutividad en las aplicaciones de los recursos públicos.

Las y los Senadores que integramos el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ratificamos nuestro absoluto respeto a la soberanía de cada una de las entidades federativas y su determinación de contribuir a una visión compartida de nación.

Por lo anterior expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo.

Primero.- El Senado de la República hace un respetuoso exhorto a todas las fuerzas políticas representadas en el H. Congreso de la Unión a tomar en cuenta dentro de sus actividades parlamentarias el principio del federalismo, considerando el absoluto respeto a la soberanía de cada una de las entidades federativas y su determinación de contribuir a una visión compartida de nación.

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Conferencia Nacional de Gobernadores para que en esta etapa de transición se pronuncie a favor del pacto federal y, para que de manera conjunta con la Cámara de Senadores se organicen foros de consulta.

Tercero y último…

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Terminó su tiempo, Senador.

El Senador Ángel García Yáñez: Termino, señor Presidente.

Tercero.- El Senado de la República hace un exhorto respetuoso tanto al equipo de transición designado por el Presidente Electo, como a la Cámara de Diputados, para que la integración, presentación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2019, se tomen en cuenta principios que promuevan las condiciones de convivencia democrática y colaboración administrativa entre los distintos órdenes de gobierno dentro del Pacto Federal y en el marco de la Ley de Coordinación Fiscal.

Es cuanto, señor Presidente.

Proposición con punto de Acuerdo



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador García Yáñez. Túrnese a la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal.

Sonido en el escaño del Senador Higinio Martínez.

Al Senador Higinio Martínez, no le pusieron sonido, pero lo alcance a escuchar. Dice que quisiera hacer un comentario sobre lo que ha dicho el Senador.

Pero no le puedo dar la palabra para eso, porque el punto no está a discusión.

Sólo le puedo dar la palabra si quiere usted suscribirlo; si no es así, no puedo dar la palabra.

Senador, gracias por apelar a mi sensibilidad, esa se mantiene; pero no le puedo dar la palabra porque el punto no está planteando de urgente resolución.

Sonido en el escaño de la Senadora Minerva Hernández.

La Senadora Minera Hernández Ramos: (Desde su escaño) Gracias, Senador Presidente.

Yo quiero expresar que me sumo a este punto de Acuerdo, toda vez que la Conago surge precisamente a partir del fortalecimiento del pacto federal.

Diversos sectores de la sociedad…

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Le ruego puntualizar nada más su adhesión. Los juicios de valor que haya que hacer los vertimos en la comisión correspondiente.

La Senadora Minera Hernández Ramos: (Desde su escaño) Así es. A favor del federalismo.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senador Julen Rementería. Sonido en su escaño.

El Senador Julen Rementería del Puerto: (Desde su escaño) Para sumarnos también, señor Presidente, a la propuesta que ha hecho el Senador.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador.

Les ruego solamente si es para adherirse.

Le pedimos a la Secretaría que pueda reunir las firmas de los Senadores que han levantado la mano, especialmente del Partido Acción Nacional.

Senadora Xóchitl Gálvez y otros Senadores.

Nos piden que pueda pasar la Secretaría de Asuntos Parlamentarios a reunir las firmas del conjunto de Senadoras y Senadores del grupo parlamentario de Acción Nacional.

Gracias.

Sonido en el escaño del Senador Higinio Martínez, ¿para qué efecto?

El Senador Higinio Martínez Miranda: (Desde su escaño) Para el mismo tema, señor Presidente.

En este y en otros puntos, estamos en un…

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: No hay tema.

El Senador Higinio Martínez Miranda: (Desde su escaño) Permítame. Muy breve.

Estamos en un Parlamento…

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Sí, pero hay ciertas reglas.

El Senador Higinio Martínez Miranda: (Desde su escaño) Lo único que planteo yo es que nadie de ningún grupo parlamentario debería permitir cuando menos tener una oportunidad en una intervención de este tipo, o de otras, de poder hacer un comentario, no puede quedarse nada más así cuando uno considera que puede haber mentiras, falsedades o temor ante un asunto que está existiendo.

Debería de haber esa sensibilidad y darnos una oportunidad, señor Presidente. Sigo pidiendo esa oportunidad de expresar el punto de vista.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Existe la sensibilidad de nuestra parte, pero mi sensibilidad no puede estar por arriba del Reglamento.

Y este punto no está a discusión, estará a discusión cuando haya un dictamen de las comisiones correspondientes y este dictamen llegue al Pleno; o de manera directa en caso de que el Pleno apruebe que se discuta por urgente resolución, cosa que no ha sido ni solicitada ni aprobada por el Pleno.

Puedo compartir con usted muchos puntos de vista, pero no podemos entrar a la discusión de fondo.

Gracias por su comprensión.

Se turna a la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal.

Antes de continuar quiero hacer la siguiente consulta.

En virtud de que han transcurrido más de cuatro horas del inicio de la sesión, y como hemos hecho por Reglamento en cada momento, consulto a esta Asamblea, en votación económica, si continúan los trabajos de la sesión.

Consulte la Secretaría, en votación económica, si es de aprobarse que continúe la sesión.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que continúe la sesión. Quienes estén a favor, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén en contra, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.






Se concede el uso de la palabra a la Senadora Indira Kempis Martínez, para presentar a nombre de los Senadores del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, un punto de Acuerdo por el que la Cámara de Senadores decide tomar medidas para reducir el uso de productos plásticos de un solo uso.

La Senadora Indira Kempis Martínez: Buenas tardes, Senadoras y Senadores.

Con su permiso, señor Presidente.

Este punto de Acuerdo es interno, y me gustaría que todos y todas pusiéramos un poquito de atención porque los actos de coherencia empiezan por los propios hábitos, y los Senadores y las Senadoras de Movimiento Ciudadano hemos concordado que el uso de plásticos, único, como esto que vemos aquí, debemos no solamente reducirlos, ya más adelante quizás presentemos una iniciativa al respecto, pero que deberíamos estar en el entendido de que esto es nocivo, no solamente para el medio ambiente, del que nosotros somos parte, sino también que afecta nuestra salud.

Por lo tanto, las Senadoras y Senadores de Movimiento Ciudadano hacemos una proposición con punto de Acuerdo mediante el cual la Cámara de Senadores decide tomar medidas para reducir el uso de plástico de un solo uso.

¿Por qué?

Pues no solamente por nosotros mismos, sino porque 311 millones de toneladas de plástico al año son las que se producen a nivel mundial, México se encuentra en el lugar número 12 como consumidor de este producto, donde cada mexicano consume en promedio 48 kilos, en cuanto a su producción en nuestro país se ha visto aumentada en casi 60 por ciento durante los últimos cinco años, representando un total del 2 por ciento a nivel mundial.

No se diga así también de las bolsas de plástico, 650 bolsas por persona en el mismo periodo en México.

En un acto de coherencia, que por cierto felicito a todas las Senadoras y Senadores que han traído sus termos, bien, Xóchitl, y levantan los termos, por entender las afectaciones de esto.

Entonces, el punto de Acuerdo es:

“La Cámara de Senadores de la República decide restringir al máximo el uso y la adquisición de productos plásticos de un solo uso, por lo que instruye a la Secretaría General de Servicios Administrativos que tome las medidas necesarias para reducir la compra y el uso de vasos, platos, bolsas, botellas y cualquier otro plástico desechable de un solo uso, al tiempo que implemente las medidas necesarias para la adquisición de productos biodegradables o de fácil descomposición y se diseñen mejores prácticas para el reciclado de desechos.”

Empecemos por nuestro lugar de trabajo, hagamos ese acto de coherencia, y aunque esto no fue registrado como de urgente resolución, le solicito, señor Presidente, se someta a consideración del Pleno si se considera de urgente resolución, para que de una vez terminemos con este tema.

Es cuanto, señor Presidente.

Proposición con punto de Acuerdo



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senadora, el asunto no se solicitó formalmente de esa manera, lo que queremos hacer es darle turno a la propia Mesa Directiva para que ésta lo resuelva inmediatamente en su siguiente reunión, que ocurrirá antes de la sesión ordinaria del jueves, de tal forma que pueda tener una atención expedita y pronta.

La Senadora Indira Kempis Martínez: Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Indira Kempis Martínez.

Sonido en el escaño del Senador Emilio Álvarez Icaza. ¿Con qué objeto, Senador?

El Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria: (Desde su escaño) Dada la importancia de eso, quiero sumarme, me parece vital que el Senado marque un mensaje poderoso de cambio.

Gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Estamos sumados. Gracias, Senador.

Los Senadores Miguel Ángel Mancera, Juan Zepeda y el Senador del grupo parlamentario del PRD también se suman a esta propuesta.

Muchas gracias, Senadores.

Tiene ahora, ¿sobre esto mismo, Senadora Malú?

Sonido en el escaño de la Senadora Malú Micher.

La Senadora Martha Lucía Micher Camarena: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

A nombre del grupo parlamentario de Morena nos sumamos también, por favor, al punto de Acuerdo presentado por nuestra compañera que acaba de tomar la palabra.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.

Senadora Nuvia Mayorga. Sonido en su escaño, por favor.

La Senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado: (Desde su escaño) También la fracción del partido del PRI se suma a esta propuesta.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.

La fracción de Morena, la fracción del PRI se suman también.

También la Senadora Xóchitl Gálvez se suma, y toda la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional.

La fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista también se suma a esta propuesta.

Les agradecemos mucho.






Tiene el uso de la tribuna el Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un punto de Acuerdo por el que se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019 se dupliquen los recursos destinados a la educación superior.

El Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán: Con su venia, señor Presidente.

Compañeros y compañeras Senadores:

Para mí es un gusto utilizar el día de hoy esta tribuna para referirme a un problema que se ha generado en las universidades de nuestro país.

Muchas veces decimos que en los jóvenes está el futuro de nuestro país, pero creo que nos equivocamos cuando hacemos esa afirmación.

El presente de nuestro país ya está en los jóvenes y, sobre todo, en los jóvenes universitarios.

México es una fuente de talento, México es normalmente exportador de talento, de cerebros a otros países, y es gracias a las universidades que forman a esos jóvenes, de los cuales México debe sentirse orgulloso.

Al final debemos comprender que es más caro y menos efectivo destinar recursos para mantener a una persona recluida en un centro penitenciario; es más barato y mucho más efectivo destinar recursos a la educación de los jóvenes universitarios; es más barato un libro que una pistola; es más barato pagar, como decía, la educación universitaria de un joven que mantenerlo en un reclusorio.

La educación a muchos de nosotros, que tuvimos esa oportunidad, nos abrió, fue una puerta para llegar a la felicidad. No cerremos ahora a los jóvenes esa puerta, que es una oportunidad, porque al estársela cerrando a ellos, ellos quedan fuera y damos pie a que el crimen, a que la delincuencia organizada los haga presas.

Es momento, además, nosotros vimos un fenómeno muy especial en estas últimas elecciones.

El grupo mayoritario en esta Cámara tiene que ser sensible a ello porque muchos de los jóvenes universitarios votaron por un cambio, no debemos de defraudarlos, todos los partidos, independientemente de la ideología partidaria que tengamos, debemos unirnos porque en los jóvenes está el éxito de nuestro país.

Es increíble que este problema económico que están pasando las universidades, tenga 35 años en riesgo y que se ha agravado la situación en los dos últimos años.

No podemos continuar así.

Por ello, el grupo parlamentario del PRD hace, a través de este punto de Acuerdo, una amable solicitud a la Cámara de Diputados del Congreso General, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2019, se dupliquen los recursos que son destinados a la educación superior.

Hace unos días en las instalaciones de este Senado acudió el Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el Doctor Gustavo Urquiza, y nos planteó la situación tan grave que está ocurriendo no sólo en esa universidad, sino en muchas otras universidades que ahorita voy a mencionar.

Pero en el estado de Morelos imaginen la gravedad, que más de seis mil trabajadores, entre docentes y administrativos, no se les pudo realizar el pago debido a que no hay recursos para hacerlo.

Si nosotros vemos esas cifras, como las miles de cifras que se han mencionado ya aquí, nosotros lo vemos de una manera abstracta, pero no lo debemos hacer así.

En cada persona debemos entender que tiene un rostro, que tiene una familia que se está viendo afectada por esta situación.

La carencia de recursos también, en esta sola universidad, afecta a 43 mil universitarios.

No podemos ser insensibles como Senado.

Muchas veces los universitarios no tienen voz en este lugar, muchas veces los  ignoramos porque creemos que son revoltosos, que son personas agresivas, pero no es así.

Ya nos han dado muestras los universitarios de la pasión y el amor que tienen por nuestro país y nosotros debemos de corresponderles.

Les voy a dar las cifras nada más del déficit que tienen algunas universidades, por ejemplo, Morelos, mil 682 millones de pesos ya en este ejercicio.

Chiapas, 2 mil 322 millones.

El Estado de México, en una situación similar.

Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Zacatecas.

Para que entendamos la gravedad de esta situación, pues les estamos destinando a los jóvenes, por joven universitario, estamos destinando el recurso que antes se destinaba en el 2009, es decir, nueve años después les estamos destinando el mismo recurso per cápita por estudiante.

Eso no puede ser, les estamos destinando actualmente, en sus escaños en su monitor tienen unas tablitas, les estamos destinando 51 pesos anuales por estudiante, mientras a un reo le destinamos más de 60 mil pesos.

¿Cómo es posible que estemos destinando más a los reos, a quienes cometieron un crimen que a nuestros jóvenes estudiantes?

Por eso, ya para concluir, solicito que se apruebe el punto de Acuerdo, en su momento sea destinado o dirigido a la comisión correspondiente para que este Senado solicite respetuosamente a la Honorable Cámara de Diputados del Congreso General, que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal 2019, se dupliquen los recursos económicos destinados a la educación superior que en este ejercicio son de 119 mil millones de pesos.

Muchas gracias, señor Presidente.

Proposición con punto de Acuerdo



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Zamora Guzmán. Túrnese a la Cámara de Diputados, por tratarse de un tema presupuestal.






Se concede el uso de la tribuna, al Senador Alejandro González Yáñez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a rebajar el costo del peaje en las Casetas de las Carreteras Durango-Mazatlán y Durango-Gómez Palacios.

El Senador Alejandro González Yáñez: Las carreteras en México eran caras, y con el reciente aumento, son ahora más caras.

Eran muchos y parió la abuela.

Con la venia de la Presidencia; Senadoras y Senadores:

Con el nuevo incremento en costo del peaje en cinco tramos administrados por Capufe el pasado 6 de septiembre, se ha dado un nuevo golpe a la economía de los ciudadanos y se demuestra que la paraestatal no tiene en consideración los efectos que estas decisiones acarrean.

En el presente sexenio, el aumento ha sido del 28 por ciento provocando, una constante afectación al bolsillo del pueblo.

En este momento se está dando un debate nacional sobre la bancarrota o no de la economía.

Realmente hay dos economías, la economía de los privilegiados que no está en bancarrota y la economía del pueblo que sí está en bancarrota.

Los indicadores macroeconómicos señalan estabilidad arriba y los indicadores microeconómicos señalan inestabilidad abajo.

En el caso que nos preocupa, la llamada Súper Carretera a Durango-Mazatlán ha sufrido un aumento del 12 por ciento y ahora costará 601 pesos, lo que es desmesurado para recorrer sus 230 kilómetros. Casi 3 pesos por kilómetro.

Nunca se había visto que se tenga que pagar por atravesar baches, derrumbes.

Además en una súper carretera que es un macrofraude. Inicialmente el presupuesto de su construcción de su construcción eran 10 mil millones de pesos.

Terminó en 38 mil millones de pesos, al más puro estilo del “peñato”, del robo, del saqueo porque no llenan, Peña y sus secuaces, parásitos del poder, ladrones, asaltantes.

Son verdaderos delincuentes, porque además hay que señalar, que es hora que no indemnizan a los campesinos afectados, al más puro estilo de la acumulación originaria del capital, este gobierno opera bajo la consigna de “matanga dijo la changa”.

Lo bueno de Peña Nieto es que ya se va, pero nos deja una herencia y un legado de tragedia para nuestro pueblo.

Está demostrado que elevar el costo de las casetas es traduce en un aumento de precios en el transporte de las mercancías y en el traslado de los pasajeros, generándose una inflación silenciosa para unos y una inflación escandalosa para otros.

El punto de Acuerdo que ponemos a su consideración es el siguiente:

El Senado de la República exhorta a Capufe para que proceda a rebajar el costo del peaje en las casetas de las carreteras Durango-Mazatlán y Durango-La Laguna, las cuales dependen de su administración.

Muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador González Yáñez. Túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

Sonido en el escaño de la Senadora Margarita Valdez.

La Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Para sumarme a la propuesta del Senador Gonzalo Yáñez en apoyo al estado de Durango.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.

Pido a la Secretaría anote esta adhesión de la Senadora de Morena, Margarita Valdez.

Sonido en el escaño del Senador Juan Quiñonez Ruiz.

El Senador Juan Quiñones Ruiz: (Desde su escaño) Para sumarme también a esta propuesta.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Pido se anote esta adhesión del Senador de Movimiento Ciudadano, Juan Quiñonez.






En la segunda ronda de proposiciones, tiene el uso de la palabra el Senador Cristóbal Arias Solís, para presentar a nombre propio y del Senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido Morena, un punto de Acuerdo que exhorta al Poder Judicial de la Federación a aplicar medidas de austeridad republicana en el ejercicio de su presupuesto.

El Senador Cristóbal Arias Solís: Gracias, señor Presidente. Senadoras y Senadores:

Proposición con punto de Acuerdo presentada por los Senadores Ricardo Monreal Ávila y Cristóbal Arias Solís, por el que se exhorta al Poder Judicial de la Federación a aplicar medidas de austeridad republicana en el ejercicio de su presupuesto, que suscribe el Senador Ricardo Monreal Ávila, integrante del grupo parlamentario de Morena, de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 65, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes consideraciones:

En el Senado de la República aprobamos recientemente el Acuerdo mediante el cual se establecen criterios y medidas de austeridad presupuestal, dirigidos principalmente al ahorro y uso eficiente de recursos públicos. Ello en el marco de la nueva cultura de austeridad republicana que impulsa Morena para la Administración Pública Federal, y que desde el año 2013 ha venido planteando cuando se propuso recortar los salarios de los altos funcionarios.

Ya en el proyecto de Ley de Austeridad Republicana presentado por Morena durante la pasada Legislatura, se formuló el propósito de reorientar el destino de los recursos públicos hacia una mejor utilización, en beneficio del desarrollo nacional y de los mexicanos.

La sociedad nos exige una verdadera racionalización del gasto público, y esta demanda se debe traducir a la realidad presupuestal de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como de los organismos que gozan de autonomía constitucional; no es esta una simple idea, sino la aspiración firme de que logremos evitar el derroche de recursos que ha venido ofendiendo a nuestra sociedad.

Los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México se administrarán con eficiencia, economía, transparencia, honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Es de todos conocido que en el próximo gobierno federal, que será encabezado por el Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador, así como en las Cámaras Legislativas, en donde Morena es mayoría, ya se realizan importantes presiones en materia de austeridad republicana en cuanto al ejercicio de recursos materiales, humanos, financieros, de lo cual es muestra este Senado de la República, como ya se ha mencionado.

No obstante, vemos con preocupación en lo que toca al Poder Judicial de la Federación, estas medidas aún no se ven reflejadas en los recursos públicos asignados al mismo, cuyo presupuesto de Egresos para el año 2018 ascendió a más de 71 mil millones de pesos.

Así un gran número de funcionarios del mencionado poder gozan actualmente de una gama de ingresos y beneficios como los que se anuncian a continuación, según está contenido en el Diario Oficial de la Federación, acuerdo por el que se autoriza la publicación del manual que regula las remuneraciones de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, 27 de febrero de 2018.

1.- Sueldo Base.

2.- Compensación Garantizada o de Apoyo.

3.- Sueldo Básico.

4.- Prestaciones Nominales.

5.- Sueldo Tabular.

6.- Percepciones Ordinarias.

7.- Percepciones Extraordinarias.

8.- Seguro de Vida Institucional.

9.- Seguro Colectivo de Retiro.

10.- Seguro de Gastos Médicos Mayores.

11.- Seguro de Separación Individualizada.

12.- Aguinaldo.

13.- Ayuda de Gastos Funerales.

14.- Ayuda por incapacidad médica permanente.

15.- Ayuda de Anteojos.

16.- Estímulo por Antigüedad.

17.- Estímulo por Jubilación.

18.- Licencia Prejubilatoria.

19.- Pago de Defunción.

20.- Prima Vacacional.

21.- Prima Quinquenal.

22.- Asignaciones Adicionales.

23.-. Ayuda al Personal Operativo.

24.- Pago por Riesgo.

25.- Ayuda por Jornadas Electorales.

26.- Reconocimiento Especial.

27.- Ayuda de Despensa.

28.- Estímulo con motivo del Día de la Madre.

29.- Estímulo del Día del Padre.

30.- Fondo para Reserva Individualizada.

31.- Pago de Horas Extraordinarias.

32.- Apoyos a la Capacitación.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Concluya, Senador, por favor.

El Senador Cristóbal Arias Solís: Le ruego me permita concluir, señor Presidente, unos minutos más.

Podemos mencionar más de mil 400 plazas de magistrados de circuito y jueces federales que se encuentran ocupadas actualmente, quienes llegan a sumar remuneraciones brutas superiores a los 300 mil pesos mensuales entre el denominado sueldo tabular, prestaciones, seguros, fondos referidos con anterioridad, lo cual se divide en los siguientes rubros:

Concepto: Sueldo tabular, 212 mil 340 para el magistrado de circuito.

192 mil 157 para el juez de distrito.

Prestaciones de ley.

38 mil 425 para magistrado de circuito.

34 mil 613 para el juez de distrito.

Pago por riesgo, 60 mil.

Al magistrado de circuito, 53 mil.

Juez de distrito.

Seguros a la persona, 5 mil 945.

Fondos de ahorro.

28 mil 369, magistrados de circuito.

25 mil 470, juez de distrito.

Bueno, total mensual, un magistrado de circuito 351 mil 709.

Un juez de distrito 318 mil 173.

Además de los anteriores ingresos, advertimos que los funcionarios judiciales en mención cuentan con otros apoyos derivados del rubro de condiciones de trabajo que contempla servicios de comunicación móvil, gastos de alimentación, vales de gasolina, servicios médicos, por citar algunos, que constituyen ingresos anuales que rondan los 4 millones de pesos, como se detalla a continuación:

Concepto total bruto anualizado.

Un magistrado de circuito, 4 millones 220 mil 508 pesos.

Juez de distrito, 3 millones 818 mil 76.

Condiciones de trabajo, 216 mil 742.

Juez magistrado de circuito y juez de distrito, 180 mil 370.

Gran total anualizado.

Un magistrado de circuito, 4 millones 437 mil 250 pesos.

Un juez de distrito, 3 millones 998 mil 446.

Estamos hablando en conjunto, los sueldos de magistrados de circuito y jueces federales implican una erogación superior a los 8 mil…

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Ruego, pueda concluir, Senador.

Su tiempo ha concluido ya.

El Senador Cristóbal Arias Solís: Concluyo ya, en un momento concluyo.

Si consideramos el gasto, por ejemplo, también en plazas como las de choferes de funcionarios del Poder Judicial de la Federación, suman más de mil 400 las ocupadas que alcanzan prácticamente los 40 mil pesos mensuales cada una, con lo que se arriba a una remuneración bruta por cada uno de estos empleados y tomando en cuenta todas sus prestaciones de más de 608 mil pesos al año por chofer y en total es una cifra que alcanza los 900 millones de pesos al año como se demuestra en el cuadro que se adjunta a esta proposición con punto de Acuerdo.

Termino.

Punto de Acuerdo

Primero.- El Senado de la República, con pleno respeto a su autonomía, exhorta al Poder Judicial de la Federación para que en el ejercicio de sus facultades, realice los ajustes que sean posibles al gasto presupuestado para el ejercicio fiscal 2018 y, en su caso, considere una propuesta racional para el correspondiente al año 2019.

En el mismo sentido, que implemente criterios y medidas de austeridad para los años subsiguientes que incluyan, entre otros, racionalización de los recursos públicos, disminución de gastos y prestaciones excesivas que no sean inherentes al cargo y necesarias para el debido cumplimiento de la función jurisdiccional.

Segundo.- Hacer un auténtico ejercicio de autorreflexión y moderación frente a la emergencia económica que vive México, no se puede seguir teniendo a un pueblo en la pobreza con jueces, magistrados, ministros y gobernantes que viven en la opulencia y los privilegios.

Tercero.- Finalmente, impulsar todas y todos quienes constituimos y realizamos alguna función pública en los Poderes de la Unión, organismos autónomos, congresos locales y universidades públicas y gobiernos estatales, la austeridad y sobriedad como auténtica política de Estado.

Muchas gracias, señor Presidente.

Disculpe que haya abusado del tiempo.

Muchas gracias por su paciencia.

Proposición con punto de Acuerdo



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Arias Solís. Túrnese a la Comisión de Justicia.

Rogamos a los Senadores circunscribirse al tiempo que se ha acordado para las intervenciones, de tal forma que podamos desahogar el máximo de proposiciones con punto de Acuerdo posibles.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado a crear una comisión especial para dar seguimiento al ejercicio de los ingresos del gobierno federal provenientes de los recortes presupuestales y medidas de austeridad.

La Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado: Gracias, señor Presidente.

“Un ámbito inviolable es la honestidad. En la gestión púbica significa transparencia y rigor en la austeridad y la conducta. El tema del honor no admite duda. No hay sitio para ambigüedades”.

Desde el inicio de su campaña electoral, Andrés Manuel López Obrador anunció una serie de medidas conocidas como “austeridad republicana”, cuyos objetivos son: reducir el gasto corriente, bajar los sueldos de altos funcionarios públicos, cancelar las pensiones de los ex presidentes, suprimir gastos como médicos privados, entre otros aspectos.

En este contexto, se han tomado algunas medidas concretas y se han realizado diversos anuncios de futuras acciones. Por citar un ejemplo de las acciones consumadas ya en las Cámaras del Congreso de la Unión, se han realizado recortes presupuestales así como despido de personal, con el fin de disminuir el gasto. En cuanto a las acciones por venir, a partir de diciembre de este año, al iniciar oficialmente el nuevo gobierno, se realizarán recortes al gasto similares en la Administración Pública Federal.

En este tenor, el equipo de transición del Presidente Electo y algunos legisladores, han declarado en diversos medios de comunicación que con las políticas de austeridad que pretenden implementar, la reducción de sueldos y prestaciones públicas se generaría un ahorro de cerca de 14 mil 786 millones de pesos; y que abarcando recortes presupuestales se proyecta un ahorro de hasta 90 mil 15 millones de pesos.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, las principales fuentes de ingreso para el gobierno federal por concepto de impuestos, se espera recaudar: por concepto de Impuesto Sobre la Renta 1.56 billones de pesos, por concepto de Impuesto al Valor Agregado 876 millones de pesos, por concepto de Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, un monto de 421 mil millones de pesos, y por ingresos de organismos y empresas 1.19 billones de pesos.

Los recortes al gasto se empezaron a realizar desde este mes, por lo que en teoría se disminuirán los gastos, pero no los ingresos por impuestos y otros productos referidos en el párrafo precedente. Es decir, el gobierno federal seguirá recibiendo ingresos por los impuestos referidos y los ingresos por organismos y empresas. En consecuencia, es necesario que esos recursos ahorrados sean distribuidos y ejecutados con absoluta transparencia.

En congruencia con la propuesta contenida en nuestra plataforma electoral, consideramos que es necesario mejorar la distribución directa de lo recaudado entre los diferentes organismos de gobierno federal, estatal y municipal con mecanismos adecuados de control, transparencia sobre el origen del ingreso y destino de los gastos, y claro, una rendición de cuentas, manteniendo una coordinación fiscal efectiva y eficaz.

Las y los Senadores del grupo parlamentario del PAN, estamos convencidos de que es necesario que desde el Poder Legislativo se dé seguimiento puntual al ejercicio de los ingresos que obtiene el gobierno federal. Concretamente, desde el Senado, podemos crear una comisión especial cuyo objetivo sea dar seguimiento al ejercicio de los ingresos del gobierno federal provenientes de los recursos presupuestales y medidas de austeridad.

El marco jurídico del Congreso faculta a la Cámara de Senadores para contar con el número de comisiones ordinarias y especiales que requiera para dar cumplimiento a sus funciones.

Históricamente, el Partido Acción Nacional ha propuesto y buscado múltiples medidas de austeridad, por lo que en el fondo, compartimos los motivos de la llamada “austeridad republicana”, sin embargo, estamos convencidos de que es necesario acompañar las buenas intenciones con acciones concretas.

Como lo dice la sabiduría popular: “De buenas intenciones está empedrado el camino hacia el infierno”.

Es por esto que proponemos el siguiente:

Punto de Acuerdo

Se exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, a crear una comisión especial para dar seguimiento al ejercicio de los ingresos del gobierno federal provenientes de los recortes presupuestales y medidas de austeridad.

A nombre del grupo parlamentario del PAN, Senadora Martha Márquez.

Muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo

MARTHA CECILIA MÁRQUEZ ALVARADO, Senadora de la República integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8, numeral 1, fracción II; y 276 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, A CREAR UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO AL EJERCICIO DE LOS INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL PROVENIENTES DE LOS RECORTES PRESUPUESTALES Y MEDIDAS DE AUSTERIDAD. Lo anterior, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

“Un ámbito inviolable es la honestidad. En la gestión pública significa transparencia y rigor en la austeridad y la conducta. El tema del honor no admite duda. No hay sitio para ambigüedades”.

Desde el inicio de su campaña electoral, Andrés Manuel López Obrador anunció una serie de medidas conocidas como “austeridad republicana”, cuyos objetivos son.1 reducir el gasto corriente, bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos, cancelar las pensiones a los expresidentes, suprimir gastos médicos privados, entre otros aspectos.

En ese contexto, se han tomado algunas medidas concretas y se han realizado diversos anuncios de acciones futuras. Por citar un ejemplo de las acciones consumadas, en las Cámaras del Congreso de la Unión se han realizado recortes presupuestales así como despido de personal, con el fin de disminuir el gasto. En cuanto a las acciones por venir, a partir de diciembre de este año al iniciar oficialmente el nuevo gobierno, se realizarán recortes al gasto similares en la administración pública federal.

En este tenor, el equipo de transición del Presidente electo y algunos legisladores, han declarado en diversos medios de comunicación que con las políticas de austeridad que pretenden implementar, la reducción de sueldos y prestaciones de servidores públicos se generaría un ahorro de cerca de 14 mil 786 millones de pesos,2 y que abarcando recortes presupuestarios, se proyecta un ahorro de hasta 90 mil 15 millones de pesos.3

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018, las principales fuentes de ingreso para el gobierno federal por concepto de impuestos, se espera recaudar4 por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) 1.56 billones de pesos; por concepto de Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) 876 mil millones de pesos; por concepto de Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) un monto de 421 mil millones de pesos; y, por ingresos de Organismos y Empresas 1.19 billones de pesos.

Los recortes al gasto se empezaron a realizar desde este mes, por lo que en teoría se disminuirán los gastos pero no los ingresos por impuestos y otros productos referidos en el párrafo precedente. Es decir, el gobierno federal seguirá recibiendo ingresos por los impuestos referidos y los ingresos de Organismos y Empresas. En consecuencia, es necesario que esos recursos “ahorrados” sean distribuidos y ejecutados con absoluta transparencia.

En congruencia con la propuesta contenida en nuestra Plataforma Electoral,5 consideramos que es necesario “mejorar la distribución directa de lo recaudado entre los diferentes órganos de gobierno (federal, estatal y municipal), con mecanismos adecuados de control, transparencia sobre el origen del ingreso y el destino de los gastos, y rendición de cuentas, manteniendo una coordinación fiscal efectiva y eficaz”.

Las y los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, estamos convencidos de que es necesario que desde el Poder Legislativo se dé seguimiento puntual al ejercicio de los ingresos que obtiene el gobierno federal. Concretamente, desde el Senado, podemos crear una Comisión Especial cuyo objetivo sea dar seguimiento al ejercicio de los ingresos del gobierno federal provenientes de los recortes presupuestales y medidas de austeridad.

El marco jurídico del Congreso faculta a la Cámara de Senadores para contar con el número de comisiones ordinarias y especiales que requiera para el cumplimiento de sus funciones (Artículos 85 y 87 de Ley Orgánica del Congreso General de los EUM). En el mismo sentido, los artículo 119 a 121 del Reglamento del Senado de la República establecen que se crean comisiones especiales para conocer exclusivamente de una materia o desempeñar un encargo específico. Añade el artículo 119 que las Comisiones Especiales se crean por acuerdo del Pleno a propuesta de la Junta de Coordinación Política.

Históricamente, el Partido Acción Nacional ha propuesto y buscado múltiples medidas de austeridad, por lo que en el fondo compartimos los motivos de la llamada “austeridad republicana”. Sin embargo, estamos convencidos que es necesario acompañar las buenas intenciones con acciones concretas.

Compañeras y compañeros Senadores: por ello proponemos que las medidas de austeridad del nuevo gobierno, sean acompañadas por el Senado de la República mediante la creación de la Comisión Especial que sometemos a su consideración.

Como dice la sabiduría popular: “de buenas intenciones está empedrado el camino hacia el infierno”, no basta la buena voluntad nada más, lo importante en este caso, es dar seguimiento al uso y destino de ese recurso que se seguirá percibiendo por parte del Gobierno Federal y que se reasignará en otras partidas presupuestales. Para Acción Nacional la transparencia y la rendición de cuentas son parte fundamental de nuestra agenda legislativa. Por lo que velaremos por el adecuado uso del gasto sin permitir la discrecionalidad.

Por todo lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, a crear una Comisión Especial para dar seguimiento al Ejercicio de los Ingresos del gobierno federal provenientes de los recortes presupuestales y medidas de austeridad.

Atentamente

Salón de sesiones del Senado de la República, el 18 de septiembre de 2018.

Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado.

1 https://lopezobrador.org.mx/2016/11/20/lineamientos-basicos-del-proyecto-alternativo-de-nacion-
2018-2024-anuncia-amlo/

2 Con información de http://www.nacion321.com/elecciones/7-recortes-con-los-que-amlo-busca-
alcanzar-la-austeridad-republicana

3 Con información de http://www.nacion321.com/elecciones/7-recortes-con-los-que-amlo-busca-
alcanzar-la-austeridad-republicana

4 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIF_2018_151117.pdf

5 Coalición por México al Frente. Plataforma Electoral 2018.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Márquez Alvarado. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.






Tiene el uso de la palabra el Senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un punto de Acuerdo por el cual se exhorta a incluir en la política nacional en materia de sanidad animal, medidas para la preservación de las abejas.

El Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Con su permiso, señor Presidente. Estimadas amigas, Senadoras y Senadores:

En una sesión importante donde hemos hablado de temas tan importantes: la austeridad, el control presupuestal, la vigilancia del uso de los recursos, los exhortos a los otros poderes, créanme que pensé varias veces venir a exponerles este asunto, no lo haría, si no hubiera concluido que es extraordinariamente importante, nada más y nada menos se trata del fin del mundo.

Exageras, mi querido Ramírez Marín, sí.

Generalmente, cuando se tratan estos asuntos, todos pensamos que estamos exagerando.

El Presidente de la aún más poderosa nación del mundo dice que el cambio climático no existe; y la nación más industrial del mundo se niega a tomar medidas para disminuir el efecto del cambio climático, seguramente porque piensa que es más importante saciar el hambre de más de mil millones de personas, que el futuro de 7 mil millones de personas. Ese es el tema con las abejas.

Nada más y nada menos, que la posibilidad de que nuestra especie deje de existir, y ojalá fuera a dejar de existir en un solo momento, como podría ocurrir en un evento nuclear, pero no, será una secuencia de sufrimiento lento y prolongado.
Primero vendrá el hambre, y después las guerras propiciadas por el hambre, y todo esto debido a una sola especie: las abejas.

Increíble, usar la tribuna para hablar de las abejas.

En primer lugar, se los debo.

En segundo lugar, estoy convencido, y lo voy a hacer cuantas veces sea necesario, hasta que el Poder Legislativo decida, como han hecho en otros países, tomar medidas radicales para la preservación de las abejas, de los apicultores, de la apicultura.

Hasta que no estemos totalmente convencidos que sin abejas no vamos a tener futuro. Y no hay abejas sin apicultores, no hay abejas sin apicultura.

El 70 por ciento de los alimentos que consumimos dependen de la polinización. Y la realidad hoy, declarada por la FAO, es que se ha extinguido el 35 por ciento de los invertebrados, principalmente las abejas que fomentan la polinización.

Otros países han tomado ya medidas radicales, específicamente la prohibición de determinados plaguicidas.

Claro, estamos expuestos a dos cosas. Nosotros creemos más en la inmediatez, incluso del Poder Legislativo, o particularmente en el Poder Legislativo, los asuntos que están en los medios suelen ser más importantes para los legisladores, y las abejas, pues, no han podido luchar mucho para aparecer en los medios.

Si se estuvieran extinguiendo las vacas, créanme, ya hubiéramos tomado medidas radicales.

Pero se extingue una especie, que en un solo evento en el estado de Quintana Roo, un solo error técnico ocasionó la muerte de millones de abejas, 42 mil familias en México dependen de la apicultura, dependen de las abejas.

Curiosamente en la Península de Yucatán se concentra casi el 35 por ciento de esas familias.

Curiosamente el riesgo ambiental en la Península de Yucatán es, quizás, uno de los mayores en el país, sobre todo en Quintana Roo y en la selva baja de Yucatán.

Amigos, sí es importante hablar de las abejas.

Me he permitido distribuirles el punto de Acuerdo, y deliberadamente no pedir que sea de urge resolución, porque lo que espero, es que antes de que ustedes decidan firmar el punto que les distribuimos, haya una larga reflexión, y si se puede, una conversación con los productores de miel de sus estados.

Les van a decir: “Que esto que estamos señalando hoy es cierto, están desapareciendo las abejas”.

Los mayas, generalmente conocidos por su sabiduría, usaban una sola palabra para designar miel y abeja. La miel era un premio, un regalo que la naturaleza las concebía, que los dioses le concebían.

Miel abeja, dicen: “Cab”.

Pero qué curioso, la otra significación de “Cab” es, en maya, pueblo, comunidad.

El ejemplo de las abajas era el ejemplo de sus comunidades. Nosotros no hemos sido capaces de identificarlo.

Espero que estas modestas abejas sean un pequeño llamadito de atención a su conciencia, y espero que todos firmen el punto de Acuerdo y lo aprobemos muy rápido.

Muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo



PRESIDENCIA DEL SENADOR
RAFAEL MORENO VALLE ROSAS

El Presidente Senador Rafael Moreno Valle Rosas: Gracias, Senador Ramírez Marín. Túrnese a la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.






Tiene el uso de la tribuna la Senadora Verónica Delgadillo García, para presentar a nombre de los Senadores del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, un punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer a la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

La Senadora Verónica Delgadillo García: Con el permiso de la Presidencia. Senadoras y Senadores. Señoras y señores:

Uno de los mensajes más poderosos que nos mandaron los mexicanos y las mexicanas en el pasado proceso electoral, se refiere al gran hartazgo que tienen todos frente a los casos de corrupción y de impunidad, de la peor generación de políticos que ha tenido la historia reciente de nuestro país.

El caso de Rosario Robles es uno de estos casos, porque miren nada más, que Rosario ha sido la titular de dos de las Secretarías más importantes de este gobierno: de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de nuestro país. Y lo peor de todo, es que a su paso por estas dos Secretarías, ha dejado mucho qué desear.

La Auditoría Superior de la Federación ha encontrado desvíos y mal manejo de más de 4 mil millones de pesos, del dinero de todos los mexicanos. Nada más para que tengan una idea de la cantidad que hablo, es prácticamente el doble de presupuesto que recibe la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cada año.

Y lo más grave de esto es, como ya lo dije, es la impunidad, porque en cualquier otro país, Rosario Robles ya no sería una funcionaria pública, ya estaría enfrentando las investigaciones y enfrentando a la justicia, pero en este país, este gobierno ha decidido defenderla, defenderla cuando fue Secretaria de Desarrollo Social, y que en su programa estrella, que era la Cruzada Nacional Contra el Hambre, se demostró que no había cumplido sus objetivos y que había fraude detrás.

Cuando también Mexicanos en Contra de la Corrupción y Animal Político demostraron que era cómplice del desvío que se hizo en Sedesol, de lo que se le llamó: “La Estafa Maestra”, y también fue lo mismo en Sedatu, donde, a pesar de los señalamientos por mil 700 millones de pesos, los señalamientos de un manejo de 700 millones de pesos en efectivo y triangulados para ser desviados, que grupo Reforma denunció, la siguen defendiendo.

Y aquí hay alguien que dice: “Que se necesita ir al fondo de las cosas”. Eso es lo que hizo grupo Reforma, esto es lo que hizo Animal Político y Mexicanos en Contra de la Corrupción, ir al fondo, porque en este país, lamentablemente nuestras instituciones no investigan de fondo, no ponen frente a la justicia a aquellos que le han fallado a nuestro país.

Por eso nosotros, en Movimiento Ciudadano, estamos convencidos que tenemos que alzar la voz a todos aquellos que han saqueado el dinero público y que han trabajado de espaldas a los mexicanos.

Por eso el día de hoy presentamos un exhorto en el que le vamos a tomar la palabra a Rosario Robles para que venga a comparecer, para que sea investigada, para que hable de frente a las mexicanas y a los mexicanos, y nos explique dónde están esos 4 mil millones de pesos.

Miren, aprovechando que tengo tiempo, quiero cerrar mi participación retomando una de las demandas que esta mañana hicimos los Senadores de Movimiento Ciudadano, y que acompaña a una demanda que han tenido millones de mexicanos por los últimos años, porque en este Senado tenemos congelada la minuta para eliminar el fuero.

Ese escudo protector que permite que políticos corruptos se salgan con la suya, que permite que Roberto Sandoval, Rodrigo Medina, Javier Duarte, César Duarte, no enfrenten la justicia.

Por eso, yo le quiero decir al Presidente Electo y a mayoría de Morena, que Elba Esther Gordillo no es un chivo expiatorio, que Rosario Robles no es un chivo expiatorio que Javier Duarte no es un chivo expiatorio.

Y hoy les quiero decir que este país no puede aguantar más, y que si en verdad le quieren cumplir al pueblo, lo repetimos, aquí están los votos de Movimiento Ciudadano para sacar adelante esa minuta y eliminar, de una vez por todas, el fuero, para llevar a todos aquellos políticos corruptos a enfrentar la justicia.

Es cuanto.

Proposición con punto de Acuerdo

Los suscritos, Senadores del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en los Artículos 8, Numeral 1, Fracción II, Y 276 Numeral 1, Fracción I del Reglamento Del Senado De La República, sometemos a consideración la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL SENADO DE LA REPÚBLICA CITA A COMPARECER A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Rosario Robles Berlanga ha sido titular en dos Secretarías de estado, y en ambas ocasiones la Auditoria Superior del Estado ha encontrado irregularidades graves en el manejo de recursos públicos por miles de millones de pesos.1

El 11 de septiembre de este año se dio a conocer que “de los mil 900 millones asignados a ambas secretarías para financiar proyectos a 76 empresas, 708 millones de pesos se destinaron en efectivo a una red de oficinas y compañías fantasmas a través de un intrincado sistema de depósitos”.2

Las auditorías realizadas por parte de la ASF a los recursos ejercidos durante 2014 y 2015 revelan que “tanto Sedesol como Sedatu simularon contratos con Radio y Televisión de Hidalgo (RTH), el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SCSI), la Televisora de Hermosillo (Telherm) y la Universidad Politécnica de Quintana Roo (UPQROO) para operar el desvío millonario.”3

A los anteriores hallazgos se suma que, durante su encargo como Secretaria de Desarrollo Social, la mencionada funcionaria también fue señalada como una de las principales responsables de la llamada “Estafa Maestra”, donde se llegaron a detectar “contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos y de este dinero no se sabe dónde quedaron 3 mil 433 millones.”4

La investigación anteriormente mencionada, realizada con datos de la ASF por Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción, encontró que la Sedesol fue responsable de asignar cerca de 2 mil millones de pesos a 20 empresas fantasma en el marco del programa de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.

Bajo los constantes señalamientos en contra de la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que han sido revelados por medios de comunicación, y denunciados por la ASF, es que la presente proposición con punto de acuerdo solicita que se cite a comparecer a Rosario Robles Berlanga ante esta Cámara de Senadores.
Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración la siguiente proposición:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República cita a comparecer a la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, en marco de los distintos señalamientos por actos de corrupción y las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación por desvío de recursos públicos. La Junta de Coordinación Política determinará el formato y la fecha en que se celebrará dicha comparecencia.

Atentamente

Senado de la República, el 18 de septiembre de 2018.

Sen. Patricia Mercado Castro.- Sen. Clemente Castañeda Hoeflich.- Sen. Verónica Delgadillo García.- Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda.- Sen. Indira Kempis Martínez.- Sen. Juan Quiñonez Ruiz.- Sen. Dante Delgado Rannauro.

1 De “infamias maestras” y desfalcos, el adiós de Rosario Robles, Proceso, JENARO VILLAMIL, 11 SEPTIEMBRE, 2018 
https://www.proceso.com.mx/550534/de-infamias-maestras-y-desfalcos-el-adios-de-rosario-robles

2 Ibídem.

3 Durante gestión de Rosario Robles se desviaron 700 mdp en efectivo de Sedesol y Sedatu, Animal Político,
https://www.animalpolitico.com/2018/09/rosario-robles-desvio-recursos/

4 La Estafa Maestra, Animal Político https://www.animalpolitico.com/estafa-maestra/

El Presidente Senador Rafael Moreno Valle Rosas: Gracias, Senadora Delgadillo García. Túrnese a la Comisión de Gobernación.

Tiene la palabra el Senador Alejandro González Yáñez, para presentar a nombre del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, un punto de Acuerdo que exhorta a destinar un Muro de Honor en el Salón de Plenos de la Cámara de Senadores para colocar en letras doradas la inscripción “Movimiento Estudiantil Popular Democrático de 1968”. Por no encontrarse presente el Senador, pasaríamos a la tercera ronda de proposiciones.






En la tercera ronda de proposiciones, tiene el uso de la tribuna el Senador Miguel Ángel Navarro Quintero, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a establecer una mesa de trabajo con organizaciones de productores del sector primario del estado de Nayarit.

El Senador Miguel Ángel Navarro Quintero: Con su permiso, señor Presidente.

El punto de Acuerdo en cuestión, si bien lo presento a nombre del estado de Nayarit en compañía de la Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Partido del Trabajo; y de la Senadora Gloria Núñez, del Partido Acción Nacional, desencuadra dentro de un gran problema nacional.

Yo pensaría que el Senado debe de ser la voz del pueblo y pensaría que el Senado debe de ser el lugar donde se defienden los intereses sociales y de ninguna manera los intereses de las élites.

Hoy tenemos que pensar como los médicos para poder curar un paciente, el paciente debe de entender que está enfermo. Y México está enfermo, porque vivimos una esquizofrenia del poder, mientras unos ven que las cosas están bien y los números que demuestran creen que están bien, la realidad social dice todo lo contrario.

Nayarit, un estado inmensamente rico, con áreas turísticas de clase mundial, pero también tenemos pobreza de clase mundial: 300 kilómetros de litoral; 400 mil hectáreas de alta vocación productiva; 4 presas hidroeléctricas, una riqueza inmensa en minerales; sin embargo, es muy pobre Nayarit.

Y es muy pobre porque las políticas públicas han fallado al haber cambiado el modelo social de México como quien cambia la médula de un organismo que no funciona para haberle metido una médula de mercado.

Hoy encontramos números alegres en la macroeconomía, pero números desastrosos en la economía social, y esta situación no puede seguir así.

Por eso yo me sumo a uno de los puntos de Acuerdo en que los puntos de Acuerdo no deben de ser como los llamados a misa. Si al Senado lo ningunean, contimás ningunean a un ciudadano.

Y esta situación es imperdonable cuando revisamos algunos indicadores que escuchábamos que se daban al inicio de esta sesión.

Se dice que en México las cosas están bien.

En 1950, el 70 por ciento de los mexicanos vivían en áreas rurales, tan sólo el 30 por ciento vivía en áreas urbanas.

Hoy en día el 80 por ciento de los mexicanos vive en áreas urbanas, y tan sólo el 20 por ciento vive en áreas rurales.

Si los mexicanos tuvieran las oportunidades que se dicen, se quedarían aquí; pero que no escondan los números.

El país número uno en expulsar migrantes es México.

En el 2015, en primer lugar estaba la India. Ahora estamos nosotros.

México, como se dice, debe 10 billones de pesos con 60 millones de pobres. Paga 700 mil millones promedio, de intereses de deuda.

México tiene un pasivo de pensiones de alrededor de 5 billones de pesos y alrededor de 6 billones de pesos un pasivo en enfermedades y maternidad del país.

México, dice la OCDE, lo que mencionan los economistas de la macroeconomía, México sí tiene un desarrollo económico, pero sin inclusión social.

México tiene un desarrollo económico, pero concentrado en pocas manos.

México tuvo en el 2017 un superávit comercial de 65 millones de dólares, pero lo tuvo en pocas manos. Mientras se concentra el poder económico arriba, crece la epidemia de la pobreza abajo.

Es por eso que el día de hoy vengo a hacer una propuesta en nombre de los productores de Nayarit, pero también de los productores de México, tienen deudas enormes con la Financiera Rural y también deudas enormes con cajas de ahorro popular, porque no están pagando, no con lo que sacan de las cosechas, somos inhumanos, lo están pagando con lo que les mandan los indocumentados a esta pobre gente.

Aún tengo en la memoria los problemas de ayer o de anteayer que en las áreas rurales hay gente de la tercera edad que tiene días sin comer, que tiene cirugías…

El Presidente Senador Rafael Moreno Valle Rosas: Concluya, Senador.

El Senador Miguel Ángel Navarro Quintero: Ya termino, señor Presidente.

Cirugías que se posponen. Mientras existe hoy en día nuevamente una época que recuerda las épocas pasadas de que nuevamente vuelve a existir dueños de vidas y haciendas.

Por eso yo reclamo que la Financiera Rural no actúe como agiotista, sea una banca social verdaderamente.

El punto de Acuerdo que les ruego a ustedes aprueben, es que el Senado de la República exhorte respetuosamente al ciudadano Enrique Martínez y Morales, titular de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural Forestal y Pesquero, para que a la brevedad instale una mesa de trabajo con las organizaciones de productores agrícolas y pecuarios del estrato social del estado de Nayarit, a fin de que en forma coordinada se instrumenten acciones para dar solución a las diversas problemáticas que enfrentan ante dicha institución.

Hoy en día están en el buró de crédito, hoy en día no tienen con qué pagar, y ya viene el siguiente periodo otoño-invierno y no tienen con qué empezar a sembrar.

Sembremos justicia, no multipliquemos la riqueza en pocas manos, hagamos justicia los mexicanos.

Muchas gracias, señor Presidente.

Proposición con punto de Acuerdo



El Presidente Senador Rafael Moreno Valle Rosas: Gracias, Senador Navarro Quintero. Túrnese a la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.






Recibimos, como había dado cuenta anteriormente, del Senador Alejandro González Yáñez, un punto de Acuerdo que exhorta a destinar un muro de honor en el salón de Plenos de la Cámara de Senadores, para colocar en letras doradas la inscripción: “Movimiento Estudiantil Popular Democrático de 1968”, el cual se turna a la Junta de Coordinación Política.

ALEJANDRO GONZÁLEZ YÁÑEZ, Senador de la República por la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, numeral 1, fracción IX; y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de este Pleno, la presente proposición con punto de Acuerdo con las siguientes:

CONSIDERACIONES

El próximo dos de octubre de dos mil dieciocho, se cumplen cincuenta años del momento que cambió el rumbo de la democracia mexicana. El Movimiento Estudiantil Popular Democrático de 1968 no solamente comenzó el proceso democrático de nuestro país, sino también fue el origen de una profunda transformación política, cultural, social y en materia de Derechos Humanos.

Mil novecientos sesenta y ocho fue marcado por el inicio de una serie de marchas y manifestaciones organizadas por estudiantes que criticaban el autoritarismo del gobierno, apoyaban las protestas en el mundo, pedían se respetaran la autonomía universitaria y exigían la libertad de los presos políticos. A los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se unieron los del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de todos los centros educativos más importantes de la Ciudad de México. Posteriormente, se unieron asociaciones de maestros y sindicatos para convertirse en lo que hoy conocemos: un gran movimiento social, popular y democrático.

El 22 de julio de 1968 es la fecha en la que se originó el conflicto. Una gresca entre estudiantes de la Vocacional 2 y de la escuela preparatoria Isaac Ochoterena incorporada a la UNAM; el escenario: la Plaza de la Ciudadela. Posteriormente, el 23 de julio del mismo año, cuando los alumnos de las Vocacionales 2 y 5 regresaban a sus planteles fueron agredidos y golpeados por la policía. Al día siguiente, más de cuatro mil alumnos del IPN suspendieron clases y realizaron un mitin en el Casco de Santo Tomás para protestar por el uso de la fuerza en contra de sus compañeros.

El 29 de julio, el conflicto se extendió por toda la Ciudad de México, mientras las autoridades pretendían calmar el ánimo previo a los Juegos Olímpicos que iniciarían el doce de octubre de ese mismo año. En este contexto de represión y descontento entre la comunidad universitaria, el Ejército irrumpió en la Escuela Nacional Preparatoria Uno (el actual Colegio de San Idelfonso) para así iniciar la presencia militar en el conflicto.

En síntesis, el abuso de autoridad, la represión del gobierno, y la presencia militar en los centros universitarios, fue lo que llamó a los jóvenes estudiantes a gritar por la pacificación, la libre expresión, la libertad y la autonomía universitaria.

El dos de octubre de ese año, se convocó a una manifestación en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco con el fin de ser escuchados; y minutos después del inicio de la manifestación pacífica, un helicóptero del Ejército mexicano lanzó una serie de granadas en contra de la comunidad universitaria. Esta fue la señal con la que las fuerzas armadas abrieron fuego en contra de los miles de manifestantes, que solamente eran estudiantes exigiendo el respeto a sus derechos fundamentales. Hasta la fecha, el número de muertos es desconocido, pero se estima que fueron miles, mientras que el gobierno afirma que sólo fueron unos cuantos.

A cincuenta años de la matanza de 1968 y de un Movimiento Estudiantil que marcó un parteaguas en la democracia contemporánea de nuestro país debemos recordar que los derechos fundamentales y las libertades básicas tales como la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de manifestación y la libertad de cátedra, no se encuentran garantizadas. Los derechos políticos de los ciudadanos deben defenderse todos los días.

Hoy, México vive -por primera vez en su historia- una transición pacífica hacia un gobierno de izquierda. Esto se logró gracias a las luchas históricas de los miles de estudiantes y pensadores que defendieron, incluso con su vida, la democracia.

Por ello es importante rendir un homenaje al Movimiento Estudiantil Popular Democrático de 1968 para dignificar su ejemplo y para que transitemos a una democracia directa o sustantiva.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- Se somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores destinar un Muro de Honor en el Salón de Plenos, para colocar en letras doradas la siguiente inscripción: “MOVIMIENTO ESTUDIANTIL POPULAR DEMOCRÁTICO DE 1968”

Presentado en el salón de Plenos de la Honorable Cámara de Senadores,
el 18 de septiembre de 2018.

Atentamente

Sen. Alejandro González Yáñez.






Tiene el uso de la tribuna el Senador Víctor Fuentes Solís, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a diversas autoridades a suspender el aumento a las tarifas de transporte público en el estado de Nuevo León.

El Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís: Compañeras Senadoras y Senadores:

El incremento en el costo de los combustibles ha pegado fuertemente en el bolsillo de todos los ciudadanos en México, pero lamentablemente también ha tenido un efecto nocivo al ser un factor para la escalada de precios, particularmente en aquellos servicios asociados o vinculados al transporte de mercancías y de personas.

Como es el caso del transporte público de pasajeros, en donde el incremento en los combustibles, particularmente en el diésel, han presionado a los concesionarios y empresarios del transporte público a solicitar el incremento de precios en perjuicio de los ciudadanos, de sus familias y muy lamentable, y especialmente, en los que menos tienen, de los extractos más vulnerables de obreros, de trabajadores que obtienen salarios muy bajos.

En Nuevo León esta situación es grave y está por suceder algo lamentablemente indeseable.

El gobernador del estado de Nuevo León, “El Bronco”, aún y cuando en su campaña prometió bajar el costo del transporte y mejorar sus condiciones, cosa que no ha sucedido, ha cedido a estas presiones de transportistas que amparados ante el gasolinazo, exigen el aumento en las tarifas.

El transporte público en Nuevo León no es digno en nuestro estado, ya que no es un ejemplo de las mejores prácticas que han caracterizado siempre a nuestro    estado.

El transporte público en Nuevo León tiene lamentablemente dos pésimas características: es el más caro del país y también es el de peor calidad en sus unidades y en su servicio, y esto se debe a la falta de capacidad, a la falta de oficio, a la falta de atención a los problemas más graves de nuestro estado por parte del gobernador, que se la pasó los tres primeros años de su gestión en su fallida campaña a la Presidencia y abandonó los temas de importancia de los nuevoleonenses.

Contrario, por ejemplo, a lo que sucede en otras partes del país, como aquí en esta Ciudad, en la Ciudad de México, en donde tan sólo en esta calle, en esta gran avenida que está enfrente, Paseo de la Reforma, se cuenta con un transporte de vanguardia, eficiente, barato, su costo es de tan solo 6 pesos, contrario y contrastante a los casi veinte pesos que quiere cobrar el gobernador de Nuevo León por el uso de transporte público.

De aprobarse el plan de “El Bronco” el transporte público llegaría precisamente a los 20 pesos por viaje, esto representa que para una persona que toma dos unidades del transporte para llegar a su trabajo estaría gastando 80 pesos diarios, o sea, hasta 2 mil 400 pesos al mes, una cantidad mayor al salario mínimo, lo cual lo vuelve impagable y deja a la ciudadanía en una situación de indefensión, lo cual sería imperdonable.

Compañeros de los distintos partidos políticos, acudo a ustedes con todo respeto, exigiendo y solicitando su generosidad para el estado de Nuevo León, que le ha dado muchas satisfacciones a México, para que en este momento sea aprobado el siguiente punto de Acuerdo de urgente resolución.

Único.- El Senado de la República exhorta al gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, para que suspenda de inmediato el posible aumento en las tarifas del transporte público en esta entidad federativa, y en cuanto se entre en el análisis del Presupuesto de Ingresos se considere eliminar y reintegrar el IEPS a los combustibles utilizados por el transporte público, a manera de evitar en el siguiente año el aumento en las tarifas.

Por el bien de las familias neolonesas, apelo a su sensibilidad para que este Senado de la República se pronuncie.

Por lo tanto, señor Presidente, le solicito someter a votación, conforme al Reglamento, si se considera de urgente resolución el punto de Acuerdo para estar el posibilidades de aprobarlo en esta misma sesión.

Por su atención, muchas gracias.

Intervención



Proposición con punto de Acuerdo

El que suscribe, VÍCTOR OSWALDO FUENTES SOLÍS, Senador de la República integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES CON EL OBJETIVO DE SUSPENDER EL AUMENTO A LAS TARIFAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. Lo anterior, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. El transporte público en el estado de Nuevo León es uno de los más caros y más deficientes del país. Según datos del periódico La Jornada, un trabajador llega a gastar hasta el 25% de sus ingresos en el pago por este servicio. Los usuarios señalan que con frecuencia deben esperar hasta una hora para abordar una unidad. Además, deben tomar más de un autobús para llegar al trabajo o a la escuela de sus hijos.

2. El Gobernador de Nuevo León se comprometió a mejorar el servicio y las condiciones del transporte público en el estado sin subir las tarifas. Es claro que el transporte no ha mejorado pero ahora se anuncia un inminente aumento al costo del servicio.

3. El precio de las gasolinas y el diésel en México puede ser disminuido mediante la reducción del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aplicado a los combustibles.

4. Para no reducir este impuesto, el argumento de la actual administración ha sido la base recaudatoria que generan los ingresos por concepto del IEPS a combustibles, así como que la mayor parte de esos ingresos son destinados a las entidades federativas.

5. El aumento a las tarifas que anunció el Gobierno del Estado es un ataque directo a la economía de las familias neoleonesas, por ello proponemos adelantar dos meses y medio el retirar el IEPS al diésel que utiliza el transporte público del estado de Nuevo León representa una cantidad aproximada de 50 millones de pesos.

6. El Senado de la República mediante el Acuerdo sobre el plan de austeridad presupuestal suscrito por todas las fuerzas políticas representadas, reintegrará a la Tesorería de la Federación aproximadamente 500 millones de pesos.

7. Si el 10% de ese ahorro se destina para amortizar la disminución del IEPS en el diésel que utiliza el transporte público del estado de Nuevo León se podría suspender el aumento anunciado.

8. En Acción Nacional hemos propuesto, en diferentes ocasiones, reducir al 50% el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que se aplica a la gasolina y el diésel en todo el país. Desafortunadamente el Gobierno Federal actual y la mayoría que conservó en el Congreso de la Unión hasta la anterior Legislatura no lo permitieron.

9. El día de hoy, estamos planteando que una parte de los recursos que como órgano colegiado, nosotros los senadores y senadoras reintegramos al erario público, con el fin de detener un aumento injusto a las tarifas del transporte público en Nuevo León que va en detrimento de la economía y el bienestar de las familias.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta al Gobierno Federal para que se destinen los recursos financieros necesarios para suspender el aumento a las tarifas del trasporte público en el estado de Nuevo León.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta al Gobierno Federal reorientar los recursos financieros reintegrados por esta Cámara de Senadores a la Tesorería de la Federación y destinarlos a reducir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aplicado al diésel en el estado de Nuevo León.

TERCERO. El Senado de le República exhorta al Gobierno del Estado de Nuevo León para que suspenda el aumento a las tarifas del transporte público en esa entidad federativa.

CUARTO. El Senado de la República exhorta al Consejo Estatal de Transporte y Vialidad en el estado de Nuevo León, para que no apruebe el aumento de tarifas al transporte público anunciado por el Gobierno del Estado.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 18 de septiembre de 2018.

Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís.

El Presidente Senador Rafael Moreno Valle Rosas: Gracias, Senador Fuentes Solís. Como ha sido solicitado, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución.

El Presidente Senador Rafael Moreno Valle Rosas: En consecuencia, está a discusión la propuesta.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada, señor Presidente.

El Presidente Senador Rafael Moreno Valle Rosas: Aprobada la propuesta. Comuníquese.






Se concede el uso de la tribuna al Senador Mario Zamora, para presentar a nombre propio y de las Senadoras Sylvana Beltrones Sánchez y Verónica Martínez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un punto de Acuerdo que exhorta a los congresos de las entidades federativas a mejorar la eficiencia del uso de los recursos públicos asignados.

El Senador Mario Zamora Gastélum: Con su permiso, amigo Presidente. Buenas tardes a todos.

Quisiera yo aprovechar a nombre de mis compañeras Sylvana Beltrones y Verónica Martínez, el próximo viernes se van a estar reuniendo en la hermosísima ciudad de Mazatlán todos los Diputados locales, todos los Diputados locales, tanto los actuales como muchos de los que han sido electos.

El pasado 1º de julio prácticamente se eligieron 27 congresos locales, estamos hablando de 585 Diputados por mayoría relativa y 387 por representación proporcional.

De esos 27, 18 congresos locales han tomado protesta o van a tomar en este mes de septiembre; 9 más están por hacerlo en los próximos meses; y sólo 5 estarán para el siguiente año.

La petición que yo vengo a hacer y es, espero contar con el apoyo de ustedes, es justo lo que hicimos aquí en el Senado.

Aquí con el apoyo de todos ustedes votamos para hacer un Senado más austero, para ser Senadores más acorde a lo que en la calle nos han venido diciendo los ciudadanos desde hace mucho tiempo.

Yo quisiera, respetando, evidentemente respetando la libertad, la autonomía, la soberanía que tienen todos nuestros compañeros locales, Diputados locales, en el ánimo de regresar o de volver a construir esa confianza de la sociedad con sus representantes en el Poder Legislativo, pedirles, exhortarlos a que hagan un esfuerzo, a que también en cada congreso local, en cada legislatura local que va empezando o que está por empezar, o que van a hacer sus presupuestos, que compartan tres principios: austeridad, transparencia y rendimiento de cuentas.

Decía mi abuela: “que las palabras a veces convencen, pero que lo que arrastra es el ejemplo”.

Yo creo que aquí todos, compañeros, hemos puesto un ejemplo de haber hecho ese gran esfuerzo, haber hecho ese gran esfuerzo de ser congruentes y de volver a construir esa autoridad moral, ojalá y que no quede sólo aquí en el Senado y que todos que tenemos amigos, conocidos o alguna cierta relación con nuestros compañeros Diputados locales en todo el territorio nacional, los exhortemos a ello.

Es cuanto, amigo Presidente.

Proposición con punto de Acuerdo

El suscrito, MARIO ZAMORA GASTÉLUM, Senador a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS CONGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A REALIZAR PROGRAMAS DE AUSTERIDAD Y MEJORAR LA EFICIENCIA DEL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ASIGNADOS PARA SUS FUNCIONES LEGALES, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Nuestro país, en términos de los artículos 40, 41, 49 y 50 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se constituye en una República representativa y federal; integrada por Estados libres y soberanos unidos por una federación, cuya soberanía es ejercida por el pueblo a través de los Poderes de la Unión y por los de los Estados según su competencia.

Al respecto, el Poder Legislativo en términos de los numerales constitucionales 50 y 116, se deposita en un Congreso General dividido en dos Cámaras una de diputados y otra de senadores; mientras que en las entidades federativas en un Congreso unicameral.

Este poder es un órgano no sólo de representación popular y generador de leyes, sino también fiscalizador y controlador de las acciones del Poder Ejecutivo.1 Sin embargo, de acuerdo con la Encuesta Nacional para Medir la Confianza en Instituciones 2017, realizada por la Consultoría Mitofsky, los ciudadanos confían muy poco en sus legisladores.

Lo anterior, entre sus múltiples factores, se debe a que en los Congresos existen partidas de recursos extraordinarios y altos salarios de legisladores y sus trabajadores, lo que contrastan con la economía de las familias mexicanas, partidas que en ocasiones son poco transparentes o su destino es nada justificable.

En el estudio presentado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), titulado “Informe Legislativo 2018”, publicado el pasado mes de agosto, se hace un análisis exhaustivo sobre el funcionamiento de los Congresos Locales y el manejo de los recursos públicos y su correlación con las obligaciones legales por las cuales fueron constituidos.

De acuerdo a dicho estudio, los Congresos Locales cuentan con un total de 1,124 legisladores, entre aquellos electos por el principio de mayoría relativa y representación proporcional; sin embargo, cabe destacar que, en aras de disminuir la carga financiera en las legislaturas locales, algunas han reducido su número de legisladores como Morelos, Sinaloa y Jalisco.

Por otra parte, con la finalidad de fortalecer no sólo la reducción de gasto, sino de contribuir su profesionalización, la mayoría de los Congresos Locales cuentan con un mecanismo de servicio profesional de carrera, a excepción de Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Estado de México, Oaxaca y Quintana Roo.

Este mecanismo consiste en que el personal es seleccionado con base en criterios objetivos y experticia, reciben capacitación continua y realizan una carrera laboral dentro del congreso. Sin embargo, el estudio de mérito, refiere que, durante 2017, ningún congreso publicó convocatorias a concursos para ocupar alguna vacante.

En ese sentido, para cumplir con sus atribuciones requieren de recursos financieros, mismos que se destinan al pago de salarios, insumos y servicios básicos de operación; pero debemos como legisladores responsables y republicanos, reconocer que en la práctica existen rubros de gastos innecesarios y excesivos.

“Las legislaturas de la Ciudad de México y del Estado de México son las que disponen de mayores recursos, con presupuestos superiores a los a 2,300 y 1,500 millones de pesos. En contraste, Colima con 95 millones de pesos es el estado con el congreso con menos presupuesto aprobado. En promedio, las legislaturas locales tienen recursos asignados por 453 millones de pesos, monto que es superado por 10 congresos”.2

“Los presupuestos de los congresos de Coahuila, Ciudad de México y Quintana Roo son los que en términos reales han crecido más (37%, 32% y 22% cada uno). Por otro lado, el congreso de Oaxaca con una variación negativa del 42% es el que refleja una mayor disminución. Estos congresos denotan, en el menor de los casos, serias deficiencias de la administración de recursos, pues en el primer caso no hay evidencia que justifique tales incrementos, y en el segundo expone a una legislatura que requería casi 50% más recursos que la actual para cumplir las mismas funciones”.3

El estudio también arrojó el dato que el “presupuesto por diputado” es que marca la mayor diferencia entre los Congresos Locales: “En promedio, los congresos locales presupuestan 11.7 millones de pesos por diputado y 11 rebasan esta cantidad. Si los congresos locales en México tuvieran un presupuesto por diputado de 3.5 millones de pesos (como en el caso de Puebla), los estados dejarían de destinar más de 10 mil millones de pesos a sus órganos legislativos”.

La mala planeación del gasto en los congresos estatales es evidente cuando estos órganos terminan ejerciendo mucho más dinero de lo presupuestado para cada ejercicio. Evidenciando el uso de recursos en labores que no corresponden a las funciones legislativas mandatadas por las constituciones locales, como el otorgamiento de apoyos sociales, además de que no rinden cuentas claras de cómo usan todo el recurso que se les asigna.

“Por último, las ayudas sociales cubren el 14% del gasto de las legislaturas locales. Es decir, los diputados de 25 congresos locales ejercieron 1,915 millones de pesos en 2017 en tareas ajenas a atribuciones parlamentarias”. El estudio destaca, por citar un ejemplo, que el Congreso de Oaxaca, quien se aprobó 397 millones de pesos de presupuesto para el ejercicio fiscal 2017, terminó ejerciendo 739 millones de pesos, es decir, 87% más.

En ese sentido, a fin de aprovechar los recursos y elevar el desempeño de los congresos estatales, se deben atender para su operación programas de eficiencia fiscal y financiera, fortalecer el Servicio Civil de Carrera con el fin de evitar asesorías externas y revisar los sueldos de los propios legisladores.

Hoy podemos decir que, todos los Grupos Parlamentarios que integramos esta LXIV Legislatura del Senado de la República, coincidimos en implementar medidas de austeridad, en atención a las demandas de la sociedad expresadas en las urnas el pasado 1 de julio.

En ese sentido, el pasado 4 de septiembre aprobamos un acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el cual se establece atender y aplicar medidas de austeridad en cuatro rubros:

1. Servidores Públicos de mando: gasolina, telefonía celular, gastos médicos mayores, estímulo por evaluación de desempeño, vales de despensa, complemento de aguinaldo, mantenimiento de vehículos, peaje, reembolso de gastos de alimentación, seguro de separación individualizado y crecimiento de recursos humanos.

2. Grupos Parlamentarios: asignaciones presupuestales, plazas de estructura de apoyo a los grupos parlamentarios, honorarios para la contratación de personal, disminución de comisiones, techo presupuestal para la contratación de personal de comisiones y alimentos a reuniones previas de los grupos parlamentarios.

3. Órganos de Gobierno: reducción de estructura administrativa y honorarios para contratación de personal y alimentos a reuniones de trabajo.

4. Legisladores: reducción en asignaciones para la contratación de personal, apoyo a senadores y alimentos en días de sesión, y se eliminan frutas, semillas y bebidas especiales.

Además, se propone aplicar medidas en el 2019 vinculadas a áreas y proyectos específicos como: comunicación social, tecnologías de la información; adquisiciones y mantenimiento; eventos; publicaciones; asesorías; institutos y capacitación.

Con estas medidas la Cámara Alta tendrá un presupuesto reducido, ahorrando más de 500 millones de pesos y para el próximo ejercicio fiscal se ahorrará más de mil 500 millones de pesos. Pero no sólo se trata de austeridad, sino de una mayor transparencia y rendición de cuentas sobre cómo y en qué se gastan los recursos públicos.

Este no es un tema de moda, la austeridad llego para quedarse, el estado debe tener como principal política de gasto la preservación de los recursos. Por su parte, el Poder Legislativo Federal, quien ya realizó un primer avance en esta materia, debe ser un modelo que los Congresos Locales deberían adoptar.

Debemos entender la austeridad no como una invasión y limitación a la actividad de un legislador; sino como una voluntad política y moral del representante con el representado, siendo ejemplo para la sociedad y los demás funcionarios públicos para dictar el rumbo social de un Estado sin privilegios y más igualitario.

“La austeridad no implica recortes al gasto anual, sino llevar a cabo reasignaciones con el propósito de hacer un uso eficiente y racional del erario, es decir ahorrar con la disminución del 50% del salario de los servidores públicos y representantes populares, así como en áreas no prioritarias como servicios personales, comunicación social, prerrogativas a legisladores locales y demás gastos suntuosos y/o superfluos que actualmente se gastan en la administración Pública”.4

La voluntad política de todos los legisladores federales en materia de austeridad es causa en común, y debería serlo en el escenario local, lo que permitirá establecer y generar acuerdos necesarios para este fin, y con ello dar certeza a sus representados de que generarán un cambio ante los gastos excesivos y en su caso, innecesarios.

Si bien, sus funciones de los congresos no varían en el tiempo, “la administración de recursos para presentar y votar proyectos legislativos, llamar a rendir cuentas o canalizar demandas sociales a través de leyes, no debería tener diferencias sustanciales. También es cierto que tener crecimientos presupuestales (positivos o negativos) alejados al de la inflación puede revelar una mala planeación e ineficiencia en el ejercicio de los recursos”.5

Como legislador, considero que los espacios para representar a la ciudadanía no deben convertirse en posiciones para enriquecimiento o el gasto desmedido de los recursos disponibles para su función; por el contrario, deben ser lugares en donde se busque el bienestar y progreso social. Po lo anterior, coincido en que los Congresos Locales deben ser espacios en donde se predique con el ejemplo; se debe trabajar con los recursos disponibles sin excesos ni privilegios.

El compromiso solidario del legislador basados en el principio del “Bien Común”, debe plasmarse en acciones; por lo que los Congresos Locales, que son garantes de la estabilidad política de sus entidades federativas, deben fortalecer el vínculo con la sociedad y en consecuencia, recuperar la confianza en la ciudadanía.

Por eso es que exhorto a todos los legisladores locales, a que en conjunto regresemos y refrendemos la confianza del pueblo de México en nuestra actividad parlamentaria, como constructores del sistema jurídico y político de nuestra Nación, pero sobre todo como depositarios de la representación popular. Hagamos equipo, para que el manejo de recursos públicos de los poderes legislativos, se realice de forma responsable y austera.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: El Senado de la República, exhorta respetuosamente, a los Congresos de las Entidades Federativas, en estricto respeto a su soberanía, a realizar acciones tendientes a generar un plan de austeridad que permita el aprovechamiento eficiente y eficaz de los recursos, así como minimicen los costos en el ejercicio de sus atribuciones legales.

SEGUNDO: El Senado de la República exhorta a los Congresos de las Entidades Federativas, en estricto respeto a su soberanía, a establecer medidas eficientes y eficaces de transparencia en el ejercicio del gasto público devengado para sus funciones.

TERCERO: Se exhorta a los Congresos de las Entidades Federativas, en estricto respeto a su soberanía, a generar presupuestos responsables atendiendo a las políticas de austeridad para los próximos ejercicios fiscales.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 18 de septiembre de 2018.

Atentamente

Sen. Mario Zamora Gastélum.

1 Glosario de términos parlamentarios del Sistema de Información Legislativa;
http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=185

2 ídem, p. 11

3 Ibidem, p.12

4 Dip. Herlinda Vázquez Munguía, iniciativa con proyecto de decreto que expide la “Ley de Austeridad y Regulación de Salarios de Servidores Públicos del Estado de Querétaro”, 19 de enero de 2017.
http://legislaturaqueretaro.gob.mx/app/uploads/2016/01/1061.pdf

5 IMCO, Informe Legislativo 2018, p. 11

El Presidente Senador Rafael Moreno Valle Rosas: Gracias, Senador Zamora Gastélum. Túrnese a la Comisión de Gobernación.






En una cuarta ronda de proposiciones, tiene el uso de la tribuna la Senadora Rocío Adriana Abreu, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar un punto de Acuerdo relativo al incendio de la embarcación Titán II, cerca de la playa Bahamita, en Ciudad del Carmen, Campeche.

La Senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano: Muchas gracias. Muy buenas tardes.

Antes que todo, agradecer el respaldo y el apoyo de todos los Senadores que se han sumado a este punto de Acuerdo de urgente resolución.

Yo vengo de un municipio y de un estado que tenemos la gran ventaja y la gran oportunidad de tener el área natural protegida más grande de México.

En ésta se converge el área más importante para la generación de una especie tan importante como es el delfín y también tenemos base de la economía del Golfo de México, como son todo lo relacionado con los barcos de ostiones, como es algo tan importante como es el mangle para la conservación del medio ambiente, algo que compartimos con Tabasco, con Veracruz, con Campeche y con Yucatán.

Desgraciadamente nos hemos visto ante una situación que va más allá del control de nosotros.

Como una zona petrolera sumamente importante a nivel nacional, tenemos la industria pesquera, tenemos la industria camaronera, tenemos la industria petrolera y sufrimos un tema relacionado con embarcaciones de oceanografía.

Estas fueron intervenidas y hoy en día después de huracanes y algunas cuestiones climáticas, cinco de ellos encallaron y otras con un riesgo de hundirse se encuentran dentro del Golfo, pero sobre todo, del área natural protegida Laguna de Términos.

Hace poco tiempo, no tenemos más de 10 días, el Titán II se incendió, y no sólo estamos preocupados como han señalado desde hace mucho tiempo y muchos años grupos ambientalistas, los pescadores, las mujeres que se dedican al tema de la jaiba, los bancos de ostiones, las áreas naturales protegidas, la conservación del medio ambiente, que se han hecho denuncias constantes ante Profepa, ante Semarnart, ante la Capitanía de Puertos y hasta el día de hoy no hemos recibido respuesta alguna.

Yo me siento en un doble compromiso, primero que nada, porque soy una mujer comprometida, como somos todos los que estamos aquí, de proteger el medio ambiente.

Necesitamos tomar acciones pertinentes en ello y necesitamos también pedirle a la autoridad que lo haga.

Yo también vengo de ser delegada de Semarnat y como delegada de Semarnat me empeñé en tratar de buscar la voz de Profepa y de Capitanía de Puertos, para que pudiéramos mover estas cinco embarcaciones.

No está demás decirles que hoy tuvimos un incendio, pero mañana puede ser perforado cualquiera de los depósitos que contienen estos barcos, tener una afectación permanente a lo que es el ecosistema de Laguna de Términos, pero no sólo eso, afectando lo que es la fuente económica de miles y de cientos de familias.

La industria pesquera no distingue de municipios o de estados, el Golfo de México no tiene un tema de fronteras, es simplemente un tema que nos afecta a todos como un tema ecológico, pero sobre todo, un tema que garantiza la economía de miles y miles de familias.

Yo quiero ser reiterativa hoy y hacer voz de esos pescadores, de esas mujeres que se dedican a la jaiba, de esas familias que tenemos la oportunidad por medio de los restaurantes y actividades deportivas, que es el sustento de muchísimas de mis familias.

Quisiera yo hablar a nombre de ellos y solicitar como punto de Acuerdo que se exhorte a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Contra el Ambiente, previstos en las leyes especiales de la Procuraduría General de la República, que en el ámbito de su competencia, realicen las investigaciones para deslindar la responsabilidad por los daños provocados en el área natural protegida Laguna de Términos, derivados del incendio del Titán II y, sobre todo, del encallamiento y hundimiento de los cuatro navíos de nombre Caballo Azteca, Caballo de Trabajo, Caballo Eclipse, Endevour, en esa misma zona.

Adicionalmente, en los términos del artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, se determina si existe responsabilidad en términos patrimoniales, administrativos y/o penales de terceros.

Se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, remita un informe al Senado de la República sobre las acciones promovidas para atender la afectación al medio ambiente sobre estas diferentes embarcaciones.

Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para ejercer ante sus atribuciones de coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a efecto de impedir las responsabilidades y procesos administrativos, civiles y penales que puedan enfrentar dichas empresas.

Se solicita a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, que de conformidad con sus atribuciones coordine y supervise las medidas de contingencia ambiental que deban restituir para sanear, restaurar el área natural protegida Laguna de Términos, sobre las afectaciones del incendio de la embarcación Titán II y los cuatro barcos señalados anteriormente.

Quiero agradecer la colaboración, pero sobre todo, la solidaridad de más de 80 Senadores que me hicieron favor de acompañarme en esta lucha, que no sólo es por Campeche, es por muchísimos estados y vamos a seguir trabajando por el medio ambiente.

Mi agradecimiento al Senador Ricardo Monreal y a mi grupo parlamentario, a Martí Batres, al Senador Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano; a Patricia Marcado; a Alejandro González, del PT; al Senador Raúl Bolaños, del Verde Ecologista; a Sasil De León, del Partido Encuentro Social; al Senador Damián Zepeda Vidales, del PAN, y también al Senador Emilio Álvarez Icaza, y sobre todo, agradecer a los más de 80 Senadores que hoy en día son solidarios con ese estado.

Muchísimas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo



El Presidente Senador Rafael Moreno Valle Rosas: Gracias, Senadora Abreu Artiñano.

Como ha sido solicitado, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente Senador Rafael Moreno Valle Rosas: En consecuencia, está a discusión la propuesta.

Al no haber oradores, se solicita a la Secretaría, consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la anterior propuesta.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

El Presidente Senador Rafael Moreno Valle Rosas: Aprobada la propuesta. Comuníquese.






Tiene la palabra el Senador Marco Antonio Gama, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a realizar una inspección exhaustiva en la Huasteca Potosina e informar sobre la existencia o no de la práctica del fracking.

El Senador Marco Antonio Gama Basarte: Gracias, señor Presidente. Senadoras y Senadores:

La extracción de petróleo y gas mediante la técnica de fractura hidráulica o fracking, es una amenaza para la zona Huasteca de San Luis Potosí; debido al deterioro ambiental que provoca, porque, como su nombre lo indica, fractura la tierra mediante la inyección de una mezcla de agua, arena y sustancias químicas a elevada presión para lograr de esta forma su propósito con la consecuente afectación a la calidad de vida, salud y tranquilidad de las poblaciones.

Dicha técnica ocupa vastas extensiones de territorio alrededor de los pozos de perforación, mismos que pueden llegar a emplear hasta 29 millones de litros de agua cada uno, lo que pondría en peligro los ecosistemas y el acceso al derecho humano del agua y la alimentación, si tomamos en cuenta que el consumo diario de agua de una persona es de tan sólo 100 litros al día.

Pero esta sería sólo una de las consecuencias de llevar a cabo dicha actividad en nuestra región Huasteca, integrada por 20 municipios.

La extracción de hidrocarburos mediante el fracking es incompatible con otras actividades como la ganadería, la agricultura, la siembra de caña de azúcar y el turismo, mismas que, como ustedes saben, son el motor económico de nuestra Huasteca Potosina.

Amigas y amigos: Es urgente y necesario dar certeza a los potosinos de que nuestra tierra no va a ser depredada como ya ocurrió antes, sin dejarnos beneficio alguno. Toda vez que como ya conocemos, la cuna del petróleo en México se ubica precisamente ahí, en la Huasteca, en el municipio de Ébano, y pese a esto, la región nunca tuvo ningún beneficio real.

Por lo anteriormente expuesto, y además, con el acompañamiento de mi compañera Senadora María Leonor Noyola Cervantes, es que presentamos este punto de Acuerdo que exhorta al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos, se lleve a cabo una revisión integral de actividades que conllevan la técnica de la fracturación hidráulica en la Huasteca Potosina, y se rinda a esta Soberanía información detallada sobre los trabajos que se estén llevando a cabo, y de haberse iniciado los mismos, se detenga toda actividad y sean resarcidos los daños ecológicos que hasta ahora se hayan causado en nuestro territorio, y si están próximos a iniciar, se cancele de inmediato dicho propósito, y en su lugar se ponga en marcha un programa integral de impulso al turismo, la ganadería y las actividades agrícolas para impulsar el desarrollo de los habitantes de la zona, acción que sí sería benéfica y de un impacto permanente.

La Huasteca Potosina es una zona llena de recursos naturales, atractivos turísticos, rica en cultura y tradiciones, pero sobre todo, de sus familias, gente trabajadora y unida que quieren y que queremos a nuestra tierra.

Por todos ellos, no al fracking en la Huasteca Potosina.

Es cuanto, señor Presidente.

Proposición con punto de Acuerdo



El Presidente Senador Rafael Moreno Valle Rosas: Gracias, Senador Gama Basarte. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Nuvia Mayorga Delgado, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a la nueva administración federal a reconsiderar la decisión de incrementar la edad para recibir los apoyos del Programa de Pensión para Adultos Mayores del gobierno de la República.

La Senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Antes de la presente administración federal, la edad para ingresar al Programa de Pensión para Adultos Mayores era de 70 años.

En esta administración se bajó a 65 años, y con un solo objetivo, de que más mexicanos pudieran estar recibiendo este programa.

Ello ha permitido que de 3.5 millones de personas que se encontraban en ese núcleo, al 2018 existen 5 millones de personas adultas mayores que reciben esta pensión, lo que es el 60 por ciento de incremento.

La razón principal para ampliar la cobertura de pensión no contributiva es que el 80 por ciento de las mujeres en edad avanzada no tienen acceso a una pensión; y los hombres es el 46 por ciento. Esto es de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

Otra instancia mundial como la Organización Mundial de la Salud nos dice y considera que las personas que tengan de 60 a 75 años son de edad avanzada.

La ONU a su vez dice que considera anciano o adulto mayor a toda persona con más de 65 años para los países desarrollados, y de 60 años para los países en desarrollo.

De acuerdo con el Coneval, disminuir la edad de 65 años para recibir el apoyo de Pensión para Adultos Mayores ha permitido que desde el 2012 al 2016 se reduzca la mitad de la carencia por acceso a la seguridad social entre la población de 65 y más, esto es, que ha disminuido un nivel el 14 por ciento.

Asimismo, según este organismo autónomo, del 2012 al 2018 la pobreza en este grupo de población se redujo en un 5 por ciento, y en pobreza extrema se ha reducido en un 3 por ciento.

El lunes 3 de septiembre pasado quien ha sido propuesto como próximo Secretario de Hacienda señaló que la edad para poder tener acceso a los apoyos se incrementará de los 65 a los 68 años; que los apoyos a partir de los 65 años se mantendrán únicamente para las personas indígenas de comunidades marginadas, lo cual es muy bueno, y lo apreciamos.

El grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República considera que una decisión de este tipo no sólo va a afectar de manera significativa la calidad de vida de millones de personas en edad avanzada, sería ir contra una política pública progresista.

Por ello, antes de tomar una decisión así, es necesario tomar en cuenta que de acuerdo a las proyecciones del Consejo Nacional de Población, es importante hacer las siguientes consideraciones:

Para 2018 en México, la población de 65 años y más es de 9.1 millones de personas.

Actualmente el rango de edad de 65 a 67 años, concentra a 2.1 millones de personas, ello implica que el 22 por ciento de la población total quedaría excluida de este programa.

A más de 235 mil personas que se encuentran en este rango de edad, hoy no recibirían lo que se ha comentado.

Los adultos mayores de 65 a 67 años en una proyección que dejaría de recibir el apoyo en los 6 años de la próxima administración federal sería de 3.8 millones de personas.

Se estima, como resultado de la decisión planteada, se generaría un incremento en la pobreza entre las personas de 65 a 67 años, lo que representa 4 puntos porcentuales y un incremento en la pobreza extrema de 3 puntos porcentuales; lo que se vería reflejado en la medición que haga el Coneval en el 2020, el cual se estaría publicando.

En razón de las consideraciones expuestas, el grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República considera fundamental que esta Soberanía se pronuncie en defensa de los derechos sociales más elementales de la población, en este caso, especialmente para nuestros adultos mayores, un sector que enfrenta múltiples condiciones de vulnerabilidad.

Por lo antes expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea, un punto de Acuerdo:

Se exhorta a la próxima administración federal a reconsiderar la decisión de incrementar la edad para recibir el apoyo del Programa de Pensión para Adultos Mayores del gobierno de la República, por los efectos adversos que originaría en un amplio sector de este grupo de la población.

Y, les quiero comentar, que aparte de la fracción de nuestro partido, también se han sumado otros Senadores como Juan Zepeda, Miguel Ángel Mancera, Damián Zepeda, Alejandra Lagunes, Raúl Bolaños, Gustavo Madero, Sasil De León, Eduardo Ramírez, entre otros, apoyando este punto de Acuerdo.

Muchas gracias, señor Presidente.

Proposición con punto de Acuerdo



El Presidente Senador Rafael Moreno Valle Rosas: Gracias, Senadora Mayorga Delgado. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social.






En la quinta ronda de proposiciones, tiene el uso de la tribuna el Senador Américo Villarreal Anaya, para presentar a nombre propio y del Senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido Morena, un punto de Acuerdo que exhorta a los Poderes de la Unión y las fuerzas políticas del país a alcanzar acuerdos que permitan atender de forma integral y eficaz la crisis de inseguridad y violencia provocada por el crimen organizado que padece nuestro país.

El Senador Américo Villarreal Anaya: Con su venia, señor Presidente. Senadoras y Senadores:

Es para mí un honor dirigirme a ustedes para proponer este punto de Acuerdo basado en las siguientes:

Consideraciones

La crisis de inseguridad y de violencia que padece nuestro país ha alcanzado niveles que además de amenazar la vida y el patrimonio de todos, amenaza la viabilidad misma del Estado mexicano.

No es exagerado afirmar que en la última década el crimen nos ha arrebatado nuestra tranquilidad y muchos de los espacios en donde desarrollamos nuestra vida cotidiana.

Podríamos traer muchas cifras a esta tribuna, pero ya conocemos el tamaño de la tragedia que vive nuestro país. Baste decir que en el 2017 se reportaron más de 31 mil homicidios, una tasa de 25 homicidios por cada 100 mil habitantes, la más alta del que se tenga registro.

Ante este escenario surgen un conjunto de preguntas que requieren respuesta, pero que también ameritan una profunda reflexión. ¿acaso ninguna de las autoridades responsables de las instituciones de seguridad del país se dio cuenta en estos años de la urgente necesidad de contener la violencia? ¿Nadie pensó en la necesidad de una mayor coordinación para atender los problemas de forma eficaz?

Por otra parte, si existen innumerables evidencias de que la estrategia de combate al crimen organizado desde una perspectiva estrictamente policial y militar no funciona y que sólo ha generado más violencia y muerte, cabe preguntarse, ¿nadie en el gobierno se dio cuenta de la urgencia de una mayor capacitación, investigación y sobre todo inteligencia? ¿Nadie pensó en que la tranquilidad y el bienestar de las personas y las comunidades debieron ser los ejes de la estrategia? ¿Acaso para las autoridades no eran importantes los resultados sociales de sus acciones y omisiones? ¿Ninguno se dio cuenta que al terminar el día y al regresar a casa con la familia todos sufrimos lo que dicen las estadísticas?

¿En qué momento el Estado mexicano, en todos sus niveles, renunció a cumplir con una de sus obligaciones primigenias?

De entre todas las preguntas, una adquiere especial vigencia, ¿hasta cuándo permitiremos que la impunidad siga nutriendo esta espiral de violencia y horror que padece México?

Compañeras y compañeros legisladores, el problema es grave y requiere atención inmediata, el eco de la voluntad ciudadana expresada en las urnas el 1º de julio resuena con fuerza en esta Cámara y nos exige resultados.

Como hemos señalado, es necesario establecer una estrategia integral basada en capacitación, coordinación, inteligencia y combate a la corrupción para garantizar una actuación eficaz y precisa del Estado mexicano en la atención del fenómeno criminal. Sin duda, un paso importante en este sentido será aprobar la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, elaborada por el equipo del Presidente Electo y organizaciones de la sociedad civil, pero sobre todo, será necesaria una estrategia que tenga conocimiento, el bienestar y desarrollo de las personas y las comunidades.

Antes de concluir, resulta importante señalar que sólo podremos transformar el país y responder a los anhelos de los mexicanos si nos acercamos a la verdad, la verdad de una nación marcada por el dolor y la impotencia, la verdad de miles de familias rotas que han sido víctimas de la violencia y también de la indolencia gubernamental.

Por lo anterior expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- El Senado de la República exhorta a la Procuraduría General de la República, a los órganos de inteligencia del Estado mexicano y a las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas, a coordinarse y a redoblar esfuerzos en la realización de acciones para un combate eficaz del crimen organizado y dar cumplimiento con su obligación básica de salvaguardar la vida, el patrimonio y la integridad de los mexicanos.

Segundo.- El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados a establecer los acuerdos que permitan trabajar en conferencia para evaluar el desempeño y la estrategia de combate al crimen y, en su caso, aprobar las reformas legales que sean necesarias para atender de forma integral la crisis de inseguridad y violencia que padece nuestro país.

Tercero.- El Senado de la República exhorta a las fuerzas políticas con representación en el Congreso de la Unión, a dar seguimiento y atender de manera puntual las conclusiones de los diálogos por la paz, la verdad y la justicia.

Es cuanto, señor Presidente.

Proposición con punto de Acuerdo



El Presidente Senador Rafael Moreno Valle Rosas: Gracias, Senador Villarreal Anaya Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a fortalecer la lucha contra el contrabando técnico e informar sobre el seguimiento a las preocupaciones expresadas por la industria textil, vestido y calzado.

La Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Con su permiso, señor Presidente.

El pasado 8 de marzo del presente año, los ministros de 11 países que en su momento integraban el Acuerdo de Asociación Transpacífico, el TPP, mejor conocido así por sus siglas en inglés, firmaron la nueva versión de este Acuerdo, denominada como Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, el CPTPP, en un intento de mantener viva la iniciativa de integración entre las cuencas americana y asiática del Océano Pacífico ya sin la presencia de Estados Unidos.

El CPTPP, suscrito por Australia, Brunéi, Chile, Canadá, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, dejó fuera 22 disposiciones incluidas en el TPP, y que tiene que ver con temas como propiedad intelectual, telecomunicaciones, servicios financieros, comercio transfronterizo, de servicios, entre otros; la gran mayoría de estos puntos incluidos por Estados Unidos.

Desde la incorporación de México a las negociaciones de este Tratado Asia-Pacífico, el Senado de la República dio puntual seguimiento al proceso, por lo que diversas comisiones del Senado se reunieron en ese momento con el Secretario de Economía para abordar los temas relativos al TPP.

Además del trabajo que en esta sede senatorial se realizó con el propósito de que se contara con mayores elementos de juicio, para que una vez llegado el momento de la discusión y aprobación de dicho Tratado, se hiciera con la mayor información disponible, el trabajo incluyó diversos encuentros con legisladores de países que  integran este Acuerdo, y por ello, durante las 24a, 25 a y 26 a reuniones anuales del Foro Parlamentario Asia-Pacífico, realizados en Canadá, en Fiji, en Vietnam, respectivamente, los Senadores asistentes sostuvieron reuniones bilaterales con sus contrapartes de estos países de Australia, de Canadá, de Chile, de Indonesia, de Japón, Malasia, Nueva Zelanda y Vietnam, en donde se intercambiaron puntos de vista sobre los alcances que podría tener el Tratado, la percepción de los Poderes Legislativos en estos país sobre el TPP y la evolución de las consultas y el proceso legislativo en los ámbitos nacionales.

Derivado precisamente de este acompañamiento que hace el Senado de la República mientras se realizaban las negociaciones de este Tratado, y con el propósito de profundizar y ampliar más sobre este tema, en noviembre de 2016 el Senado fue sede de una serie de audiencias en donde se establecieron mesas de trabajo con expertos del sector público, de la iniciativa privada, de la academia, de la sociedad civil donde se expusieron los diversos puntos de vista sobre el contenido e implicaciones que tendría para México cada uno de los capítulos de este Tratado.

En estas audiencias se expresaron distintas opiniones por parte de los expertos que dejaron ver las grandes oportunidades que el Tratado supone para nuestro país, sobre todo por la amplitud de los mercados mexicanos en Asia.

No obstante, también hubieron sectores que manifestaron una gran preocupación al verse vulnerados en sus oportunidades de crecimiento y mayor desarrollo, como es el caso con la industria textil, vestido y calzado.

Una vez agotadas las negociaciones por los Estados Parte del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, y después de ser firmado por el Presidente Pena Nieto, este documento fue remitido al Senado de la República con el propósito de dar cumplimiento a lo que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el trabajo de acompañamiento de los Senadores y Senadoras de la LXIII Legislatura realizaron durante todo este proceso de negociación, culminó con la aprobación del dictamen que las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial presentaron al Pleno y que fue votado el 24 de abril del presente año, y en dicho dictamen se aprobó un resolutivo sexto que a la letra dice y, perdón, antes de enumerarlo, de mencionarlo, sí creo que vale la pena hacer la reflexión de los dictámenes que se elaboren en esta Legislatura, porque este resolutivo, que se aprueba en el marco del Tratado, el CPTPP, le da instrucciones a los Senadores de la anterior Legislatura para que se reúnan en octubre próximo cuando ya no tienen la responsabilidad como Senadores.

Y por eso creo que en este resolutivo, donde se instruye a los Presidentes de las Comisiones de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial, a que realicen una reunión en el mes de octubre de 2018 con los presidentes de las mismas comisiones que integra el Senado en la LXIV Legislatura, con el fin de informar el seguimiento y acompañamiento al grupo de trabajo con el Ejecutivo Federal.

Y así le instruye para que en determinado momento este grupo de trabajo, junto con las Secretarías de Economía, de Hacienda y de Relaciones Exteriores rinda, en determinado momento, un informe, considerando que la industria textil, vestido y calzado aún tienen las preocupaciones, y dado que en este resolutivo, precisamente una de las cuestiones que hablaba, es que se iba a monitorear en determinado momento y una vez que entrara en vigor los beneficios y desafíos en la implementación del CPTPP, y que podría tener para esta industria.

Pero también cuando se firman los tratados paralelos, específicamente con Vietnam, se hacen compromisos para que en determinado momento se empiecen los acercamientos o el trabajo con Vietnam y ver de qué manera podemos proteger esta industria en México porque hay reales preocupaciones.

Por lo tanto, lo que yo quiero exponer y someter a esta Soberanía como proposición en este punto de Acuerdo es:

Primero.- Exhortar al Poder Ejecutivo, a través del grupo de trabajo que se integró en el marco de las negociaciones para la firma del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, el CPTPP, para fortalecer la lucha contra el contrabando técnico, donde participan las Secretarías de Economía, de Hacienda y Crédito Público y la PGR, a fin de informar a esta Soberanía sobre el seguimiento y acompañamiento a las preocupaciones expresadas por la industria textil, vestido calzado.

Segundo.- Se exhorta, de manera respetuosa, al Ejecutivo Federal para informar de igual forma a esta Soberanía sobre los acercamientos, que desde la fecha de su aprobación, es decir, desde el pasado mes de abril se ha tenido con la República Socialista de Vietnam para buscar mayores compromisos que otorguen certidumbre a los sectores sensibles, esto es a la industria textil, vestido y calzado.

Por lo tanto, es lo que presentamos, y lo que pedimos en determinado momento es su apoyo porque, sin duda, lo que fortalece a la economía local, a la pequeña y mediana empresa es la certeza jurídica y la certeza del acompañamiento, tanto del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo.

Es cuanto, señor Presidente.

Proposición con punto de Acuerdo



PRESIDENCIA DEL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Reynoso Sánchez.

La Senadora Martha Lucía Micher Camarena: (Desde su escaño) Señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Sonido en el escaño de la Senadora Malú Micher, ¿con qué objeto, Senadora?

La Senadora Martha Lucía Micher Camarena: (Desde su escaño) Senador, celebro la propuesta de la Senadora de Acción Nacional, del estado al que yo pertenezco, y me quiero sumar a este extraordinario punto de Acuerdo, porque sí está afectando seriamente este acuerdo y necesitamos frenarlos. Gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. Y tome nota la Secretaría de las adhesiones como la de la Senadora Malú Micher.






En la siguiente ronda de proposiciones, tiene el uso de la tribuna el Senador Armando Guadiana Tijerina, para presentar a nombre suyo y del Senador Ricardo Monreal, del grupo parlamentario del Partido Morena, un punto de Acuerdo por el que se solicita información sobre los juicios agrarios con condenas al gobierno de la República, en numerario o a cubrir el valor por determinada superficie.

El Senador Santana Armando Guadiana Tijerina: Bueno, con la venia señor Presidente; y con la venia de las Senadoras y Senadores:

Este punto de Acuerdo, pues, es preparado por nuestro coordinador de Morena, Ricardo Monreal, y todo el grupo de Morena, solamente estamos representándolos en la voz de un servidor, amén del tercer punto que agregamos.

Considerando

Primero.- Que el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, inciso a), nomeral 1, establece que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, entre otros, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, En los términos que fijen las leyes. Así mismo, para la interpretación de esta disposición, rige el principio de máxima publicidad, en armonía con la protección de los datos personales y las excepciones reguladas.

Segundo.- Que el artículo 17 constitucional establece el derecho humano a la tutela jurisdiccional, a fin de garantizar el acceso a una justicia imparcial respecto de las partes, independientemente de los poderes públicos, completa y gratuita.

Tercero.- Que acorde a lo establecido en el artículo 27, fracción XIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la justicia en materia agraria debe ser pronta y honesta, con el objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad.

Cuarto.- Que el estado de derecho en la democracia se construye con la igualdad de trato ante la ley, a fin de que en todas las controversias sometidas a decisiones jurisdiccionales, se respeten las formalidades del debido proceso y se resuelvan conforme al principio de previsibilidad ante hechos iguales en contextos similares, soluciones semejantes.

Quinto.- Que de conformidad con el artículo 109 constitucional, interpretado a contrario sensu, los servidores públicos deben actuar en el ejercicio de sus funciones, conforme a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

Sexto.- Que la austeridad a que están obligados los poderes públicos, incluye una adecuada defensa del interés de la nación y el estricto apego a derecho de las partes que intervienen en procesos jurisdiccionales.

Y Séptimo.- Que en una búsqueda preliminar, se han identificado sentencias de los Tribunales Agrarios recientes en los que se ha determinado condenas de pago de compensaciones o indemnizaciones a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por cantidades que requieren ser consideradas en la planeación de las finanzas públicas, considerando que pueden constituirse en un pasivo que recibirá la próxima administración que iniciará el próximo 1° de diciembre del presente año.

Se identifican tres asuntos que vienen ahí con número de juicio y en los cuales dos, uno en Oaxaca y otro en Veracruz, ya están condenando a que el gobierno federal, a través de la famosa y llevada por todos lados la Sedatu, ahora la actriz es la que está en boga, condenó a que se paguen 375 millones de pesos en una; 486 en otra; y está en otro juicio de Tuxtepec, Oaxaca, bueno, los tribunales son de Tuxtepec, los tres, y los asuntos son de Oaxaca-Veracruz y Oaxaca, para que la condena sea por el valor de la superficie de 3 mil hectáreas, está por determinar.

Ya para no darle tanto rollo al asunto, el asunto es que la titular de la Sedatu, llámese la señora Robles también, y los abogados seguramente que trabajan en el departamento jurídico, se ponen de acuerdo con los despachos externos y deciden no defender las cosas como deben ser para perjuicio de la nación.

Da la casualidad que esa información que estamos pidiendo al Tribunal Agrario y a la Sedatu para que llegue aquí al Senado de la República esa información, ahí ustedes van a darse cuenta. Ojalá, hablábamos de pronta resolución, pero no… pero sí como quiera que por favor la pidan lo más pronto que se pueda porque se trata de los mismos despachos jurídicos…

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Concluya, por favor.

El Senador Santana Armando Guadiana Tijerina: Despachos jurídicos en cuestión, seguramente son negocitos que están en el asunto, o sea, están en perjuicio, trabajando en perjuicio de la nación por millones de pesos, casi mil millones de pesos.

Punto de Acuerdo, terminando ya.

Primero.- El Senado de la República, de manera respetuosa, solicita al pleno del Tribunal Agrario, informe respecto a estas sentencias y a la Sedatu para que precisen los montos y superficies de los daños que se tienen que pagar a terceros.

Segundo.- Que el Senado de la República de manera respetuosa, más bien qué respetuosa, rápidamente solicite a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, a la Sedatu, y a su titular de los juicios señalados para que con firmeza se dé la información correcta.

Ya agregamos un tercer punto de última hora, aquí el Senador Monreal y un servidor.

Tercero.- El Senado de la República exhorta a la misma Sedatu, a través de los órganos internos, para que de acuerdo a lo establecido por los artículos 75 y 78 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para que aquellos funcionarios que están en sus funciones…

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Concluya.

El Senador Santana Armando Guadiana Tijerina: Aquellos funcionarios que están en sus funciones y que se han conducido con falta de profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad e integridad, sean castigados de inmediato, porque aparte en esos artículos desgraciadamente estaba viendo que están muy benignas las sanciones que se otorgan, hay que reformar también esos artículos que acabo de mencionar.

Realmente es una vergüenza que la titular de la Sedatu, tan llevada y traída en los últimos días, esté en tanto…
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Concluya, Senador, por favor.

El Senador Santana Armando Guadiana Tijerina: Ya vamos a terminar, mi querido Presidente.

En tanto rollo y aquí están otros tres juicios con daños a la nación por casi mil millones de pesos. Una vergüenza para la Administración Pública Federal, y que yo creo que ya no debe pasar, porque ya es el colmo, ya necesitamos un cambio efectivo y verdadero, ya una cuarta transformación” de adeveras.

Muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Guadiana Tijerina. Túrnese a la Junta de Coordinación Política por la importancia de los plazos señalados en el tema abordado.






En la séptima y última ronda de puntos de Acuerdo, se concede el uso de la tribuna a la Senadora Alejandra León Gastélum, para presentar a nombre de los Senadores de los grupos parlamentarios del Partido del Trabajo y del Partido Morena, un punto de Acuerdo para que se instituya un grupo de trabajo que analice la situación y el ordenamiento ambiental y regulación de las actividades económicas en la zona de salvaguarda del Golfo de California.

La Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum: Con la venia del Presidente de la Mesa Directiva. Senadoras y Senadores. Mexicanas y mexicanos:

Agradezco a la Senadora Lucía Trasviña, por Baja Californias Sur, que me da el uso de la voz en este punto tan importante.

A nombre del grupo parlamentario del Partido Morena y del Partido del Trabajo expongo que, derivado de la Reforma Energética se emite la Ley de Hidrocarburos en el año 2014, y que según esta Ley de Hidrocarburos, zona de salvaguarda es, un área de reserva en la que el Estado prohíbe las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos.

Según los artículos 41 y 42 de dicha Ley de Hidrocarburos, recae en la Secretaría de Energía y en la Comisión Nacional de Hidrocarburos que bajo ciertos dictámenes técnicos se determine estas zonas de salvaguarda, pero recae en el Presidente de la República que se decrete una zona de salvaguarda y a la vez el mismo Presidente pueda desincorporar las zonas de salvaguarda. Esto quiere decir que el Poder Ejecutivo es el único que tiene las facultades para determinar cuál es una zona de salvaguarda y después desincorporarlas para su expropiación y explotación de hidrocarburos.

Así, el 7 de diciembre de 2016, Enrique Peña Nieto emite el Decreto por el cual se determina zona de salvaguarda, denominada Golfo de California, Península de Baja California, Pacífico Sudcaliforniano, que se localiza en los estados de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, con una superficie total de 691 mil 757.61 kilómetros cuadrados.

En este Decreto, toda la Baja California y sus aguas adyacentes son determinadas zonas de salvaguarda, según debe de ser dictámenes técnicos por la Comisión de Energía. Quiere decir que somos en esta zona altamente ricos en hidrocarburos.

Por lo anteriormente expuesto, y considerando todo lo que se expuso, es prioritario proteger el acuario más grande del mundo, que es el Mar de Cortés y el Golfo de California, y es vital hacerlo con un fuerte sentido de justicia social de cara a las comunidades más vulnerables que no han sido respaldadas por ella.

Que entre la producción y la sustentabilidad del Mar de Cortés y la zona de salvaguarda debe existir una relación que garantice las futuras generaciones, la subsistencia de los recursos patrimoniales ambientales.

Por lo tanto, la pesca industrial de arrastre y otras prácticas similares deben ser evaluadas con visión más sustentable que rentable.

Que la acuicultura y la maricultura deben fomentarse de modo sustentable para que sea posible reducir notablemente el esfuerzo pesquero en la producción proveniente de la pesca de arrastre; la acuicultura y maricultura proveerán, además, alternativas viables de empleo para las familias de pescadores tradicionales; que debe escucharse a todos los actores involucrados en el aprovechamiento de la zona de salvaguarda.

Así es, que particularmente a los productores de la cuenca del Mar de Cortés, investigadores, organizaciones ambientales, organizaciones sociales de la pesca, pescadores, industriales, prestadores de servicios turísticos, gobiernos estatales y municipales deben ser considerados y tomados en cuenta.

Que el desconocimiento del esfuerzo pesquero permisible, la falta de planes de manejo y de conversión productiva, la falta de congruencia en la asignación de permisos de pesca, así como la competencia desleal de cooperativas fantasmas que realizan la pesca furtiva, la opacidad en la asignación de recursos para el desarrollo de proyectos productivos ponen en desventaja al sector social de la pesca y en duda a todos los involucrados.

Que en el diseño de las normas y las reglas de operación de las políticas públicas del sector pesquero deben participar los gobiernos estatales y municipales, asimismo, las confederaciones de sociedades cooperativas de producción pesquera, permisionarios de la pesca y cámaras industriales de la pesca, a fin de garantizar equidad y claridad en el recurso.

Señoras y señores Senadores, muy respetables todos ustedes:

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de lo siguiente:

Único.- Se exhorta respetuosamente a este Senado de la República para que de manera conjunta con el gobierno federal, así como a los gobiernos estatales y municipales que colinden con la zona de salvaguarda del Golfo de California, Península de Baja California y Pacífico Sudcaliforniano, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2016, instituya un grupo de trabajo con investigadores, universidades públicas, centros de investigación, sociedad civil organizada, federaciones y confederaciones de sociedades cooperativas de producción pesquera, permisionarios de la pesca, prestadores de servicios turísticos y cámaras industriales de la pesca, y analicen la situación del ordenamiento ambiental y las actividades económicas de la zona de salvaguarda, y emitan recomendaciones a esta Soberanía y a los ámbitos de competencia correspondiente, buscando en todo momento la preservación, conservación y aprovechamiento de dicha zona, con apego estricto a lineamientos del desarrollo sustentable.

Es cuanto, muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora León Gastélum. La Senadora ha presentado la proposición de punto de Acuerdo que hemos escuchado, para que se instituya un grupo de trabajo que analice la situación del ordenamiento ambiental y regulación de las actividades económicas en la zona de salvaguarda del Golfo de California, por urgente resolución.

Le hemos preguntado si sostiene esa postura y nos ha dicho que sí. Así se presentó originalmente y ella sostiene su petición de que se someta al Pleno esta consulta.

Por lo tanto, como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. En consecuencia, está a discusión la propuesta, y ha pedido la palabra la Senadora Guadalupe Saldaña.

La Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros: Con el permiso de la Mesa Directiva.

Sin duda, el tema del ordenamiento ambiental es uno de los grandes pendientes que existe hoy en nuestro país, así como impulsar la planeación integral del territorio considerando el ordenamiento ecológico y el ordenamiento territorial para lograr un desarrollo sustentable.

Una de las preocupaciones fundamentales de los mexicanos y en particular de los sudcalifornianos, es la grave afectación que han sufrido los litorales del estado de Baja California Sur, como está perfectamente documentado en estudios científicos.

Las especies marinas han estado sujetas a un aprovechamiento por encima de los niveles máximos de sustentabilidad, lo cual ha llevado a una profunda disminución de los stocks reproductivos.

Quiero citar como un ejemplo cómo en los últimos años más de 300 embarcaciones que se dedican a la pesca de camarón arrastran impunemente durante varios meses al año de manera inmisericorde el suelo marino de la bahía Sebastián Vizcaíno, que es área natural protegida en nuestro estado.

Enfrentamos todo el año el impacto, entre otros, de los barcos camaroneros al utilizar redes de arrastre que destruyen el fondo submarino, además de presentar una captura incidental de fauna de acompañamiento de más del 50 por ciento en peso de la pesca del camarón, de barcos palangreros al utilizar largas líneas de pesca con una gran cantidad de anzuelos distribuidos en toda la longitud de la línea de pesca que puede ser de kilómetros, captura indiscriminadamente de especies reservadas a la pesca deportiva, especies comerciales como tiburones y protegidos como tortugas y mamíferos marinos.

Por supuesto que nos sumamos al punto de Acuerdo, y si nos permiten integrar este grupo de análisis y de investigación, porque mi estado forma parte de estos estados que han sido, que este Decreto llega a esta parte y, por supuesto, que tenemos que ver por la sustentabilidad y este Decreto uno de los objetivo era eso, que nuestra sustentabilidad y el turismo siga siendo el principal baluarte de estados como Baja California Sur.

Entonces me sumo, señor Presidente, y si se pone a consideración integrar la comisión también nos sumamos.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Saldaña Cisneros.

No habiendo otras Senadoras o Senadores en el uso de la palabra, en consecuencia, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se aprueba la propuesta, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Aprobada la propuesta. Comuníquese.






Compañeras y compañeros Senadores, por tratarse de un punto que tiene vencimiento en cuanto a las fechas de referencia, el Senador José Narro Céspedes nos ha pedido simplemente incorporar el punto que propone al Diario de los Debates y darle lectura al punto de Acuerdo.

Esto lo ha hecho con anuencia de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política.

Leo entonces el punto para que quede constancia en el Diario de los Debates.

Mañana, 19 de septiembre se cumplen 33 años del terremoto que azotó a la Ciudad de México y al centro del país, al tiempo que también se cumple un año de que un nuevo evento sísmico llenó de luto a miles de nuestras familias.

Es un hecho, los desastres naturales no distinguen clases sociales, pero lastimosamente, los ciudadanos que viven en situación de pobreza son a los que más trabajo les cuesta levantarse.

En 1985 la cifra oficial fue de 3 mil 192 decesos, pero algunas organizaciones calculan que hubo más de 20 mil muertos. En cuanto a pérdidas económicas, se calculan 8 mil millones de dólares, 250 mil personas sin casa y aproximadamente 900 mil personas que abandonaron sus hogares.

En 2017 el sismo provocó 319 víctimas fatales en el país. Sólo en la Ciudad de México hay 5 mil 765 viviendas dañadas, en el Estado de México, 6 mil 059, en Morelos, 15 mil 532, en Puebla, 27 mil 812, en Oaxaca, 63 mil 336, en Chiapas, 59 mil 397, en Tlaxcala, 3, y en Guerrero, 2 mil 976.

De acuerdo con estimaciones de la Sedatu, más de 250 mil personas se quedaron sin vivienda y hoy están en situación de pobreza patrimonial, 16 mil planteles educativos dañados, 83 centros de salud presentan daños mayores o pérdida total.

De acuerdo con la Presidencia de la República, las afectaciones sobre vivienda, edificios y espacios públicos de los sismos tendrán un costo de 48 mil millones de pesos.

Por lo anteriormente expuesto, se presenta el siguiente punto de Acuerdo:

Primero.- El Senado de la República expresa su solidaridad y respeto a cada una de las víctimas de los pasados sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017.

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, a revisar para mejorar una política de Estado, con el fin de fortalecer el Centro Nacional de Prevención de Desastres, dotándolo de herramientas que le permitan mejorar la cultura de prevención, toda vez que una insuficiente cultura preventiva hace que este tipo de fenómenos sea causa importante de la pérdida de vidas.

Tercero.- El Senado de la República exhorta al Congreso de la Unión y a los Congresos Estatales a fortalecer las leyes y acciones contra la corrupción a fin de garantizar que los permisos de construcción cumplan con los requisitos y obligaciones que marcan los Reglamentos. Asimismo, a fortalecer las leyes que permitan establecer mecanismos para que los recursos destinados a la reconstrucción se distribuyan de manera equitativa, eficiente y transparente.

Se anota dicho texto en el Diario de los Debates y se agrega a las discusiones que sobre el tema está teniendo la Junta de Coordinación Política.

Proposición con punto de Acuerdo








Las demás proposiciones se turnarán a comisiones. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.

Del Senador Casimiro Méndez Ortiz, del grupo parlamentario del Partido Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, en particular a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente y al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, a hacer una revisión integral de la legislación conocida como “Reforma Educativa” y eliminar de manera definitiva los elementos punitivos que tanto han atentado en contra de los derechos de las y los trabajadores de la educación. Se turna a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.








De la Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Morena, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación tomar acciones en respuesta a las contingencias climatológicas que enfrenta el estado de Durango. Se turna a la Comisión de Gobernación.








Compañeras y compañeros Senadores, informo que los textos de las intervenciones del rubro de efemérides y de la agenda política se integran al Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

De la Senadora María Guadalupe Covarrubias Cervantes y del Senador Américo Villarreal Anaya, del grupo parlamentario del Partido Morena, sobre el aniversario de la victoria sobre el ejército español en Tampico en 1829.

SOBRE EL ANIVERSARIO DE LA VICTORIA SOBRE EL EJERCITO ESPAÑOL
EN TAMPICO EN 1829.

Fue ante Iniciativa del Ayuntamiento de Tampico, que la  Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas,  expidió Decreto mediante el cual se “Declara el día once de septiembre de 1829, fecha histórica oficial para el Estado de Tamaulipas y se concede la distinción de Heroica a la Ciudad y Puerto de Tampico, Tamaulipas; como reconocimiento a su valiosa contribución en la consolidación de la Independencia de México”.

Esta acción legislativa, encuentra su justificación histórica a la luz de  diversos análisis de importantes textos bibliográficos, así como semejantes obras relativas a la historia de Tamaulipas y de México.

Invocando los argumentos por los que el Congreso del Estado otorgó el merecido reconocimiento al municipio en mención, para que sea declarado en el ámbito nacional, debido a que el mismo planteamiento que entraña la distinción por parte del Estado de esta gesta heroica de gran significación histórica, no fue trascendental sólo para nuestra entidad federativa sino también, para la Nación entera.

México y su Independencia

En 1521, con la caída de Tenochtitlán, España obtuvo grandes beneficios económicos de esta tierra, convirtiéndola en la joya más importante de la corona. México tuvo que recorrer un camino largo y difícil de casi 300 años para lograr su independencia.

Con el grito de Dolores, en 1810, se provocaba el inicio de un cambio social radical que en 1821, con la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México, se consumó la Independencia.

En 1824 tomó posesión como Presidente de la República Guadalupe Victoria, enfrentándose a serios problemas para impulsar la marcha institucional de la nación. Ese mismo año se promulgó la Constitución Política de México, integrada por un presidente de la República, o Poder Ejecutivo, el Congreso de la Unión y una Suprema Corte de Justicia.

En 1829   el General Vicente Guerrero, en su breve gestión,  promulgó el decreto de la abolición de la esclavitud, estableció tratados diplomáticos con países amigos para consolidar a México y ratificó tratados de amistad, navegación y comercio con varias naciones.

Intento de reconquista de México

Con la independencia de sus colonias americanas, España había perdido la posibilidad de generar riquezas para competir con otras naciones que se encontraban en creciente desarrollo económico, por ello trató de recuperar la Nueva España, por su gran territorio, riquezas nuevas y litorales con el Pacífico y el Atlántico que habían sido el soporte durante siglos de la economía española. En este tiempo y de manera preventiva en México se organizó la milicia nacional, especialmente en los puntos fronterizos.

En 1827 el diputado tamaulipeco Manuel Tudor Avaló una propuesta para que el Congreso General expidiera una Ley de Expulsión de los Residentes Ibéricos, dando lugar a una Ley General de Expulsión. A su vez, en 1828 el gobernador de Tamaulipas, Lucas Fernández, expidió un decreto incitando a los tamaulipecos a que rechazaran cualquier posible invasión de los españoles.

Inicia la campaña militar

El 27 de julio 1829 las tropas comandadas por el Brigadier Barradas desembarcaron en Punta de Jerez, al sur de Tampico, y el 31 de julio tuvieron la primera batalla con las fuerzas mexicanas. Dado el cansancio, el clima, y la falta de agua potable, las tropas sufrieron bajas notables.

El 5 de agosto de 1829, el Brigadier Barradas solicitó una entrevista con el general Felipe de la Garza, éste accedió y se dirigió hacia el paso de Doña Cecilia, hoy Ciudad Madero; al día siguiente se realizó la entrevista.

Propuso tranquilizar el país, unir al ejército español con el mexicano previo juramento de fidelidad de este último a la monarquía española; le presentó al General condecoraciones de los reyes españoles y prometió ascensos a los jefes y oficiales de las tropas mexicanas.

El general De la Garza respondió que no quebrantaría el juramento que había prestado a la República, dejando en claro que ni toda España era capaz de alterar el orden del gobierno mexicano destruyendo la República.

No obstante, la negociación fracaso, por lo que el 7 de agosto de 1829 Tampico fue ocupado por el ejército español. Las Tropas ibéricas combatieron en Pueblo Viejo, Veracruz, y en Doña Cecilia y posteriormente se dirigieron a la Villa de Altamira, donde no encontraron agua potable ni comida. Previamente el ejército mexicano estratégicamente se había replegado.

Triunfo del Ejército Mexicano

Las calles del hoy centro histórico de la Ciudad y Puerto de Tampico fueron el escenario donde además de suscitarse la Batalla de Tampico, el 21 de agosto de 1829, el Ejército Mexicano y el pueblo combatieron con valor y heroísmo; es así que la Plaza de la Libertad, antes Plaza del Muelle, está marcada con la sangre de los hombres y mujeres que dieron su vida defendiendo la patria.

Después de 46 días de arduos combates en toda la zona, el Ejército Mexicano hizo firmar la capitulación al ejército de la vanguardia española, el 11 de septiembre de 1829; dicho documento fue ratificado por la plana mayor del ejército invasor en la Plaza de la Libertad del puerto de Tampico, terminando así con las intenciones de reconquistar el territorio mexicano, y consolidando la independencia del pueblo de México.

Hace más de 200 años que se desató el proceso que dio origen al gobierno representativo, a la Independencia y, en últimas, a la democracia en Hispanoamérica. Festejamos los mexicanos aquellas fechas que transcurren sin que su significado histórico sea reconocido con el alto valor de sus protagonistas.

Para nuestra población en general, existe el mayor interés en la difusión y examen de aquellos acontecimientos. Allí se encuentra el origen de la democracia representativa en Hispanoamérica.

Además de que se deba izar la bandera a toda asta, deseamos que esta fecha signifique recuerdo con dignidad y reconocimiento, de los que en su momento prescindieron de lo vital, para dar paso al México de nuestros días.

Salón de sesiones de la cámara de Senadores, el 18 de septiembre de 2018.

Atentamente

Sen. Américo Villarreal Anaya.- Sen. María Guadalupe Covarrubias Cervantes.

[*] Decreto No. LIX – 34 y Decreto No. LIX – 36,  del Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas.
(*) “La República del Viejo Tampico y la invasión de Barradas”, del historiador Vidal Efrén Covián Martínez.
(*) “La Victoria de Tampico, 11 de septiembre de 1829, una historia que contar”. Del Autor David Granados Ramírez.
(*) Colegio de Tamaulipas.
(*) Instituto de Investigaciones Histíricas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
(*) Asociación Civil Rescate Histórico de México.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRD, sobre los movimientos telúricos de los días 7 y 19 de septiembre de 2017, así como el terremoto de 1985.

EFEMÉRIDE

Para conmemorar los movimientos telúricos del pasado 7 y 19 de septiembre del 2017, así como el terremoto de 1985.

El que levantó el puño
para pedir silencio.
Los que le hicieron caso.
Los que levantaron el puño.
Los que levantaron el puño
para escuchar si alguien vivía
y oyeron un murmullo
los que no dejan de escuchar
El puño en alto, Juan Villoro

H. SENADO DE LA REPÚBLICA:

México se encuentra en una zona de alta sismicidad debido a la interacción de las placas de Norteamérica, de Cocos, del Pacífico, de Rivera y la del Caribe. Por esa razón no es rara la ocurrencia de sismos en el país, incluso el Sismológico Nacional reporta en promedio  40 temblores al día.

El 19 de septiembre de 1985 a las 7:19 horas, la capital del país se sacudió con un sismo de magnitud 8,1. El movimiento devastó a la zona centro de la ciudad, provocó daños severos en cientos de edificios y causó la muerte de miles de personas.

El 7 de septiembre de 2017 ocurrió un sismo de magnitud 8.2 localizado en el Golfo de Tehuantepec, a 133 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, Chiapas, en las coordenadas 14.85 grados latitud norte y -94.11 longitud oeste y una profundidad de 58 kilómetros. El temblor, ocurrido a las 23:49 horas, fue sentido en el sur y centro del país, y ocasionó fuertes daños en el istmo de Tehuantepec.

El 19 de septiembre, a las 13:14:40 horas, ocurrió otro sismo, con magnitud 7.1 localizado en el límite estatal entre Puebla y Morelos, a 12 kilómetros al sureste de Axochiapan, Morelos y a 120 kilómetros de la Ciudad de México.

Entre los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, el gobierno federal estimó que cuando menos fueron afectados más de 400 municipios de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, el Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Morelos, Guerrero y la Ciudad de México.

Por su parte, en Ciudad de México, al menos 5 mil 765 viviendas resultaron dañadas, y de esas, 2 mil 273 sufrieron daños totales. También en la capital mexicana se produjeron 44 derrumbes de edificios entre los que destacaron los multifamiliares de Calzada de Tlalpan o una fábrica en la colonia Obrera.

De manera instintiva, quienes estaban cerca de los derrumbes, corrieron a quitar, a veces con las manos desnudas, los escombros para buscar a gente atrapada. Se formaron cadenas humanas: jóvenes y adultos, solos o en grupo, con palas, cubetas, guantes o su simple tesón de buscar y rescatar sobrevivientes. 

La solidaridad de los mexicanos  está de manifiesto en eventos desastrosos como lo fueron estos sismos y algo similar  se vivió en el terremoto de 1985, evento que marco a México. Quienes recuerdan esa tragedia recuerdan la tristeza, pero también la forma excepcional en la que la ciudadanía dio un ejemplo de ayuda. 

Como legisladores debemos tomar acciones para ayudar a reconstruir los estados que fueron afectados por acontecimientos como los sismos del año pasado. Porque, a un año del lo sucedido aún existen familias que no han recibido la ayuda que necesitan.

En este sentido, el Grupo parlamentario del PRD pone a su consideración un minuto de silencio y así como la intervención de un miembro de cada Grupo Parlamentario para conmemorar los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre del año pasado, así como el de 1985.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 18 de septiembre de 2018.

Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa.- Sen. María Leonor Loyola Cervantes.- Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández.- Sen. Juan Manuel Fócil Pérez.- Sen. Antonio García Conejo.- Sen. Rogelio Israel Zamora Guzmán.






De la Senadora Sasil De León Villard, Coordinadora del grupo parlamentario del PES, sobre el 194 aniversario de la Federación de Chiapas a México.

EFEMÉRIDE DEL 194 ANIVERSARIO
DE LA FEDERACIÓN DE CHIAPAS A MÉXICO

14-septiembre-2018

La historia de Chiapas es muestra del espíritu de libertad que los chiapanecos tenemos. Las decisiones que tomamos son parte de nuestra identidad.

Es por ello, que la provincia de Chiapas primero se unió libremente a México en 1821, el decreto de incorporación se emitió en 1822; sin embargo, el 19 de julio de 1823 la Junta Suprema Provisional de Chiapas, la declaró provincia independiente.1

El 8 de abril de 1823 se organiza en Chiapas una junta general de gobierno para tomar una decisión, de vital importancia para Chiapas y para México. La junta se instaló el 4 de junio de 1823, para decidir si la entidad se anexaba a Guatemala o continuaba con el pacto de unión a México.2

Esta junta conformada por 10 delegados de los 12 partidos que conformaban Chiapas, llevó a cabo un escrupuloso plebiscito, para saber la verdadera inclinación de los chiapanecos.

Así el 9 de septiembre de 1824, según el Acta de la Junta Provisional de chiapas, de los 172,953 habitantes que entonces tenía la entidad, 96,829 votaron por México, 60,400 por Guatemala y 15,724 no expresaron su preferencia.3

Es así que el 14 de septiembre, la Junta hizo el solemne pronunciamiento de la adhesión de Chiapas a México, con un gran acto celebrado por el pueblo chiapaneco.

A Chiapas se le consideró como estado integrante de la federación, en nuestra primera Constitución Federal, la Constitución de 1824, aunque no había figurado en el Acta Constitutiva de la Federación del 31 de enero de 1824.

Este día 14 de septiembre, fue declarado a iniciativa de ocho senadores de la República, por decreto del 28 de noviembre de 1933, día de fiesta nacional, “para conmemorar  la federalización de Chiapas a México”.4

Como chiapaneca me siento honrada de recordar este gran acontecimiento, que nos ha permitido compartir con toda la nación mexicana, sus éxitos y vicisitudes, y así honrar la decisión que el pueblo chiapaneco tomó  libremente hace ya 194 años.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 18 de septiembre de 2018.

Atentamente

Sen. Sasil De León Villard.

1 http://www.diariodechiapas.com/landing/la-federacion-de-chiapas-a-mexico/ (consultado 10-09-2018)

2 http://www.soychiapanecote.com/independencia-de-chiapas-federacion-a-mexico/ (consultado 10-09-2018)

3http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/ojs_rum/files/journals/1/articles/11247/public/11247-16645-1-PB.pdf
(consultado 10-09-2018)

4http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/ojs_rum/files/journals/1/articles/11247/public/11247-16645-1-PB.pdf
(consultado 10-09-2018)






Del grupo parlamentario del PVEM, sobre el “Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono”.

“Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono”.

Con su venia Presidente:

El ozono es un gas que está presente en la atmósfera de forma natural. Aproximadamente el 10% del ozono atmosférico está en la troposfera y el restante (90%) reside en la estratosfera denominada “capa de ozono”. El ozono tiene la propiedad de absorber muy eficientemente los rayos ultravioleta (UV), qué, de otra forma llegarían a la superficie terrestre; estos rayos pueden ser muy dañinos para los seres vivos y en humanos pueden llegar a causar cáncer en la piel.1

Desafortunadamente, los clorofluorocarbonos (CFC) que por muchos años fueron utilizados como refrigerantes, spray y espumas, tienen una relación directa con el agujero de la capa de ozono, lo cual trae consigo una serie de consecuencias perjudiciales para la humanidad.

Es en este sentido, que el Premio Nobel de Química2, Mario Molina junto con otros científicos en 1974, identificaron los compuestos industriales que dañaban la capa de ozono y que contribuían a su destrucción, alertando a la comunidad científica sobre las graves consecuencias que podían tener de seguir produciendo y emitiendo estos componentes a la atmosfera.

Por ello, en 1981 se dio inicio a negociaciones intergubernamentales de un acuerdo internacional para eliminar gradualmente las sustancias que agotan la capa de ozono, adoptando el Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono en marzo de 1985, el cual fue ratificado por México el 14 de septiembre de 1987. Este instrumento alienta la cooperación intergubernamental para la investigación, la observación sistemática de la capa de ozono, el intercambio de información y el control y eventual eliminación del empleo de las sustancias agotadoras de la capada de ozono, en primera instancia los Clorofluorocarbonos (CFCs). Para este fin, se adoptó el Protocolo de Montreal, el 16 de septiembre de 1987 y entra en vigor el 1° de enero de 1989. México fue de los primeros países en ratificar el Protocolo de Montreal, el 31 de marzo de 19883.

El Protocolo de Montreal, establece controles a la producción y el consumo de los gases que agotan a la capa de ozono, como los CFC. A este Protocolo se unieron más de 190 naciones, que se comprometieron a dejar de utilizar estos compuestos, sustituyéndolos por otros con menor o casi nulo poder de agotamiento de la capa de ozono4.

Este Protocolo ha hecho mucho más que reducir el agujero de la capa de ozono, también nos ha demostrado cómo la gobernanza ambiental puede dar respuesta a la ciencia y cómo los países pueden hacer frente juntos a una vulnerabilidad compartida.

Por ello, en 1994, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el 16 de septiembre Día internacional de la preservación de la capa de ozono, en conmemoración de la fecha de la firma, en 1987, del Protocolo de Montreal sobre sustancias que agotan la capa de ozono.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la aplicación del Protocolo de Montreal ha progresado bien en los países desarrollados y países en desarrollo. Todos los calendarios de eliminación se han respetado en la mayoría de los casos, algunos incluso antes de lo previsto. En vista del progreso constante realizado en el marco del Protocolo, ya en 2003, ex Secretario General Kofi Annan declaró: “Tal vez el acuerdo internacional más exitoso hasta la fecha ha sido el Protocolo de Montreal”. Sus puntos de vista son compartidos ampliamente en la comunidad internacional.5

En este día debemos ser conscientes de la fragilidad de la capa de ozono y los efectos negativos que tendrían los rayos solares sin esta capa protectora. El Protocolo de Montreal es un ejemplo de que la voluntad de la comunidad internacional hace cambios perfectos para equilibrar nuestro ambiente, por ello este protocolo, debe ser un aliciente para los esfuerzos internacionales actuales y futuros que permitan afrontar, ahora el cambio climático.

Si bien, el agotamiento de la capa de ozono y el cambio climático son dos fenómenos diferentes. Estos tienen conexiones importantes: los cambios en la capa de ozono sí contribuyen a modificar el clima del planeta y el cambio climático también afecta la recuperación de la capa de ozono6.

Este 16 de septiembre de 2018 la ONU hacen un llamado a todo el mundo para continuar con el trabajo ejemplar de proteger la capa de ozono y el clima, en el marco del Protocolo de Montreal. El tema en este año es "Consérvate cool y continúa" y tiene dos connotaciones:

1. que nuestro trabajo de proteger la capa de ozono también protege el clima y

2. que el protocolo de Montreal es un tratado "Cool", como lo ejemplifica su éxito extraordinario.

Los Senadores del Partido Verde, reconocemos que la protección de la capa de ozono y el clima no es responsabilidad única de los gobiernos y es por ello que hacemos un llamado a la ciudadanía para hacer un uso responsable y dar mantenimiento constante de refrigeradores, aires acondicionados y otros equipos, que puedan contener CFC.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 18 de septiembre de 2018.

Partido Verde Ecologista de México.

1 http://centromariomolina.org/libro/estudiante/files/assets/downloads/page0034.pdf

2 Se le entregó el premio nobel en 1995 por sus investigaciones junto con F.S. Rowland en 1974, para establecer el adelgazamiento de la capa de ozono como consecuencia de la emisión de ciertos gases industriales, los clorofluorocarburos.

3 https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/protocolo-de-montreal-relativo-a-las-sustancias-que-agotan-la-capa-de-ozono-protocolo-de-montreal

4 http://centromariomolina.org/libro/estudiante/files/assets/downloads/page0035.pdf

5 http://www.un.org/es/events/ozoneday/background.shtml

6 http://centromariomolina.org/libro/estudiante/files/assets/downloads/page0035.pdf






AGENDA POLÍTICA

De las y los Senadores del grupo parlamentario del PAN, para referirse a la situación política del país.

(No se registran intervenciones)

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, para referirse a los sismos de septiembre del año pasado.

(No se registran intervenciones)

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, para referirse al planteamiento de incrementar la edad para recibir los apoyos del Programa de Pensión para Adultos Mayores.

(No se registran intervenciones)

Les recuerdo que si desean mantener inscritas sus iniciativas y proposiciones para la siguiente sesión, deberán informarlo a la Secretaría Técnica de la Mesa Directiva

De no recibirse avisos, se aplicará el correspondiente turno a Comisiones, los cuales se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.

Continúe la Secretaría con los asuntos de la Agenda.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Se han agotado los asuntos en cartera, señor Presidente.






CITA

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se cita a la siguiente sesión del próximo jueves 20 de septiembre a las 11:00 horas, en la que se realizará Análisis del VI Informe de Gobierno, en materia de política exterior.

Se levanta la sesión.

(Se levantó la sesión a las 17:59 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
de los Estados Unidos Mexicanos

Av. Paseo de la Reforma 135,

Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc,

Ciudad de México

Teléfonos: 53-45-30-00
Exts. 5405/5408

Internet: http://www.senado.gob.mx
Correo electrónico: diario_debates@senado.gob.mx

Este Diario de los Debates es preliminar y de carácter informativo, como tal, carece de valor oficial.





 
SUMARIO









ANÁLISIS DEL VI INFORME DE GOBIERNO,
EN MATERIA DE POLÍTICA ECONÓMICA


Primera ronda de intervenciones, en materia de política económica. Intervienen al respecto los Senadores Emilio Álvarez Icaza Longoria, se inserta su intervención; Gabriela Benavides Cobos, del grupo parlamentario del PVEM; Sasil De León Villard, del grupo parlamentario del PES; Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del grupo parlamentario del PT; Juan Manuel Fócil Pérez, del grupo parlamentario del PRD; Samuel Alejandro García Sepúlveda, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano; Vanessa Rubio Márquez, del grupo parlamentario del PRI; Julen Remetería del Puerto, del grupo parlamentario del PAN; e Imelda Castro Castro, del grupo parlamentario del Partido Morena.



Segunda ronda de intervenciones, en materia de política económica. Intervienen al respecto los Senadores Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano; Claudia Edith Anaya Mota, del grupo parlamentario del PRI; Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del PAN; y Alejandro Armenta Mier, del grupo parlamentario del Partido Morena.

























































Portal de Accesso