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Diario de los Debates


DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LXIV Legislatura AÑO I Primer Periodo Ordinario Sesión Núm. 5

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Martí Batres Guadarrama

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 13 de Septiembre de 2018

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PRESIDENCIA DEL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

APERTURA

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: (11:10 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las Senadoras y los Senadores.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 71 ciudadanas Senadoras y ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se abre la sesión del jueves 13 de septiembre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con el cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES
ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

PRESIDE EL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

 

En la Ciudad de México a las once horas con seis minutos del día martes once de septiembre de dos mil dieciocho, encontrándose presentes setenta y seis ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Presidencia dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión del seis de septiembre de dos mil dieciocho.

 

El Presidente de la Mesa Directiva, en atención a la petición del Senador José Erandi Bermúdez Méndez, solicitó guardar un minuto de silencio en memoria de don Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, quien fue legislador en la LVIII y LXI Legislaturas.

 

El Presidente de la Mesa Directiva, en atención a la petición de la Senadora Minerva Citlalli Hernández Mora, solicitó guardar un minuto de silencio en homenaje del Presidente Salvador Allende, quien falleciera en el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, en Chile.

(Comunicaciones)

Se recibió comunicación de la Junta de Coordinación Política, por la que informa que el Coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México es el Senador Raúl Bolaños Cacho Cué.- Quedó de enterado. Se comunicó a las Secretarías Generales del Senado.

 

Se recibió comunicación del Senador Eduardo Enrique Murat Hinojosa, por la que informa su decisión de formar parte del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.- Quedó de enterado. Se comunicó a las Secretarías Generales del Senado.

 

Se recibió comunicación del Senador Dante Delgado Rannauro, por la que informa la incorporación del Senador Juan Quiñonez Ruiz al grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.- Quedó de enterado. Se comunicó a las Secretarías Generales del Senado.

 

Se recibió comunicación del Senador Juan Quiñonez Ruiz, por la que informa su incorporación al grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.- Quedó de enterado. Se comunicó a las Secretarías Generales del Senado.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Informe de Labores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.- La Presidencia comunicó que dicho Informe se distribuyó entre las senadoras y los senadores, a través de los respectivos grupos parlamentarios.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que comunica la designación de los legisladores del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, como Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.- Quedó de enterado.

 

La Presidencia informó que la Mesa Directiva en su reunión de este día acordó conformar una comisión plural de Senadoras y Senadores, con representación de todas las bancadas para recibir a integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores.- La comisión quedó integrada por los Senadores Víctor Manuel Castro Cosío, Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, Ángel García Yáñez, Patricia Mercado Castro, Rogelio Israel Zamora Guzmán, Joel Padilla Peña, Gabriela Benavides Cobos, y Katya Elizabeth Ávila Vázquez.

(Análisis del VI Informe de Gobierno)

El Presidente de la Mesa Directiva, a efecto de dar cumplimiento al artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y al acuerdo de la Junta de Coordinación Política aprobado el 6 de septiembre de 2018, dio paso al Análisis del VI Informe de Gobierno del Presidente de la República, en materia de política social.- En la primera ronda de intervenciones, hicieron uso de la palabra los Senadores: Emilio Álvarez Icaza Longoria; Raúl Bolaños Cacho Cué del PVEM; Elvia Marcela Mora Arellano del PES; Cora Cecilia Pinedo Alonso del PT; Ma. Leonor Noyola Cervantes del PRD; Patricia Mercado Castro de MC; Mario Zamora Gastélum del PRI; e Indira de Jesús Rosales San Román del PAN.

PRESIDE LA SENADORA
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA

Continuó la intervención del Senador Rubén Rocha Moya de MORENA. En la segunda ronda de intervenciones, hicieron uso de la palabra los Senadores: Eduardo Enrique Murat Hinojosa del PVEM; y Elvia Marcela Mora Arellano del PES.

PRESIDE EL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

Continuaron las intervenciones de los Senadores: Verónica Delgadillo García de MC; Nuvia Mayorga Delgado del PRI; Xóchitl Gálvez Ruiz del PAN; y Gricelda Valencia de la Mora de MORENA. El Presidente de la Mesa Directiva informó que en cumplimiento al numeral 5, del artículo 7o. de la Ley Orgánica del Congreso General, y al resolutivocuarto del Acuerdo aprobado, la versión estenográfica de la sesión sobre el análisis del VI Informe de Gobierno se remitirá al ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

(Iniciativas)

La Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, a nombre del grupo parlamentario del Partido Morena, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la fracción II del artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez, a nombre de los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fiscalía general de la República.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Sylvana Beltrones Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Aduanera.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

PRESIDE LA SENADORA
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA

 

El Senador Samuel García Sepúlveda, a nombre de los Senadores del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de inhabilitación por hechos de corrupción.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

PRESIDE EL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

 

El Senador Juan Manuel Zepeda Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley de Hidrocarburos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Sasil De León Villard, a nombre propio y de las Senadoras Eunice Renata Romo Molina, Elvia Marcela Mora Arellano, Katya Elizabeth Ávila Vázquez y María Antonia Cárdenas Mariscal, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el numeral 2 del artículo 122 del Reglamento de la Cámara de Senadores.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Verónica Noemí Camino Farjat, a nombre de los Senadores del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Imelda Castro Castro, a nombre de diversos Senadores, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 25; se adiciona un párrafo segundo a la fracción XXIX-W del artículo 73; y se adiciona un párrafo segundo al artículo 134, recorriendo los actuales en su orden, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.

 

El Senador José Erandi Bermúdez Méndez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Almacenamiento Rural y se reforman los artículos 98, 99 y 100 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Claudia Edith Anaya Mota, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el numeral 3 al artículo 122 del Reglamento del Senado de la República.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

(Proposición)

La Presidencia informó que se recibió de los integrantes de la Mesa Directiva, de la Junta de Coordinación Política y del Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, una proposición con punto de Acuerdo en relación con el aniversario del Movimiento Estudiantil del 2 de octubre de 1968.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión.El Presidente de la Mesa Directiva le dio lectura. Considerado de urgente resolución. Sin discusión, el punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

(Iniciativas)

La Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Morena, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Agraria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos.

 

El Presidente de la Mesa Directiva, consultó a la Asamblea continuar con los asuntos inscritos en el Orden del Día, en virtud de haberse cumplido las cuatro horas de la sesión ordinaria de conformidad con lo que establece el artículo 50 del Reglamento del Senado.- La Asamblea en votación económica autorizó continuar con la sesión ordinaria.

 

El Senador Julen Rementería Del Puerto, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un artículo 54 bis a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos.

 

El Senador José Luis Pech Várguez, a nombre propio y del Senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido Morena, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 231, 24 y 250 del Código Nacional de Procedimientos Penales; los artículos 182-A, 182-Ñ y 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales; y el artículo 243 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

(Proposiciones)

La Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Morena, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo a que, a través de la Secretaría de Educación Pública, se agilicen los trámites para el rescate financiero de la Universidad Autónoma del estado de Morelos.- Se turnó a la Comisión de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología.

 

La Senadora Kenia López Rabadán, a nombre propio y de la Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz y de diversos Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a las autoridades electorales, nacionales y locales, a tomar las medidas necesarias a efecto de no permitir la violencia política en razón de género contra mujeres en el estado de Chiapas.- La Senadora Kenia López Rabadán informó que se realizaron modificaciones al resolutivo tercero del Acuerdo. La Senadora Martha Lucía Micher Camarena, intervino para mencionar que conjuntamente con las Senadoras Claudia Ruiz Massieu Salinas y Patricia Mercado Castro, inscribió un punto de Acuerdo sobre el mismo tema, el cual retiran y se adhieren al presentado por la Senadora Kenia López Rabadán. Considerado de urgente resolución. Sin discusión, el punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

La Senadora Beatriz Paredes Rangel, a nombre propio y de los Senadores Emilio Álvarez Icaza, Manuel Añorve Baños, José Antonio Cruz Álvarez Lima, Minerva Hernández Ramos, Ana Lilia Rivera Rivera y Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, presentó proposición con punto de Acuerdo en materia de trata de personas.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

PRESIDE EL SENADOR
JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN

 

La Senadora Verónica Delgadillo García, a nombre de los Senadores del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a revocar la autorización al Consejo de Administración de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, respecto de la entrada en vigor de los incrementos anunciados el pasado 6 de septiembre a las tarifas relativas al pago de cuotas por el aprovechamiento de los caminos y puentes federales.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

 

El Senador Juan Manuel Fócil Pérez, a nombre de los Senadores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Mesa Directiva del Senado a que el ahorro de 599.6 millones de pesos, producto del Acuerdo de los Grupos Parlamentarios, sean destinados en un porcentaje del 70% a la reconstrucción de viviendas y el 30% a la reconstrucción de la infraestructura de las escuelas, en las zonas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre del 2017.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

 

La Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se requiere al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores que solicite a la Sección de los Estados Unidos de América de la Comisión Internacional de Límites y Aguas el cumplimiento cabal del Tratado de Aguas de 1944.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores.

 

La Presidencia dio turno a la proposición de la Senadora Sasil De León Villard, Coordinadora del grupo parlamentario Encuentro Social, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a atender la denuncia que realizan los vecinos de diversas colonias del municipio de San Fernando, Chiapas, con respecto a las severas afectaciones al medio ambiente que les está ocasionando la empresa “Logística de Transportación y Comercialización JB, S.A. de C.V.”- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.

 

La Presidencia dio turno a la proposición de los Senadores del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo relativo al Día Mundial para la Prevención del Suicidio.- Se turnó a la Comisión de Salud y Seguridad Social.

 

El Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Veracruz a atender el cumplimiento pleno de los derechos de las familias de las personas desaparecidas, establecidos en la legislación en materia de víctimas y en materia de desaparición de personas.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

 

La Senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena, del grupo parlamentario del Partido Morena, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Chihuahua y al presidente municipal de Ciudad Juárez a restablecer el orden y cesen los homicidios, feminicidios y desapariciones forzada y por particulares.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

PRESIDE EL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

 

La Senadora Gloria Núñez Sánchez, a nombre de los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos y del Banco Nacional de Obras a cancelar los aumentos a las tarifas de peaje de la red carretera federal que entraron en vigor el pasado 7 de septiembre de 2018.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

 

La Senadora Verónica Martínez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a agilizar el proceso de entrega de insumos provenientes del Fondo de Desastres Naturales al estado de Coahuila.- Considerado de urgente resolución. Intervino el Senador Santana Armando Guadiana Tijerina de MORENA, quien presentó propuesta de adición, la cual se admitió a discusión. El punto de Acuerdo adicionado fue aprobado en votación económica. 

 

La Senadora Cecilia Margarita Sánchez García, a nombre del Senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido Morena, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a informar sobre las acciones realizadas y por realizar para detectar, prevenir y combatir el nepotismo, las redes familiares y el conflicto de interés en el Poder Judicial de la Federación.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

La Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, a nombre de los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión a que, en el marco de la elaboración, presentación, análisis, discusión y aprobación del paquete económico para el ejercicio Fiscal 2019, contemplen la disminución del IVA para toda la región fronteriza.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

La Senadora María Soledad Luévano Cantú, del grupo parlamentario del Partido Morena, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto del Fondo de Vivienda para los Trabajadores a transparentar los criterios de otorgamiento y cálculo del pago de daños y perjuicios por la cancelación anticipada de su relación contractual con TELRA REALTY S.A.P.I. DE C.V.; y a diversas autoridades, a que investiguen esta operación irregular.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.


(Agenda Política)

La Presidencia informó que el tema inscrito por los Senadores del grupo parlamentario del Partido Morena, para referirse al atentado sufrido por el Dr. Blas Juan Godínez.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio paso a la agenda política, para referirse al asesinato de colaboradores de la Senadora Rocío Nahle García.- Intervino la Senadora Claudia Esther Balderas Espinoza de MORENA.

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

La Presidencia informó a la Asamblea que los integrantes de la Mesa Directiva suscribieron un acuerdo, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida por el Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Baja California, en el juicio 211/2013.- Se instruyó a la Dirección Jurídica del Senado a comunicar al Juzgado Octavo de Distrito del estado de Baja California las acciones que realizará esta Cámara para dar cumplimiento a lo que requirió para resolver el nombramiento del C. Sergio Agustín Sánchez Martínez como Magistrado Numerario del Tribunal Agrario.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

La Presidencia informó a la Asamblea que se recibió un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se emite convocatoria pública para ocupar el cargo de magistrado electoral local.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. Sin discusión, el Acuerdo fue aprobado en votación económica.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a la siguiente iniciativa:

 

De los Senadores del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley de Seguridad Interior.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a la siguiente proposición:

 

De los Senadores del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a brindar asistencia jurídica y de representación a aquellos mexicanos que han sido detenidos en redadas masivas por autoridades migratorias de Estados Unidos de América.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores.

(Efeméride)

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitieron efeméride sobre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las diecisiete horas con cuarenta y ocho minutos y citó a la siguiente el jueves trece de septiembre a las once horas, en la que se realizará el análisis del Sexto Informe de Gobierno en materia de política interior.

 

Fin de la sesión.






ASISTENCIA DE LA SESIÓN ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señora Presidenta.

PRESIDENCIA DE LA SENADORA
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, señora Secretaria.






ANÁLISIS DEL VI INFORME DE GOBIERNO,
EN MATERIA DE POLÍTICA INTERIOR

Honorable Asamblea, a fin de dar cumplimiento al Resolutivo Primero del Acuerdo que establece las normas para el Análisis del VI Informe de Gobierno del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, este día llevaremos a cabo el análisis en la materia de política interior.

Habrá dos rondas de intervenciones de los grupos parlamentarios. Estas participaciones se realizarán conforme al número de integrantes de los grupos parlamentarios en orden creciente, hasta por cinco minutos en cada ronda. Si algún grupo desea tener una sola intervención, podrá hacerlo por el tiempo acumulado de diez minutos.

Conforme al numeral 4 del Resolutivo Segundo del Acuerdo aprobado, iniciaremos con la participación del Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, hasta por cinco minutos.

Posteriormente tendrá la palabra la Senadora Verónica Camino Farjat, del Partido Verde Ecologista de México, por lo que le rogamos que esté atenta. Gracias.

Adelante, Senador Icaza. Sonido, por favor, en la tribuna.

El Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria: Y si me regalan un vaso de agua, porque luego, la vez pasada, me andaba ahí asfixiando, una estrategia política de austeridad. Muchísimas gracias.

Nos damos cita para analizar el VI Informe de Gobierno y para evaluar los aspectos de política interior.

No hay condición para un desarrollo amplio, de manera que mi intervención estará centrada en algunos de los temas vitales en esta materia.

Solicito, señora Presidenta, se incluya mi texto íntegro en el Diario de los Debates.

Este gobierno empezó con muy altas expectativas y tiene justo su quiebre en dos temas centrales: corrupción y graves violaciones a los derechos humanos.

¿Qué sucedió?

¿Qué paso de el "Salvando a México" de los titulares de la prensa estadounidense a los más bajos niveles de popularidad y aceptación que se tenga registro en el pasado reciente?

Por increíble que parezca, el quiebre vino de la violación a los derechos humanos y de lo que parecía un caso aislado de corrupción. Estos hechos, sumados a otros, generaron una crisis política y una crisis de confianza en ese gobierno de la que ya no pudo salir, acabó en una profunda crisis épica.

Esta ruptura no sólo tuvo su desafío en los problemas que enfrenta esencialmente cualquier gobierno, sino el problema es cómo se encararon estos problemas. En realidad, no se enfrentaron con verdad, con decisión, sino con simulación y complicidad.

Ahí empezó la erosión acelerada de la credibilidad y la confianza, y que ante reclamos y señalamientos, lejos de corregir el camino, se empecinó y se cometieron los mismos errores; no se entendió que el país ya había cambiado y se pensó, incluso, que con nuevas tecnologías y nuevos medios, se podía generar una formación de opinión distinta. No se entendió que el México del siglo XXI ya cambió.

Este sexenio será recordado por diversas razones.

Hay algunas de las que hay que subrayar y vamos a recordar con reconocimiento, por ejemplo, la Ley General de Víctimas y las gestiones que se hicieron para sacarla adelante.

También vale la pena resaltar y subrayar el Sistema para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes.

También hubo otros ordenamientos en materia de derechos humanos, algunos pactos y reformas que eventualmente algunas de sus partes pudieran ser vitales.

Pero también nos vamos a acordar de otras cosas, nos vamos a acordar de Ayotzinapa. Casi cuatro años después nos sigue doliendo, nos faltan 43 y miles más, cuyas familias, en un ejemplo de amor extraordinario, les siguen buscando.

También nos acordamos de Tlatlaya,y varios sucesos más.

Los escándalos de corrupción, lejos de enfrentarse, se reprodujeron y prácticamente están sin sanción.

Nos duele el socavón y las diversas versiones de estafas maestras.

Así como las complicidades para hacer negocios con la política y la política para hacer negocios, como los casos de Odebrecht, OHL, Higa y otros.

El Sistema Nacional Anticorrupción no se instaló a cabalidad ni en los términos necesarios.

No se estuvo a la altura de la ciudadanía que generó la iniciativa ciudadana más impresionante en años.

Este gobierno quedó mucho a deber. Nos deben transparencia y rendición de cuentas.

Se dejó pasar la oportunidad histórica de refundar y transformar la procuración de justicia. No contamos con un fiscal general independiente y autónomo.

Y felizmente, hay señales que apuntan a que estamos en ruta de cometer el mismo error, nada más que con mayores consecuencias.

Se espió ilegalmente a periodistas, defensores de derechos humanos, víctimas y opositores; en lugar de utilizar esa capacidad para combatir el delito. Hoy, prácticamente todas y todos sabemos qué es "Pegasus", pero no conocemos un solo responsable por su uso ilegal.

También se redujeron y amenazaron los espacios para la libertad de expresión de manera dramática. Voces emblemáticas, voces profesionales, pero también voces alternativas fueron silenciadas de muy diferentes maneras: Desde el cierre de espacios, hasta homicidios impunes, todavía, hoy en día.

Se legisló lo ilegal y se regularizó lo ilegal, por ejemplo, el caso de la Ley de Seguridad Interior.

Termino, señora Presidenta.

En síntesis, faltó visión y sobraron complicidades; faltó carácter y congruencia democrática y sobraron spots.

La gobernabilidad, la democracia y la transformación de México no son un producto a vender, son una realidad a transformar, a construir, cuya primera regla debe ser la congruencia, la constancia y el valor.

En síntesis, el gobierno de Enrique Peña Nieto nos quedó a deber, fue una gran y dolorosa decepción. Enseñó que el marketing no es suficiente para la gobernabilidad democrática, eventualmente ayuda a ganar elecciones.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Concluya, por favor, Senador.

El Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria: Así lo haré, señora Presidenta.

Eventualmente ayuda a ganar elecciones, pero no se puede engañar a todos y a todas, todo el tiempo.

Muchas gracias, por su atención.

Intervención



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Álvarez Icaza.

En consecuencia, tiene el uso de la tribuna la Senadora Verónica Noemí Camino Farjat, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Y utilizará en una sola intervención de 10 minutos, el tiempo que corresponde a su grupo parlamentario.

La Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Buenos días. Con el permiso de la Mesa Directiva, y que orgullosamente está sentada una mujer ahí y también, bueno, en la Presidencia. Compañeras y compañeros Senadores:

En el análisis de este último informe del Presidente Enrique Peña Nieto, tenemos la oportunidad de evaluar y analizar los logros y desaciertos que permitirán al nuevo Presidente de la República consolidar su nueva forma de gobernar.

Hoy, con el análisis de la política interior, debemos adentrarnos, como primer punto, a las acciones emprendidas en materia de combate a la corrupción.

Sabemos los efectos que tiene este tema en la vida económica, social, política y cultural de nuestro país.

Por ello, son importantes los avances en esta materia.

En este sentido, debemos resaltar el impulso del actual gobierno para integrar un registro de servidores públicos que participan en contrataciones públicas y en emisión de protocolos de actuación, incluida la declaración patrimonial que presenten los servidores públicos, un apartado específico sobre el posible conflicto de interés.

Actualizar el directorio de proveedores y contratistas sancionados, el cual cuenta con más de mil 700 sanciones a licitantes, proveedores y contratistas; actualizar el registro de servidores públicos sancionados, que durante los seis años de gobierno se integró por 46 mil servidores públicos sancionados; y crear el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas, que permiten dar seguimiento a irregularidades expresadas por la ciudadanía en contra de los servidores públicos.

Es de resaltar que los actos de corrupción se inhiben con el acceso a la información.

Por ello es importante destacar el trabajo del gobierno en esta materia, a través del programa de gobierno digital, que por medio de las tecnologías de la información y la comunicación logró mejorar la prestación de los servicios, transparentar las operaciones gubernamentales y promover la participación de la sociedad.

Aquí quiero hacer una breve reflexión. Su servidora, en el año 2008 trabajó en el Centro Estatal de Desarrollo Municipal, del estado de Yucatán, y en aquel momento, nosotros, los que trabajábamos en el Departamento de Capacitación, su servidora y otros cuatro compañeros, recorríamos los municipios y trabajamos en capacitar, también conjuntamente con el Instituto de Acceso a la Información Pública del estado, a los presidentes municipales, a los directores de área, a todas aquellas personas que estuvieran involucradas en el día a día de los municipios.

En aquel momento, de verdad era sumamente desesperante que las multas que ponían, que se contemplaban en la ley, no se le colocaban, no iban dirigidas a la persona, sino al cargo, por lo que el pago de esas multas salía una y otra vez de las arcas municipales o, incluso, de las arcas estatales.

Muchos años después, en el 2016, me dio gusto estar en el Congreso del estado de Yucatán y aprobar, a partir de la reforma constitucional, que esas multas ya no fueran al cargo, sino fueran a las personas, y es en ese momento en el que dije: "las cosas en este país sí pueden cambiar, sí las podemos cambiar", y han cambiado.

En otro orden de ideas, es importante destacar que a finales del 2017, fue un periodo complicado y de gran actividad social, nuestro país se levantó de uno de los desastres más importantes que marcará la historia de México, el sismo ocurrido el 7 de septiembre de ese año, el más fuerte en la historia reciente de México. Afectó a cientos de personas en Oaxaca, Chiapas, Tabasco y asimismo el ocurrido el 19 de septiembre que afectó el número de afectados por movimientos sísmicos y dañó zonas de Puebla, Ciudad de México y Morelos, entre otros.

Si bien el gobierno federal respondió de manera inmediata con la activación del Comité Nacional de Emergencias. Debemos hacer un reconocimiento a la ciudadanía por ser quienes se encargaron de forma inmediata de apoyar a las víctimas de esos sucesos, todos aquellos que estábamos en estados donde no sufrimos este tipo, o bueno, hasta ahora no tenemos consecuencia de este tipo de actividades sísmicas, nos sentimos muy orgullosos de ver cómo, principalmente los jóvenes, tomaron y lideraron el hecho de salir a las calles y ayudar a todas las personas que lo requerían, incluso a los animales, y eso de verdad es de reconocerse.

Después de 2017, México no ha sido el mismo, la sociedad cambió y demostró que podemos salir adelante frente a cualquier catástrofe.

En materia de gestión ambiental es de reconocerse también las acciones para conservar la biodiversidad, entre ellas, proteger, bajo la figura de áreas naturales protegidas, a más de 65 millones de hectáreas, cumpliendo con ello la Meta de Aichi, de resguardar al menos el 10 por ciento de la superficie marina.

Se creó la Gendarmería Ambiental encargada de prevenir los delitos y faltas administrativas en la materia. Esta unidad empezó con 500 elementos y cierra en esta administración con un total de mil 380 gendarmes capacitados para proteger 20 áreas naturales protegidas a lo largo del territorio nacional.

Esta administración también deja pendiente la protección de especies como la vaquita marina, que a pesar de los esfuerzos gubernamentales, esta especie no ha podido recuperarse.

En materia de seguridad, ahí también se sentaron precedentes muy importantes:

Primero, porque se despolitizó el tema y se brindó un respaldo decidido a todas las entidades federativas que lo requirieron, con gran heroísmo, las fuerzas federales siempre fueron en apoyo de aquellas regiones lastimadas por el crimen organizado, se trata de un esfuerzo que nadie debe regatear y que el Partido Verde reconoce sin cortapisas, y yo en lo personal también lo reconozco, porque tengo familiares que trabajaron, ya se jubilaron de la Policía Federal, y como familia también estábamos al pendiente todos los días de cada uno de los sucesos que ellos vivían en estados como Tamaulipas o como Veracruz.

Segundo, porque a diferencia del pasado, por primera vez, se le dio la atención debida al tema de la prevención social, de la violencia y la delincuencia, entendiendo que el fuego no se combate con más fuego y que para erradicar un problema no basta con atacar los efectos, también es sumamente necesario conocer las causas.

Es un legado importante que queda en materia de seguridad, el comprender que no basta con los policías y el uso de la fuerza, también se requiere recuperar espacios públicos, recreativos y ofrecer a las, los niños y jóvenes alternativas que tienen que ver con el deporte, la cultura y con la educación.

Para su servidora, la seguridad pública descansa, por supuesto, en varios pilares: en el marco jurídico, descansa también en la capacitación, el equipamiento y por supuesto, el bienestar de todos los elementos de los cuerpos de seguridad pública; y en otro pilar que es la prevención social del delito, en la prevención social del delito está también incluida y es lo que mueve a este tema, la participación ciudadana.

Yucatán ha sido uno de los estados más seguros del país gracias a su gente y gracias a que desde el gobierno, también se ha procurado el bienestar de cada uno de los policías, dotándoles de mejores salarios, dotándoles de vivienda, dotándoles de seguridad social, sin que sus familias tengan que preocuparse, qué pasará si en la prestación del servicio aquel padre de familia, aquel hijo no estará.

Eso se logra con voluntad, no necesitamos estar formando demasiadas estructuras, no necesitamos estar discutiendo entre si hacemos una ley que diga: "Que vamos a ser coordinados o que vamos a ser un solo cuerpo de seguridad". En este tema, basta con la voluntad, y yo creo que aquí, todas y todos los Senadores están dispuestos a hacerlo, y apostarle, principalmente, a la prevención.

Como dije en mi intervención anterior: "La niñez es lo más valioso que tenemos". Y si tenemos un programa de prevención capaz de poder ayudarlos en su casa, fuera de ella, en las escuelas, vamos a estar presentes en todo momento que ellos lo necesiten, acompañándolos y, por supuesto, también a los padres de familia.

En un programa que hicimos en Yucatán, tuvimos la oportunidad de entrar a las escuelas. En un principio los maestros pensaban que llegábamos a amedrentarlos, que llegábamos a ver qué es lo que estaban haciendo con los niños, y les explicamos que no, llegamos a acompañarlos, llegamos a ayudarlos, a eso llegamos, y eso fue lo que logró el Programa Nacional de Prevención, que impulsó el Presidente Enrique Peña Nieto.

Y también tengo que decir, que me llevé una decepción muy grande en el momento en que la Cámara de Diputados e indirectamente la de Senadores, disminuyó dramáticamente el presupuesto, y dramáticamente porque sólo lo dejó en temas de Subsemun.

Y ¿El Programa Nacional? Ahí quedó. Es nuestra responsabilidad poder cambiar eso y que no vuelva a pasar.

Entendemos que hay momentos que necesitamos reducir el presupuesto de un lado para apoyar en otros. No tenemos problema en hacerlo, pero tampoco podemos hacerlo en ese tipo de situaciones. Eso es lo que nosotros podemos cambiar.

Por eso, hacia adelante, vamos a sumarnos a todo aquello que implique más oportunidades de desarrollo para la niñez y la juventud, que contribuya a la cohesión social en nuestros barrios, en nuestras comunidades, en nuestros estados de este país.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Concluya, por favor, Senadora.

La Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Es necesario, y no, no podemos permitir que la desesperanza siga creciendo en nuestro país.

Muchísimas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Camino Farjat.

Tiene la palabra la Senadora Eunice Renata Romo Molina, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, hasta por cinco minutos.

Y se prepara el Senador del grupo parlamentario del PT, para la siguiente.

Adelante, Senadora Romo, por favor.

La Senadora Eunice Renata Romo Molina: Gracias, señora Presidenta. Buenos días. Senadoras y Senadores:

El tema que corresponde hoy para la glosa al VI Informe de Gobierno, refiere a otro de los tópicos que se hicieron, y se hicieron mal durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto.

Como orgulloso representante e integrante de la coalición "Juntos Haremos Historia", es mi deber, como representante de nuestros electores, reflejar el rechazo a la política neoliberal de injusticias, inseguridad y corrupción, que durante seis años tuvimos que sufrir por malas e irresponsables decisiones de su administración.

Esta mañana quiero exponer dos temas:

El primero, refiere a la seguridad.

El segundo, será sobre el combate a la corrupción.

Es bien sabido, por la mayor parte de los estados de la República, que la estrategia de seguridad implementada en la actual administración no cumple con el fin propuesto, es decir, no generó bienestar, ni desarrollo integral de las personas, ni mucho menos se puede hablar de un verdadero Estado de derecho.

De acuerdo con la "Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana", realizada por el Inegi, de mayo a junio de este año, la tasa de victimización de los hogares mexicanos reportó que 3 de cada 10 hogares mexicanos han sufrido algún tipo de robo; el 12 por ciento ha sufrido delito de extorción.

Por otro lado, el Indicador de Percepción sobre Seguridad Pública, realizado por el Inegi, revela que de marzo del 2018, más del 75 por ciento de la población considera que su ciudad es insegura. Esta percepción es generalizada en todo el territorio y ha ido en aumento, y responde a la ineficacia del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pilar de la Estrategia Nacional de Seguridad.

La Estadística Nacional de Delitos de Alto Impacto ha tenido avances en algunos rubros, pero algunos de los delitos como robo, homicidios y asaltos en carreteras, ha empeorado. Este problema no sólo está en la percepción nacional, sino también internacional.

En junio de este año, Estados Unidos emitió una alerta de viaje para sus ciudadanos, en la que sugiere evitar visitar estados como Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas, y el informe que hoy nos toca revisar no expone esos datos.

Por otro lado, desde la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal, se tiene la percepción de aumento en el nivel de impunidad, y la confianza en las instituciones ha reducido, contrario a lo que se esperaba con la implementación de dicho sistema.

Respecto a los derechos humanos, hacemos una evaluación y consideramos que se tienen datos en donde el sexenio, si bien aprobó un Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación, y suscribió normas para la igualdad laboral, no se puede celebrar una implementación de un programa que no ha dado resultados, pues conforme a la Encuesta Nacional sobre Discriminación de 2017, elaborada por el Inegi, se reportan las siguientes cifras:

El 40 por ciento de las mujeres ha vivido discriminación debido a su condición de persona indígena.

El 58 por ciento de las personas con discapacidad ha sido discriminado en su condición de discapacidad.

El 41 por ciento de la población ha sido relegada por sus creencias religiosas.

El 72 por ciento de las personas trans; y el 65 por ciento de las personas gay y lesbianas, no se sienten representadas.

Se presume la paridad de género en los congresos, pero no se considera que las mujeres nos encontremos subrepresentadas en los cargos de toma de decisiones.

Además, en términos de equidad de género, México tiene un camino largo por recorrer, pues las mujeres tenemos menos oportunidades de acceder a empleos bien pagados y educación de buena calidad.

Las políticas públicas de nuestro país no abordan en la actualidad el racismo con un asunto de interés a pesar de que la desigualdad en nuestro país está altamente relacionada con el color de la piel de las personas, lo que implica que en términos de derechos labores y derecho al salario estas son las más desprotegidas.

Para concluir, nuestro país suscribe tradicionalmente todos los acuerdos internacionales en cuanto a derechos humanos. Sin embargo, éste ha sido un gobierno que ha atentado contra ellos. Ayotzinapa y los compañeros de la Normal Rural, siempre serán parte de su fracaso.

A los pueblos indígenas y comunidades rurales se les despoja de la tierra porque el gobierno favorece la extracción de sus riquezas.

Compañeras y compañeros, en términos generales, el gobierno saliente se va, y se va arrastrando muertes, se va arrastrando pobreza, desigualdad e inseguridad, y esa es la evaluación de los mexicanos.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Romo Molina.

Tiene la palabra el Senador Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.

Y le rogamos al Senador del grupo parlamentario del PRD que esté listo, en continuación.

Adelante, Senador Padilla, por favor.

El Senador Joel Padilla Peña: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. Mexicanas y mexicanos. Amigas y amigos de Colima:

Inicio con una cita textual que dice así: "Estoy consciente de que no alcanzamos el objetivo de recuperar la paz y la seguridad para los mexicanos en todos los rincones del país". Enrique Peña Nieto.

Sólo en esta ocasión estamos de acuerdo con el Presidente, lo cual se hizo más evidente cuando a inicios de este año tuvo que suspender una visita a Reynosa, Tamaulipas. El argumento del inquilino de Los Pinos fue: "la alta violencia que se registra en la zona".

Por una vez en el sexenio, el Presidente de la República experimentó en carne propia lo que todos los mexicanos hemos pasado. Tuvo que renunciar a su derecho de visitar y transitar de manera segura por la República, ante el temor de sufrir un ataque del crimen organizado.

Pero si el Presidente de México es víctima de la violencia del crimen organizado, qué se espera para los ciudadanos.

Durante décadas los ciudadanos han comprobado que una gran debilidad de nuestro país es la red de impunidad que se extiende de los pies a la cabeza del sistema, siendo, desde luego, la más grave la que corroe las capas superiores.

Las cifras son tan abrumadoras y numerosas que no tiene caso citarlas, pero nadie con un elemental sentido de justicia y realismo puede negar que el sexenio ha fracasado en combate a la impunidad, a la corrupción y a la falta de transparencia en materia de justicia.

Peña Nieto ha encabezado una serie de reformas a la Constitución, pero ninguna de ellas para traer beneficios a la sociedad, que le ha perdido toda confianza a los datos oficiales y a sus proclamadas verdades históricas.

Tlatlaya, Ayotzinapa y Michoacán, así como los escándalos de corrupción mostraron el verdadero perfil de la administración peñista. Corrupción, impunidad, violencia y justicia han sido las marcas del gobierno de Enrique Peña Nieto, que insiste en querer persuadirnos de una realidad que sólo existe en su burbuja autocomplaciente.

Un ejemplo a resaltar es la llamada Ley de Seguridad Interior, fiel expresión de un fracaso de la política del Presidente saliente, fue un intento fallido por contener la violencia y procurar seguridad a los mexicanos.

No vino acompañada de un programa de fortalecimiento de instituciones civiles, que son las encargadas de brindar seguridad y justicia, y no atendió de manera adecuada el problema de la inseguridad y la justicia.

Legislar sobre seguridad incluye desde la atención a las víctimas y derechos humanos hasta un modelo de gobierno y organización de las instituciones de procuración de justicia, aunque para todos es evidente la necesidad de cambiar la estrategia en contra del crimen organizado.

Peña Nieto se niega a reconocer su desacierto en esta estrategia que sólo logró profundizar la ineficacia del modelo adoptado en la anterior administración, un modelo que ha dado como resultado el aumento en homicidios dolosos y en el resto de los delitos de alto impacto.

No podemos llamarnos a engaño, si la violencia no se contuvo y continúa la violación de los derechos humanos el responsable es el gobierno federal.

El rechazo a la Ley de Seguridad Interior es generalizado y ha sido fundamentada por organismos internacionales y locales como la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos de este país; rechazo al que se sumaron académicos, organizaciones de la sociedad civil e inclusive empresariales.

Todos coinciden que la Ley de Seguridad Interior presenta riesgos al disfrute efectivo de los derechos humanos, no brinda certeza al emplear conceptos imprecisos sobre su marco de operación, genera confusión entre explicar Seguridad Nacional, Seguridad Interior y Seguridad Pública; peor aún, quiere perpetuar un concepto de seguridad que ha fracasado.

Lo que México requiere es el fortalecimiento a las instituciones civiles, que son las encargadas de brindar seguridad y justicia.

Y para concluir, la historia la hacen los pueblos; y la verdad histórica sobre los 43 jóvenes de Ayotzinapa surgirá de la voluntad de justicia del pueblo mexicano.

Recordemos que la verdad y la justicia son obligaciones del Estado. Primero será imprescindible la verdad, a partir de ella se deberá ejercer la justicia sobre los culpables; habrá justicia, pero jamás olvido, porque el ejemplo de los estudiantes debe ser perpetuo y alumbrará el camino de la lucha por la democracia en todo México.

Las generaciones venideras deberán saber que en su patria, México, está de regreso la justicia, se lo merecen.

Y es cuanto.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Padilla Peña.

Tiene la palabra el Senador Antonio García Conejo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, quien hará uso del tiempo que le corresponde a su grupo parlamentario en una sola intervención de diez minutos.

El Senador Antonio García Conejo: Muchas gracias. Con el permiso de la Mesa y de la Presidencia. Queridas amigas y amigos. Senadoras y Senadores. Medios de comunicación y pueblo de México.

Es indudable que el pasado 1 de julio las y los ciudadanos de este país manifestamos nuestro rechazo a las políticas públicas diseñadas de la administración federal de forma pacífica y democrática.

El resultado en las urnas es incuestionable, al margen de la crítica o defensa del Informe del Ejecutivo, lo cierto es que la mayoría del electorado reprobó los resultados de la actual administración.

Tanto para el gobierno federal como los que actualmente tenemos la gran responsabilidad de ejercer la representación democrática en esta Cámara Alta, es indudable que el saldo de la presente administración deja con aciertos y desaciertos que debemos puntualizar y con ello sumarnos al esfuerzo de contribuir al crecimiento y disminuir la brecha de injusticia social que padecemos desde décadas.

Dentro de las acciones emprendidas por el Ejecutivo, con el fin de garantizar una estrategia de gobernabilidad democrática, en principio destacó la intención de generar canales de comunicación con las distintas fuerzas políticas de nuestro país.

Es cierto que no puede hablarse de un gobierno demócrata sin que se privilegie el diálogo y la coordinación con otras fuerzas políticas; sin embargo, lamentamos que dicho esfuerzo de diálogo y coordinación, no hubiera sido constante y que terminara debilitándose hasta desaparecer transformando el entendimiento de un inicio en desacuerdo, en donde predominaron los intereses personales y olvidaron el verdadero objetivo de servir a México.

El trabajo político de la actual administración se desgastó pronto y el gobierno federal no pudo, no supo o no quiso mantener condiciones mínimas de entendimiento con las fuerzas políticas.

En el Partido de la Revolución Democrática privilegiamos el encuentro y la búsqueda de coincidencias antes que la confrontación, por ello seguiremos construyendo el diálogo que permita la transición ordenada hacia nuevas fases de desarrollo en el país.

En el tema de seguridad la administración actual se manifestó lista para asumir el combate a la delincuencia, y para ello se concentró en elaborar un programa que tenía como fin reorganizar, coordinar a las fuerzas de seguridad tanto en la parte operativa como en las áreas de inteligencia a efecto de intercambiar información estratégica.

Pero así como millones de mexicanos consideramos que falló en su tarea, los datos que arroja el Informe demuestran un repunte en los ilícitos que más ofenden a la sociedad porque se replicó la fallida política de combate a la delincuencia establecida en administraciones anteriores, es decir, reaccionar antes que prevenir.

La coordinación de las fuerzas del orden es sólo una parte del esfuerzo por contener a la delincuencia y por sí misma no da resultado, así que enfocar el tema de la inseguridad únicamente desde la perspectiva de la coordinación genera perder el objetivo de un problema sumamente complejo.

Hoy en día la estrategia demostró la absoluta incapacidad de la actual administración para comprender y solucionar el problema de la inseguridad, los resultados no son satisfactorios, cada día más jóvenes pasan a formar parte de las estadísticas de muertes y desapariciones.

En el Partido de la Revolución Democrática le apostamos a prevenir más que a reaccionar, por ello impulsaremos una ley que busque establecer verdaderas políticas de prevención del delito a través del fomento a los valores cívicos que inicie con un modelo de fomento cultural de la juventud.

En México queremos una juventud libre, pero con identidad nacional; moderna, pero con alto espíritu cívico; rebelde, pero solidaria; soñadora, pero consciente del enorme peligro que representa este cáncer de la inseguridad, que tanto nos lastima.

El Ejecutivo Federal debe asumir como máxima prioridad, establecer un modelo de prevención exitoso que ayude a generar conciencia en la juventud, del riesgo en el consumo de droga e involucramiento en actividades ilícitas y que a la par le otorgue los medios que garanticen el desarrollo, tan importante, de este sector de la población.

Sostiene el gobierno federal que se enfocó en mejorar el sistema de profesionalización de la policía, que para ello, desde el 1 de enero del 2013 al 30 de junio del 2018, se capacitó a 903 mil 399 elementos de las instituciones de seguridad pública del país, a través de cursos de formación inicial continua, validados, financiados con recursos federales.

Aún existe una enorme brecha entre la capacitación de distintos cuerpos policiacos, aún no existe una homologación real de las aptitudes, capacidades, sueldo y equipamiento de las instituciones de seguridad que provoca una total falta de coordinación entre las mismas y afecta la aplicación del Sistema de Justicia Penal que no alcanza a brindar los resultados esperados, desde su implementación.

Las fuerzas del orden tienen la obligación de actuar como policías de proximidad o primer respondiente al momento de la noticia criminal.

Y si carecen de la debida capacitación, generan que el trabajo de investigación se vicie provocando que muchos delitos se mantengan impunes.

La gran diferencia entre las cifras de procesados contra sentenciados, por citar una, 140 mil 352 carpetas de investigación, contra 4 mil 903 presentaciones ante el órgano jurisdiccional deja claro la impunidad, que es la marca del presente gobierno.

Respecto del combate a la corrupción, uno de los grandes males del país, se menciona con gran relevancia la creación de dos pilares fundamentales de la presente administración.

El Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Transparencia, sin soslayar el importante esfuerzo para concretar y fortalecer, por parte de los órdenes de gobierno, estos sistemas que deben ser instrumento fundamental de los ciudadanos para, entre muchas otras cosas, de suma importancia conocer el destino y aplicación de los recursos públicos.

Resultó desafortunado poner en duda la autonomía e imparcialidad que estos sistemas, en toda su complejidad e importancia, requieren. Cuando Ximena Puente de la Mora, hoy Diputada Federal del PRI, renunció como Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para buscar la candidatura plurinominal.

Desde ahí deja mucho que desear de este órgano que debe de gozar de una plena autonomía.

Ambos sistemas deben de continuar en su fortalecimiento y garantizar su autonomía e imparcialidad y garantizar la transparencia en la rendición de cuentas a la ciudadanía que hoy por hoy se encuentra ávida de contar con gobernantes que le rindan informes y se apliquen en resultados que les garanticen un mejor bienestar de vida, con justicia y equidad, sin impunidad y con garantías de salvaguardar un verdadero Estado de derecho.

Tras citar a un real gobierno abierto, es un reto importante que debe pasar del papel al actuar.

En materia de derechos humanos, no coincidimos en la política que marcó esta administración de sólo difundir su importancia.

Hablar de derechos humanos no es hablar de un concepto hoy ideal, se trata de derechos vivos, exigibles, que cada uno de los mexicanos debe tener de forma inalterable y ésta debe ser una prioridad del Estado.

Y como muestra de ello, hasta el día de hoy el Ejecutivo no ha ratificado el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado en el 2008.

Ante los resultados del Ejecutivo en esta área, sólo queda insistir que uno sea esclarecido, castigado o restituido a las víctimas en los casos como Ayotzinapa, Tanhuato, Atenco y más de personas desaparecidas, de abusos de autoridad y muchos otros que ocurren a cada momento a lo largo y ancho de esta nación.

Por ello, en el Partido de la Revolución Democrática, consideramos indispensable refrendar el compromiso no sólo de esta Legislatura, sino de todos los órdenes de gobierno para fortalecer a las instituciones que protejan los derechos humanos en este país.

Sólo así transitaremos de forma sincera y verdadera a una nueva era de paz y prosperidad en nuestra nación.

Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador García Conejo, muy amable.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Clemente Castañeda, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.

El Senador Clemente Castañeda Hoeflich: Con el permiso de la Presidencia.

La conducción de la política interna del país ha estado marcada durante todo el sexenio por contradicciones, equívocos y bandazos.

La muestra más elocuente de ello ha sido la política de seguridad, la grave crisis de violencia y de derechos humanos que han ensangrentado a nuestro país.

La gran promesa de cambio de estrategia de seguridad nunca llegó, quedó en el olvido y fue rebasada ante la escalada de los índices delictivos, los innumerables casos de violaciones a los derechos humanos y la postración institucional para mejorar las capacidades del Estado mexicano para hacerle frente al crimen y a la violencia.

En esta materia, el último año de la administración federal dejó una de las decisiones más controvertidas y costosas de los últimos años.

En noviembre del 2017 el gobierno del PRI decidió imponer la Ley de Seguridad Interior contra la opinión de los especialistas, de la sociedad civil y de organismos internacionales en derechos humanos.

Decidió convertir en ley una estrategia fallida en materia de seguridad, que ha generado, además, una grave crisis de derechos humanos, que hoy alcanza más de 30 mil desaparecidos, más de 15 mil feminicidios, más de 300 mil desplazados y un sinnúmero de ejecuciones extrajudiciales y crímenes atroces como Ayotzinapa, Tanhuato y tantos otros. Más grave aún, decidió tirar por la borda el esfuerzo de construir una reforma para el fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad pública.

Decidió renunciar a la responsabilidad de fortalecer las capacidades de las policías de los tres órdenes de gobierno.

En aquel mes de noviembre de 2017, la Cámara de Diputados discutía la minuta de Mando Mixto aprobada en esta misma Cámara de Senadores por mayoría calificada, toda vez que era una reforma constitucional.

Aquella reforma recogía las exigencias y propuestas del Poder Ejecutivo, como de las múltiples fuerzas políticas e incluso de los gobiernos locales.

Fue producto de un consenso que derivó, además, en un plan para mejorar las capacidades y los recursos de las policías y de las instituciones de seguridad en los tres órdenes de gobierno, mediante un modelo de mando coordinado y un esquema de incentivos para que las policías municipales y estatales se comprometieran a desarrollarse, a mejorarse y a capacitarse.

Lo que terminó sucediendo, es que el gobierno federal decidió darle marcha atrás a esta reforma, desecharla en la Cámara de Diputados y sustituirle por lo que hoy conocemos como la Ley de Seguridad Interior.

Y es que las dos reformas perseguían un mismo fin, hacerle frente a las limitaciones institucionales en materia de seguridad pública, para corregirlas, para combatir la inseguridad y para combatir la violencia.

La gran diferencia es que la minuta de Mando Mixto le apostaba al desarrollo de los policías en los tres órdenes de gobierno, mediante un esquema de coordinación, y la Ley de Seguridad Interior le apostaba a perpetuar una estrategia de militarización que le ha costado muy cara al país en los últimos diez años.

Ésta es, desde nuestro punto de vista, una de las decisiones más desacertadas en materia de política interior, no sólo de este último año de gobierno, sino de todo el sexenio, y es una decisión que de no corregirse, seguirá costándole mucho a nuestro país.

El inicio de una nueva administración presidencial significa una oportunidad para corregir el rumbo, ojalá la nueva mayoría entienda que recuperar la paz requiere tiempo y esfuerzo, que no podemos renunciar a mejorar y fortalecer a las policías en los tres órdenes de gobierno, como ya ocurrió durante estos seis años.

No podemos darle continuidad a una estrategia fallida de seguridad y tenemos que revertir la Ley de Seguridad Interior, y dar paso a un modelo de seguridad ciudadana democrático, eficaz, coordinado y que alcance la paz en nuestro país.

En esta intervención también quiero tocar otro tema que es fundamental en materia de política exterior y que tiene que ver con el uso faccioso del poder que hizo el Presidente para intentar imponer un pacto de impunidad en estos últimos meses.

Vimos en la Legislatura que acaba de concluir, una intromisión en este mismo Senado, para hacer prácticamente una manipulación de la elección de su Mesa Directiva.

Vimos intento desesperado por imponer un fiscal carnal, cosa que detuvimos las fuerzas políticas de oposición.

Vimos en el último período de sesiones de la pasada Legislatura, cómo se canceló la posibilidad de eliminar el fuero de los servidores públicos bloqueando la minuta aprobada en la Cámara de Diputados.

Vimos cómo se sacó adelante la "ley chayote", que no sirve para detener el derroche de recursos públicos ni para combatir la discrecionalidad y el uso político de la publicidad oficial.

Vimos cómo se impuso, mediante un reparto de cuotas partidistas, a dos consejeros del Inai.

Y vimos cómo, en medio del proceso electoral, se emprendió una guerra sucia, sin precedentes, contra un candidato presidencial haciendo un uso faccioso de la Procuraduría General de la República.

En todos estos episodios de último año, el gobierno del PRI tuvo cómplices y por eso no puede haber ni perdón ni olvido.

La transformación de la República, el cambio de régimen debe pasar por decisiones que le pongan freno a este tipo de acciones, por eso necesitamos una fiscalía plenamente autónoma, necesitamos reformar la Constitución para lograrlo, necesitamos tener una comisión de la verdad, creada por mandato legislativo, que no esté sujeta a la discreción del Poder Ejecutivo; necesitamos revertir la estrategia fallida de seguridad y fortalecer las policías de los tres órdenes de gobierno.

Concluyo.

Por todo esto, en esta glosa y de cara al inicio de una nueva administración, resulta pertinente preguntarnos:

¿Qué va a hacer esta Legislatura para enderezar el camino?

¿Qué van a hacer las nuevas mayorías para contribuir a la transformación del país?

¿Qué vamos a hacer para que la nueva correlación de fuerzas políticas se traduzca en un cambio de fondo del régimen político?

Movimiento Ciudadano, refrenda su compromiso de ser una oposición que le sirva a México, de poner sus votos, sus ideas y el esfuerzo y el trabajo para lograrlo.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Castañeda Hoeflich.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Manuel Añorve Baños, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

El Senador Manuel Añorve Baños: Con su venia, señora Presidenta. Compañeras y compañeros:

Nos aproximamos al fin de un sexenio cuya política interior se ha caracterizado por saber escuchar, acordar y construir en pluralidad.

Se trata de un sexenio en el que por primera vez, en décadas, los partidos políticos logramos ponernos de acuerdo en temas que trascendían el ámbito electoral, para impulsar cambios de fondo en favor de México, para acabar con privilegios e injusticias y vencer resistencias de grupos y poderes fácticos con la fuerza que da anteponer siempre el interés nacional y hacer buena política.

De este modo los conflictos se procesaron siempre privilegiando las soluciones pacíficas en el marco de la ley y las instituciones.

Todo lo anterior, sumado a un ánimo incluyente y al que todas las voces fueron escuchadas, se brindó condiciones para garantizar la gobernabilidad democrática, es decir, la posibilidad de trabajar en conjunto para alcanzas las grandes metas nacionales, y algo fundamental, es que el diálogo no fue sólo entre fuerzas políticas, sino entre poderes, órdenes de gobierno, y lo más importante, con la sociedad; lo mismo con organizaciones civiles, académicos y expertos que, con sindicatos, grupos empresariales, movimientos sociales y, por supuesto, estudiantes.

Durante este gobierno no se dejó de escuchar a nadie y todas las opiniones fueron tomadas en cuenta, actuando siempre con la fuerza de la razón, el respeto a la tolerancia y el poder del convencimiento.

Porque las mejores soluciones se construyen, y eso lo sabemos, desde la pluralidad política, y porque sabemos que la suma de esfuerzos es la mejor vía para entregar más resultados.

Esa misma lógica ha guiado el quehacer en materia de seguridad, dando pie a un trabajo coordinado entre órdenes de gobierno y entre las instituciones que integran el gabinete de seguridad, brindando un respaldo decidido de las fuerzas federales, ahí, donde la población lo ha necesitado.

Por eso, aprovecho esta tribuna para expresar a nombre de la bancada del PRI y en el Senado, el mayor de los reconocimientos a las y los integrantes del Ejército, la Marina y la Policía Federal.

Se trata de mexicanas y mexicanos que lo entregan todo, incluso la vida, en aras de construir un país más seguro para todos, y que con su trabajo de día a día se han ganado la confianza y el aprecio de la ciudadanía.
Y es, en esa misma dirección, que se debe seguir avanzando con las corporaciones de seguridad locales, con mayor profesionalización, capacitación y depuración de sus elementos, con un fortalecimiento institucional que requiere de recursos, infraestructura, pero también de dignificar la carrera policial.

Se trata de un camino en el cual no se pueden escatimar esfuerzos y que se debe de ir acompañado por la prevención social de la violencia y la mejora del tejido social.

Además, se despolitizó el tema de seguridad, se dio un apoyo decidido a todas las entidades federativas sin importar colores partidistas, se han desplegado las Fuerzas Armadas y la Policía Federal a todas las entidades que lo han requerido, y además, un dato muy importante, de acuerdo al Inegi, la Policía Federal se encuentra en un máximo histórico de confianza ciudadana, el nivel de confianza es de casi 70 por ciento.

Se creó también el 911, número nacional de atención a emergencias, un gran paso, al servicio de la ciudadanía.

Y, por supuesto, tenemos que hablar de la consolidación del sistema de justicia, tema fundamental para el Estado de derecho y en el que se avanzó de manera muy importante durante este sexenio.

Me refiero a la implementación del Sistema Penal Acusatorio, que en síntesis implica pasar de un proceso lento, costoso, opaco y escrito; a uno ágil, transparente y oral.

Para ello se realizó un esfuerzo titánico, un esfuerzo de Estado, se trata de la transformación jurídica más importante de los últimos cien años, ahora es preciso seguir avanzando en su consolidación, dotando de los recursos y la capacitación necesaria a los operadores, desde jueces y policías hasta peritos y defensores para que el sistema funcione correctamente y contribuya a cerrarle el paso a la impunidad.

Por último, quiero referirme al tema de los derechos humanos.

Con la promulgación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Busqueda de Personas, que fue construida de la mano de colectivos, de familiares, académicos, poderes y órdenes de gobierno, México dio un paso decisivo para hacerle frente a lo que podría considerarse la violación más grave de derechos humanos que sucede en nuestro país.

Pero que para que el sistema nacional funcione no basta con las instancias a nivel federal, es preciso que desde los estados se creen las fiscalías especializadas y las comisiones de búsqueda.

Compañeras y compañeros, durante este gobierno se ha demostrado que cuando hacemos uso del diálogo y el respeto, es decir, de la buena política, sí es posible ponernos de acuerdo entre quienes piensan distinto, porque más allá de ideologías, el propósito que todos nos debe mover es que le vaya bien a México.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Manuel Añorve Baños.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Marco Antonio Gama Basarte, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

El Senador Marco Antonio Gama Basarte: Con la venia de la Presidencia. Compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Para analizar la política interior en el marco del VI Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, lamentablemente debemos comenzar señalando que lo bueno que se pudiera contar no cuenta mucho, ante los resultados catastróficos que este gobierno deja.

Se recibe este último Informe en un clima de inconformidad y descontento ante la crisis de violencia, corrupción, inseguridad e incertidumbre económica. Insatisfacción que se reflejó claramente en las urnas el pasado 1 de julio al relegar al PRI a la tercera fuerza política del país.

Iniciando en materia de seguridad, el Ejecutivo señaló que está consciente de que no se alcanzó el objetivo de recuperar la paz y la seguridad para los mexicanos en todos los rincones del país. Y en este punto la respuesta es contundente: "No, señor Presidente, no sólo no cumplió, no sólo le faltaron rincones del país, la estrategia de seguridad falló en entidades completas del norte, del centro y del sur de México".

De acuerdo con Forbes México, se tienen casos graves de inseguridad en los estados de Zacatecas, Tabasco, Tlaxcala, Morelos, Colima, Sonora, Sinaloa, Guerrero, algunos con alertas internacionales para no ser visitados ante los desmedidos índices de criminalidad.

Estos ejemplos no son sólo algunos rincones de México, es casi medio país donde las familias mexicanas no tienen ni sosiego ni tregua ante el embate de la violencia.

En los últimos seis años han sido asesinadas cerca de 140 mil personas, pero la inseguridad no sólo se ha manifestado en un aumento vertiginoso de los homicidios, también le ha robado la tranquilidad a la ciudadanía de muchas otras formas.

De acuerdo con datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hoy tenemos más de 37 mil personas desaparecidas.

Según el Informe, el aumento de los homicidios dolosos es porque México está haciendo frente al crimen organizado con un diseño del siglo XX, debido a que el Congreso no aprobó la propuesta de Peña Nieto de unificar a las policías.

¿Entonces, qué pasó con esa gendarmería que ha costado más de 10 mil millones de pesos tan sólo en los primeros tres años de ejercicio?

Pasando al tema educativo, en el mensaje del Ejecutivo se señaló que era necesario recuperar la rectoría del Estado en materia educativa, evitando que siguiera siendo rehén de intereses particulares e ilegítimos, lo que derivó en una reforma estructural.

Hoy el argumento se pierde entre la escandalosa y dudosa liberación de un personaje que representó, y que en su regreso al ámbito político deja en claro que representa un poder fáctico que se forma de acuerdo a como lo exija el momento político.

Liberaron a un tigre que amenaza con volver por sus fueros y echar abajo una reforma mal aplicada, mal dirigida y que tanto ha costado a México.

Y los desaciertos no acaban ahí.

El país de la impunidad en que se convirtió México estos últimos seis años incluye el uso de las instituciones para amedrentar a los periodistas, activistas y líderes políticos de oposición que osaban criticar al gobierno, así como el uso del espionaje ilegal con el famoso programa "Pegasus".

Por cierto, el mismo personaje que firmó esos contratos para adquirir el equipo de espionaje acabó el sexenio como secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad.

Así o más claro el nivel de impunidad.

Para que un Estado funcione, los hechos de criminalidad y de corrupción no pueden quedar impunes y los responsables tienen que ser castigados con todo el peso de la ley y sin excepciones.

Hoy, en este Pleno, está quien llevó las riendas en materia de política interior y sólo podemos decirle que le quedan debiendo mucho a México.

Y también está quien, en un futuro próximo, tomará las riendas en el mismo rubro; a ella, con respeto, a la Senadora Sánchez Cordero, le decimos que tiene un compromiso que trasciende en importancia ante la gran expectativa generada.

Ojalá y por el bien del país se logren cambios de fondo y no sólo de forma, que nos muevan del despeñadero donde nos dejan.

Esperamos actos, que más que ser aplaudidos, sean celebrados en las condiciones de vida, en los hogares, mesas y bolsillos de cada una de las mexicanas y de los mexicanos.

Las Senadoras y los Senadores del PAN no estamos aquí para soslayarnos en la sumisión de una oposición opaca, no nos quedaremos en el reclamo, vamos a hacer valer cada uno de los votos ciudadanos que nos dieron la oportunidad de ser elemento de transformación para México.

Seremos la fuerza responsable, transformadora, que siga promoviendo la modernización y los cambios que el país y la sociedad hoy nos demandan.

Una vida mejor y más digna para todos es y seguirá siendo una lucha y un legado de Acción Nacional en la presente Legislatura.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Gama Basarte.

Para cerrar la primera ronda de participaciones, tiene la palabra el Senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, del grupo parlamentario del Partido Morena, hasta por cinco minutos.

El Senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar: Con el permiso de la Mesa Directiva y de esta Asamblea.

En el marco del VI Informe en política interna, podemos tocar tantos temas: derechos humanos, impartición de justicia, seguridad pública; sin embargo, por la gran relevancia es importante señalar los feminicidios que se han cometido y que se han incrementado como nunca.

Chihuahua no solamente es el estado con más feminicidios en este país, se han sumado seis más. El resultado es la impunidad con que se han manejado este tipo de aspectos de delitos que se cometen en contra de las mujeres, la desaparición forzada, la trata de personas y, sobre todo, el atentado contra periodistas.

Pero hay un tema muy importante y que lo quiero enmarcar dentro de la política interna.

En el año 2013 se aplicó una mal llamada Reforma Educativa que trastocó el tejido social de nuestro país, y particularmente el sureste mexicano.

Aquí, en los últimos tres años, se ha llevado a cerca de 150 mil maestros despedidos que pierden su jubilación y su prejubilación.

Se ha desvalorizado la labor docente, como nunca, se ha hecho pasar a los maestros y maestras de nuestro país como los responsables de las deficiencias del sistema educativo.

Y considero que, y van a estar de acuerdo conmigo mis compañeros del centro, del sur y del norte, coincidimos que han tratado de imponer una reforma trastocando y paralizando la economía de los estados como Chiapas, como Oaxaca, como Guerrero, como Michoacán, hubieron hasta decesos lamentables que pudieron haberse evitado con una sola palabra, que es diálogo.

Lo más grave ha sido la pérdida de gobernabilidad y la confianza de las instituciones, no sólo parte de los maestros, sino de toda la sociedad, incluidos padres de familia que apoyaron sin regateos esta protesta.

Hoy aquí, en el Senado, hemos escuchado el estado de la política interior, pero estamos también aquí para cuestionar el estado de represión contra el Magisterio, expresada en una Reforma Educativa que fue más una reforma laboral, una Secretaría de Educación que se convirtiera en una Secretaría de Seguridad Pública, un nuevo modelo educativo que no tomó en cuenta al maestro o maestra, que son el pilar de la educación.

Sin embargo, el día martes se exhortó para que el Secretario de Educación cancelara las evaluaciones y con el talante que lo caracteriza responde con cerrazón y amenaza con imponer sanciones a quienes incumplan con la aplicación de tal evaluación.

No se puede cerrar los ojos y esperar que las cosas sucedan por Decreto, ni esperar que una voluntad sea impuesta trastocando derechos fundamentales, no se puede hacer oídos sordos al legítimo reclamo de miles y miles de maestros de todo el país.

Hago un llamado respetuoso al Secretario de Educación para ya no violentar más la paz social, los maestros estarán dispuestos a tomar carreteras, a tomar plazas comerciales, y esto va a alterar el orden y la paz social, si están llevando una transición pacífica. Tratemos de no dejar en pedazos lo que resta de nuestro país.

Celebro este ejercicio que hacen los foros educativos, que hace nuestro Presidente Electo, que están sirviendo para encauzar sus demandas, y quiero decirles, y lo hago con mucha claridad, representamos a los niños y a las niñas; representamos a los jóvenes, el derecho de las conquistas laborales de Magisterio garantiza también la paz social y la gobernabilidad en nuestro estado; vamos a abrogar lo que tengamos que abrogar; vamos a construir un mejor tejido social, queremos una educación y una gobernabilidad en México.

"Paz social sí, despidos no".

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Ramírez Aguilar.

Damos inicio a la segunda ronda de intervenciones, conforme a lo que establece el Acuerdo aprobado el 6 de septiembre.

En virtud de que el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México hizo uso de todo su tiempo en la primera ronda, tiene la palabra la Senadora Eunice Renata Romo Molina, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, hasta por cinco minutos.

Y se prepara la Senadora del PT, por favor.

La Senadora Eunice Renata Romo Molina: Gracias, señora Presidenta. Les saludo nuevamente, compañeros.

Como ya mencioné en mi primera intervención, evidenciamos la demagogia presentada en el VI Informe de Gobierno, respecto a los temas de seguridad y justicia, sin embargo quedó pendiente a evaluar el tema de corrupción.

La actual administración quedará en la memoria colectiva como una de las más corruptas en la historia reciente.

Es importante recordar que en el 2012, previo a la toma de protesta del Presidente Enrique Peña Nieto, prometió la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción autónoma y que a partir de denuncias ciudadanas se pudiera investigar cualquier irregularidad, en cualquier nivel de gobierno sin excepciones a nadie.

Prometía que nadie iba a poder desviar recursos, que todos los niveles de gobierno rendirían cuentas y habría comités de vigilancia, pero las letras chiquitas de dicho compromiso decían que no lo incluían ni a él ni a su familia.

Al parecer, sus propuestas no se empatan con la realidad, pues hay que recordar que durante su administración los gobernadores han sido la debilidad del gobierno, algunos han contribuido de manera importante a los escándalos de corrupción que han perseguido a toda la administración.

Con ocho gobernadores detenidos, dos prófugos y un quebrando al erario que hasta ahora no se puede calcular.

En su momento, el Presidente Peña Nieto se refirió al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, como la nueva cara del Partido Revolucionario Institucional, ahora, está preso y acusado del quebranto más grande al estado de Veracruz a través de un sofisticado esquema de empresas fantasmas.

La última Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017, elaborada por el Inegi, considera que 9 de cada 10 mexicanos creemos que en nuestra entidad son frecuentes los actos de corrupción, esta percepción va de la mano con el caso de la Casa Blanca, donde su esposa, Angélica Rivera, compró una casa de 7 millones de dólares en una exclusiva zona de la ciudad, la casa fue comprada al empresario Juan Armando Hinojosa, dueño del Grupo Higa, contratista favorito del gobierno actual.

O la Estafa Maestra, investigación realizada por los mexicanos contra la corrupción y la impunidad, donde se reveló que en el 2013 y 2014, al menos 11 dependencias habrían desviado dinero público a través de 186 empresas a las que se les otorgaron contratos irregulares; de ellas, 128 eran fantasmas y el fraude llegaría a los 192 millones.

No podemos dejar de mencionar el caso Odebrecht, que contribuyó al financiamiento irregular de la campaña del Presidente Peña y que la constructora brasileña reconoció haber pagado más de 10 millones de dólares de sobornos a funcionarios de Pemex en un periodo comprendido del 2010 al 2014, sin dar detalles del paradero de estos fondos, pero seguramente también estuvieron involucrados altos funcionarios del sexenio calderonista.

¿Y qué decir de las nuevas revelaciones que apuntan que se desviaron más de 700 millones de pesos durante la gestión de Rosario Robles frente a Sedatu y Sedesol tras la revisión de la Auditoría Superior de la Federación?

Y así, podemos seguir enlistando lo que la gente ya conoce.

Hoy reitero al pueblo de México que no los vamos a traicionar, desde la coalición "Juntos Haremos Historia" por primera vez, venimos unidos a dejar de aplaudir cifras maquilladas o interpretadas a modo, el día de hoy, desde este recinto, comenzamos a hacer historia.

Las palabras austeridad y justicia, por fin tienen un significado tangible, como lo dice nuestro Presidente Electo: "No debe haber gobierno rico con pueblo pobre".

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Romo Molina.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Nancy De la Sierra Arámburo, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.

La Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Con su permiso, señora Presidenta.

Saludo a quienes estamos aquí esta tarde, porque nos reunimos en un momento coyuntural para México. La crisis de gobernabilidad y la percepción de un gobierno corrupto salieron reflejados en las urnas el pasado 1 de julio.

Los mexicanos estamos hartos de los engaños, hartos de ver cómo nuestras calles están sumidas en la violencia y hartos también de la impunidad que impera en nuestro país.

Las alegres cifras contenidas en el último Informe de Gobierno, nos muestran una realidad completamente distinta a la situación que vivimos en México, muy ajena a lo que pasa cada día en las calles, donde madres de familia no sabemos si nuestros hijos volverán de la escuela, donde las mujeres no podemos caminar seguras por las calles y donde los periodistas deben censurarse muchas veces ante el temor de ser asesinados.

En la actual administración se propiciaron todas las variables para la gobernabilidad del país, inclusive se lograron acuerdos históricos entre las principales fuerzas políticas y el gobierno federal, no obstante, los verdaderos resultados de esta administración, develan una inmensa deuda social con los mexicanos, pero con independencia de los juicios de valor que podamos realizar cada uno de nosotros en nuestro carácter de legisladores.

La realidad de nuestro país se puede ver reflejada en diversos indicadores nacionales e internacionales, esta administración terminará como la más violenta e insegura en la historia contemporánea de México. En nuestro país las cifras de homicidios dolosos superó en demasía los niveles del sexenio pasado y los desaparecidos son un número fantasma en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

Se niega que el país se encuentre en una crisis de gobernabilidad, pero el 83 por ciento de los municipios tienen menos de 50 policías; inclusive, en 600 municipios de nuestro país no cuentan con un solo agente, lo que sólo repercute en una indiscutible falta del Estado de derecho en nuestra región del país.

Acorde al Índice Global de Impunidad México 2018, el país presenta una situación de impunidad generalizada y alarmante, que lo colocan en cuarto lugar a nivel mundial y en el número uno en el continente americano.

Asimismo, el índice publicado por Transparencia Internacional nos refiere que México se encuentra en los peores países calificados.
La pregunta es: ¿Qué nos dicen estas cifras?

¿Qué les dicen a ustedes estas cifras en sus propios estados?

La estrategia de la administración ha fallado, por desgracia, se vieron rebasados.

Como nos hemos podido percatar de todo lo expuesto y en relación al tema, es muy fácil encontrar culpables. Sin embargo, el balance del gobierno no está a cargo de un solo hombre, ni de un grupo en el poder, también es culpa de nosotros, como sociedad, pues, en general, nosotros también hemos fallado.

Los padres enfrentamos el reto de prevenir que nuestros jóvenes sean reclutados por la delincuencia organizada.

Sólo en Puebla, niños de 9 años de edad trabajan como halcones en actividades ilícitas del huachicol, en vez de estar en las escuelas.

El tejido social está descompuesto, es responsabilidad de todos reconstruirlo. Hay que cambiar la forma de concebir la lucha contra el crimen organizado, de tratar el problema de inseguridad y de afrontar la impunidad.

Pero si queremos cambiar, debemos hacerlo de manera coordinada, sociedad y gobierno.

El 1 de diciembre vamos a iniciar una profunda transformación de las instituciones en nuestro país.

Debemos recobrar la confianza de la ciudadanía y trabajaremos, desde el Senado, para lograrlo, todos unidos, con independencia de nuestras afiliaciones partidistas.

Es momento, sin lugar a dudas, de la reconciliación nacional.

Muchas gracias.

Es cuanto.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora De la Sierra Arámburo.

En virtud de que el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática utilizó todo su tiempo en tribuna en una intervención en la primera ronda, tiene el uso de la palabra el Senador Juan Quiñonez Ruiz, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.

El Senador Juan Quiñonez Ruiz: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Senadores:

En los últimos años, México se convirtió en tierra fértil para aumentar los grupos del crimen organizado, pasamos de 6 a 400 grupos criminales identificados como delincuencia organizada.

Los delitos de alto impacto se multiplicaron generando una grave crisis en al menos 16 de los 32 estados con que contamos en este país.

Las ejecuciones extrajudiciales, el hallazgo de fosas clandestinas, la última, con más de 100 osamentas; la escalada de desapariciones forzadas, la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos ha sido un sello distintivo de este sexenio.

Toda esta evidencia, pues, combate en mucho la estrategia de seguridad que fracasó.

El Presidente de la República lo reconoció en su último Informe de Gobierno al decir: "Que no alcanzamos el objetivo de recuperar la paz y la seguridad para los mexicanos en todos los rincones del país".

Este fracaso se ve reflejado en las altas tasas de impunidad que diversos delitos superan hasta el 90 por ciento.

Se ve reflejado en los más de 140 mil asesinatos de este sexenio, y lo peor, 95 por ciento de ellos sin un culpable sentenciado.

Se ve reflejado en los más de 15 mil feminicidios, en los más de 30 mil desaparecidos y en los más de 300 mil desplazados, y el 80 por ciento de éstos se debe a la violencia y a la inseguridad.

Pero este fracaso tiene responsables, este fracaso no se puede entender sin señalar que el gobierno de la República no dedicó los esfuerzos suficientes para fortalecer las instituciones civiles de seguridad, a las policías de los tres órdenes de gobierno y al Sistema de Procuración de Justicia, en su conjunto.

Estamos hablando de omisiones y de errores que nos tienen postrados ante esta crisis de inseguridad y violencia, y los errores de omisiones no son meras estadísticas, son decisiones que han dado paso a la impunidad, a la corrupción y a la ineficiencia; errores como cancelar la reforma en materia policial; errores como solapar a los gobernadores que incendiaron sus entidades federativas; errores como dar continuidad a una estrategia fallida de seguridad; errores como destinar millones de pesos al espionaje de activistas y de periodistas, en lugar de dedicarlos a proteger a la ciudadanía.

La glosa de este último Informe de Gobierno debe servir para que el Poder Legislativo identifique y señale estos errores y omisiones para que no vuelvan a repetirse, para que se tomen las decisiones correctas que nos permitan recomponer el rumbo de la política interior y garantizar la paz y la tranquilidad de los mexicanos.

Esta glosa también debe hacernos reflexionar sobre cuáles son los grandes pendientes en materia de política interior.

Los Senadores de Movimiento Ciudadano hemos apuntado a muchos de ellos. Garantizar la plena autonomía de la Fiscalía General y del Sistema de Procuración de Justicia, reformando, en primer lugar, la Constitución para que el nombramiento del fiscal se genere bajo condiciones de apertura e independencia.

Transitar hacia un modelo de policías coordinados y eficientes, en donde se generen incentivos laborales y se capacite de manera adecuada a los elementos.

Mejorar sustancialmente nuestro Sistema de Atención a Víctimas, y garantizar condiciones de seguridad y liberad a periodistas y defensores de derechos humanos.

Avanzar hacia un proceso de reconciliación y pacificación basado en el acceso a la verdad, a la justicia, y no en el olvido, en la impunidad.

La glosa de este último Informe de Gobierno también debe servirle, fundamentalmente, al equipo de la próxima administración presidencial y a la nueva mayoría parlamentaria para corregir el camino y no repetir los errores del pasado.

En materia de política interior todos estamos a prueba, y si queremos restituir la gobernabilidad y recuperar la paz y la seguridad, debemos de hacer las cosas, lo que esté en nuestras manos para mejorar contundentemente esta política.

Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN

El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, Senador Quiñonez Ruiz.

Tiene el uso de la palabra el Senador Eruviel Ávila Villegas, a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos, para hacer la glosa del Informe del Presidente de la República.

Acto seguido, escucharemos al Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís.

El Senador Eruviel Ávila Villegas: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

En el marco de la política interior y durante los últimos seis años, y particularmente en el último año, México dio pasos muy importantes en materia de población, migración y protección civil.

Población:

Durante años carecimos de una política de población integral, lo anterior impidió que se tuvieran avances sustantivos de cara a rezagos históricos, un ejemplo era el subregistro poblacional, el cual limitaba el ejercicio del derecho a la identidad.

Al no tener garantizado este derecho muchas personas, grupos sociales, tienen dificultades para acceder a otras potestades, servicios, programas sociales, entre otros.

Uno de los elementos esenciales para hacer valer el derecho a la identidad es contar con el acta de nacimiento, por ello se realizó un gran esfuerzo, sin precedentes, a través del programa "Soy México. Tu Acta de Nacimiento en Línea".

Gracias al trabajo coordinado de los distintos órdenes de gobierno, ahora los mexicanos, las mexicanas, podemos obtener este documento vía Internet, en el país o fuera del país los 365 días del año. Recordemos que hasta hace muy poco era necesario trasladarnos a nuestro lugar de origen para obtener el acta de nacimiento.

Muchas gracias, por la agüita.

Y hoy, pues, en lugar de trasladarnos a nuestra entidad de origen, basta con un clic.

A la fecha se han emitido más de 4.6 millones de actas, éstos son ejemplos claros de un trabajo en equipo, coordinado, liderado por el gobierno federal, con los gobiernos estatales, con los gobiernos municipales.

Recuerdo con gratitud cuando en el Estado de México el entonces Secretario de Gobernación, hoy nuestro compañero Senador, Miguel Ángel Osorio Chong, nos acompañó a entregar cientos y cientos de estas actas en línea.

Migración:

La grandeza de un país se mide en cómo se trata a sus inmigrantes, de ahí que esta administración haya asumido el compromiso de establecer una política migratoria, segura, ordenada y regular, con absoluto respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas.

Durante este gobierno, la migración ha sido abordada con una visión integral que da la misma importancia a la frontera sur, que a la frontera norte, y que reconoce que pasamos de ser país de origen, a un país de origen, tránsito, destino, retorno.

En materia migratoria el gobierno de la República ha dado prioridad y puso su mayor interés en la infancia, debido a que las niñas y los niños son lo más importante que tenemos, y particularmente porque son un grupo muy vulnerable.

En muchos casos viajan solos, sin que nadie los proteja, por ello se fortaleció y se amplió la red de Oficiales de Protección a la Infancia, quienes otorgaron asistencia a más de 120 mil niñas y niños mexicanos y también extranjeros.

Se proporcionó a través de estos oficiales de Protección a la Niñez, salud, servicios de salud, alimento, vestido, además de apoyarles para contactar con sus familiares.

Otro importante logro es el programa "Somos Mexicanos", y con la valiosa cooperación de los Estados Unidos se acuerda previamente el tiempo y lugar de retorno de los connacionales en algún punto de la frontera norte de nuestro país.

Al ingresar a nuestro país nuestros connacionales son recibidos, como debe ser, por autoridades mexicanas quienes les dan asesoría y protección.

Protección Civil:

Es importante destacar que México es uno de los países con mayor diversidad territorial y uno de los quince países con mayor población expuesta al peligro de ciclones tropicales, lluvias, sequías, terremotos, entre otros.

Quiero aquí aprovechar estos últimos minutos para reconocer a los gobiernos de los tres niveles, de los tres órdenes, desde luego, al gobierno federal, a la sociedad civil, a académicos, pero muy en particular al Ejército Mexicano y a la Marina Armada de México porque en protección civil, en seguridad, siempre expusieron su vida para dar vida a otras personas que se encontraban en infortunio.

Gracias señoras y señores Senadores.

Yo estoy cierto que si todos trabajamos desde nuestra trinchera, haciendo la parte que nos corresponde, construyendo los consensos, podremos seguir avanzando en estos rubros y en otros más que hemos mencionado.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, Senador Ávila Villegas.

Tiene el uso de la palabra el Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. El señor Senador nos ha solicitado tolerancia, la tiene hasta por un minuto.

El Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Senadores:

De nueva cuenta acudimos a este ejercicio de análisis y evaluación con motivo de la glosa del VI Informe del gobierno federal, en esta ocasión para hablar de los malos resultados en materia de política interior, donde expondremos nuestro balance en los rubros de seguridad pública, estado de derecho y combate a la corrupción.

El grupo parlamentario del PAN, al igual que el pueblo de México, no puede decir otra cosa, ni de otra forma, que los resultados del gobierno de Enrique Peña Nieto en política interior son más que desastrosos.

Todos fuimos testigos de la impunidad de uno de los gobiernos, si no el más corrupto de la historia de México.

A seis años de la entrada de éste pésimo gobierno federal, y con la aplicación de la supuesta nueva Estrategia Nacional de Seguridad, la violencia, los muertos y los desaparecidos se acumulan y llegan a niveles históricos.

Hay que decirlo con todas sus letras, la nueva Estrategia Nacional de Seguridad que presumió en campaña el Presidente Enrique Peña Nieto fue un fracaso total.

Las cifras hablan por sí mismas. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Inegi, y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta julio de 2018, en este sexenio, se han registrado un total de 138 mil 562 víctimas de homicidios en el país, esto es una cifra muy por arriba de los seis años de la administración anterior, y todavía falta contabilizar los homicidios que se registren hasta agosto y noviembre de este año.

El crecimiento de la violencia ha sido generalizado a lo largo y ancho del territorio nacional.

De 2015 al 2017, en 29 de las 32 entidades federativas se ha incrementado la violencia y los homicidios dolosos.

Uno de los datos más alarmantes sobre el incremento de la violencia en nuestro país es el enorme número de feminicidios.

La situación es tan preocupante que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas, ha pedido que México adopte medidas urgentes para prevenir las muertes violentas de los homicidios y las desapariciones forzadas de las mujeres.

De acuerdo con este Comité, según cifras oficiales, en la primer mitad de 2018, al menos 402 mujeres fueron asesinadas por el simple hecho de ser mujeres.

Por otra parte, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio indica que, entre el 2014 y 2017, al menos 8 mil 904 mujeres han sido asesinadas en nuestro país, pero apenas el 30 por ciento de estos casos fue investigado bajo los protocolos del feminicidio.

Por otra parte, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como la organización de Reporteros Sin Fronteras señalan que México es el país más peligroso del Continente Americano para ejercer el periodismo y el segundo más riesgoso de todo el mundo, sólo detrás de Siria.

La Relatoría Especial contabilizó, hasta mediados de este año, un total de ocho periodistas asesinados en México y 56 en lo que va del sexenio de Peña Nieto.

Por su parte, la organización Artículo 19, señala que en México muere un periodista cada 26 días.

Todos estos datos nos dan cuenta de una sola realidad, muy distinta a la que pretende hacernos creer el obierno de Enrique Peña Nieto en su Informe: Las mexicanas y los mexicanos hemos perdido la seguridad y con ello nuestra paz y la tranquilidad de nuestras familias.

Nos encontramos en un estado total de indefensión, y en especial las mujeres, los periodistas, los opositores, los activistas de los derechos humanos que arriesgan todos los días su vida al ser perseguidos con el temor de ser desaparecidos o de ser asesinados.

Ni la violencia en la que nos tiene el actual gobierno federal, ni las amnistías del próximo gobierno son la solución al grave problema de la inseguridad que vive México en estos momentos.

Necesitamos y seguiremos necesitando que el Estado mexicano utilice toda la inteligencia y toda la tecnología a su alcance para combatir a la delincuencia y desmantelar por completo a las organizaciones criminales.

Pero en vez de esto, hemos tenido un gobierno federal que usó las instituciones de inteligencia del Estado mexicano para espiar a los partidos políticos y a las organizaciones de la sociedad civil.

Un gobierno que dio un uso faccioso a las instituciones que son de todos los mexicanos y que, por ejemplo, utilizó a la Procuraduría General de la República para difamar y perjudicar a candidatos a gubernaturas y a la Presidencia con fines político-electorales.

Un gobierno que simuló el combate a la corrupción mediante absoluciones dudosas y que intentó imponer "fiscales carnales" que les cuidaran las espaldas a sus funcionarios y al Presidente.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, en 2017, 5.2 millones de mexicanos fueron víctimas de algún acto de corrupción, al menos en alguno de los trámites que realizaron ese año.

No es casualidad que 8 de cada 10 mexicanos hayan rechazado al PRI en las urnas el pasado 1° de julio y estén deseosos de un cambio real en el país.

Señoras y señores legisladores, el VI, y último Informe de Gobierno de Peña Nieto intenta esconder la realidad que vive nuestro país.

El saldo en seis años de política interior es un crecimiento sin precedentes en la inseguridad y la violencia.

En éste, como en otros muchos rubros, el gobierno del PRI le falló a los mexicanos, y lo único bueno es que ya se van.

Muchísimas gracias.

El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, Senador Víctor Fuentes Solís.

Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el Senador Félix Salgado Macedonio, del grupo parlamentario del Partido Morena.

El Senador J. Félix Salgado Macedonio: Compañeras y compañeros Senadores, con su venia.

El pueblo de México y la comunidad internacional tienen derecho a saber la verdad.

¿Qué es lo que pasó en Iguala aquella noche del 26 de septiembre y madrugada del 27 de septiembre?, ¿dónde están nuestros 43 jóvenes desaparecidos?

Hubo muertos, heridos y el gobierno de Peña Nieto sabe qué pasó y él está obligado a decirnos, a la nación, antes de que se vaya, en dónde están nuestros jóvenes.

Este es el hecho más doloroso que lacera los corazones del pueblo de México y de la comunidad internacional.

Cómo es posible que no sepan qué pasó. Hay un adagio popular o un refrán bíblico que dice: "No se mueve la hoja en el árbol sin la voluntad de Dios".

¿Quién es el responsable de la política interior? El Presidente de la República.

¿Pero después del Presidente de la República, quién es? El Secretario de Gobernación.

Y el Secretario de Gobernación, del año 2014, sabe qué pasó. Sí saben qué pasó.

¿Por qué están tejiendo una gran mentira que ahora la quieren convertir en una "verdad histórica"? No es "verdad histórica", es una "mentira diabólica".

¿Por qué dicen que nuestros jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula?

Cuando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, ha dicho en su informe que científicamente no puede ser que 43 cuerpos hayan sido incinerados precisamente en una noche de lluvia y no han encontrado vestigio alguno de que así sea.

Y ese grupo vino a México a la investigación enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y fue acosado permanentemente por el gobierno federal.

Un sistema muy millonario que compraron para espionaje de criminales y de terroristas, Pegasus, pero lo utilizaron para espiar a luchadores sociales, políticos y al GIEI, al Grupo, y ahora ya se va Peña Nieto, dice fría y sínicamente, cual si no corriera sangre por sus venas, con una indolencia y con una falta de sensibilidad que debería de tener todo gobernante, que se presume que los jóvenes fueron incinerados, que un grupo delincuencial los asesinó".

Y todos sabemos que fue el gobierno.

El gobierno y la delincuencia es lo mismo y fue el gobierno, es el Estado.

¿Ellos se los llevaron, se los llevaron en patrullas policiacas? Sí.

¿Y quiénes más participaron?, ¿en dónde están?, ¿quién los tiene?, ¿por qué esa prisa de Peña Nieto de decir que ya murieron? Están desaparecidos nuestros jóvenes y tienen que aparecer.

Los queremos vivos. ¡Porque vivos se los llevaron y vivos los queremos!

No van a quedar impunes quienes están tejiendo esa mentira.

Y no queremos cuentos chinos. Queremos la verdad. Que se hable con la verdad, la verdad que va a doler, la verdad que duele, pero es la verdad la que exige el pueblo de México.

Y hay una larga lista de masacres, y no se vayan a enojar los del PAN, pero también cuando fueron gobierno, PAN y PRI, los niños de la Guardería ABC.

PRESIDENCIA DE LA SENADORA
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Concluya, Senador, por favor.

El Senador J. Félix Salgado Macedonio: La masacre de 72 migrantes, en San Fernando, Tamaulipas, 22 y 23 de agosto de 2010; la masacre a más de 193 personas que encontraron en fosas clandestinas en abril de 2011, en femicidios en Chihuahua y en todo el país, crímenes por homofobia, presos políticos, asesinatos a luchadores sociales, periodistas asesinados.

Por último, compañeras y compañeros, porque a quienes se les termina el tiempo es a otros.

Si construimos sobre el conocimiento de la verdad, podremos dar la solución a nuestra nación, que es lo que tanto espera.

La verdad está por llegar, y hay una luz de esperanza, y esa esperanza se abre con la llegada de un nuevo gobierno, con Andrés Manuel López Obrador.

Y en la Secretaría de Gobernación va a llegar una excelentísima mujer, Olga Sánchez Cordero. Se abre esa luz de la esperanza para llegar a la verdad.

Muchas gracias, por su atención.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Salgado Macedonio.

Sonido al escaño del Senador Osorio Chong, por favor, ¿con qué objeto?

El Senador Miguel Ángel Osorio Chong: (Desde su escaño) Para alusiones personales.

He sido requerido por el Senador. Pido poder contestar a señalamientos directos que ha hecho el Senador.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Le recuerdo, señor Senador, que el resolutivo que firmaron todos los coordinadores de los grupos parlamentarios, el Resolutivo Tercero, dice a la letra: Durante el Análisis del VI Informe de Gobierno no se autorizará ninguna otra intervención distinta a las previstas en el anterior resolutivo.

El Senador Miguel Ángel Osorio Chong: (Desde su escaño) En el proceso legislativo, señora Presidenta, se permite al señalamiento de un tema, en lo personal, a un Senador el poder expresar un comentario, y si me lo permite, desde tribuna.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Si usted gusta, como esto es un Acuerdo, podemos consultar a la Asamblea, si autorizan la intervención fuera del Acuerdo para alusiones personales.

Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza una intervención.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, si se admite la intervención de los Senadores en el tema. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se aprueba, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Se ha aprobado por esta Asamblea.

Es un Acuerdo, perdón, señores, pero es un Acuerdo que tomaron, y por eso solicitamos la autorización de este Pleno.

Por favor, Senador Osorio Chong, tiene la palabra. No se abre el debate, sólo es una intervención que autorizó la Asamblea. No se abre el debate.

El Senador Miguel Ángel Osorio Chong: Muchas gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros:

Es un derecho que tengo, me lo refiere el artículo 78 del Reglamento, y por eso agradezco mucho su comprensión y apoyo.

Senador, los acuerdos no pueden estar por encima de los derechos de las Senadoras y los Senadores.

Y no puedo dejar pasar los señalamientos que ha referido, y lo digo con mucho respeto, sin conocimiento, sin sustento y sin elementos, el Senador del estado de Guerrero.

Miren, nos ha tocado en esta responsabilidad, que tuvimos en la Secretaría de Gobernación. El paso de un hecho trágico, todavía no terminado, Senador.

Le tengo que decir, para su información, que no está terminado ni cerrado este tema, y que ya llegarán al a gobierno, para ustedes asumir esta responsabilidad de darle seguimiento y de llegar a las últimas consecuencias.

Nosotros nunca nos cerramos a ninguna investigación, nunca, Senador, Senadoras.

Estuvimos abiertos, y fuimos nosotros los que pedimos el apoyo y respaldo de comisiones como la Interamericana para venir a respaldar y apoyar en las investigaciones.

Tuvieron recursos, apoyo en personal, de todo el personal de la PGR ante este caso de los 43 jóvenes desaparecidos.

Se llegaron a muchas conclusiones, unas, la que dio la PGR; otras, en señalamientos de irregularidades respecto al proceso que se siguió, mas no otras líneas de investigación; una sola, que está en investigación en este momento, pero ninguna, Senador, ninguna absoluta que pudiera señalar ni al Presidente, ni al Estado mexicano como responsables de esta acción.

Nosotros fuimos los primeros, y lo seguiré haciendo hasta el final en cualquier responsabilidad que quisimos y queremos saber la verdad respecto a lo allí sucedido.

Las autoridades coludidas de diversos partidos políticos, de los que por cierto algunos provenían ustedes, en lo municipal y en lo estatal, y que no fueron más que la evasión de ellos, en una primera instancia, lo que evitó tener datos suficientes para poder, desde un principio, tener claro qué fue lo que sucedió en esos días del 26 y 27 de septiembre en los hechos de Iguala.

Dimos todo el apoyo y seguiremos dándolo, hasta el último día, desde el gobierno de la República para que se siga la investigación.

Nadie quedará satisfecho hasta no saber el paradero de los jóvenes de la Escuela Rural de Ayotzinapa.

Pero quiero dejar claro, ante su señalamiento, que nosotros ni participamos y todo lo contrario, hemos sido quienes hemos impulsado hasta sus últimas consecuencias la investigación, y que pasa, por cierto, y sí, les tocará investigar en el señalamiento que hicieron al Ejército Mexicano, que pasa por el señalamiento que hicieron a diferentes instituciones.

He tenido, y tuve como Secretario de Gobernación, cualquier cantidad de reuniones con los papás de los jóvenes, de los familiares, y les dimos todo el apoyo para la búsqueda, para la investigación, y ellos lo han reconocido personalmente y públicamente; insatisfechos, sí, porque no se sabe dónde quedaron.

Pero de ninguna manera usted puede señalar, porque sería una manera muy irresponsable que hay participación de la autoridad federal y, en lo particular, de su servidor.

Rechazo, y lamento profundamente, que se exprese usted sin elementos al respecto de mi persona y del Estado mexicano que está haciendo todo por resolver este problema.

Y, déjeme decirle una cosa más, la Procuraduría General de la República más allá de partidos, fue quien investigó estos hechos, donde hay cientos de miles de trabajadores institucionales que participaron para encontrar la verdad ante estos hechos trágicos.

Ellos, más allá de partidos y más allá de línea que se les pudiera dar absolutamente de parte de nadie, no han podido encontrar la verdad que todos queremos.

Debemos de impulsarlas juntos más allá de discursos, más allá de señalamientos.

Yo estoy abierto siempre para cualquier ocasión que se me haga el llamado para decir lo que supimos durante todo el proceso de investigación, y que sigue abierto, para su conocimiento, señor Senador.

Muchas gracias a todos.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Osorio Chong.

Compañeras y compañeros Senadores, el Acuerdo aprobado para normar el Análisis del VI Informe de Gobierno, dispone que no hay lugar para otras intervenciones y no hay diálogos adicionales a los que ya se presentaron en la tribuna.

Es que eso ya es un diálogo, ya no podemos. Hay un Acuerdo muy claro, compañeras, compañeros, y no se prevén alusiones sobre las alusiones.

Permítanos, por favor, continuar con el despacho de los asuntos de nuestra agenda.

Con la anterior intervención damos por concluido el Análisis del VI Informe de Gobierno en materia de política interior.

En cumplimiento al numeral 5 del artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso General, y el Resolutivo Cuarto del Acuerdo aprobado por este Pleno, la versión estenográfica se remitirá al ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.






El siguiente punto del Orden del Día es la presentación de iniciativas.

Les informo que la Mesa Directiva acordó solicitarles que, en el uso de la tribuna, su tiempo de presentación no exceda de cinco minutos. Con ello se pretende aprovechar de manera óptima la duración de las sesiones para permitir la participación y despacho más abundante de los puntos de la agenda.

En una primera ronda, tiene el uso de la tribuna el Senador Salomón Jara Cruz, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos constitucionales, en materia de mecanismos de participación ciudadana.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Salomón Jara Cruz, del grupo parlamentario del Partido Morena)

El Senador Salomón Jara Cruz: Con el permiso de la Presidencia. Muchas gracias.

La presente reforma constitucional que hoy se presenta, tiene como sustento el gran cambio político que vive nuestro país obtenido de la elección del pasado 1° de julio, considerada como la elección más amplia y más participativa de la historia de nuestra patria, donde la ciudadanía ha expresado su voluntad de cambio al régimen político del país, así como de la necesidad de nuevos modelos de participación ciudadana para adecuar las reformas de conducción gubernamental y de ratificación del rumbo político, económico y social.

El licenciado Andrés Manuel López Obrador, ahora Presidente Electo de México, ha ratificado su compromiso de recurrir a la consulta popular y a la revocación de mandato a la mitad de su administración, así como su desempeño.

Por lo que la “cuarta transformación” del país requerirá de la más amplia participación social y obliga a fortalecer los procesos democráticos mediante la creación de nuevas formas de participación a la que alude esta iniciativa.

Las reformas de la presente iniciativa son a los artículos 35, 36, 83, 84, 86, 108, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, buscan dar sustento legal para establecer la revocación del mandato y agilizar la consulta popular para fortalecer la participación ciudadana.

Al realizar estas reformas se amplían los derechos y obligaciones de los mexicanos, se amplían las facultades del Congreso de la Unión para legislar en este terreno, se incluyen nuevas medidas en las responsabilidades de los servidores públicos y se establecen facultades a los congresos locales y los municipios para actuar en consecuencia con la Carta Magna.

Igualmente con las reformas que plantea esta iniciativa, se establece la revocación de mandato para todos los servidores públicos cuya representación provenga de una elección popular, incluyendo al Presidente de la República, gobernadores, presidentes municipales, Senadores, Diputados federales y locales, así como también alcaldes.

De este modo, la presente iniciativa de reforma aprovecha y respalda las disposiciones existentes en la Ley Federal de Consulta Popular.

Se apoya en el Instituto Nacional Electoral para realizar esta consulta a los mexicanos y se empata con la elección intermedia para reducir gastos, agilizando y fomentando la participación ciudadana.

En ese sentido, la revocación de mandato se realizará por primera vez en 2021. Pero será también un mecanismo para las autoridades estatales a efecto de que independientemente de su estancia puedan implementarse las consultas en forma generalizada de los servidores públicos que fueron electos.

Quiero destacar que según importantes estudios sobre el desempeño institucional en las entidades federativas, esta ha sido una generación de una constante y altísima corrupción de los gobernadores de diferentes estados, pero sobre todo en esta administración que hoy está por concluir.

Por lo que si hubiera existido la revocación de mandato tendríamos ahora indiscutiblemente en la mayoría de estas entidades la revocación del mandato de los gobernadores, teniendo como resultado mejores cuentas en las finanzas públicas, menos deuda, menos violencia y mejor seguridad en el país. No tendríamos ahora lo que está hoy en discusión: inseguridad y tantas otras cosas tan malas que ocurren en nuestro país.

Considerando lo anterior, esta iniciativa también tiene como propósito atender la crisis de justicia que existe hoy en nuestro país y erradicar la impunidad que se premia en la acción gubernamental.

De esta forma, las reformas que se proponen fortalecen la soberanía nacional y las formas de gobierno que se establecen en nuestra Carta Magna en sus artículos 39, 40 y 41, respaldando lo establecido en el artículo 39, donde la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

La reforma constitucional considera incorporar una fracción VIII al artículo 35,

Y recorriendo los subsecuentes, agrega un segundo párrafo, al numeral 1o., inciso c).

Reforma el numeral 6o. de la fracción subsecuente.

Reforma la fracción III del artículo 36.

Adecúa las fracciones del artículo 73.

Reforma los artículos 83, 84 y 86.

Y los artículos 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior, someto a esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de Decreto.

Es cuanto, señora Presidenta.

(Habló en su dialecto)

Iniciativa



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Jara Cruz. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos.






Corresponde el turno al grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, pero por esta ocasión vamos a conceder el uso de la tribuna al Senador Samuel García Sepúlveda, a nombre de los Senadores del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 76, 89 y 102 constitucionales, en materia de la Fiscalía General de la República.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 76, 89 Y 102 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, a nombre de los Senadores del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda: Gracias, señora Presidenta.

Pues al igual que el compañero Álvarez Icaza, haber si nos pueden traer agüita en vaso para no contaminar.

Señoras y señores, México tiene muchos males; sin duda, la inseguridad, la corrupción y la impunidad son los peores.

Por ello, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, considera que la causa más importante quizás de esta Legislatura es una fiscalía que sirva, es cerrarle las puertas a un posible fiscal carnal.

La doctora Magaloni, en un libro que hicimos en Nuevo León sobre la lucha anticorrupción, en la cual participé en el prólogo, decía atinadamente que: “Durante décadas la Procuraduría se utilizó para cuidar al grupo de poder y era un brazo ejecutor de aquellos opositores y activistas”, me permitiré leerles ese prólogo.

“La procuración de justicia en México ha sido una forma de ejercer el poder. Venimos de un régimen político en donde la aplicación selectiva del castigo penal en función de los intereses políticos del Presidente en turno fue uno de los instrumentos más poderosos de gobernabilidad y control político.

La Procuraduría fue diseñada para dar certeza a la élite política y económica, de que ninguno de sus integrantes, salvo que el Presidente lo ordenara, tendrían responsabilidades penales como consecuencias de sus actos, sin importar la gravedad de los mismos.

En ese sentido, la Procuraduría históricamente funcionó para garantizar cooperación, lealtad y cohesión políticas en torno a la figura del Presidente”.

Por todo lo anterior, es imprescindible e imperativo separar la figura del Fiscal General del Ejecutivo, tenemos que como en otros países, máxime Estados Unidos, buscar al fiscal del pueblo, el fiscal de México, como es hoy su general attorney general ya no queremos el fiscal del Presidente o el fiscal del Ejecutivo.

Ya logramos el primer paso que fue bloquear el pase automático del priísta Raúl Cervantes, quien protegería a Peña Nieto 9 años.

Ya dimos también un segundo paso en hacer una reforma constitucional para hacer una fiscalía eficaz y autónoma, pero falta un tercer paso muy importante, no podemos sacar la Ley Orgánica de la Fiscalía si antes no reformamos el artículo 102 de la Constitución.

Por eso, en Movimiento Ciudadano, vamos por una fiscalía que sirva y para ello se requiera autonomía plena, no parcial y no sesgada ni media como hoy está en la Constitución. Con eso podremos sentar las bases.

Por eso, este grupo parlamentario recoge de manera íntegra y fiel la iniciativa de 300 organizaciones llamada por una Fiscalía que Sirva, podemos sacarla adelante y debemos antes de la Ley Orgánica para poder hablar de un cambio de régimen y de una transformación.

La propuesta por una fiscalía que sirva, parte de los siguientes puntos:

1.- Garantizar la participación de la sociedad civil especializada en el proceso de designación del fiscal, creando una comisión de designaciones que integraría una lista de seis candidatos y no como hoy está, que simplemente se utiliza el binomio Ejecutivo-Senado.

2.- La obligación del Senado de realizar comparecencias en audiencia pública con los aspirantes a fiscal.

3.- Se prevé que la Suprema Corte pueda intervenir en la designación del fiscal si por alguna razón este Senado es omiso.

4.- El fiscal duraría en su encargo 6 años y planteamos que la remoción del fiscal sea por el Senado, por dos terceras partes.

5.- Se elevan a rango constitucional las fiscalías especializadas, no sólo en delitos electorales y anticorrupción, también por delitos graves a derechos humanos y la de asuntos internos.

6.- Se crea un consejo del Ministerio Público plural y especializado que evaluaría y vigilaría el funcionamiento de la fiscalía.

7.- Se crea un transitorio para que las entidades federativas adecúen sus constituciones.

Este es un tema de suma importancia, si sacamos una Ley Orgánica sin antes modificar la Constitución para dar plena autonomía, iniciaremos con el pie izquierdo; si iniciamos la discusión de la Ley Orgánica sin sentar las bases en la Constitución, podremos dar paso a un fiscal carnal, y así como el grupo de Movimiento Ciudadano no lo permitió cuando el PRI estaba en el poder, tampoco lo permitiremos ahora que lo tiene Morena.

Muchas gracias.

Iniciativa



PRESIDENCIA DEL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador García Sepúlveda. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Sonido en el escaño del Senador Emilio Álvarez Icaza, ¿para qué objeto? ¿Es para adherirse a la iniciativa?

El Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria: (Desde su escaño) Para adherirme, si están de acuerdo los Senadores.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Es para adherirse a la iniciativa. Perfecto. Pido a la Secretaría recoja la firma del Senador Emilio Álvarez Icaza.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Xóchitl Gálvez Ruíz, a nombre de los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversos artículos constitucionales, en materia de fuero.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 61, 111, 112 Y 114 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

(Presentada por la Senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, a nombre de los Senadores del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz: Muchas gracias, señor Presidente.

Y, bueno, la semana pasada fui convocada a comparecer ante el Ministerio Público por un supuesto delito de daño en propiedad ajena, y el viernes pasado me presenté haciendo caso omiso al fuero, porque estoy convencida que todos tenemos que ser iguales ante la ley.

Resulta que por haber demolido dos pisos ilegales en Horacio 1205 se me acusó de daño en propiedad ajena.

Y como el que nada debe, nada teme, presenté las pruebas que acreditaban que fue totalmente apegado a derecho.

Es decir, por ese motivo las suscritas Senadoras y Senadores integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional presentamos la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de los artículos 61, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de responsabilidad de los servidores públicos.

En la plataforma electoral de la Coalición “Por México al Frente”, Acción Nacional dejó claro que la corrupción y la impunidad no son fenómenos culturales, sino institucionales.

Estamos convencidos que la corrupción e impunidad son verdaderas afrentas que deben ser derrotadas con visión de Estado, inteligencia y voluntad política.

Creemos firmemente que la sociedad mexicana no está condenada a padecer dicho males.

Ninguna propuesta efectiva de combate a la corrupción puede diseñarse sin eliminar el fuero de impunidad institucional de que gozan los gobernantes y representantes populares, comenzando por la Presidencia de la República.

En congruencia con nuestra plataforma electoral y con el ánimo de dar respuesta a las demandas de los ciudadanos, los Senadores del Partido Acción Nacional definimos 30 puntos como parte prioritaria de la agenda legislativa que impulsaremos en el transcurso del próximo periodo ordinario de sesiones.

Reiteramos nuestro compromiso con un trabajo legislativo útil que brinde soluciones a los problemas de las personas y que se traduzca en una mejor calidad de vida y en ese tenor, proponemos en el contexto del combate frontal a la corrupción: eliminar el fuero constitucional para todas y todos los servidores públicos, de manera que puedan ser acusados y enjuiciados por delitos de corrupción y los considerados no graves del orden común y federal, con penas de destitución y responsabilidad penal, administrativa y civil.

Las y los Senadores de Acción Nacional partimos de la premisa de que la eliminación del fuero tiene dos vertientes que es necesario puntualizar:

La primera, es que por un lado, se atiende el principio de igualdad jurídica, es decir, que todas las personas sean tratadas de la misma forma por la ley. Por otra parte, se da el riesgo que eliminar el fuero conduzca al debilitamiento de las instituciones.

No obstante lo anterior, creemos que es necesario correr el riesgo de eliminar el fuero, en aras de terminar con la impunidad que tanto lastima a la sociedad y que tantos males ha provocado a México.

Por ello sometemos la presente iniciativa a la consideración del Constituyente Permanente, para eliminar el fuero constitucional y establecer que todo servidor público pueda ser vinculado a proceso por delitos del orden común o del orden federal, independientemente de su jerarquía o cargo.

Por lo anterior expuesto, las y los suscritos Senadores de la República, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sometemos a consideración la siguiente iniciativa.

Muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Gálvez Ruiz. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos.






Se concede el uso de la palabra al Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y la Ley Nacional de Ejecución Penal, en materia de narcomenudeo.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL

(Presentada por el Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: Muy buenas tardes, Senadoras y Senadores:

El grupo parlamentario del PRD, en su momento presentó una iniciativa precisamente para entrar al debate de la marihuana con uso medicinal.

En su momento la presentamos acompañado del doctor De la Fuente y, finalmente, tuvo una aceptación y una toma de razón, que me parece fundamental para atender a personas con padecimientos claros que encuentran mejoría en la marihuana con uso medicinal.

Pero también el PRD ha planteado el debate del uso de la marihuana en el esquema lúdico. Así que ese debate está incluido en nuestra agenda legislativa.

Hoy no les voy a hablar de este tema, sino de uno que está dañando a las niñas y a los niños de México, que está dañando a la juventud de nuestro país, y me refiero al ejercicio del narcomenudeo en las inmediaciones de las escuelas, y que nos lo reclaman las mamás, y que nos reclaman los padres, y que reclaman los propios directivos de los planteles, es una realidad.

Por eso es que hoy estamos presentado esta iniciativa a la Ley General de Salud y a la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Sí, estamos pidiendo que se endurezcan las penas para esos señores, para los narcomenudistas que están apostados en las escuelas, que van y que se acercan a los planteles y ahí realizan la distribución de todo tipo de drogas, aprovechándose, por supuesto, de los niños, de las niñas o de la juventud.

Es claro que lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque todos los indicadores y la sensibilidad así lo marca, porque hoy, con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, sabemos que 17 años de vida sana se pierden por trastornos relacionados con el consumo de droga a nuestras niñas y a nuestros niños, a los jóvenes. Por eso es que debemos de realizar esta reforma.

Yo les pido que sumemos esfuerzos, y les pido que sumemos esfuerzos porque ya lo habíamos solicitado a la legislatura anterior en la Cámara de Diputados, pero no caminó la iniciativa, y es el momento en que lo hagamos, porque ahí tenemos claro este reclamo, hace poco, en la UNAM, donde se dijo: “fuera narcos de la UNAM”, bueno, es precisamente lo que ha pasado aquí.

Yo les quiero dar algunas cifras muy simples. 2017, más de 2 mil 681 personas detenidas por este delito; mil 932 de ellas pasaron a la siguiente etapa, las demás no, desde el primer momento fueron liberadas.

De las mil 932 que pasaron, solamente 164 llegaron a prisión preventiva; es decir, el 7.5 por ciento, la puerta giratoria de los estados que se ha discutido tantas veces.

2018, 627 personas también detenidas por este delito; 400 vinculadas a proceso, y de éstas 400, 255 ya están con suspensión condicional, están otra vez en la calle; y 109 están con presentación periódica, en algunos casos 15 días, en otros un mes, pero dudo mucho que les importe, otra vez la puerta giratoria.

Por eso estamos pidiendo que se endurezcan las penas y que se pongan candados a estas personas, que no puedan obtener su libertad.

Estamos proponiendo, por ejemplo, que se amplíe el radio de sanción. Hoy hablamos de 300 metros, y cuando ellos salen de los 300 metros la pena es mínima, estamos hablando de cuando menos sea un kilómetro en el radio de las escuelas.

Compañeras Senadoras y compañeros Senadores, tenemos que proteger a los niños y a las niñas; tenemos que fortalecer los planteles educativos, y es fundamental que apoyemos esta iniciativa, es una iniciativa muy sencilla. Nosotros vamos a debatir aquí precisamente la legalización de la droga en un aspecto específico, pero no estamos hablando de despenalizar a quienes envenenan a los niños, a las niñas y a la juventud.

Así que consideramos, en el grupo parlamentario del PRD, que es importantísimo realizar esta reforma, es una reforma que además, les quiero decir, está apegada a la propia Constitución, no tenemos que tocar la Constitución, porque el artículo 19 de la Constitución dice claramente: “que el Juez puede ordenar prisión preventiva oficiosa en casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, etcétera”, y al final dice: “contra delitos que afecten el libre desarrollo y la salud”, y aquí estamos hablando de un delito contra la salud claramente.

Así que los conmino y las conmino para que podamos apoyar esto, porque es para el bien de los niños y de las niñas, es una reforma sencilla, pero estoy seguro que tendría efectos muy importantes en detener esa puerta giratoria.

Tenemos que trabajar en ello, y yo los convoco y las convoco para que pudiéramos sumar esfuerzos.

Muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Mancera Espinosa. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y Seguridad Social; y de Estudios Legislativos.






Tiene el uso de la tribuna la Senadora Gabriela Benavides Cobos, a nombre de los Senadores del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General en Materia de Delitos Electorales, en materia de paridad de género.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES

(Presentada por la Senadora Gabriela Benavides Cobos, a nombre de los Senadores del grupo parlamentario del PVEM)

La Senadora Gabriela Benavides Cobos: Con el permiso de la Presidencia y de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros Senadores:

“El varón y la mujer son iguales ante la ley”. Esto es lo que manda nuestro texto constitucional, consagrando la igualdad jurídica de las personas sin distinción de género.

Asimismo, debemos recordar que esta igualdad entre los individuos ya fue reconocida por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948.

Por ello resulta inadmisible que, en pleno siglo XXI, se sigan presentando casos de discriminación con motivo de género, en perjuicio de la libertad y del ejercicio de los derechos humanos en igualdad de circunstancias.

Esto cobra especial relevancia si se toma en cuenta que más de la mitad de la población de nuestro país es del sexo femenino, y que tradicionalmente somos nosotras, las mujeres, la columna vertebral de las familias mexicanas.

Si bien el sistema jurídico de México ha registrado importantes avances en materia de inclusión de paridad de género e igualdad de oportunidades para todos, es lamentable que sigan existiendo prácticas y creencias que nos quieren hacer parecer distintos.

Por ello acudo a esta tribuna, porque a nombre del Partido Verde Ecologista de México, como lo prometimos, estamos presentando una iniciativa de reforma a dos leyes fundamentales del modelo electoral de nuestro país, con el objetivo claro y contundente de fortalecer la paridad de género y el combate a la violencia política contra la mujer.

El artículo 35 constitucional consagra como derecho de todos los ciudadanos mexicanos “votar y ser votado”.

Aunado a lo anterior y derivado de la reforma política electoral del año 2014, fue incorporado el criterio de paridad entre género como un principio fundamental para garantizar la participación de los hombres y de las mujeres en candidaturas a puestos de elección popular en igualdad de circunstancias. Derivado de esa reforma, muchas mujeres estamos ocupando hoy estos espacios.

Si bien la legislación secundaria en materia electoral recogió y reglamentó el citado principio de paridad, estimamos que los esfuerzos para su fortalecimiento nunca serán suficientes mientras se sigan registrando casos de discriminación hacia las mujeres en el legítimo derecho del ejercicio de sus derechos políticos electorales.

Por ello, proponemos reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para fortalecer el principio de paridad de género mediante dos reformas fundamentales:

En primer lugar, establecer la obligación de que los procedimientos contenidos en las leyes electorales locales consideren criterios para salvaguardad la paridad entre géneros en el registro de las candidaturas y, en su caso, la asignación y la sustitución de integrantes de órganos legislativos y ayuntamientos, aquí es importante resaltar “la sustitución de integrantes de éstos órganos legislativos y ayuntamientos”.

Y en segundo lugar, establecer como infracción para los partidos políticos el incumplimiento de las reglas de paridad entre géneros en la postulación y sustitución de candidatos de cargo de elección popular.

Por otra parte, la presente iniciativa busca combatir una de las conductas que vulneran la libertad de las personas.

Nosotros nos referimos a la violencia política, entendida como cualquier conducta encaminada a menoscabar o anular los derechos políticos de cualquier persona.

Por ello, proponemos adicionar a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a efecto de tipificar como delito el ejercicio de violencia, amenazas, intimidación, presión o engaño con el propósito de que una persona renuncie a una candidatura o a un cargo de elección popular.

¡Basta ya! Lo decimos serio y lo decimos fuerte.

Cabe mencionar que la tipificación de esta conducta no está encaminada a proteger exclusivamente un género, sino que reconoce la posibilidad de que sea víctima un hombre o una mujer; no obstante, sí proponemos establecer que una causa agravante del delito sea cuando la víctima sea una mujer, con la finalidad de proteger este sector.

Me enorgullece pertenecer a mi grupo parlamentario, somos tres mujeres, pero siempre dispuestas a defender a nuestro género, que confiamos que esta iniciativa podrá contar con el apoyo de las demás mujeres.

Gracias.

Muy buenas tardes.

Iniciativa

Los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con Aval de Grupo, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, Y LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, con base en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. CONSIDERACIONES

En nuestro país viven poco más de 119 millones de mexicanos1 de los cuales las mujeres representan el 51.4% en población y 51.8% de la lista nacional electores.2 A pesar de esta mayoría, las mujeres mexicanas han tenido que estar en lucha constante para lograr su incorporación en el ámbito político y del servicio público; de esta forma, poco a poco hemos pasado de una participación limitada a una colaboración más activa.

Dentro de los avances que se han tenido en la participación de las mujeres destaca la obtención del derecho al voto a nivel federal, publicada en 1953 en el Diario Oficial de la Federación.3

Las mujeres votaron por primera vez en 1955. Las primeras legisladoras federales electas en México fueron: la Diputada Aurora Jiménez de Palacios (Legislatura 1952-1955), y las Senadoras María Lavalle Urbina y Alicia Arellano Tapia (Legislatura 1964-1970).4

En 1974 se reformó el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer la igualdad de los hombres y mujeres ante la ley.

En 1979, Griselda Álvarez Ponce de León ganó la gubernatura de Colima y se convirtió en la primera mujer gobernadora en la historia de México.5 En 1982, Rosario Ibarra emergió como la primera candidata mujer a la presidencia de la Republica.6

Actualmente nos encontramos ante una participación constante de mujeres y hombres con pleno ejercicio de sus derechos cívicos, con una legislación que respeta la paridad de género. Una de las reformas político electorales que se destacan en nuestro país es la de 2014, plasmando en el artículo 41 constitucional la paridad de género, impulsando un mayor equilibrio en la participación de las mujeres y obligando a los partidos políticos a presentar candidatos y candidatas en igualdad numérica.

En este sentido, el numeral 1 del artículo 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), obliga a los partidos políticos a brindar igualdad de oportunidades para el acceso a cargos de elección popular.

Esto provoca que en el procedimiento de elección de candidatos por parte de los partidos políticos, se tenga que garantizar la paridad entre los géneros. El Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales (OPLE) tienen la facultad de rechazar el registro de números de candidatos del género que se exceda; asimismo, la lista de candidatos de representación proporcional debe ser una fórmula de propietarios y suplentes del mismo género.7

Dicho principio se ve reflejado en la presente legislatura con un porcentaje de casi el 50 por ciento de mujeres en su integración, en comparación con otras legislaturas.
La siguiente tabla refleja el tránsito de los avances en los cargos de elección popular en el Congreso de la Unión, en materia de paridad de género:

Legislatura

Diputadas

Senadoras

LX

26.2%

35.1%

LXI

31.8%

LXII

41.4%

33.5%

LXIII

42.8%

LXIV

48.2%

49.2%

Fuente: Elaboración propia con datos de la Cámara de Diputados http://www.diputados.gob.mx/sistema_legislativo.html y de la Cámara de Senadores http://www.senado.gob.mx/64/informacion_historica/LXII_LXIII

En materia de paridad de género el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitió el criterio jurisprudencial 20/2018, declarándola formalmente obligatoria, en los términos siguientes:

“PARIDAD DE GÉNERO. LOS PARTIDOS POLÍTICOS TIENEN LA OBLIGACIÓN DE GARANTIZARLA EN LA INTEGRACIÓN DE SUS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN.- De la interpretación sistemática de los artículos 1º, 4° y, 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, párrafo 3 y, 37, párrafo 1, inciso e), de la Ley General de Partidos Políticos; así como 36, fracción IV, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, se desprende que los institutos políticos deben garantizar la participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus órganos de dirección, así como promover la representación igualitaria entre mujeres y hombres dentro de sus estructuras internas. Por tanto, aunque la normativa interna de los partidos políticos no prevea la paridad de género o no la defina expresamente, éstos se encuentran obligados a observarla en la integración de dichos órganos, por tratarse de un estándar constitucional que garantiza la participación efectiva de las mujeres”.8

Lo anterior, es un reflejo de los avances que han tenido las mujeres en la vida política del país. Sin embargo, debemos fortalecer los esquemas para inhibir la violencia política, definida como “aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género), tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo”.9

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitió el criterio jurisprudencial 21/2018, donde se fijaron los elementos que debe se deben cumplir para que se actualice un caso de violencia política de género:

“VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO.- De una interpretación sistemática y funcional de los artículos 1°, 6°, y 41, Base I, Apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y del Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, se advierte que para acreditar la existencia de violencia política de género dentro de un debate político, quien juzga debe analizar si en el acto u omisión concurren los siguientes elementos: 1. Sucede en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público; 2. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de personas; 3. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico; 4. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, y 5. Se basa en elementos de género, es decir: i. se dirige a una mujer por ser mujer, ii. tiene un impacto diferenciado en las mujeres; iii. afecta desproporcionadamente a las mujeres. En ese sentido, las expresiones que se den en el contexto de un debate político en el marco de un proceso electoral, que reúnan todos los elementos anteriores, constituyen violencia política contra las mujeres por razones de género”.10

Dichos elementos, también se ven reflejados en un estudio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,11 quien consideró que se deben apreciar como aspectos de la violencia de género los siguientes:

Que la violencia sea dirigida a una mujer por ser mujer. Las agresiones están especialmente orientadas en contra de las mujeres por su condición de mujer y por lo que representan en términos simbólicos, bajo concepciones de estereotipos. En ocasiones, el acto se dirige hacia lo que implica “femenino” y a los roles que normalmente se asignan a las mujeres;

La violencia tiene un impacto diferenciado en las mujeres. La acción u omisión afecta a las mujeres de forma diferente que a los hombres o cuyas consecuencias se agravan ante la condición de ser mujer; y que la afectación sea en forma desproporcionada;

El menoscabo o anulación del reconocimiento en el goce o ejercicio de los derechos políticos electorales de la mujer; y

• Que la violencia se dé dentro del ejercicio de derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público.

Asimismo, la violencia política contra las mujeres12 por razón de género, se puede manifestar de la manera siguiente:

• Puede ser dirigida hacia una o varias mujeres en materia política, por familiares o personas cercanas a la víctima o un grupo de personas;

• Puede tener lugar en la esfera política, económica, social, cultura y civil, al interior de una unidad familiar, en un partido o institución política;

• Puede ser ejercida por cualquier persona, o grupo de personas, hombres o mujeres, así como integrantes de partidos políticos, aspirantes, precandidatos, candidatos a cargo de elección popular o dirigencia partidista, servidores públicos, y

• Las mujeres también pueden aplicar actos de violencia política por género en contra de otras mujeres.

Dentro de las manifestaciones de la violencia política, con objeto de menoscabar o anular derechos políticos,13 se encuentran las siguientes:

• Causar la muerte de la mujer por participar en la política;

• Agresiones físicas a una o varias mujeres;

• Agresiones sexuales;

• Amenazas o intimidaciones en cualquier forma a una o varias mujeres;

• Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres;

• Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre a las mujeres en el ejercicio de sus funciones políticas;

• Discriminar a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos, por encontrarse en estado de embarazo, parto, puerperio, licencia por maternidad o de cualquier otra licencia justificada, u

• Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las mujeres para proteger sus derechos políticos.

Sin duda, las trasgresiones a los derechos políticos de cualquier ciudadano son afectaciones que no se deben permitir en nuestro país; por ende, nos corresponde a los legisladores presentar las adecuaciones jurídicas para garantizar la paridad entre géneros en el ámbito electoral, así como combatir e inhibir la violencia política. No debemos permitir ningún tipo transgresiones, sino elevar la libertad y acceso efectivo a los derechos políticos.

Pese a los avances registrados en años recientes, resulta necesario promover modificaciones legales para garantizar la protección de los derechos políticos de los mexicanos, especialmente de las mujeres antes, durante y después de los procesos electorales, promoviendo en todo momento una cultura de igualdad, bajo un ambiente libre de violencia y sin discriminación.

II. DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA

La presente iniciativa tiene por objeto reformar la legislación electoral nacional con la finalidad de fortalecer la paridad de género en el registro y sustitución de candidaturas por parte de los partidos políticos, así como para tipificar como delito el ejercicio de la violencia política encaminada a que una persona renuncie a una candidatura o a un cargo de elección popular, con especial protección para las mujeres.

Par lograr lo anterior, se propone reformar y adicionar los siguientes ordenamientos legales:

• Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).

De conformidad con el numeral 1 de su artículo 1, la presente Ley14 tiene por objeto establecer las disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales, distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas en estas materias, así como la relación entre el INE y los OPLE.

Su expedición derivó del decreto de reforma constitucional en materia político electoral de 2014,15 particularmente de lo previsto en la fracción II del artículo segundo transitorio, que ordenó al Congreso de la Unión ejercer su facultad contenida en la fracción XXIX-U del artículo 73 constitucional, relativa a “expedir las leyes generales que distribuyan competencias entre la Federación y las entidades federativas en materias de partidos políticos; organismos electorales, y procesos electorales”, conteniendo, entre otros aspectos, las reglas para garantizar la paridad entre géneros en candidaturas a legisladores federales y locales.

Derivado del mandato constitucional de referencia, la LGIPE contempla diversas disposiciones encaminadas a garantizar la paridad entre géneros en materia electoral, tales como:

- El reconocimiento del derecho de los ciudadanos y la obligación para los partidos políticos de garantizar la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular (artículo 7, numeral 1);

- La obligación de los partidos políticos para promover y garantizar la paridad entre los géneros, en la postulación de candidatos a los cargos de elección popular para la integración del Congreso de la Unión, los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (artículo 232, numeral 2, y artículo 233);

- La facultad del INE y los OPLE para rechazar el registro del número de candidaturas de un género que exceda la paridad, fijando al partido un plazo improrrogable para la sustitución de las mismas (artículo 232, numeral 4, y artículo 241, numeral 1, inciso a), y

- El mandato de que las listas de representación proporcional se integren por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género, y se alternen las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad hasta agotar cada lista (artículo 234).

No obstante lo anterior, se estima necesario fortalecer las reglas de paridad de género en la LGIPE, en dos vías:

1. Estableciendo el mandato de que las reglas de los procedimientos sancionadores contenidas en las leyes electorales locales tomen en cuenta criterios para que sus resoluciones garanticen los principios rectores de la función electoral que establece la Constitución, así como las reglas previstas en la presente Ley, particularmente lo relativo a salvaguardar la paridad entre géneros en el registro de candidaturas y, en su caso, la asignación y sustitución de integrantes de órganos legislativos y ayuntamientos.

Sobre este aspecto, se debe recordar la naturaleza de la LGIPE como legislación general encargada de distribuir competencias entre los tres órdenes de gobierno en materia electoral, de tal suerte que resulta procedente que desde la legislación nacional se oriente el contenido de las legislaciones locales, en el sentido de garantizar los principios rectores de la función electoral que establece la Constitución (certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad),16 así como las reglas de paridad de género, y

2. Incorporando como infracción de los partidos políticos el incumplimiento de las reglas de paridad entre géneros, en la postulación de candidatos a cargos de elección popular.

Esto resulta procedente si tomamos en consideración que el párrafo segundo de la fracción I del artículo 41 constitucional determina como fin de los partidos políticos “promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales”.

De esta forma, por mandato constitucional los partidos políticos son los destinatarios de la obligación de garantizar la paridad entre géneros, por lo cual una manera de reforzar este principio radica en establecer como infracción expresa su incumplimiento.

Para mayor claridad sobre las reformas y adiciones que se plantean a la LGIPE, se presenta el siguiente cuadro que compara los textos vigentes con las disposiciones que se proponen mediante la iniciativa que nos ocupa:

TEXTO VIGENTE LGIPE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 440.

1. Las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de los procedimientos sancionadores, tomando en cuenta las siguientes bases:

a) a c) …

d) Procedimiento para dictaminación para la remisión de expedientes, al Tribunal Electoral, para su resolución, tanto en el nivel federal como local, y

e) …

(SIN CORRELATIVO)

 

 

 

 

 

2. …

Artículo 440.

1. Las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de los procedimientos sancionadores, tomando en cuenta las siguientes bases:

a) a c) …

d) Procedimiento para dictaminación para la remisión de expedientes, al Tribunal Electoral, para su resolución, tanto en el nivel federal como local;, y

e) …

f) Criterios para que las resoluciones de las autoridades electorales garanticen los principios rectores de la función electoral que establece la Constitución, así como las reglas previstas en la presente Ley, particularmente lo relativo a salvaguardar la paridad entre géneros en el registro de candidaturas y, en su caso, la asignación y sustitución de integrantes de órganos legislativos y ayuntamientos.

2. …

Artículo 443.

1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:

a) a l) …

m) La omisión o el incumplimiento de la obligación de proporcionar en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del Instituto, y

n) La comisión de cualquier otra falta de las previstas en esta Ley.

 

(SIN CORRELATIVO)

Artículo 443.

1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:

a) a l) …

m) La omisión o el incumplimiento de la obligación de proporcionar en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del Instituto;, y

n) El incumplimiento de las reglas de paridad entre géneros, en la postulación y sustitución de candidatos a cargos de elección popular;

o) La comisión de cualquier otra falta de las previstas en esta Ley.

• Ley General en Materia de Delitos Electorales (LGMDE).

De conformidad con su artículo 1, la presente Ley17 tiene por objeto, en materia de delitos electorales, establecer los tipos penales, las sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre los órdenes de gobierno, además de tener como finalidad general proteger el adecuado desarrollo de la función pública electoral y el procedimiento de consulta popular previsto en la Constitución.

Al igual que la LGIPE, la LGMDE derivó del decreto de reforma constitucional en materia político electoral de 2014, la cual facultó expresamente al Congreso de la Unión para expedir, entre otras una ley general en materia de delitos electorales que establezca, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones.

A la luz del objetivo de la presente iniciativa, consistente en tipificar como delito el ejercicio de violencia política o amenaza encaminada a que una persona renuncie a una candidatura o a un cargo de elección popular, con especial protección para las mujeres, se estima pertinente incorporar al catálogo de delitos previsto en la LGMDE un tipo penal que sancione con pena de doscientas a cuatrocientas veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y de dos a nueve años de prisión a quien por sí o por interpósita persona ejerza violencia o amenaza con el propósito de que una persona renuncie a una candidatura o a un cargo de elección popular.

Asimismo, con la finalidad de incrementar el nivel de protección de las mujeres que sean víctimas de este delito, se propone establecer como causa agravante de la pena, incrementándola hasta en una mitad, cuando el sujeto pasivo de la conducta sea mujer.

Cabe mencionar que la lógica de este nuevo tipo penal que se propone incorporar mediante la adición de un nuevo artículo 20 Bis a la LGMDE atiende a los siguientes criterios:

• Tipificar la violencia política en general, es decir, sin distinguir el género de la víctima, pudiendo ser hombre o mujer, pero estableciendo una punibilidad mayor hasta en una mitad en este último caso.

Al respecto, debemos recordar que la violencia política tiene como finalidad menoscabar o anular el ejercicio de derechos político electorales, como aspirar a un cargo público, ostentar una candidatura o incluso ejercer un cargo de elección popular. En tal sentido, mediante esta descripción típica se reconoce que la violencia política no distingue género, sin perjuicio de la causa agravante de la pena que se propone tratándose de mujeres víctimas de violencia política.

• Sin perjuicio de las reglas generales en materia de autoría y participación previstas en el Código Penal Federal, aplicables al ámbito material de la LGMDE, se toma en consideración que la violencia política puede ser aplicada: (i) de manera directa por la persona que tiene la intención de ejercerla; (ii) por interpósita persona, a través de la inducción, o (iii) a través de otros medios,

• Se caracteriza como verbo núcleo rector del tipo penal el ejercicio de:

a) Violencia;

b) Amenazas;

c) Intimidación;

d )Presión, o

e) Engaño.

• Se incorpora un elemento subjetivo del sujeto activo, relativo a la intencionalidad de que, a partir del ejercicio de la violencia política, una persona renuncie a una candidatura o a un cargo de elección popular.

• En relación con la consecuencia jurídica del delito, se propone una punibilidad de doscientas a cuatrocientas veces el valor de la Unidad de Medida de Actualización (unidad expresada en congruencia con la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo)18 y de dos a nueve años de prisión, incorporando la posibilidad de aumentar la pena hasta en una mitad cuando el sujeto pasivo de la conducta sea mujer.

Cabe mencionar que esta punibilidad es congruente con:

1. La naturaleza del bien jurídico tutelado, que en el caso del tipo penal que nos ocupa es el libre ejercicio de los derechos político electorales, en estricto cumplimiento del principio de proporcionalidad de las penas previsto en la parte final del primer párrafo del artículo 22 constitucional,19 y

2. Las penas y las agravantes previstas en la estructura vigente de la LGMDE.

Por los argumentos expuestos, los Senadores que suscriben se permiten someter a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el inciso d) y se adiciona un inciso f), ambos del numeral 1 del artículo 440, y se reforman los incisos m) y n) y se adiciona un inciso o), todos del numeral 1 del artículo 443 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 440.

1. Las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de los procedimientos sancionadores, tomando en cuenta las siguientes bases:

a) a c) …

d) Procedimiento para dictaminación para la remisión de expedientes, al Tribunal Electoral, para su resolución, tanto en el nivel federal como local;

e) …

f) Criterios para que las resoluciones de las autoridades electorales garanticen los principios rectores de la función electoral que establece la Constitución, así como las reglas previstas en la presente Ley, particularmente lo relativo a salvaguardar la paridad entre géneros en el registro de candidaturas y, en su caso, la asignación y sustitución de integrantes de órganos legislativos y ayuntamientos.

2. …

Artículo 443.

1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:

a) a l) …

m) La omisión o el incumplimiento de la obligación de proporcionar en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del Instituto;

n) El incumplimiento de las reglas de paridad entre géneros, en la postulación y sustitución de candidatos a cargos de elección popular;

o) La comisión de cualquier otra falta de las previstas en esta Ley.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona un artículo 20 bis a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 20 bis. Se impondrá de doscientas a cuatrocientas veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y de dos a nueve años de prisión, a quien por sí, por interpósita persona o por cualquier medio, ejerza violencia, amenazas, intimidación, presión o engaño con el propósito de que una persona renuncie a una candidatura o a un cargo de elección popular.

La pena prevista en el párrafo anterior, se aumentará hasta en una mitad cuando el sujeto pasivo de la conducta sea mujer.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Las legislaturas de las entidades federativas deberán armonizar sus respectivos marcos legales con el contenido del presente decreto, dentro de los 180 días siguientes a su entrada en vigor.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 13 de septiembre de 2018.

Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué.- Sen. Gabriela Benavides Cobos.- Sen. Verónica Noemí Camino Farjat.- Sen. Alejandra Lagunes Soto Ruiz.- Sen. Eduardo E. Murat Hinojosa.

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, datos de población, México, 2018. Disponible en: 
http://www.beta.inegi.org.mx/temas/estructura/

2 Instituto Nacional Electoral, México, 2018. Disponible en: https://www.ine.mx/credencial/estadisticas-lista-nominal-padron-electoral/

3 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, 2017. Disponible en:
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/OtrosDocumentos/Doc_2017_050.pdf

4 Número de diputadas y senadoras por legislatura desagregadas por partido político. Centro de estudios para el adelanto de las mujeres y la equidad de género. Cámara de Diputados, México, 2008. Disponible en:
http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/ceameg/Inv_Finales_08/DP1/1_19.pdf

5 Archivo General de la Nación. Gobierno de la República. #AGNRecuerda a Griselda Álvarez, la primera mujer gobernadora en México. Disponible en:
https://www.gob.mx/agn/articulos/agnrecuerda-a-griselda-alvarez-la-primera-mujer-gobernadora-en-mexico?idiom=es

6 Partido Revolucionario de los Trabajadores. Rosario Ibarra. Disponible en: http://www.prt.org.mx/node/451

7 Artículo 232, numerales 3 y 4, y artículo 234 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

8 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2018. Disponible en:
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=20/2018&tpoBusqueda=S&sWord=

9 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Violencia política contra las mujeres en razón de género, México, 2018. Pág. 2. Disponible en:
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/OtrosDocumentos/Doc_2018_056.pdf

10 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2018. Disponible en:
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=21/2018&tpoBusqueda=S&sWord=

11 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Violencia política contra las mujeres en razón de género, México, 2018.  Pág. 3 y 5.Disponible en:
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/OtrosDocumentos/Doc_2018_056.pdf

12 Ibídem. Pág. 4.

13 Ibídem. Pág. 6.

14 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014.

15 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014.

16 Párrafo primero del apartado A) de la fracción V del artículo 41 constitucional.

17 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014.

18 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016.

19 Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.

PRESIDENCIA DE LA SENADORA
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Benavides Cobos. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos.






En una segunda ronda de iniciativas, tiene el uso de la tribuna el Senador Martí Batres Guadarrama, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se deroga la segunda parte de la fracción III del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma educativa.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 3o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Martí Batres Guadarrama, del grupo parlamentario del Partido Morena)

El Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, señora Presidenta.

Seguramente los foros que realiza el próximo Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, sobre la reforma educativa, arrojarán conclusiones que se reflejarán en iniciativas del siguiente gobierno.

También es previsible que distintos grupos parlamentarios presenten iniciativas al respecto, por lo menos cuatro bancadas parlamentarias han manifestado su interés en revisar, revocar, modificar o cancelar la llamada Reforma Educativa realizada en el sexenio que termina y otros grupos parlamentarios han expresado disposición para escuchar proyectos alternativos.

Es verdad que se necesita una profunda Reforma Educativa, pues aún en pleno siglo XXI hay niñas y niños mexicanos de entre 6 y 12 años de edad que no están inscritos en la primaria.

Hay escuelas sin planteles y muchos planteles sin equipos de cómputo y bibliotecas.

Deben cambiar los métodos de enseñanza y debe ponerse énfasis en las necesidades actuales de la educación.

Además, debe abrirse la educación superior a la juventud.

Sin embargo, la reciente Reforma Educativa fue eminentemente laboral y administrativa, más que pedagógica.

La evaluación no se orientó a mejorar la formación docente y la educación continua.

No se tomó en cuenta el desempeño frente a grupo, ni las grandes diferencias regionales y culturales; y menos aún, la diversidad lingüística y las grandes desigualdades sociales y alimenticias de muchas zonas del país.

Tampoco se observó el bajo salario que reciben los profesores.

Antes bien, se privilegió el castigo al docente.

Todo esto impidió involucrar a los maestros en la transformación de la educación y sin la participación de los maestros es prácticamente imposible realizar una Reforma Educativa.

A ello hay que agregar, además, la mala técnica legislativa que llevó a incorporar a la Constitución lo que debe ir en una legislación secundaria, así como la aprobación sin la intervención de maestros, expertos, padres de familia y de la sociedad en general.

El que suscribe, es nieto de maestros e hijo de maestros de primaria y secundaria.

Conocemos la enorme entrega y el amor de los maestros a nuestro país.

Por eso, considero necesario derogar la vinculación de la Evaluación a los Docentes con su permanencia y promoción en el empleo, para dar paso a la realización de una auténtica transformación educativa y ahora sí con la participación de los profesores.

Es por ello que presento una primera iniciativa de reforma sobre este tema, con fundamento en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para modificar el artículo 3o., derogando la segunda parte de su fracción III, para que forme parte, como un aporte más del amplio abanico de iniciativas y propuestas, en torno al gran debate plural sobre la transformación de la educación en México.

Por eso propongo derogar el texto siguiente de la segunda parte de la fracción III del artículo 3o. constitucional.

“Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan.

La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional, con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable a las instituciones a las que se refiere la fracción VII de este artículo”.

Este es el párrafo de la fracción III del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que proponemos derogar.

Muchas gracias por su atención.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Batres Guadarrama. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; y de Estudios Legislativos.

Sonido en el escaño de la Senadora Citlalli Hernández, por favor.

La Senadora Minerva Citlalli Hernández Mora: (Desde su escaño) Nada más para solicitarle al Senador Martí Batres si podemos suscribirlo, hay varios Senadores de Morena.

Entonces, me permito decir a nombre del grupo parlamentario de Morena.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Hernádez Mora. Le pedimos a Servicios Parlamentarios que se acerquen a los escaños de los Senadores que quieran adherirse, si el Senador Batres así lo considera.






Tiene el uso de la tribuna la Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 59 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de balance trabajo-familia.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por la Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Con su permiso, señora Presidenta. Buenas tardes, compañeras y compañeros:

En Acción Nacional sabemos que el trabajo es medio fundamental para la realización del ser humano y la satisfacción de sus necesidades.

Estamos convencidos de que la política laboral en México debe garantizar el pleno derecho de las y los trabajadores.

En México, al igual que en el resto de América Latina y en los países de otras regiones del mundo, está enfrentando un cambio de paradigma que se expresa en una transformación de los roles al interior de la familia. Esto último asociado, sin duda, a la incorporación de la mujer al mercado laboral.

Durante la mayor parte del siglo pasado, el trabajo se organizó sobre rígidos roles de género que ya no corresponden a lo que ocurre actualmente.

Hoy podemos constatar que la interacción entre la esfera laboral y familiar ha cambiado de manera dramática y decisiva.

Existen hoy tensiones en un considerable número de familias, así como en los centros laborales, asociadas a los cambios en la organización del trabajo.

Y estas tensiones están generando consecuencias negativas para quienes cuentan con responsabilidades familiares y para las personas que requieren de cuidados, como los niños, las niñas, los adolescentes, las personas adultas mayores, personas con alguna discapacidad, pero también generan altos costos de productividad para las empresas.

No es posible enfrentar la exclusión social, la desigualdad y la pobreza si no se aborda al mismo tiempo y con la misma energía la sobrecarga de trabajo de quienes son responsables de una familia, especialmente de las mujeres y la falta de espacios ocupacionales para estas personas.

La conciliación, entre la vida laboral y familiar, es una de las mayores dificultades que enfrentan las mujeres y los hombres en México.

La falta de una distribución equilibrada del trabajo doméstico y la consiguiente sobrecarga de quehaceres y de cuidado en las mujeres genera también consecuencias negativas para las familias. Estas expresan mayores dificultades para proporcionar una atención adecuada a los menores, adultos mayores y enfermos.

Se priva a los hombres de participar activamente de la crianza de sus hijos y del cuidado de sus familiares, minimizando sus lazos afectivos y su desarrollo integral.

Lo que se requiere, entonces, es que esta conciliación entre la vida laboral y la vida familiar, así como la corresponsabilidad social en las tareas del cuidado en donde se involucre a los padres, al Estado, a la empresa y a la sociedad, formen parte de las políticas y de los programas sociales del Estado.

A la hora de diseñar e implementar medidas de conciliación, de balance entre trabajo y familia, se debe de apostar a mayores grados de equidad y democratización de las tareas; se trata de garantizar el derecho tanto de hombres como de mujeres a un trabajo remunerado sin tener que renunciar por ello a una vida familiar.

Hoy más que nunca es necesario promover políticas y acciones que logren este balance entre la familia y el trabajo, que propicien la igualdad y la equidad en las responsabilidades familiares y que favorezca el trabajo de quienes cuenten, precisamente, con estas responsabilidades.

En ocasiones es muy común encontrar que el argumento que las políticas de conciliación implican elevados costos que se debilitan al compararlos con los beneficios a mediano plazo de su implementación.

La ampliación de las capacidades y de oportunidades productivas por medio de políticas conciliatorias permite también la creación de trabajos dignos.

Para las empresas, las tensiones entre la vida familiar y laboral significan menores rendimientos por el limitado desempeño de los individuos, imputables al estrés, a la insatisfacción, a la fatiga, expresados en muchos casos en la falta de un compromiso, en el ausentismo laboral o en inestabilidad. La rotación de personal incrementa los costos de especialización de reclutamiento y de inducción.

En la Ley Federal del Trabajo se hace sólo una mención de las responsabilidades familiares en todo su articulado. Las denuncias junto con el origen étnico, género, condición social, religión y otros motivos más por los que un trabajador o trabajadora no debe ser sujeto de discriminación, diferencias o exclusiones.

Las políticas de conciliación con responsabilidad son prácticamente inexistentes en nuestro país, de ahí la necesidad de iniciar un proceso de debate público respecto a estas políticas.

Hoy con esta iniciativa que presento a nombre de mi grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, damos paso a lo que estaremos presentando para lograr, entre otras cosas, guarderías en las empresas, centros comunitarios, deportivos y educativos que complementen la formación de habilidades en los niños y adolescentes, en tanto sus padres se encuentren laborando; jornadas flexibles de trabajo, banco de horas, el reconocimiento del teletrabajo en México, entre otras cosas que buscan justo incentivar la implementación de estas prácticas que logren el balance entre la vida familiar y laboral en los centros laborales con los generadores de empleo.

Debatir estos temas es indispensable para posicionar en la agenda gubernamental las implicaciones, las tensiones y los dilemas que enfrentan las y los jefes de familia.

Señor Presidente Electo, permítame decirle, desde esta tribuna, que los funcionarios que ustedes pretenden que amplíen su jornada laboral los sábados, también tienen familia, no les prive a sus hijos, a sus hijas de ese tiempo que les corresponde a las familias.

Trabajar más días no significa ser más productivos o más eficientes; sin embargo, sí implica mayor gasto para las dependencias y, sin duda alguna, un mayor gasto para las economías de las familias.

Se trata entonces de plantear como prioridad la intervención gubernamental con la finalidad de convertir el balance-trabajo-familia con corresponsabilidad social en objeto de política pública.

De igual manera, es importante incluir en este debate la idea promovida por la Organización Internacional del Trabajo en torno a la doble capacidad de la conciliación y de los cuidados como generadores de empleo, y como proveedores también de protección social.

Específicamente, esta iniciativa, que hoy presentamos, pretende introducir como un criterio general y que se considere en los acuerdos de las jornadas laborales y sea el centro, también, el balance entre la vida laboral y familiar.

Conciliar la vida laboral y familiar sin duda alguna nos va a repercutir en mejores condiciones sociales, económica y, sin duda, esto ayuda a la reconstrucción del tejido social, a la construcción de la seguridad y también al fortalecimiento de la familia en nuestro país.

Muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Reynoso Sánchez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos.






En una tercera ronda de iniciativas, tiene el uso de la tribuna la Senadora Delfina Gómez Álvarez, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, en materia de desarrollo de emprendimiento.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XVII Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 7o. DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

(Presentada por la Senadora Delfina Gómez Álvarez, del grupo parlamentario del Partido Morena)

La Senadora Delfina Gómez Álvarez: Buenas tardes a todos. Con su venia, señora Presidenta. Señoras y señores Senadores. Ciudadanos que nos siguen en esta transmisión y medios de comunicación.

La educación en México es una estructura conformada por principios, normas y procedimientos que conducen el método para instruir a los nuevos integrantes de la sociedad, y permite a las nuevas generaciones apropiarse de la cultura, del arte, de la tecnología, del conocimiento y de los valores. Es decir, en una apreciación general de su entorno y del mundo.

Sabemos que el sistema educativo debe proporcionar las herramientas necesarias para que los alumnos desarrollen su talento, su inteligencia emocional, su creatividad y su espíritu emprendedor.

Por ello, es importante mencionar que el fomento de la cultura, del emprendedurismo debe darse desde edades muy tempranas, incluso desde el nivel de educación básica.

Esto con el fin de poder formar personas con un perfil emprendedor, cimentando esas ideas y valores en ellos, apostando incluso por el hecho de que una persona consciente y preocupada de su entorno pueda llegar a ser un miembro activo y de provecho social.

Ahora bien, puede considerarse como posible el hecho de poder formar emprendedores en la generación joven actual, ya que éstos tienen una predisposición casi natural de adquirir nuevos conocimientos que consideren útiles para su vida, tanto en el ámbito personal como profesional.

Es por ello, que resulta beneficioso el hecho de que una generación activa, como son nuestros jóvenes de hoy, se pueda sembrar el deseo del cambio y la proactividad, ya que serán ellos quienes transmitan lo mismo a las generaciones posteriores y a quienes puedan empezar a implementar dichas transformaciones en el presente.

Se trata fundamentalmente, con esta iniciativa, de fomentar una cultura empresarial que pueda servir de estímulo para que los que están en estas condiciones se planteen su futuro a través del autoempleo, y que se pudiera optar por esta alternativa una vez que conozcan lo que significa emprender.

Dar a conocer lo que supone ser empresario, sería el primer paso para aumentar este porcentaje de futuros emprendedores; pero es algo más, es inculcar en los jóvenes los valores de lo que supone ser empresario, pero ser un empresario de verdad que potencialice a nuestro país.

El fomento de la actividad emprendedora en las escuelas puede poner el valor de la enseñanza concepto no solamente económicos, básicos como son el funcionamiento del mercado, la gestión de los beneficios, la producción, la comercialización, sino también podría fortalecer los valores, como es la colaboración, el trabajo en equipo, la motivación, y la iniciativa, así como la planificación, la búsqueda de la originalidad, la innovación y el compromiso.

Es por ello, que se buscaría que los jóvenes conozcan el sentido del emprendimiento, que experimenten tener su propio negocio, que es una manera de estimularlos y comprobar que sí es una opción válida para ellos.

Si nos vamos a niveles internacionales, hay un reporte anual que, precisamente, hace el emprendedurismo, es el estudio que hace y que es el más grande de su tipo, y que permite dar un panorama general sobre el desarrollo del emprendimiento en distintos países.

En la edición 2015-2016 fue auspiciada precisamente por la Universidad del Desarrollo y el Tecnológico de Monterrey este estudio y se obtuvieron los siguientes resultados.

Se estableció que México tiene una economía basada en la eficiencia como fortaleza en la manufactura.

Se logró obtener el resultado de que la mayoría de los emprendedores son impulsados más por oportunidad que por necesidad, esto quiere decir que muchos emprenden como una decisión forzada más que por gusto sino por falta de empleo.

La mayor participación en México es de personas entre 25 y 34 años de edad. El 6.9 por ciento es la tasa de emprendedores establecidos en México.

México se ubica en el lugar 46 de 60 en cuanto a desabilidad de ser emprendedor.

El 49 por ciento de las personas consideren que emprender es una opción de carrera deseable.

34 por ciento de las personas tienen miedo al fracaso porque no tienen conocimiento de cómo ejercer una empresa.

Y el 10 por ciento de los emprendimientos están en edad temprana, esperan generar más de seis empleos.

El efecto de introducir el emprendimiento en las aulas es el fomento del espíritu emprendedor. A este respecto, existe evidencia empírica que muestra que si las universidades fomentaran este espíritu emprendedor contarían con mayor cantidad de egresados dispuestos a tomar riesgos de emprender, en comparación de aquellas universidades que no lo consideran más que como una parte acaso periférica o complementaria de sus planes de formación.

Cabe señalar, también, que no solamente los docentes estarían interesados en esta formación de los jóvenes, también están nuestros empresarios. Y muestra de ello fue efectivamente la participación que hubo en el Foro de Educación el día de ayer en el Estado de México, en donde aprovecho para hacer un reconocimiento a esos empresarios, a esos padres de familia, a esos maestros, a esos jóvenes, pero muy en especial a esos maestros que están frente al grupo, que dieron precisamente opiniones y sugerencias que van a ser muy importantes y que se va a tomar en el nuevo gobierno.

Este foro permitió escuchar a los empresarios que nos muestran interés, pero también nos muestran muchos deseos de participar.

Y por ello, yo presento esta iniciativa que tiene como objetivo adicionar las fracciones XVII y XVIII del artículo 7o. de la Ley General de Educación, y que a la letra dice:

Artículo 7o. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

XVII. El emprendimiento en la enseñanza: En la educación básica y formación profesional se incorporarán objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación de la formación orientados al desarrollo y afianciamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial.

Las instituciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades que le permitan afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.

XVIII. Incrementar y fortalecer, en su caso, en las enseñanzas universitarias el emprendimiento.

Se promoverán las iniciativas de emprendimiento universitario para acercar a los jóvenes universitarios al mundo empresarial.

Las universidades fomentarán la iniciación de proyectos empresariales, facilitando información y ayuda a los estudiantes, así como promoviendo encuentros con emprendedores.

Es  cuanto, señora Presidenta.

Gracias.

Iniciativa

La suscrita Senadora DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional en la LXIV Legislatura del Senado de la República del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de igual forma los artículos 8 numeral 1, fracción I; 164 numerales 1 y 2; 169 y 172 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta H. Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XVII Y SE ADICIONA LA FRACCION XVIII DEL ARTÍCULO 7°. DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN PARA POTENCIALIZAR EL EMPRENDIMIENTO.

Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La educación en México es una estructura conformada por principios, normas y procedimientos, que conducen el método para instruir a los nuevos integrantes de la sociedad. Permite a las nuevas generaciones apropiarse de la cultura, el arte, la tecnología, el conocimiento y valores. Asimismo una apreciación general de su entorno y del mundo.

La educación para emprendedores es un proceso a través del cual los estudiantes les es posible adquirir un amplio conjunto de competencias y puede aportar mayor individual, beneficios sociales y económicos ya que las competencias adquiridas se prestan a la aplicación en todos los aspectos de la vida de las personas.

El espíritu del emprendedor se refiere a la capacidad de una persona para transformar las ideas en acción. Incluye la creatividad, la innovación, mostrando iniciativa y la asunción de riesgos, así como la capacidad de planificar y gestionar proyectos con el fin de alcanzar los objetivos. Esto es compatible con todos en la vida del día a día en el hogar y en la sociedad, hace que los empleados sean más conscientes del contexto de su trabajo y en mejores condiciones de aprovechar las oportunidades y proporciona una base para los emprendedores al establecer una actividad social o comercial.

Por otra parte, el apoyo al emprendimiento nunca ha sido tan importante como ahora. El refuerzo de la educación en emprendimiento en las escuelas, los centros de formación profesional y las universidades tendrá repercusiones positivas en el dinamismo emprendedor de nuestras economías. Además de contribuir a la creación de empresas sociales y nuevas empresas, la educación en emprendimiento ayudará a que los jóvenes sean más aptos para el empleo y más emprendedores en su trabajo en las organizaciones ya existentes en los sectores social, público y privado.

Por lo tanto, la inversión en educación en emprendimiento es una de las más rentables que puede hacer México.

PANORAMA INTERNACIONAL

Según el informe Global Entrepreneurship Monitor 2015 Global Report (GEM) presentado en el Tecnológico de Monterrey en México por investigadores del Global Entrepreneurship Research Association (GERA), crece el emprendimiento en el mundo, destacándose la importancia como herramienta poderosa para combatir la pobreza y reducir la desigualdad social.

PANORAMA NACIONAL

El reporte anual del Global Entrepreneurship Monitor (GEM), es el estudio más grande de su tipo, se enfoca en dar panoramas sobre el desarrollo del emprendedurismo en distintos países. La edición 2015/16 fue auspiciada por Babson College, Universidad del Desarrollo, Universiti Tun Abdul Razak y el Tecnológico de Monterrey:

• México tiene una economía basada en la eficiencia (con fortaleza en la manufactura).

• La mayoría de sus emprendedores son impulsados más por oportunidad que por necesidad.

• Esto quiere decir que muchos emprenden como una decisión forzada por falta de empleo.

• La mayor participación es de personas entre 25 y 34 años.

• 6.9% es la tasa de emprendedores establecidos en México.

• México se ubica en el lugar 46 de 60 en cuanto a deseabilidad de ser emprendedor.

• 49% de las personas considera que emprender, es una opción de carrera deseable.

• 34% de las personas tiene miedo al fracaso.

• 10% de los emprendimientos en etapa temprana espera generar más de 6 empleos.

EMPRENDIMIENTO DESDE LA ESCUELA

El efecto de introducir en emprendimiento en las aulas es el fomento del espíritu emprendedor. Acercando a los jóvenes lo que supone crear, desarrollar y gestionar un negocio.

Se trata fundamentalmente de fomentar una cultura empresarial que pueda servir de estímulo para que los que en estas condiciones se plantean su futuro a través del autoempleo pudieran optar por esa alternativa una vez que conozcan lo que significa emprender.

Dar a conocer lo que supone ser empresario es el primer paso para aumentar ese porcentaje de futuros emprendedores. Pero es algo más, es inculcar en los jóvenes los valores de lo que supone ser empresario, pero ser empresario de verdad que potencialice a nuestro país.

El fomento de la actividad emprendedora en las escuelas puede poner en valor la enseñanza de conceptos económicos básicos sobre el funcionamiento del mercado, la gestión de los beneficio, la producción, la comercialización, etc.

Permitiéndole a los estudiantes interactúen en la colaboración y el trabajo en equipo, la motivación y la iniciativa, la planificación, la búsqueda de la originalidad y de la innovación son valores y actividades que se vinculan con la actividad emprendedora y que son positivos para el que los recibe, integrándose con lo aprendido en materia educativa junto con la participación que posteriormente desarrollarán.

Es por ello que se busca que los jóvenes conozcan el sentido del emprendimiento, que experimenten tener su propio negocio es una manera de estimularlos y comprueben si esa opción es válida para ellos..

Por todo ello deberíamos plantearnos introducir de una manera regulada y continuada el emprendimiento en las escuelas.

En mérito de lo anterior, el texto sometido a su consideración:

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I.- al XVI…..

Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I.- al XVI…..

XVII.-El emprendimiento en la enseñanza:
En la educación basica y formación profesional se incorporarán objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación de la formación orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial.
Las instituciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.
XVIII.-Emprendimiento en las enseñanzas universitarias:

Se promoverán las iniciativas de emprendimiento universitario para acercar a los jóvenes universitarios al mundo empresarial.

Las universidades fomentarán la iniciación de proyectos empresariales, facilitando información y ayuda a los estudiantes, así como promoviendo encuentros con emprendedores.

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración de esta soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO. SE REFORMA LA FRACCIÓN XVII Y SE ADICIONA LA FRACCION XVIII DEL ARTÍCULO 7°. DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I.- al XVI…..

XVII.-El emprendimiento en la enseñanza:

En la educación basica y formación profesional se incorporarán objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación de la formación orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial.

Las instituciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.

XVIII.-Emprendimiento en las enseñanzas universitarias:

Se promoverán las iniciativas de emprendimiento universitario para acercar a los jóvenes universitarios al mundo empresarial.

Las universidades fomentarán la iniciación de proyectos empresariales, facilitando información y ayuda a los estudiantes, así como promoviendo encuentros con emprendedores.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón del pleno del Senado de la República, el 13 de septiembre de 2018.

Sen. Delfina Gómez Álvarez.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Gómez Álvarez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; y de Estudios Legislativos.






Tiene el uso de la palabra la Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley Federal del Mar y la Ley Minera, en materia de impacto ambiental de minería.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE; A LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE; A LA LEY  DE AGUAS NACIONALES; A LA LEY FEDERAL DEL MAR Y A LA LEY MINERA

(Presentada por la Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros: Gracias. Con el permiso de la Mesa y de las Senadoras y Senadores que hoy se encuentran presentes.

Estamos atravesando un trascendente problema social en nuestro país que requiere ser solucionado de raíz, me refiero a algunas industrias minero-metalúrgicas y sus impactos ambientales en las áreas naturales protegidas y en los ecosistemas acuáticos subterráneos y marítimos del territorio nacional.

Por ello, presento el día de hoy, ante esta Soberanía, una iniciativa de reformas a cinco leyes: la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley Minera, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley Federal del Mar y la Ley de Aguas Nacionales, para que se prohíba la minería a cielo abierto en áreas naturales protegidas, en la que se utilice cianuro o mercurio, así como toda forma de minería submarina, una de las formas más devastadoras de la biodiversidad marina.

Los impactos ambientales de la minería a cielo abierto pudieran llegar a ser, entre otros, la contaminación de ríos y acuíferos con metales pesados, afectación de flora y fauna, aire y agua en los lugares donde se practica, emisiones altas de gases y polvos a la atmósfera.

Los sudcalifornianos nos sentimos más amenazados que nunca, porque hay en proceso autorizaciones de proyectos mineros cuyo plazo legal para otorgarse o negarse en su operación es a más tardar en el mes de noviembre, justo unos días antes de que concluya este gobierno federal.

La historia de nuestro país nos recuerda que al final de una administración se deciden actos ilegales por parte del Poder Ejecutivo Federal que afectan los intereses de la población, devaluaciones, concesiones, nacionalizaciones, permisos o condonaciones, cobijados bajo el manto de la impunidad que han gozado algunos ex presidentes de México.

Además, en el caso de mi estado, en el Poder Judicial hoy se dirime la legalidad de una autorización de uso de suelo.

Ante este escenario, es evidente el grave peligro en que se encuentra Baja California Sur, su biodiversidad y los recursos naturales que nos son indispensables como es el agua y, en general, el medio ambiente.

Los sudcalifornianos no podemos permitir que se juegue con la salud y la vida de quienes habitamos la entidad y se ponga en riesgo el futuro de nuestro estado. Ningún interés puede estar por encima de la sociedad.

En el mismo sentido, propongo una reforma a la Ley Federal del Mar para establecer que en las zonas marinas mexicanas quede prohibido realizar obras y actividades de exploración, explotación de minerales submarinos. Debemos proteger los ecosistemas marinos de proyectos devastadores que significan una grave afectación a la biodiversidad.

En mi estado está latente una autorización de proyecto de minería submarina. Y déjenme decirles que en ninguna parte del mundo se ha aprobado un proyecto de este tipo.

¿Hasta cuándo se va a seguir con esta práctica de progreso y desarrollo económico desenfrenado que genera riqueza para unos cuantos, pero a cambio pone en peligro la biodiversidad y la sustentabilidad del futuro de nuestras generaciones?

Ante esta demanda ciudadana, todas las fuerzas políticas representadas en este tipo de espacios nos debemos de unir con el firme propósito de cambio de paradigmas. Debe traducirse todo esto en hechos reales de defensa a nuestros recursos naturales en beneficio de las futuras generaciones.

Ningún interés por encima de la sociedad.

No a la minería a cielo abierto en áreas naturales protegidas.

No a la minería submarina.

Y si de consultar a los ciudadanos se trata, que no sólo se consulte lo que conviene a quien ostente el Poder Ejecutivo, que también se consulten temas como éste.

Muchas gracias.

Es cuanto.

Iniciativa

La que suscribe, Senadora MARÍA GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS, integrante del Grupo Parlamentario Acción Nacional a la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169, 172 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE; LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE; LA LEY DE AGUAS NACIONALES; LA LEY FEDERAL DEL MAR, Y LA LEY MINERA, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Hace poco más de 31 años, el 4 de agosto de 1987, los países de la Organización de las Naciones Unidas recibieron con preocupación uno de los documentos más importantes para la concienciación y el replanteamiento del desarrollo del hombre del siglo XXI, el Informe Brundtland. En 416 páginas la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo nos advirtió sobre las amenazas graves que enfrenta la raza humana por la excesiva explotación de recursos naturales y nos propuso como solucionarlas, con responsabilidad y acciones coordinadas, considerando a las generaciones futuras que son la posteridad y esperanza de la humanidad. Nació el concepto de “desarrollo sustentable” y varios países iniciaron su traducción en las políticas internas y en su interacción con las demás naciones.

Casi un lustro después, en Río de Janeiro, la humanidad se reunió para alcanzar acuerdos de respeto de los intereses de todas las personas y de protección de la integridad del sistema ambiental y del desarrollo mundial, reconociendo la naturaleza integral e interdependiente de nuestro hogar, la Tierra. La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo estatuyó diversos principios alentando a los Estados a reducir la producción y el consumo no sustentables y a fomentar políticas económicas y poblacionales apropiadas para el desarrollo sustentable y el mejoramiento de la calidad de vida de todas las personas.

No obstante estos esfuerzos y el beneplácito con el que han sido recibidos, sus resultados han sido efímeros y poco eficaces. Nos encontramos en la peor crisis ambiental de toda la historia de la humanidad en un tiempo récord. La profecía malthusiana resultó superada por los avances tecnológicos, pero los efectos de los resultados son alarmantes: la población mundial sigue creciendo exponencialmente y a un ritmo acelerado (7 mil 700 millones de personas y en aumento), lo que ha hecho que las capacidades de producir alimentos y bienestar generalizado también crezcan de manera concentrada, industrializándose aún más el planeta. Hoy consumimos mucho en todos los ámbitos de vida y la tendencia a futuro va en aumento: dada nuestra naturaleza humana, ávida de riqueza individual, las industrias seguirán ofertando más bienes y servicios para la felicidad de todos y las personas continuaremos siendo consumidores insaciables, hiperconsumidores, inventores de más y complejas necesidades, a costa de la explotación irracional de los recursos naturales, llegando al punto que nos fue advertido en 1987.

El desarrollo sustentable no ha logrado fraguar en nuestras conciencias y acciones. De ser inicialmente un dilema, ahora es una dicotomía. El capital económico, siempre poderoso y concentrado en pocas y conocidas manos, se ha separado del aprovechamiento sustentable y la protección del medio ambiente. No solo parecen divorciados, sino que se manifiestan como enemigos enconados detrás de máscaras de diplomacia.

De hecho, en los países con modelos neoliberales -México entre ellos- el capital económico considera a las normas y políticas públicas de protección ambiental como un estorbo a sus ganancias y, en respuesta, los ha mimetizado utilizando sus mismos instrumentos, haciendo parecer como “sustentables” industrias contaminantes y agresivas con la biodiversidad y los seres humanos, debido a que cuentan con autorizaciones ambientales provistas por las autoridades de los Estados. La riqueza económica se ha abierto camino, compensando daños ambientales y haciendo creer socialmente que repara lo irreparable: el capital económico está aplastando a la sustentabilidad ambiental.

Esto ha sido causado, en gran medida, por la falta de reflexión activa del tipo de mundo que queremos; por nuestro egoísmo que provoca ausencia de empatía con el otro; por la indolencia de personas satisfechas, las menos, con las condiciones de pobreza y la destrucción de la naturaleza; por la ignorancia de que, tarde o temprano, los efectos de esa naturaleza destruida, que hoy vemos distante de nuestras realidades, las sufriremos en carne propia y se las dejaremos a las generaciones futuras. Nuestra herencia más valiosa será un planeta seco y estéril.

La más reciente integrante de El Colegio Nacional, Julia Carabias Lillo, en su discurso de ingreso a dicha institución, titulado “Sustentabilidad Ambiental y Bienestar Social”, encendió nuevamente la alarma de la crisis ambiental que vivimos. Los seres humanos hemos afectado el equilibro de la biosfera y, reconozcámoslo o no, en lapso cortísimo provocamos la extinción de especies, el cambio climático, la deforestación y la desertización de los suelos, la acidificación de los océanos, el estrés en el ciclo del agua, la reducción de la capa de ozono, el exceso de residuos sólidos, líquidos y químicos, y el exceso de aerosoles en la atmósfera. Hemos rebasado los umbrales de la naturaleza respecto a la pérdida de diversidad genética y otros procesos naturales tendrán un futuro de riesgo porque hoy únicamente el adelgazamiento de la capa de ozono está en proceso de reversión.1

¿Hasta cuándo veremos conscientemente la horrenda realidad que hemos creado? ¿Hasta cuándo escucharemos? ¿Hasta cuándo dejaremos de actuar como si los problemas ambientales existieran sólo en el destino de las personas pobres? ¿Cuántas personas más seguirán desfilando como profetas en el desierto, advirtiéndonos del grave peligro que corremos, de seguir con estas prácticas de progreso y desarrollo económico desenfrenados e insostenibles? Es hora de actuar de manera decidida y sin titubeos desde nuestros respectivos ámbitos.

Por estas razones, me permito exponer a esta H. Cámara de Senadores un trascendente problema ambiental para nuestro país, que requiere ser solucionado de raíz. Me refiero a la industria minera metalúrgica y sus impactos ambientales en las áreas naturales protegidas y en los ecosistemas acuáticos subterráneos y marinos del territorio nacional.

A) La industria minera metalúrgica:

El mercado internacional  a la alza de los metales preciosos, en los últimos lustros, sobre todo del oro y la plata, han generado una gran presión sobre los recursos naturales del país, incluyendo los que encuentran dentro de las áreas naturales protegidas.

Por la escasa obtención de oro a través de los métodos antiguos, en la actualidad su extracción se  realiza a través de la denominada minería a cielo o a tajo abierto, la cual es una actividad de alto impacto económico, ecológico y social.

La obtención de oro a través de esa forma se realiza mediante el lavado de las rocas que son extraídas de la tierra, molidas finamente y lavadas con una solución de cianuro -una sustancia que es altamente tóxica para la vida. La solución de oro y cianuro es precipitada y el sedimento es fundido en un horno para separar el oro.

Para extraer la roca es necesario abrir inmensos boquetes, o “tajos” en la tierra, que permanecen una vez acabado el proceso minero como gigantescas heridas en la superficie del planeta que quedarán allí por miles y miles de años.

La roca molida se deposita en inmensos montículos y son lavadas con cianuro, con grave riesgo para las poblaciones que viven aguas abajo del sitio. Finalmente, el proceso demanda cantidades desproporcionadas de agua, extraída de los acuíferos locales en perjuicio de los usuarios de la cuenca, y de energía para impulsar el proceso.

Según los investigadores Exequiel  Ezcurra, Jaime Rojo y Octavio Aburto, quienes refieren lo anterior, en 20 años una mina de oro productiva puede usar en el sitio hasta 500 mil toneladas de explosivos, que equivalen, comparativamente hablando, al 40 por ciento de las bombas arrojadas durante la Segunda Guerra Mundial (1.2 millones de toneladas).

Así mismo, para ilustrar los efectos de esa actividad, señalan que el impacto de extraer la cantidad de oro contenida en nuestro tradicional centenario de oro, que contiene 1.2 onzas troy (una onza troy, 31.1 gramos) representa todo lo siguiente:

• La extracción de unas 150 toneladas de roca –el volumen transportado por 15 camiones materialistas estándar– removida del tajo y depositadas sobre las tepetateras y los jales.

• El consumo de unos 40 kg de explosivos (suficientes para demoler un edificio) utilizados para romper la roca dentro del tajo.

• El procesamiento de 25-50 toneladas de tierra lixiviadas con solución de cianuro altamente tóxica.

• La liberación al ambiente de unos tres kilogramos de sales de cianuro de alta toxicidad (una dosis letal suficiente para terminar con la vida de 60 mil personas), que ponen potencialmente en riesgo la calidad del agua superficial y subterránea cuenca abajo.

• El consumo de 100 a 150 mil litros de agua dulce, suficientes para proporcionar agua a una familia por un año.

• El consumo de unos mil 300 kwh de electricidad, suficientes para abastecer de energía eléctrica a una familia por un mes.

• El consumo de unos 450 litros de combustibles fósiles (diesel y combustóleo) para mantener el abasto de agua y mover el equipo y el proceso en la mina, y

• La emisión de unos 650 kg de CO2 a la atmósfera, junto con otros gases de efecto invernadero altamente contaminantes y tóxicos, como dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno.

Las operaciones para este tipo de extracción de minerales son de gran impacto ambiental, porque es una minería de profundidad, en terrenos donde el mineral metálico se encuentra disperso en la tierra en bajas concentraciones, lo que requiere la remoción de capas de excedente, es decir, la tierra y roca que está sobre y junto con el metal buscado.

Por este sistema de mina a cielo abierto que requiere el uso intensivo de explosivos y maquinaria pesada, se forman extensos “cráteres”. Aún sobre un acuífero y sobrepasando la profundidad del mismo se llevan a cabo las operaciones extractivas, es decir, debido a que la minería a tajo abierto se emplea para depósitos de mineral a gran profundidad, usualmente comprende la creación de un tajo abierto que excede la profundidad del acuífero.

El proceso de lixiviado merece particular mención, ya que consiste en agrupar el material molido en forma de pilas, montículos del material extraído. Una vez formada la pila, comienza lo que es propiamente el proceso de lixiviado, el cual consiste en rociarlas de forma continua con agua, a la que previamente se le ha agregado alguna(s) sustancia(s) altamente tóxica(s), como cianuro o mercurio para la recuperación de oro, plata y cobre.

La minería a cielo abierto es de grandes dimensiones, como igual de grandes y peligrosos son los impactos ambientales que genera, como el retiro de la flora y fauna de los sitios donde se ubica el tajo, las pilas de lixiviado, los depósitos de los lodos resultantes del proceso, etc., lo cual contamina y destruye los ecosistemas. El cráter para extraer el mineral y las montañas de escombros que quedan después del lixiviado, transforma por completo los paisajes, de bellos terrenos naturales a campos yermos y desolados, sin que a nadie le preocupe su restauración.

Por las enormes cantidades de agua que requiere y las cantidades de tóxicos que se le añaden a la misma, los volúmenes de lodos altamente tóxicos también son enormes. Para obtener un gramo de oro se necesita remover hasta tonelada y media de material, el cual queda como un residuo de alta peligrosidad.

La minería a cielo abierto es una actividad de alto impacto económico, social y ambiental, cuyas afectaciones pueden agruparse de la siguiente manera:

Afectación de las aguas subterráneas o freáticas: aguas contaminadas con aceite usado, con reactivos, con sales minerales provenientes de las pilas o botaderos de productos sólidos residuales de los procesos de tratamiento, así como aguas de lluvia contaminadas con contenidos de dichos botaderos, que pueden llegar a las aguas subterráneas, o un descenso significativo en los niveles de estas aguas subterráneas cuando se utiliza agua dulce para el tratamiento de minerales.

Reducción del agua para consumo humano: Las grandes cantidades de agua que requiere esta actividad para el proceso de obtención de los minerales y otros usos, afectan la disponibilidad de agua de los acuíferos en detrimento del derecho humano al acceso al agua potable de las personas que viven en los lugares donde se ubican estos proyectos (p.ej. el proyecto “El Arco”, en Ensenada, Baja California, de la empresa Minera El Arco, S.A. de C.V. -perteneciente al Grupo Minera México- ha solicitado concesiones de agua en un “acuífero administrativo” denominado Llanos del Berrendo a razón de 10 millones de metros cúbicos de agua al año, en un lugar donde la precipitación pluvial y recuperación del acuífero Vizcaíno es de 0.047557 Mm3/año.2

Impacto sobre las poblaciones: puede provocar conflictos por derechos de utilización de la tierra y agua, dar lugar al surgimiento descontrolado de asentamientos humanos o destruir áreas de potencial turístico. Por otra parte, la minería a cielo abierto puede provocar un impacto económico negativo por el desplazamiento de otras actividades económicas locales actuales y/o futuras.

Impacto sobre la fauna: la fauna se ve perturbada y ahuyentada por el ruido y la contaminación del aire y del agua. Además, puede darse envenenamiento por reactivos residuales contenidos en aguas provenientes de la zona de explotación.

Impacto sobre la flora: implica la eliminación de la vegetación en el área de las operaciones mineras, así como una destrucción parcial o una modificación de la flora en el área circunvecina, debido a la alteración del nivel freático.

Contaminación del aire: el aire puede contaminarse con impurezas sólidas, por ejemplo polvo y combustibles tóxicos o inertes, capaces de penetrar hasta los pulmones, provenientes de diversas fases del proceso. También puede contaminarse el aire con vapores o gases de cianuros, mercurio, dióxido de azufre contenidos en gases residuales, procesos de combustión incompleta o emanaciones de charcos o lagunas de aguas no circulantes con materia orgánica en descomposición.

Afectación de la superficie: devasta la superficie, modifica severamente la morfología del terreno, apila y deja al descubierto grandes cantidades de material estéril, produce la destrucción de áreas cultivadas, puede alterar cursos de aguas y formar grandes lagunas para el material descartado.

Afectación de los suelos: eliminación del suelo en el área de explotación y resecamiento del suelo en la zona circundante, así como una disminución del rendimiento agrícola y agropecuario. También suele provocar hundimientos y la formación de pantanos en caso de que el nivel de las aguas subterráneas vuelva a subir y provocar la inhabilitación de suelos por apilamiento de material sobrante.

Afectación de aguas superficiales: los residuos sólidos finos provenientes del área de explotación pueden dar lugar a una elevación de la capa de sedimentos en los ríos de la zona. Diques y lagunas de oxidación mal construidas o indebidamente mantenidos o inadecuado manejo, almacenamiento o transporte de insumos pueden conducir a la contaminación de las aguas superficiales.

Toxicidad del cianuro para las plantas y los animales: derrames de cianuro pueden matar la vegetación e impactar la fotosíntesis y las capacidades reproductivas de las plantas. En cuanto a los animales, el cianuro puede ser absorbido a través de la piel, ingerido o aspirado.

Contribución al cambio climático: Uno de los efectos es la contribución al cambio climático, porque se trata de una actividad industrial que requiere una gran cantidad de energía para su ejecución, proveniente en general de la quema de combustibles fósiles (carbón, gas o diesel), cuyas emisiones son responsables del cambio climático.

En resumen, los impactos ambientales de la minería a cielo abierto son la contaminación de ríos y acuíferos con metales pesados, remoción de la cubierta vegetal y de grandes cantidades de escombros contaminantes, abatimiento de fuentes de agua, emisiones altas de gases y polvos a la atmósfera, enfermedades humanas, afectación a las actividades económicas locales y generación de entornos sociales de marginación y pobreza.

La minería actual en volumen y producción está centrada en minerales metálicos a gran escala, la cual representa escasos beneficios económicos y sociales a nivel regional (corto plazo) y elevados impactos ambientales en estas regiones (corto y largo plazo). La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos reportó que en el 2011 la minería metálica fue la industria más contaminante, con el 46% de los desechos totales. Si se suman a ellos los arrojados por la industria de fundición y refinamiento de la minería metálica, el porcentaje se eleva hasta el 55 por ciento, contrastando con el 0.7 por ciento de los desechos que fueron tratados o remediados.

B) Las áreas naturales protegidas:

Las áreas naturales protegidas (en adelante ANP) son figuras creadas por primera vez en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (en adelante LGEEPA) de 1988. La finalidad de proteger este tipo de superficies fue originalmente la conservación y preservación de sus condiciones y recursos naturales y servicios ambientales milenarios y únicos, respecto de las actividades humanas contaminantes. En efecto, las ANP lo son para evitar que la conducta humana las destruya o afecte de manera negativa procesos ecológicos, ecosistémicos y de supervivencia de la biodiversidad y del propio ser humano. Al parecer esto ha sido muy difícil de comprender, aquilatar y aplicar, en particular por las autoridades administrativas del Estado Mexicano.

Las ANP son uno de los instrumentos de política ambiental preponderantes para la protección y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, que son en buena parte los suministradores de servicios ambientales indispensables para la subsistencia del género humano.

México, como signatario de la Convención de la Diversidad Biológica (CDB), tratado internacional del que es Parte y, por ello, jurídicamente vinculante para todas las autoridades del Estado Mexicano en los tres órdenes de gobierno, Federal, Estatal y Municipal, está obligado a dar cumplimiento a los objetivos principales del acuerdo: la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos.

El citado Convenio señala en su artículo 8 lo siguiente: Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda: a) Establecerá un sistema de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar medidas especiales para conservar la diversidad biológica. Así, la  LGEEPA establece que las ANP son “las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas y están sujetas al régimen previsto en la presente Ley”. (Artículo 44).

La conservación de las costas, el agua y el aire dependen cada vez más de este instrumento, por los servicios ambientales que proporcionan y que se empiezan a comprender por la población mexicana, a pesar de que los gobiernos Federal, estatales y municipales incumplan una serie de obligaciones en relación con estos espacios geográficos. Según datos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) contamos con 182 áreas naturales de carácter federal, divididas en reservas de la biosfera; parques nacionales; monumentos naturales; áreas de protección de recursos naturales; áreas de protección de flora y fauna; y santuarios, que en su conjunto equivalen a 16% de la superficie terrestre y 22% de la superficie marítima nacionales.

Los objetivos de la creación y mantenimiento de las ANP nos los brinda la propia LGEEPA, que al respecto establece:

Preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y ecológicas y de los ecosistemas más frágiles, para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos.

Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la continuidad evolutiva; así como asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio nacional, en particular preservar las especies que están en peligro de extinción, las amenazadas, las endémicas, las raras y las que se encuentran sujetas a protección especial.

Asegurar el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sus elementos.

• Proporcionar un campo propicio para la investigación científica y el estudio de los ecosistemas y su equilibrio.

Generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías, tradicionales o nuevas que permitan la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio nacional.

Proteger poblados, vías de comunicación, instalaciones industriales y aprovechamientos agrícolas, mediante zonas forestales en montañas donde se originen torrentes; el ciclo hidrológico en cuencas, así como las demás que tiendan a la protección de elementos circundantes con los que se relacione ecológicamente el área.

Proteger los entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios arqueológicos, históricos y artísticos, así como zonas turísticas, y otras áreas de importancia para la recreación, la cultura e identidad nacionales y de los pueblos indígenas.

Lamentablemente, estos objetivos han sido pasados por alto por las autoridades del Ejecutivo Federal (Secretaría de Economía, SEMARNAT, Comisión Nacional del Agua) en los periodos gubernamentales que nos han antecedido, lo cual ha hecho que las ANP sean vulneradas por las actividades industriales, especialmente la minero metalúrgica que hemos expuesto, perdiendo por completo su propósito y razón de ser, en detrimento de los mexicanos y de su derecho humano al medio ambiente sano. Esto, por su gravedad, no puede seguirse permitiendo.

C) Superposición/traslape de proyectos mineros metalúrgicos en áreas naturales protegidas:

Según un estudio realizado por los investigadores Alfredo Ortega-Rubio y Elisa Jeanneht Armendáriz-Villegas, existe superposición entre los polígonos de 24 mil 715 concesiones mineras otorgadas hasta 2010 (a la fecha ya son más de 27 mil) con las ANP federales. Se encontró que mil 609 concesiones mineras coinciden con un tercio de las áreas naturales protegidas federales (63), sobreponiéndose a casi un millón y medio de hectáreas de ANP.

Este estudio señala que el 30% de los títulos de concesión minera que coinciden con ANP, extraerán metales preciosos (oro y plata), proporción que se eleva a 73 por ciento si se agregan los principales metales industriales (cobre, plomo, zinc, fierro, molibdeno, mercurio y manganeso) y los polimetálicos.

Además de estas 63 ANP traslapadas con concesiones mineras, otras 22 presentan concesiones mineras en los 10 kilómetros colindantes a su alrededor. En el caso de ANP pequeñas esta situación es preocupante ya que, en proporción, las superficies concesionadas pueden ser hasta miles de veces más extensas que la propia ANP.

La mayor parte de las concesiones otorgadas se encuentran en fase de exploración, pero ya existe presión para pasar a la fase de explotación en varias ANP del noroeste, así como en la de la Mariposa Monarca, Sierra de Manantlán, Ensenada, La Laguna, entre otras.

La península de Baja California es especial y lamentablemente representativa de este fenómeno dicotómico. Por ejemplo, desde 2009 a la fecha las autoridades federales han otorgado a empresas mineras conocidas -Grupo México y Grupo Salinas- todos los actos administrativos necesarios para realizar proyectos mineros de oro, plata y cobre de la escala que hemos venido comentando. Entre 2009 y 2015, la Secretaría de Economía (en adelante SECON), la Comisión Nacional del Agua (en adelante CONAGUA) y la SEMARNAT expidieron sendas concesiones mineras, de agua y autorizaciones de impacto y riesgo ambiental, respectivamente, para la realización del proyecto minero a cielo abierto “El Arco” dentro del área de protección de flora y fauna silvestres “Valle de los Cirios”, en Ensenada, Baja California, la segunda ANP más grande e importante de nuestro país, después de la Reserva de la Biosfera “El Vizcaíno”.

También, en junio de 2014, la SEMARNAT expidió la autorización de impacto y riesgo ambiental al proyecto Los Cardones, para la extracción de oro en la ANP Sierra La Laguna, en mi Estado, Baja California Sur, que es la principal fuente de recarga de los acuíferos que abastecen al sur del Estado más árido de la República, proyecto que no ha iniciado porque aún faltan permisos ambientales por otorgarse -como la autorización de cambio de uso del suelo forestal, por excepción- aunque un grupo de regidores del Ayuntamiento de La Paz, a cuatro días de concluir su encargo, acordó en reunión secreta y fuera de sus oficinas, de manera totalmente ilegal, aprobar el uso de suelo, lo cual ha generado una fuerte protesta social de los sudcalifornianos, a la cual nos sumamos.

Si consideramos que se han otorgado más de 27 mil concesiones mineras y un gran número de estas se encuentran dentro de las ANP, es claro el grave peligro en que se encuentra la vida humana, la biodiversidad, los recursos naturales que nos son indispensables, como es el agua y en general el medio ambiente.

Si a esto aunamos que en general la superficie forestal de nuestro país, año con año se reduce de manera alarmante por la tala clandestina para la venta ilícita de maderas y el cambio de uso de suelo forestal ilícito o permitido para la realización de proyectos de vocación distinta a la forestal, haciendo de la excepcionalidad jurídica prevista desde la Ley Forestal de 1992 a la fecha, la regla general para los proyectos industriales, sumado a la minería metalúrgica a gran escala en ANP, el panorama es intolerable.

La minería metálica de antaño se hizo relativamente a baja escala sobre yacimientos muy ricos, por lo que generaban menos desechos, pero a pesar de ello esas minas abandonadas continúan generando elevados índices de contaminación y graves daños a la salud de la población.

En varios países ya ha habido accidentes serios por la ruptura de presas mineras y liberación de cianuro al ambiente, como sucedió recientemente en el Estado de Sonora, por lo que un número creciente de países ha prohibido la minería de cianuro dentro de sus fronteras. En tal sentido, la Asamblea Legislativa de Costa Rica, aprobó unánimemente el martes 9 de Noviembre 2010, la prohibición de la minería de oro a cielo abierto con uso de cianuro y mercurio. 49 legisladores votaron a favor del proyecto, ninguno en contra, a pesar de la presión del Colegio de Geólogos de Costa Rica y de la Cámara de Minería de ese país.

Es urgente erradicar la idea de que es necesario perder nuestra riqueza natural para mejorar nuestra economía y en el futuro revertirlo y crear una zona restaurada. En la práctica esto no se ha dado jamás, por la sencilla razón de que es imposible revertir los daños y efectos negativos causados al estado en que se encontraban las condiciones ambientales originarias. El daño ambiental es irreversible.

En este sentido, vale la pena referirse a la decisión adoptada por la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, en su Novena Reunión IX/18: “es obligación de Las Partes proteger no sólo las especies, sino el ecosistema que se requiere para su conservación”.

D) Incompatibilidad entre Minería y ANP:

Después de analizar los impactos ambientales de la minería a cielo abierto, podemos afirmar que la minería y las ANP son opuestas. Este tipo de actividad humana no es sustentable en ninguno de sus componentes, ni lo será nunca. Los negocios mineros han sido y seguirán siendo eso, negocios preponderantemente económicos, cuyo fin más importante es el lucro y no la protección ambiental. Sin lugar a dudas la minería a cielo abierto, que usa mercurio y cianuro, es la actividad extractiva más nociva para el medio ambiente, incompatible con los objetivos de las ANP.

Resulta una contradicción -o necedad- de nuestro marco jurídico que una actividad tan destructiva no se encuentre expresamente prohibida y menos aún dentro de las ANP,  y por tanto quede abierta la posibilidad de que la SEMARNAT la autorice, a pesar de la opinión negativa de la CONANP como sucedió en el proyecto Los Cardones, en Baja California Sur.

Ante la obvia contradicción entre los fines de conservación de una ANP y la ausencia de una prohibición a la minería a cielo abierto, es fundamental aumentar los niveles de protección para que este instrumento del Estado, desde la órbita de la Ley, cumpla sus objetivos principales de preservación ambiental, con la finalidad de que éstos se vean reducidos por decisiones de las autoridades administrativas en reglamentos, acuerdos, programas de manejo, normas técnicas y concesiones, autorizaciones y permisos que, amparados bajo el interés general, no ponderan el desarrollo económico industrial frente al respeto de los derechos humanos para el desarrollo integral y sustentable de nuestro país.

E) La minería en aguas marinas:

Recientemente ha sido materia de noticias en los medios de comunicación, la pretendida minería de extracción de fosforita en el lecho marino mexicano. Como se sabe, la mezcla de aguas ricas en nutrientes por las diversas corrientes marinas, favorecen las condiciones biológicas para la existencia de la vida marina, entre las que destaca la presencia del fósforo, el cual se ha depositado en el suelo del mar durante miles de años, en particular en el Golfo de Ulloa entre los 25º y los 27º de latitud Norte y los 112º y 114º de longitud Oeste, desde el sur de Punta Abreojos hasta Cabo San Lázaro, en Baja California Sur.

La empresa Exploraciones Oceánicas S. de R.L. de C.V., filial de la estadounidense Odyssey Marine Exploration; Altos Hornos de México y otros inversionistas nacionales, pretenden realizar la extracción de la fosforita en el lecho marino, mediante dragado y el posterior procesamiento, a través de la separación mecánica (no química) del sustrato con fosfato (concentrado) del material de dragado, embarque por vía marítima y el vertido del material y sustancias sobrantes al lecho marino.

El dragado y bombeo de material a la barcaza será un proceso continuo de 24 horas, 7 días a la semana durante 52 semanas al año. El número de empleados que se calculó para operar la embarcación, será de solo 80 personas entre la barcaza y la draga, dividido en 2 turnos de 40 personas.

El objetivo de proyecto es la extracción de 7 millones de toneladas de arena fosfática por año, durante 50 años de vida del proyecto, para producir 350 millones de toneladas de arenas fosfáticas cribadas y secadas como producto final preparado para su transporte.

El yacimiento a explotarse se ubica a una distancia de entre 20 a 40 km. de la línea de costa, a una profundidad de 70 a 90 metros. Con un espesor de hasta seis metros debajo del lecho marino, sin embargo de acuerdo a la batimetría del Golfo de Ulloa, existe la posibilidad de que el área de extracción sea más cercana a la línea de costa, que la señalada de 40 km.

Se planea la extracción a través de una draga que realizará un barrido y aspirado en línea recta mientras navega a una velocidad muy reducida, del suelo marino desde su superficie y hasta los 7 o 10 metros de profundidad.

Las arenas se suben al barco de dragado de donde será transferida a la barcaza que realizará la decantación de las arenas, reservando para trasporte a tierra las arenas de mayor tamaño y devolviendo al mar el resto. Este proceso, aparentemente inocuo, es altamente dañino para la biodiversidad marina de la zona.

Los impactos de este proyecto minero serán:

El ruido producido por la draga que operaría se da en la misma banda de frecuencia que el sonido de las ballenas. Esto produce un efecto muy perturbador en las ballenas, y se han demostrado los daños desde sordera temporal y parcial, hasta sordera total, aumento del volumen de su voz intentando hacerse oír por encima del ruido del ambiente.

Arrojar constantemente los desechos hacia el mar aumentará la turbidez del agua y puede provocar la muerte por asfixia y por efectos tóxicos de las partículas suspendidas de fosfatos, que no solo afectará la zona de dragado sino que, debido a la dispersión de la pluma de los vertimientos, el área contaminada puede llegar a ser cinco veces más grande que la operada. Esto significa una grave contaminación física, química y acústica de un área mucha más grande que la del dragado.

Durante las acciones de dragado y aspirado, no solo se extraen partículas de fosfatos, sino que se aspira todo el suelo y lecho marino. Justamente es el lecho marino el área de mayor riqueza genética del mar, ya que todos los detritus y partículas de seres vivos, tanto plantas como animales, se depositan finalmente en los suelos marinos. Los códigos genéticos de tejidos y partículas de ADN de nuestra biodiversidad se asientan ahí, en el lecho marino, y será aspirada por las dragas, corriéndose el riesgo de extracción dirigida de nuestros códigos genéticos para la ulterior utilización en biotecnología.

Este proyecto causaría un daño grave a los recursos marinos de la zona en general y en especial a los recursos pesqueros, ya que la remoción del fondo marino podría afectar directamente a las  pesquerías  de la zona por la extracción constante de partículas que posteriormente se depositarían en áreas aledañas al sitio de operación. La misma SEMARNAT ha considerado en su propuesta de Programa de Ordenamiento Ecológico Marino del Pacífico Norte que no hay compatibilidad entre la minería y la pesca, debido a los atributos ambientales para el Golfo de Ulloa.

Nuevamente volvemos a apreciar que la minería no es una actividad compatible con ecosistemas complejos y frágiles, en donde la vida entera depende de su conservación y preservación para seguir brindando beneficios a la especie humana.

Por lo anterior, la presente iniciativa tiene como propósito lo siguiente:

1. Que en el texto de la LGEEPA se prohíba de manera expresa la minería en ANP en la cual se utilice cualquier compuesto que incluya cianuro o mercurio, para evitar este tipo de actividades y otras más que se siguen aprobando por la SECON, la SEMARNAT y la CONAGUA, en franca violación al derecho humano a un medio ambiente sano.

2. Que en el texto de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable se prohíba expresamente realizar y autorizar el cambio de uso del suelo de terrenos forestales, tratándose de proyectos mineros que se ubiquen dentro del polígono de áreas naturales protegidas.

3. Que en el texto de la Ley de Aguas Nacionales se establezca la prohibición de concesionar el uso y aprovechamiento de aguas nacionales superficiales o subterráneas, así como permitir obras para tales actividades, tratándose de proyectos mineros que se ubiquen dentro de áreas naturales protegidas.

4. Establecer en la Ley Federal del Mar la prohibición de realizar y autorizar proyectos mineros en el mar territorial para la extracción y el aprovechamiento de recursos minerales del lecho marino.

5. Prever en la Ley Minera, en concordancia con la LGEEPA, la prohibición de otorgar concesiones mineras de proyectos de minería a cielo abierto, de manera parcial o total, cuando éstos se ubiquen parcial o totalmente  dentro de áreas naturales protegidas.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE; LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE; LA LEY DE AGUAS NACIONALES; LA LEY FEDERAL DEL MAR, Y LA LEY MINERA.

ARTÍCULO PRIMERO. Se Adiciona un último párrafo al artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 46.-…

I a XI…



En las áreas naturales protegidas a que se refiere el presente artículo, queda prohibido realizar obras y actividades de exploración, explotación y beneficio de minerales metálicos reservados a la Federación, en las que se utilice cualquier compuesto que incluya cianuro o mercurio. Las obras y actividades de exploración y explotación minera distintas de las anteriores, que se pretendan realizar en áreas naturales protegidas de competencia federal, deberán sujetarse a la evaluación del impacto ambiental prevista en esta Ley y sus Reglamentos y a las demás disposiciones jurídicas que les resulten aplicables.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se Adiciona un último párrafo al artículo 93 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 93. ...

...

...

Queda prohibido realizar el cambio de uso del suelo en terrenos forestales que se ubiquen dentro de las áreas naturales protegidas de competencia de la Federación previstas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para dedicarlos a la realización de obras y actividades de exploración, explotación y beneficio de minerales metálicos. En esos casos la Secretaría no deberá otorgar la autorización regulada en la presente Sección.

ARTÍCULO TERCERO. Se Adiciona un último párrafo al artículo 20 de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 20. ...

...

...

...

...

...

...

...

“La Comisión”, por sí o actuando como “la Autoridad del Agua”, no otorgará concesiones para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales superficiales o subterráneas, ni permisos de obras y descargas a que se refiere el presente ordenamiento, tratándose de obras y actividades de exploración, explotación y beneficio de minerales metálicos que se ubiquen dentro de las áreas naturales protegidas previstas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

ARTÍCULO CUARTO. Se Reforma el artículo 19 de la Ley Federal del Mar, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 19.- La exploración, explotación, aprovechamiento, refinación, transportación, almacenamiento, distribución y venta de los hidrocarburos en las zonas marinas mexicanas, se rige por la Ley de Hidrocarburos y sus respectivos Reglamentos, así como por las disposiciones aplicables de la presente Ley.

En las zonas marinas mexicanas queda prohibido realizar obras y actividades de exploración, explotación y beneficio de minerales submarinos. Las autoridades federales, en sus respectivos ámbitos de competencia, no deberán otorgar permisos y autorizaciones para la realización de dichas obras y actividades.

ARTÍCULO QUINTO. Se Reforman el segundo párrafo del artículo 6 y el segundo párrafo del artículo 20, y se Adiciona un tercer párrafo al artículo 20, todos de la Ley Minera, para quedar como sigue:

Artículo 6.- ...

El carácter preferente de las actividades a que se refiere el párrafo anterior, no tendrá efectos frente a las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, al servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica y a la conservación, preservación y protección de áreas naturales protegidas de competencia Federal.

Artículo 20.- ...

Las obras y trabajos de exploración y de explotación que se realicen dentro de poblaciones, presas, canales, vías generales de comunicación y otras obras públicas, así como las que se efectúen dentro de la zona federal marítimo terrestre, únicamente podrán realizarse con autorización, permiso o concesión según el caso, de las autoridades que tengan a su cargo los referidos bienes, en los términos que señalen las disposiciones aplicables.

En las zonas marinas mexicanas queda prohibido realizar obras y actividades de exploración, explotación y beneficio de minerales submarinos.

Las concesiones y asignaciones mineras únicamente podrán comprender lotes ubicados fuera del polígono de las áreas naturales protegidas previstas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Para estos efectos, la Secretaría solicitará a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales dictamen técnico de ubicación del lote de interés fuera de las áreas naturales protegidas mencionadas, previo a la resolución de la solicitud de concesión o asignación correspondiente.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 13 de septiembre de 2018.

Atentamente

Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros.

1 Paz Avendaño, Reyna, “Disminuyamos nuestro consume para lograr un desarrollo sustentable”: Julia Carabias, periódico La Crónica, Martes 28 de agosto, 2018, visible en
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1092042.html

2 Dato según el ACUERDO por el que se actualiza la disponibilidad media anual de agua subterránea de los 653 acuíferos de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que forman parte de las Regiones Hidrológico-Administrativas que se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 2018.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Saldaña Cisneros. Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos.






En una cuarta ronda de iniciativas, tiene el uso de la tribuna el Senador Rubén Rocha Moya, para presentar a nombre propio y de diversos Senadores del grupo parlamentario del Partido Morena, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 116 constitucional, en materia de facultades de los poderes judiciales de las entidades federativas.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Rubén Rocha Moya, a nombre propio y de los Senadores Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, Ricardo Monreal Ávila, Martí Batres Guadarrama, Imelda Castro Castro y Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, del grupo parlamentario del Partido Morena)

El Senador Rubén Rocha Moya: Gracias, señora Presidenta. Honorable Asamblea:

Los que suscriben, Olga Sánchez Cordero, Ricardo Monreal Ávila, Martí Batres Guadarrama, Imelda Castro Castro, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, Mónica Fernández, Martha Lucía Micher, Higinio Martínez, Julio Ramón Menchaca y un servidor, Rubén Rocha Moya, además de un grupo de más de 20 compañeras y compañeros Senadores de nuestra bancada, nos permitimos someter a la consideración del Pleno de esta Cámara, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes razonamientos:

La justicia del día a día, esa a la que acude la inmensa mayoría de los mexicanos, es impartida por los juzgados y tribunales locales: divorcios, juicios de alimentos, custodia de niños y niñas en materia familiar, juicios hipotecarios y de arrendamiento o de reclamación de deudas en materia civil y mercantil o los procesos que en materia penal se inician por delitos patrimoniales como robo en todas sus modalidades y daño a la propiedad, violencia contra las mujeres, narcomenudeo y delitos contra la integridad o de la vida de las personas, todos son competencia de los jueces de los estados de la República.

En cifras redondas, según datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia realizados por el Inegi, por cada asunto recibido en el ámbito federal se recibieron dos en los tribunales de las entidades federativas.

Y a propósito de un tema que está en la agenda nacional, el presupuesto de la Suprema Corte de Justicia y de la Judicatura, es de 76 mil millones de pesos, el presupuesto o la suma de los presupuestos de todos los tribunales de los estados es de 33 mil 800 millones de pesos, mucho menos de la mitad cuando atienden más del doble de los asuntos.

Esta evidencia muestra cuan pertinente e impostergable resulta para este Senado de la República impulsar una reforma que dé fortaleza e independencia a los Poderes Judiciales de los estados como requisitos, sine qua non, para lograr que los ciudadanos puedan acceder a una justicia que se imparta de manera pronta, completa e imparcial, tal y como lo manda el artículo 17 de nuestra Carga Magna.

La autonomía judicial y la independencia de los juzgadores constituye un aspecto imprescindible para la tutela eficaz de los derechos de los ciudadanos, es importante destacar que la reforma constitucional que en 1987 se hiciera al artículo 116, se establecieron lineamientos básicos para la organización y funcionamiento de los poderes judiciales locales, la cual dio pauta, a la postre, a una amplia jurisprudencia protectora de la autonomía e independencia de la justicia local, sentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Esto en buena medida, habría que decirlo, se dio a las ideas de la ministra en retiro y actual Senadora de la República, Olga Sánchez Cordero, a través de la cual se ha establecido la obligación de los estados de garantizar los principios en los que la iniciativa que proponemos se nutre para dotarlos de consagración constitucional expresa, así como de mayor alcance, claridad y precisión.

Tales principios son:

1.- El establecimiento a la carrera judicial, debiéndose fijar las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de los funcionarios judiciales.

2.- La previsión de los requisitos necesarios para ocupar el cargo de magistrado así como las características que éstos deben tener, tales como eficiencia, probidad y honorabilidad.

3.- El derecho a recibir una remuneración adecuada e irrenunciable inscrita, por supuesto en la política de austeridad republicana.

4.- La estabilidad y seguridad en el ejercicio del cargo.

En la misma tesitura garantista de la Suprema Corte de la Nación, se han emitido diversos pronunciamientos a favor de la autonomía presupuestal de los poderes judiciales locales, considerándola como una condición necesaria para que ejerzan sus funciones con plena independencia.

Ante ello, surge la necesidad de establecer en la Constitución una cláusula que asegure la asignación de un porcentaje mínimo del presupuesto anual; en tal sentido, la iniciativa que hoy presentamos propone garantizar que el presupuesto anual de los poderes judiciales locales, no pueda ser inferior al 2 por ciento del presupuesto general del estado correspondiente.

Compañeras y compañeros Senadores, la pacificación del país, impulsada por la “Cuarta Transformación”, requiere instituciones de justicia sólidas y transparentes, así como juzgadores con capacidad para dictar resoluciones con prontitud y ajustadas únicamente al mandato de la Constitución y de las leyes. De ahí que es imprescindible avanzar hacia una refundación de la impartición de justicia del país en la ruta de construir un federalismo judicial.

La iniciativa que hoy presentamos, homologa las garantías de independencia para los jueces y magistrados de los poderes judiciales del país en el marco de un auténtico Sistema Nacional de Impartición de Justicia.

Por todo lo expuesto anteriormente, presentamos a esta Soberanía dicha iniciativa con proyecto de Decreto.

No voy a leer el Decreto por ahorro de tiempo, pido a la Mesa Directiva que se registre en el Diario de los Debates, como si se hubiera leído íntegramente.

Sin embargo, sintetizo, la sustancia de esta iniciativa es asentar en la Constitución, de manera expresa, porque ahora sí existe en la jurisprudencia, aunque la jurisprudencia de alguna manera siendo interpretación de la Constitución, tiene fuerza constitucional; sin embargo en el texto de la Constitución, artículo 116, fracción III, proponemos se asiente lo que puede considerarse un estatuto judicial que homologue las garantías de independencia de los magistrados, de los funcionarios judiciales y en sí de los supremos tribunales de justicia de los estados, a fin de que puedan emitir resoluciones con la garantía, valga la redundancia, de que están sólo apegados a la norma, a la Constitución, a las leyes en general, y no bajo la presión o las interferencias, muy dadas, del Poder Ejecutivo o gobernadores, así como de otros poderes fácticos.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa

Los que suscriben, RUBÉN ROCHA MOYA, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DÁVILA, RICARDO MONREAL ÁVILA, MARTÍ BATRES GUADARRAMA, IMELDA CASTRO CASTRO Y OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, apartado 1, fracción I; 164 y 172 del Reglamento del Senado de la República, nos permitimos someter a consideración del Pleno de esta Cámara la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El fortalecimiento de la impartición de justicia local como factor imprescindible para la pacificación social.

La pacificación del país requiere instituciones de justicia sólidas y transparentes, así como juzgadores con capacidad para dictar resoluciones con prontitud y ajustadas únicamente al mandato de la Constitución y de las leyes.

Es a los órganos jurisdiccionales de los Poderes Judiciales Estatales a quienes corresponde medularmente esta tarea, ya que es ante ellos que se tramitan los casos que afectan más directamente los derechos de los ciudadanos en su vida cotidiana, tales como juicios de divorcio, alimentos, patria potestad y juicios sucesorios, en el ámbito familiar, o bien que tienen que ver con delitos comunes como violencia familiar, robo, lesiones, daños, narcomenudeo y homicidio, entre otros, en materia penal.

Para lograr un cambio sustantivo en materia jurisdiccional, es imprescindible avanzar hacia una refundación de la impartición de justicia del país, en la ruta de construir un federalismo judicial con jueces locales garantes de los derechos que se litigan por la mayoría de los ciudadanos ante la justicia del fuero común.

Ello pasa también por la reorientación del gasto público en justicia, ya que la actualidad al Poder Judicial de la federación se asigna más del doble del presupuesto que el resultante de la suma de los 32 presupuestos de los poderes judiciales estatales.1

Requiere asimismo de establecer un estatuto judicial único, que homologue las garantías de independencia para los jueces y magistrados de los poderes judiciales del país en el marco de un auténtico Sistema Nacional de Impartición de Justicia.

Con ello se busca garantizar la autonomía de las judicaturas locales, incluyendo una cláusula constitucional que les asegure un porcentaje presupuestal mínimo e irreductible, y la imparcialidad de los juzgadores, al precisar de forma transparente la forma de acceso y permanencia en los cargos, como aspecto esencial para darle solidez a la forma republicana de gobierno.

En el marco de un Estado de Derecho pleno, la función tutelar y garantista de los tribunales se ejercerá en un marco de equilibrio y respeto, dotando a los juzgadores del país de las condiciones constitucionales para que dicten justicia sin sometimiento a las consignas de los poderes ejecutivos ni de otros poderes fácticos, haciendo prevalecer el derecho en todos los casos de su conocimiento, buscando hacer realidad el apotegma de Don José María Morelos y Pavón: “Que todo aquel que se queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario”.

División de poderes

La finalidad orgánica de todo estado constitucional contemporáneo debe ser garantizar la división de funciones gubernamentales. Los grandes acontecimientos internacionales que han marcado el inicio de esta forma de organización se remontan a la Constitución Norteamericana con su sistema de pesos y contra pesos, así como a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en cuyo artículo 16 afirmó que toda sociedad en la cual no se encuentre establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución.

La necesaria interacción entre los órganos gubernamentales ha propiciado la aceptación de la teoría de gradación de poderes, donde cada uno de ellos puede realizar materialmente actos que en sentido formal correspondería a otro, siempre respetando que el acto de mayor jerarquía inherente a cada poder, se efectúe por éste y no, por uno diverso.

El ejercicio adecuado de la división y gradación de poderes propende a un eficiente funcionamiento del Estado. Sin embargo, la realidad nos ha mostrado que de su aplicación pueden derivarse actos que constituyan atentados contra este sistema, máxime cuando se trata de aspectos que no se encuentran expresamente regulados por la Constitución.

Por ello, es indispensable que la división de poderes, su gradación y eventuales excepciones, se encuentren expresamente reguladas por la norma fundamental.

Ahora bien, recordemos que nuestro país ha adoptado la forma federal de Estado, por lo que existe una norma fundamental general y 32 normas fundamentales locales. Esto nos indica que la organización y funcionamiento del gobierno federal y de los entes subnacionales debe regularse por sus respectivas constituciones. Sin embargo, las normas fundamentales locales no pueden contrariar el Pacto federal, debido a que se trata de un acuerdo adoptado por la mayoría de las entidades federativas, ya sea en forma de Poder Constituyente o de órgano revisor de la Constitución.

Esta forma de organización nos indica la pertinencia de que en la norma fundamental federal se establezcan los lineamientos básicos que deben observar las normas fundamentales locales. Así lo comprendió el órgano revisor de la Constitución federal en el año de 1987, cuando se estableció en el artículo 116 la obligación de los Estados de garantizar la división de poderes en su organización interna. De esta forma se avanzaba considerablemente en una asignatura pendiente del Estado mexicano, es decir, en la garantía de la división de poderes en las entidades federativas.

La práctica nos ha mostrado la trascendencia de dicha reforma para evitar el poder absoluto de una persona o corporación. Sin embargo, consideramos que se requiere perfeccionar su regulación para lograr un adecuado sistema de pesos y contrapesos a nivel local, que a su vez garantice el eficaz funcionamiento de cada uno de los poderes estatales.

Por otra parte, recordemos que la división de funciones debe observarse en diversas categorías.2 Para el contenido de la presente iniciativa, interesan las siguientes: 1. División horizontal, que se refiere a la división tripartita clásica; 2. División temporal, relativa a la duración limitada y rotación en la titularidad de cargos; y, 3. División vertical, referente a la distribución del poder entre la instancia central y las regionales o locales.

Federalismo

La forma federal de Estado implica la interacción de dos órdenes constitucionales, uno a nivel general y otro a nivel local. El Pacto federal determina el grado de autonomía de que gozarán las entidades federativas para su organización interna.

En el caso de México, existen diversos preceptos constitucionales que definen las pautas para la interacción entre los dos niveles. En su aspecto dogmático, encontramos en el artículo primero que se prohíbe a las entidades federativas restringir derechos humanos reconocidos a nivel federal. En cuanto al aspecto orgánico, por obvias razones encontramos mayores lineamientos.

El artículo 40 dispone que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de dicha ley fundamental.

Aun cuando existe controversia respecto de los grados de soberanía o autonomía de los estados, se coincide en que la columna vertebral de su autonomía estriba en darse su Constitución y reformarla siguiendo sus propias normas,3 siempre que se respete la base federal.

Por otra parte, el artículo 41 establece que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

El artículo 116 prevé los lineamientos básicos que deberán observar los Estados para su régimen interior, así como ciertas reglas de organización y funcionamiento de los poderes locales. Mientras que los preceptos 117 y 118 disponen restricciones relativas y absolutas para las entidades federativas.

El numeral 119 contempla la garantía federal, entendida como la protección a los Estados por parte de la Unión, contra cualquier invasión extranjera o trastorno interno.

Las normas mencionadas nos muestran ciertas cualidades de nuestro federalismo. Sin embargo, la disposición que distingue el sistema que prevalece en México es la contenida en el artículo 124, que constituye la base fundamental de nuestro federalismo residual al disponer que las facultades no concedidas expresamente a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados. Esta norma nos distingue de federalismos como el canadiense, donde opera un sistema inverso, es decir, las facultades no otorgadas expresamente a los Estados, se entienden reservadas para la Unión.

Todo lo anterior, nos muestra que en México los Estados cuentan con un amplio margen para regular su gobierno interno. Sin embargo, es indispensable establecer en la Constitución federal las bases precisas para evitar actos o normas que en la práctica resulten contrarios al sistema democrático, a la división y equilibrio de poderes o a la protección de derechos humanos.

Una interpretación armónica de la Constitución, nos mostraría el verdadero nivel jerárquico que debería otorgarse a las Constituciones locales, para que las normas legales y actos de los gobiernos en turno no gozaran de validez si contravienen sus mandatos. Desafortunadamente dicho reconocimiento hacia las Constituciones locales se ha omitido en los diversos pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del artículo 133 constitucional.4

A pesar de dicha omisión, algunos Estados han creado subsistemas de control constitucional para efecto de garantizar la supremacía de su ley fundamental local. Estos subsistemas han facultado a órganos de los Poderes Judiciales locales para actuar como tribunales constitucionales, creando además acciones directas para acudir a dichos órganos a cuestionar la constitucionalidad de leyes y actos estatales.

Así, encontramos ejemplos de sistemas de control constitucional local en Veracruz, Coahuila, Chiapas, Tlaxcala, Nayarit, Quintana Roo, Estado de México, entre otros. Estos sistemas reconocen medios de control como la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional, la acción contra la omisión legislativa, acciones contra violaciones a derechos humanos de fuente local, control previo de constitucionalidad de leyes, por citar algunos.

Sin embargo, son muchos los Estados que no se han incorporado a esta tendencia del federalismo judicial, máxime cuando la validez de los subsistemas ha sido cuestionada mediante controversias constitucionales presentadas ante la Suprema Corte.5 Por ello, resulta indispensable un reconocimiento expreso en el Pacto federal de la facultad de los poderes judiciales locales para conocer de acciones tendientes a garantizar la observancia de las constituciones estatales y su supremacía en el ordenamiento jurídico interno.

La concretización de dicha propuesta contribuiría a la cultura de la constitucionalidad local, al respeto al principio de división de poderes, a los derechos humanos y a la garantía de la supremacía constitucional.

Por lo anterior, se propone adicionar a la fracción III del artículo 116 de la Constitución federal, un párrafo que disponga expresamente la facultad de los poderes judiciales locales para conocer de acciones tendientes a garantizar la observancia de la supremacía constitucional local.

Cada Estado ha adoptado diversas denominaciones para los órganos del Poder Judicial que actúen como jueces constitucionales. En Coahuila, se denomina Tribunal Constitucional al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia; en el Estado de México se creó la Sala Constitucional dentro del Supremo Tribunal; en Veracruz se habilitó a los Juzgados civiles para substanciar la instrucción de procesos constitucionales, reservando la resolución para la Sala Constitucional o el Pleno de Supremo Tribunal de Justicia.

Como podemos observar, son diversas las modalidades que pueden adoptar los Estados para la organización y funcionamiento de sus sistemas de control constitucional. Por ello, proponemos que en la Constitución federal sólo se faculte expresamente a las constituciones locales para prever las acciones necesarias que garanticen su supremacía y se faculte a los poderes judiciales del fuero común para conocer de dichos conflictos, reservando a las constituciones estatales la facultad para establecer la forma y organización del sistema.

Por otra parte, la autonomía de los Estados debe garantizarse de forma tal que los poderes judiciales locales sean los únicos facultados para interpretar su Constitución. Por esta razón, se propone que las resoluciones constitucionales dictadas por los poderes judiciales locales sólo puedan revisarse por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando afecten lineamientos establecidos en la Constitución federal, sin la posibilidad de pronunciarse respecto de cuestiones de fondo reguladas por la Constitución local en uso de su facultad residual.

La necesidad de facultar exclusivamente a la Suprema Corte para revisar las resoluciones dictadas por los poderes judiciales locales en materia constitucional, se acentuó con la resolución emitida en la contradicción de tesis 350/2009, donde se facultó a los tribunales colegiados de circuito para conocer de amparos directos promovidos contra las resoluciones dictadas por la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz en materia de derechos humanos, salvo tratándose de cuestiones electorales.6

En otro orden de ideas, nuestro federalismo requiere perfeccionar la división vertical de funciones. En ese tenor, es indispensable fortalecer los poderes judiciales locales. La iniciativa que hoy se presenta pretende sentar las bases para cumplir con dicho objetivo.

La concretización de estas propuestas fortalecería nuestro federalismo judicial, lo que implicaría disminuir el número de asuntos que son revisados por el Poder Judicial de la Federación, quién en ejercicio de su facultad de examinar posibles violaciones directas o indirectas a la Constitución a través del juicio de amparo, se está convirtiendo cada vez más en el ineludible órgano terminal. Esto, además de pugnar con el sistema de competencias propio del sistema federal, resulta altamente irracional y oneroso, considerando que la mayoría de las resoluciones de amparo que dictan los Tribunales Colegiados de Circuito son “para efectos”, esto es, para subsanar meras deficiencias de forma y procedimiento, sin resolver el fondo del asunto.

Desde mediados del siglo antepasado se ha discutido en nuestro país la posible vulneración a la autonomía de los Estados mediante el juicio de amparo judicial. Lo anterior, debido a que la garantía de los artículos 14, 16 y 17 constitucionales ha permitido que los tribunales federales terminen definiendo la manera en que se deberán aplicar las normas legales cuya competencia corresponde a los jueces locales. La libertad de jurisdicción se va reduciendo paulatinamente.

Sin embargo, por paradójico que parezca, el número de asuntos que resuelven los poderes judiciales locales continúa siendo sumamente superior a los conocidos por el Poder Judicial de la Federación.7

Esta distinción cuantitativa pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los tribunales del fuero común y dicho fortalecimiento debe reflejarse en diversos aspectos, que sólo puede lograrse garantizando la autonomía presupuestal.

Autonomía e Independencia Judicial

La obligación de los Estados de garantizar en sede interna la división de poderes, implica la necesidad de que constitucionalmente se eviten injerencias en el funcionamiento del Poder Judicial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado cuales son los diversos grados de injerencia. Así, encontramos a la intromisión como el grado más leve; la dependencia, conforma el siguiente nivel; y la subordinación, como la manifestación más grave de vulneración al principio de división de poderes.8 Posteriormente, al resolver la controversia constitucional 32/2007, adicionó como grado de injerencia el supuesto donde con motivo de la distribución de funciones establecida por el Constituyente Local se provoca un deficiente o incorrecto desempeño del Poder Judicial de la entidad federativa.9

La autonomía judicial y la independencia de sus funcionarios constituye uno de los principales retos de los Estados contemporáneos. Por ello, se ha pretendido su garantía mediante diversos instrumentos internacionales, como el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el 6.1 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, entre otros.

En el mismo sentido, los organismos supranacionales y universales han emitido recomendaciones e informes exhortando a los Estados miembros a respetar estas garantías.10

Recordemos que desde 1985, la Asamblea General de la ONU emitió los Principios básicos relativos a la Independencia de la Judicatura, en cuyo primer postulado se estableció: “La independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación del país. Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura”.11

Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela, sostuvo lo siguiente:

“El principio de independencia judicial constituye uno de los pilares básicos de las garantías del debido proceso, motivo por el cual debe ser respetado en todas las áreas del procedimiento y ante todas las instancias procesales en que se decide sobre los derechos de la persona. La Corte ha considerado que el principio de independencia judicial resulta indispensable para la protección de los derechos fundamentales, por lo que su alcance debe garantizarse inclusive, en situaciones especiales, como lo es el estado de excepción.”

Además, afirmó que los jueces, a diferencia de los demás funcionarios públicos, cuentan con garantías reforzadas debido a la independencia necesaria en su función. Por tanto, dividió en tres vertientes las garantías que se derivan de la independencia judicial: un adecuado proceso de nombramiento, la inamovilidad en el cargo y la garantía contra presiones externas.12

En cuanto a la historia constitucional mexicana, encontramos grandes esfuerzos por alcanzar dicho fin en relación con el Poder Judicial de la Federación, mediante las reformas a los artículos 94 y 97, en los años 1928, 1987 y 1994, principalmente. Sin embargo, los poderes judiciales locales no han gozado de los mismos avances.

En la reforma constitucional al artículo 116, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de 1987, se establecieron algunos lineamientos básicos para la organización y funcionamiento de los poderes judiciales locales. Desde 1917 dicho artículo sólo disponía la posibilidad de los Estados para acordar sus límites territoriales y en la fracción III del artículo 115 se mencionaban algunos lineamientos referentes a los poderes legislativos y ejecutivos estatales, pero nada preveía de los judiciales. A partir de la reforma mencionada, la fracción III del artículo 116 se refiere exclusivamente al ámbito judicial estatal. Sin embargo, dista mucho de representar una auténtica garantía para su autonomía e independencia.

En la exposición de motivos de la iniciativa, se argumentó que los tribunales de justicia deben ser independientes, para fortalecer en la realidad social el principio de división de poderes y porque la independencia judicial constituye la primera garantía de la jurisdicción, establecida no precisamente en interés del órgano jurisdiccional, sino de los justiciables, pues se considera que sólo cabe esperar justicia completa y estricta del juez jerárquicamente libre, dependiente sólo de la ley. Por esta razón, se estableció que la independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por las constituciones y las leyes orgánicas de los Estados.

Debemos reconocer que esta reforma significó un gran avance hacia la consolidación de la división de poderes. Pero, si observamos los instrumentos internacionales y los criterios emitidos por tribunales supranacionales, nos daremos cuenta de que dicho camino se ha visto truncado por la falta de incorporación de nuevos mecanismos tendientes a perfeccionar la autonomía judicial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que la actual fracción III del artículo 116 de la Constitución federal, obliga a los Estados a garantizar los siguientes principios:

1. El establecimiento de la carrera judicial, debiéndose fijar las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de los funcionarios judiciales;

2. La previsión de los requisitos necesarios para ocupar el cargo de Magistrado así como las características que éstos deben tener, tales como eficiencia, probidad y honorabilidad;

3. El derecho a recibir una remuneración adecuada e irrenunciable que no podrá disminuirse durante su encargo, y

4. La estabilidad o seguridad en el ejercicio del cargo, lo que implica la fijación de su duración y la posibilidad de que sean ratificados al término del periodo para el que fueron designados, a fin de que alcancen la inamovilidad. Estos principios deben estar garantizados por las constituciones y leyes estatales.13

A su vez, al resolver el amparo en revisión 2021/1999, emitió una jurisprudencia donde enumera y justifica los diversos criterios que ha sostenido en la interpretación de dicho artículo:

1. La Constitución federal establece un marco de actuación al que deben sujetarse tanto los congresos como los ejecutivos de los Estados, en cuanto al nombramiento y permanencia en el cargo de los magistrados de los tribunales supremos de justicia, o tribunales superiores de justicia.

2. Se debe salvaguardar la independencia de los poderes judiciales de los Estados y, lógicamente, de los magistrados de esos tribunales.

3. Una de las características que se debe respetar para lograr esa independencia es la inamovilidad de los magistrados.

4. La regla específica sobre esa inamovilidad supone el cumplimiento de dos requisitos establecidos directamente por la Constitución federal y uno que debe precisarse en las constituciones locales. El primero, conforme al quinto párrafo de la fracción III del artículo 116 de la Constitución federal, consiste en que los magistrados deben durar en el ejercicio de su encargo el tiempo que señalen las constituciones locales, como expresamente lo señala la Constitución federal; el segundo consiste en que la inamovilidad se alcanza cuando, cumpliéndose con el requisito anterior, los magistrados, según también lo establece el texto constitucional, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinen las constituciones y las leyes de responsabilidades de los servidores públicos de los Estados. El requisito que debe preverse en las constituciones locales es el relativo al tiempo específico que en ellas se establezca como periodo en el que deben desempeñar el cargo.

5. La seguridad en el cargo no se obtiene hasta que se adquiere la inamovilidad, sino desde el momento en el que un Magistrado inicia el ejercicio de su encargo. Esta conclusión la ha derivado la Suprema Corte del segundo y cuarto párrafos de la propia fracción III del artículo 116 y de la exposición de motivos correspondiente, y que se refieren a la honorabilidad, competencia y antecedentes de quienes sean designados como magistrados, así como a la carrera judicial, relativa al ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los poderes judiciales de los Estados. Del criterio anterior se sigue que cuando esté por concluir el cargo de un Magistrado, debe evaluarse su actuación para determinar si acreditó, en su desempeño, cumplir adecuadamente con los atributos que la Constitución exige, lo que implica que tanto si se considera que no debe ser reelecto, por no haber satisfecho esos requisitos, como cuando se estime que sí se reunieron y que debe ser ratificado, deberá emitirse una resolución fundada y motivada por la autoridad facultada para hacer el nombramiento, al constituir no sólo un derecho del Magistrado, sino principalmente, una garantía para la sociedad.14

La segunda reforma relativa a la fracción III del artículo 116, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994, únicamente se refirió a los requisitos que deben cumplir los aspirantes para ocupar el cargo de Magistrado local. Con anterioridad a la reforma, se establecía que los magistrados integrantes de los poderes judiciales locales debían reunir los requisitos señalados por el artículo 95 de la Constitución para ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte. A partir de dicha fecha continúo la relación normativa preexistente, sólo excluyendo la fracción VI.

Otro acontecimiento importante en materia de autonomía e independencia judicial local, fue la resolución de la controversia constitucional 150/2016. En dicha controversia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la invalidez del primer párrafo del artículo segundo transitorio de un decreto de reforma a la Constitución estatal. Lo anterior, debido a que implicaba una intromisión por parte del Legislativo en las competencias y atribuciones que correspondían exclusivamente al Pleno del Tribunal Superior de Justicia, como lo es el nombramiento de su Presidente.

En efecto, la Corte sostuvo que “al haber determinado el legislador local que el Presidente dejaba de serlo, se invadió una de las facultades que corresponde de manera exclusiva al Pleno del Poder Judicial y, por ende, se actualiza una violación al principio de división de poderes e independencia judicial…”

La autonomía, entendida como cualidad institucional, debe reflejarse por lo menos en materia presupuestal, orgánica, financiera, normativa, administrativa, funcional y técnica.
Por otra parte, la independencia, entendida como una cuestión subjetiva del juzgador, debe incluir los aspectos que posteriormente señalaremos para la carrera judicial.

Por lo anterior, proponemos una reforma sustancial a la fracción III del artículo 116 de la Constitución federal, donde se incluyan nuevas normas que contribuyan a garantizar la autonomía judicial y la independencia de sus funcionarios.

En el año 2006, como resultado de diversas consultas a la sociedad, opiniones de expertos en la materia, foros, mesas de análisis, discusiones y actividades metodológicas, se publicó el Libro Blanco de la Reforma Judicial.15 En dicho material se expresaron diversas propuestas tendientes a mejorar la actividad jurisdiccional, mismas que mencionaremos para cada tema concreto.

Elementos de la independencia judicial

Seguridad

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, derivado del actual artículo 116 constitucional, la seguridad de los magistrados y jueces, como principio que salvaguarda la independencia judicial, implica básicamente dos aspectos: 1.- La determinación en las constituciones locales del tiempo de duración en el ejercicio del cargo, lo que da al funcionario judicial la seguridad de que durante ese término no será removido arbitrariamente, sino sólo cuando incurra en alguna causal de responsabilidad o en un mal desempeño de su función judicial; y, 2.- La posibilidad de ser ratificado al término del periodo señalado en la Constitución local.16

Sin embargo, consideramos que la seguridad se refiere también a la remuneración que debe garantizarse durante y después de concluido el cargo, así como al aspecto personal.

Todo individuo tiene derecho a gozar de seguridad en su persona. Dicha necesidad se incrementa cuando su función consiste en dictar resoluciones que afectan la esfera jurídica de un número indeterminado de gobernados. La naturaleza de la función desempeñada ubica al juzgador en una posición propensa a sufrir agresiones en sus diversas modalidades por parte de quienes no obtuvieron una resolución favorable en juicio. Corresponde al Estado garantizar que la actividad de los jueces y magistrados no recibirá presiones o intimidaciones por parte de agentes internos o externos al poder público.

La vertiente de protección personal del principio de seguridad que se debe garantizar a los magistrados y jueces, se ha respaldado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al exponer la necesidad de proteger a las y los operadores de justicia cuando se encuentren en riesgo su vida e integridad personal, adoptando una estrategia efectiva y exhaustiva de prevención, con el fin de evitar ataques, agresiones y hostigamientos en su contra.17 Lo anterior, se deriva de la información contenida en el Informe de la relatora especial sobre independencia de los magistrados y abogados, publicado en el año 2011, donde se señaló que la situación actual de México preocupa a la Comisión, debido a que, según lo señalado por la Relatoría de la ONU, como una consecuencia de la creciente violencia del crimen organizado, es probable que en muchas ocasiones las magistradas y magistrados, operadores judiciales y profesionales del derecho no puedan actuar con plena libertad al ser sujetos de amenazas, intimidaciones, hostigamientos y otras presiones indebidas.18

Al resolver la controversia constitucional 4/2005, la Suprema Corte reconoció que la seguridad en el desempeño de las funciones de magistrados y jueces, debe incluir el aspecto económico, ya que evita preocupaciones relativas al tema y con ello, evita también la posibilidad de que sean objeto de presiones de esa índole en el desempeño de su función jurisdiccional. Por otra parte, incentiva para que profesionales capacitados opten por la carrera judicial.19 Cabe precisar que previamente ya se había referido a la seguridad económica de jueces y magistrados, como principio básico para la independencia.20

Por lo anterior, se propone obligar expresamente a las constituciones y leyes orgánicas locales, para garantizar la seguridad de magistrados y jueces, incluyendo todos los aspectos que abarca dicho principio.

Sistema de nombramientos

Uno de los aspectos de mayor trascendencia para lograr la independencia judicial es el sistema de nombramientos de jueces y magistrados. Actualmente, la fracción III de la Constitución federal sólo dispone los requisitos que debe cumplir quien pretenda acceder al cargo de Magistrado. Sin embargo, consideramos adecuado que en la Constitución federal se prevea una base rígida de votación para el nombramiento, es decir, el acceso a un cargo de tal relevancia dentro del gobierno estatal, no puede decidirse en la legislatura por mayoría simple, ni mayoría absoluta. Consideramos pertinente que el nombramiento de un Magistrado deba aprobarse por una mayoría calificada dentro del Congreso, contando no solamente los miembros presentes, sino la totalidad de sus integrantes.

En resumen, se propone que los nombramientos de magistrados se aprueben por una mayoría calificada de dos terceras partes de los integrantes de la legislatura local.

Esta disposición armonizaría con la diversa norma que establece la necesidad de que los aspirantes sean personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia, probidad y decoro en la impartición de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en el ejercicio de la actividad jurídica. Entendemos que una persona que cumpla con dicho perfil, logrará el consenso de la mayoría calificada, situación que no se presentaría cuando un aspirante haya mostrado deficiencias en su desempeño profesional. Es probable que una persona sin la suficiente solvencia moral y profesional alcance una aceptación por mayoría simple o absoluta de miembros presentes de una legislatura, pero resultaría complicado que logre la aprobación de una mayoría calificada como la que se propone.

En la actualidad, solamente 7 constituciones locales prevén la necesidad de que el nombramiento de un Magistrado se apruebe por mayoría calificada de dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura, además del caso de Chiapas donde este requisito se establece para nombrar a quienes conforman el Tribunal Constitucional. El resto de las constituciones se refieren a mayorías simples, absolutas o calificadas de miembros presentes en la sesión respectiva.

Otro elemento a valorar y replantear en el sistema de nombramientos es aquél que se refiere a las autoridades que intervienen en el procedimiento. Existen por lo menos siete Estados donde el Ejecutivo nombra a los magistrados y el Congreso solamente los ratifica o aprueba. En quince Entidades el Ejecutivo propone al Congreso, ya sea en forma individual, en terna o mediante lista. En nueve constituciones se faculta al Consejo de la Judicatura para realizar la propuesta al Congreso. El Estado de México presenta una particularidad, puesto que el artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial faculta al Consejo de la Judicatura para nombrar a los Magistrados, con la aprobación del Congreso.

De las anteriores opciones, consideramos viable que la Constitución establezca las bases para que sea el Consejo de la Judicatura local quien proponga al Congreso una terna, integrada por aquellos aspirantes que representen el mejor perfil de acuerdo con el concurso de oposición que al efecto se substancie.

Por otra parte, existe la tendencia de transparentar los procesos de selección de funcionarios, por ello se ha incluido la figura de la comparecencia pública como etapa fundamental para que la comunidad en general conozca el perfil de los aspirantes y pueda formar su propia opinión en relación a los mismos. De esta forma la población tiene la posibilidad de calificar el criterio del legislador al momento de emitir su postura.

La figura de la comparecencia pública no se ha generalizado en los procesos de selección de magistrados locales, aun cuando se trata de un claro avance en la transparencia gubernamental. En la actualidad, se prevé en las constituciones de Nayarit y Nuevo León. Sin embargo, resulta necesario se obligue a los demás Estados a incluir la comparecencia pública en su proceso de selección, incorporándose así a la tendencia de transparentar los nombramientos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha considerado conveniente la celebración de audiencias o de entrevistas públicas, adecuadamente preparadas, en las que la ciudadanía, las organizaciones no gubernamentales y otros interesados tuvieran la posibilidad de conocer los criterios de selección y el perfil de los candidatos, expresando sus inquietudes o su apoyo.21

La base mínima para acceder al cargo de Magistrado o Juez debe ser la aptitud para desempeñarlo. Un referente importante para conocer dicha aptitud puede obtenerse mediante concurso de oposición, en el que deberán probar su capacidad para fungir como impartidores de justicia. La ausencia del concurso de oposición en el proceso de selección de magistrados y jueces puede ocasionar el acceso al cargo de personas carentes de los conocimientos, preparación y criterio, suficiente para desempeñarlo en forma eficiente.

El sistema de nombramientos basado en méritos y transparencia, contribuye a la independencia de los magistrados y jueces, debido a que se evita que mediante favores políticos se beneficien aspirantes carentes de perfil suficiente para ocupar los cargos, todo esto en perjuicio de la justicia.

Acorde con esta postura, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado la implementación de concursos de oposición dentro del proceso de selección y nombramiento de funcionarios judiciales, para que de esta forma se permita evaluar objetivamente y calificar la capacidad profesional y los méritos de las candidatas y candidatos a los cargos.22

Actualmente, son pocas las constituciones locales que prevén la obligación de convocar a concursos en los procesos de selección de magistrados. Chihuahua y el Estado de México son ejemplos de Entidades donde sí se contempla esta modalidad.

Para garantizar la aplicación de las figuras jurídicas incorporadas al sistema de nombramientos, cuya finalidad es contribuir a la independencia judicial, la fracción III del artículo 116 de la Constitución federal debe reservar a las constituciones locales su regulación, para que en atención al principio de supremacía constitucional, las leyes orgánicas deban preverlas y evitar que puedan derogarse o modificarse mediante un procedimiento legislativo flexible.

Aunado a los planteamientos anteriores, se propone adicionar las condiciones de integridad e idoneidad que los aspirantes deben cumplir para ser valorada por el legislador en la selección de magistrados.

Carrera judicial

La profesionalización de los servidores públicos ha significado un importante avance hacia su actuar eficaz. Esta institución también contribuye a facilitar la calificación de aspirantes a diferentes cargos, debido a que la información requerida para su evaluación obra en los expedientes de los órganos administrativos del mismo Poder Judicial.

Por otra parte, la carrera judicial otorga certeza a los servidores públicos de que su perseverancia, responsabilidad, eficiencia y constante actualización, se observa por los institutos o consejos de la judicatura, lo que constituye un estímulo para el desempeño.

La necesidad de desarrollar la carrera judicial y la existencia de entidades especializadas para coordinarla, como aspecto indispensable de la independencia, ha sido comprendida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien recomendó a los países latinoamericanos que resultaría conveniente crear un órgano independiente de gobierno y administración de las entidades de justicia (Fiscalía, Defensoría y Poder Judicial), que tenga por funciones la selección, el nombramiento, los ascensos y traslados, así como la imposición de medidas disciplinarias de las y los operadores de justicia en todos los niveles.23

La carencia de presupuestos básicos para la atención de dichas recomendaciones queda de manifiesto cuando apreciamos que las constituciones locales no son unánimes en prever la existencia de consejos de la judicatura o consejos del Poder Judicial, como se le denomina en Sonora. Las normas fundamentales de Colima y Zacatecas no contemplan la creación de estos organismos. Por otra parte, en Morelos y Oaxaca encontramos juntas de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial que no gozan de la autonomía pertinente.

En otro orden de ideas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación califica a la carrera judicial como uno de los principios que se debe inferir del artículo 116 constitucional y que se debe observar por los Estados para garantizar su independencia y autonomía.24

Aunado a lo anterior, el máximo tribunal federal ha sostenido que la carrera judicial es uno de los aspectos básicos que no puede sufrir intromisiones por parte de los otros poderes, salvo la reglamentación legal. Cualquier intromisión diversa atentaría contra el principio de división de poderes.25

En adición a lo planteado, la “acción 9” del segundo eje temático del capítulo de conclusiones del Libro Blanco de la Reforma Judicial, exhortó a consolidar la carrera judicial, expresando diversas actividades que deben concretarse para tal fin.26

En consecuencia, proponemos crear la base constitucional para la formación y desarrollo de la carrera judicial, estableciendo una reserva de ley local para su reglamentación.

La naturaleza de la labor jurisdiccional, obliga a la observancia de ciertos principios rectores, tales como honorabilidad, excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.

En agosto de 2004, los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aprobaron el Código de Ética del Poder Judicial de la federación. Dicho Código desarrolló lo que previamente había prescrito el párrafo séptimo del artículo 100 de la Constitución general, en relación con los principios que deben regir la carrera judicial federal.

Consideramos que, aun cuando existan diversas competencias y condiciones entre los juzgadores federales y estatales, en esencia realizan la misma función y es necesario que su carrera se desarrolle observando los mismos principios.

De acuerdo con el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación la excelencia es el resultado de desarrollar diversas virtudes, tales como: Humanismo, justicia, prudencia, responsabilidad, fortaleza, patriotismo, compromiso social, lealtad, orden, respeto, decoro, laboriosidad, perseverancia, humildad, sencillez, sobriedad y honestidad.

La objetividad es definida como la actitud del juzgador frente a influencias extrañas al Derecho, provenientes de sí mismo. Consiste en emitir sus fallos por las razones que el Derecho le suministra, y no por las que se deriven de su modo personal de pensar o de sentir.

La imparcialidad es la actitud del juzgador frente a influencias extrañas al Derecho, provenientes de las partes en los procesos sometidos a su potestad. Consiste en juzgar, con ausencia absoluta de designio anticipado o de prevención a favor o en contra de alguno de los justiciables.

El profesionalismo es la disposición para ejercer de manera responsable y seria la función jurisdiccional, con relevante capacidad y aplicación.

La independencia es la actitud del juzgador frente a influencias extrañas al Derecho, provenientes del sistema social. Consiste en juzgar desde la perspectiva del Derecho y no a partir de presiones o intereses extraños a aquél.

A los principios anteriores, consideramos necesario adicionar el de honorabilidad, entendiendo al honor como aquella cualidad de carácter moral, que nos lleva al más rígido cumplimiento de nuestros deberes tanto respecto del prójimo como de nosotros mismos.27
Posteriormente, la Suprema Corte se ha referido a estos principios en diversos criterios jurisprudenciales.28 Por lo que consideramos adecuado establecer constitucionalmente la rectoría de dichos principios en la carrera judicial local.

Estabilidad e inamovilidad

La Constitución vigente dispone que los magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que señalen las constituciones locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinen las constituciones y las leyes de responsabilidades de los servidores públicos de los Estados.

En atención a dicha norma fundamental, por lo menos doce estados prevén la figura de la ratificación después de cierto número de años en funciones y ocho establecen la posibilidad de reelección. Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Estado de México, Sinaloa y Tabasco, establecen una duración en el cargo de quince años desde la protesta respectiva.

La estabilidad e inamovilidad contribuyen a la independencia del Magistrado tanto de factores internos del Poder Judicial, como de externos. Estas condiciones son fundamentales para un adecuado desempeño de sus funciones.

Por otra parte, al resolver el amparo en revisión 2021/99, la Suprema Corte emitió un criterio de suma trascendencia para el tema que nos ocupa. Dicho criterio califica a la inamovilidad como una garantía a la sociedad de contar con servidores idóneos.29

La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha velado por la estabilidad e inamovilidad de jueces, emitiendo jurisprudencia al respecto y condenando a los Estados que vulneren dichas garantías.30

Por lo anterior, es imperativo garantizar constitucionalmente a los magistrados la estabilidad e inamovilidad desde el momento en que son nombrados por el Congreso. De esta forma, se contribuirá a la independencia de factores externos derivados de los cambios sexenales.

Garantía de remuneración

Con las reformas al artículo 116 de la Constitución en el año de 1987, se estableció una importante garantía para la independencia de los magistrados y jueces locales. Dicha garantía se relaciona con el aspecto económico. La nueva norma constitucional estableció que los magistrados y los jueces percibirían una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podría ser disminuida durante su encargo. Esta garantía otorgó estabilidad económica a los juzgadores, al descartar la posibilidad de que fuera reducido su ingreso en represalia por haber actuado en contra de los intereses de determinados grupos de poder.

Sin embargo, el verdadero alcance de la estabilidad económica implica que ésta perdure con posterioridad a la conclusión del cargo, debido a que la duración por tiempo determinado de la función judicial, sólo es compatible con la estabilidad, inamovilidad e independencia si se garantiza un haber por retiro. Así lo sostuvo la Suprema Corte al resolver la controversia constitucional 9/2004, al afirmar que la delimitación del periodo de inamovilidad, no contraviene la independencia judicial, siempre que se otorgue dicha prestación.

De la controversia constitucional mencionada, se derivó un criterio jurisprudencial que estableció los parámetros que deben cumplir las constituciones de los Estados para respetar la estabilidad en el cargo de magistrados y su independencia. Dichos parámetros son los siguientes:

A) Que se establezca un periodo razonable para el ejercicio del cargo, tomando en cuenta un solo periodo de ejercicio o uno de primer nombramiento y posterior ratificación, que garantice la estabilidad de los juzgadores en sus cargos, el cual puede ser variable atendiendo a la realidad de cada Estado;

B) Que en caso de que el periodo no sea vitalicio, al final de éste pueda otorgarse un haber de retiro determinado por los propios congresos locales;

C) Que la valoración sobre la duración de los periodos sólo pueda ser inconstitucional cuando sea manifiestamente incompatible con el desarrollo de la actividad jurisdiccional o cuando se advierta que a través de la limitación de los periodos pretende subyugarse al Poder Judicial; y

D) Que los magistrados no sean removidos sin causa justificada.31

Por tal razón, es adecuado garantizar un haber de retiro a magistrados y jueces locales.

Elementos de la autonomía judicial

Elección de sus autoridades

Una de las vertientes de la autonomía del Poder Judicial consiste en la facultad para elegir de entre sus miembros al Presidente del máximo tribunal. Constituiría una intromisión grave de otros poderes intervenir en dicha elección. Así lo ha recomendado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como conclusión de diversos estudios realizados en Estados miembros de la OEA.32

En nuestro país ya se sentó un precedente importante sobre el tema, al resolver la controversia constitucional 150/2016 comentada en líneas previas en relación con el Estado de Chihuahua.

Por otra parte, la experiencia federal nos ha mostrado la pertinencia de que la duración en el cargo del presidente de los máximos órganos de los poderes judiciales sea multianual. Con la reforma al artículo 97 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994, se amplió la duración en el cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de un año a cuatro. En la iniciativa presentada por el presidente Ernesto Zedillo ante la Cámara de Senadores, se proponía ampliar dicho periodo a tres años. Sin embargo, la Cámara de origen consideró más pertinente que la ampliación se realizara a cuatro, por lo que así se aprobó en las subsecuentes etapas del procedimiento de reforma constitucional.

A pesar de que en la iniciativa mencionada no se expusieron los argumentos que justificaran ampliar la duración en el cargo, consideramos que los periodos multianuales permiten a los presidentes en turno planear y ejecutar programas para mejorar el funcionamiento judicial.

Lo anterior no significa que los presidentes de los tribunales superiores locales deban perpetuarse en el cargo, por lo que resulta apropiado establecer un periodo fijo de duración e imposibilitar la reelección inmediata.

Atendiendo a los criterios mencionados, el párrafo cuarto del artículo 97 de la Constitución federal establece que cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior.

En el ámbito local, encontramos diversas modalidades que van desde uno a seis años en el cargo de Presidente del Tribunal Superior. Por lo menos en ocho Estados se ha adoptado la misma temporalidad de cuatro años que dispone la Constitución federal para el Presidente de la Suprema Corte; en dos, la duración es de un año; en siete, dos años; en ocho, tres años; en cuatro, cinco años; y en dos, seis años.

En cuanto al régimen de reelección, por lo menos cuatro Estados la prohíben en forma absoluta; cinco, establecen esta prohibición para el periodo inmediato; diecisiete, permiten que el Presidente sea reelecto una sola vez; y cinco, no restringen la reelección.

Además, por lo menos dos Estados han establecido requisitos especiales para acceder al cargo de Presidente. En Chihuahua se exige una antigüedad mínima de cinco años como Magistrado,33 mientras que en Oaxaca debe cumplir tres años integrando Sala.

Consideramos pertinente que se incorpore un párrafo similar a la fracción III del artículo 116, para efecto de que la elección de presidente de los supremos tribunales locales se realice por el Pleno respectivo, su duración en el cargo sea de cuatro años y se prohíba su reelección inmediata.

Remoción de jueces

La decisión del Pleno de un Tribunal Superior de Justicia o del Consejo de la Judicatura de remover del cargo a un Juez, constituye una facultad inherente a la autonomía del Poder Judicial. Por esta razón sería poco viable que se permitiera recurrir dichas resoluciones ante tribunales administrativos. La naturaleza de la decisión, requiere que una eventual impugnación sea competencia exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sólo para revisar que se haya respetado el debido proceso. Solamente una regulación de esta forma armonizaría con el sistema federal y la división de poderes.

Al resolver la controversia constitucional 93/2007, la Primera Sala de la Suprema Corte resolvió que los tribunales contenciosos administrativos estatales carecen de competencia para conocer de la legalidad de las resoluciones de los poderes judiciales locales dictadas en los procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos adscritos a dichos poderes.34 Lo que armoniza con nuestra propuesta.

Por otra parte, tampoco es viable que las resoluciones dictadas por el máximo tribunal de un estado, relativas a la destitución de jueces, sean revisadas por jueces de distrito, debido a que sus características especiales de interés y trascendencia, ameritan que dicha competencia sea exclusiva del máximo tribunal federal.

Esta necesidad ha sido respaldada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al conocer del Amparo en Revisión 358/2013, donde ejerció la facultad de atracción, por tratarse de un asunto con características especiales, es decir, versaba sobre la constitucionalidad de la resolución dictada por el Pleno de un Supremo Tribunal de Justicia local, donde destituía del cargo a un Juez de Primera Instancia.

Autonomía presupuestaria

Una vertiente fundamental de la autonomía de los poderes judiciales locales se relaciona con su presupuesto. Los egresos públicos han sido objeto de fuertes pugnas entre los Poderes, uno de los ejemplos más emblemáticos lo encontramos en la controversia constitucional 109/2004, promovida por el Ejecutivo federal en contra de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.35 La disminución o no incremento en forma razonable del presupuesto anual a las judicaturas locales, implica una grave vulneración al principio de división de poderes por parte del Ejecutivo y Legislativo, al ser quienes participan esencialmente en su conformación, ya que crea una dependencia y subordinación del poder judicial.

Esta idea es respaldada por algunos tratadistas, quienes consideran incuestionable la necesidad de aplicarse un porcentaje mínimo del presupuesto anual para garantizar la adecuada prestación del servicio y la independencia judicial, como ocurre ya en otras naciones.36

En la normativa fundamental local encontramos algunas modalidades. Por ejemplo, en el Estado de México se prevé que en ningún caso, el Presupuesto Anual de Egresos que se apruebe para el Poder Judicial, podrá ser inferior al 2.0% de los ingresos ordinarios del Estado, para el año fiscal de que se trate. En Veracruz, el presupuesto correspondiente al Poder Judicial no podrá ser inferior al 2% del total del general del Estado. En Yucatán, no podrá ser inferior al 2% del total del gasto programable. En Tamaulipas, no podrá ser inferior al 1.3% del total del presupuesto general del Estado. Mientras que en Morelos, se le deberá asignar en cada ejercicio fiscal una partida equivalente al 4.7% del monto total del gasto programable autorizado en el Decreto de Presupuesto de Egresos que anualmente aprueba.

Otros Estados solamente prevén que el presupuesto asignado al Poder Judicial no podrá ser inferior el ejercido en el año anterior.

Es importante destacar que, para el ejercicio fiscal 2018, solamente seis Entidades asignaron al Poder Judicial un presupuesto mayor al 2% del general, sin necesidad de que se le ordenara de esa forma por la Constitución. El resto aprobó un porcentaje inferior. En el caso de Morelos, se asignó un porcentaje superior porque así lo mandata su norma fundamental local.

Resulta indispensable garantizar la dotación de recursos financieros, técnicos y humanos adecuados y suficientes con el fin de asegurar que el Poder Judicial pueda realizar de manera efectiva sus funciones en el acceso a la justicia, de tal manera que no se incurra en demoras o dilaciones como consecuencia de la falta de recursos necesarios.37

La impartición de justicia es uno de los principales roles de todo Estado. Por ello, es fundamental garantizar constitucionalmente su presupuesto, impidiendo que administraciones deficientes causen un perjuicio a esta rama del poder público.

Por lo anterior, se propone garantizar que el presupuesto de los Poderes Judiciales locales no podrá ser inferior al 2% del presupuesto general de los Estados.

Esta propuesta armoniza con el postulado 7 de los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura, que establece que cada Estado miembro debe proporcionar recursos adecuados para que la judicatura pueda desempeñar debidamente sus funciones.

Aunado a lo anterior, la Suprema Corte se ha pronunciado a favor de la autonomía presupuestal de los poderes judiciales locales, tanto en su garantía como en su gestión, considerándolas como una condición necesaria para que ejerzan sus funciones con plena independencia.38

Por otra parte, en “la acción 7”, del segundo eje temático del capítulo de conclusiones del Libro Blanco de la Reforma Judicial, se expone la necesidad de garantizar el presupuesto de los poderes judiciales locales, sugiriendo una reforma donde se asegure que dichos poderes recibirán anualmente un nivel de gasto corriente no menor al del año inmediato anterior. Además calificó a dicha acción como necesaria a corto plazo.39

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presentamos a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Único: Se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose los subsecuentes, se reforman los ahora párrafos tercero, cuarto y sexto, se adicionan los párrafos séptimo y octavo, recorriéndose los subsecuentes, se reforma el ahora párrafo noveno, se adicionan los párrafos décimo y undécimo, recorriéndose los subsecuentes, se reforma el ahora párrafo duodécimo y se adiciona un párrafo, décimo tercero todos de la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 116: …

I.-…

II.-…

III.-…

Las Constituciones de los Estados establecerán mecanismos jurisdiccionales de protección para garantizar su observancia. Las resoluciones que dicten los órganos de control constitucional, únicamente serán revisables ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La independencia y seguridad de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberán estar garantizadas por las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados. Los poderes públicos y autoridades garantizarán y respetarán la independencia de la judicatura.

Las Constituciones de los Estados establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales. La Ley establecerá las bases para la formación y actualización de los servidores judiciales, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de honorabilidad, excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.


Los nombramientos de magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales serán hechos a través de concurso de oposición en los términos que señale la Ley, en el que participen preferentemente aquellas personas que hayan servido con probidad, eficiencia y decoro en la impartición de justicia o bien quienes se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. Las designadas deberán ser personas íntegras e idóneas.

Una vez satisfechos los requisitos del párrafo anterior, el Pleno del Consejo de la Judicatura someterá una terna, de entre ellos, a consideración del Congreso del Estado, el cual, previa comparecencia pública de las personas propuestas, designará al Magistrado que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Congreso.

En caso de que el Congreso del Estado rechace la totalidad de la terna propuesta, el Consejo de la Judicatura someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que, dentro de dicha terna, designe el Pleno del Consejo.

Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que señalen las Constituciones Locales, y sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinen las Constituciones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos de los Estados.

El Pleno de Magistrados del Poder Judicial de cada entidad federativa elegirá de entre sus miembros a su Presidente cada cuatro años, quien no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior.

Las resoluciones que emita el Pleno de Magistrados, o en su caso, del Consejo de la Judicatura respectivo, por las que imponga la sanción de remoción del cargo de un juzgador sólo podrán ser revisadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los Magistrados y los Jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo; al vencimiento de su ejercicio tendrán derecho a un haber por retiro, en los términos que señale la Ley.

El Poder Judicial ejercerá su presupuesto con autonomía. El presupuesto anual de cada uno de los Poderes Judiciales de los Estados no podrá ser inferior al dos por ciento del presupuesto general de la entidad federativa respectiva.

TRANSITORIOS

Primero: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 13 de septiembre de 2018.

Sen. Rubén Rocha Moya.- Sen. Olga Sánchez Cordero Dávila.- Sen. Ricardo Monreal Ávila.- Sen. Martí Batres Guadarrama.- Sen. Imelda Castro Castro.- Sen. Óscar Eduardo Ramírez Aguilar.

1 Magaloni Kerpel, Ana Laura, y Elizondo Mayer-Serra, Carlos, La justicia de cabeza: irracionalidad del gasto público en tribunales, Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2011.

2 Fix-Zamudio, Héctor, Estudio de la Defensa de la Constitución en el Ordenamiento Mexicano, México, Porrúa, 2005, p. 14.

3 Carpizo, Jorge, “Sistema federal mexicano”, Estudios constitucionales, 8va. Ed., México, Porrúa, 2003, pp. 81-152.

4 Tesis: P. IX/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, abril de 2007, t. XXV, p. 6. También, Tesis: P. LXXVII/99, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, noviembre de 1999, t. X, p. 46.

5 Tesis: P. XXXIII/2002, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, t. XVI, agosto de 2002, p. 9

6 Tesis: P./J. 68/2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, t. XXXII, agosto de 2010, p. 5.

7 Así se ha sostenido en estudios como el que encontramos en: Bustillos, Julio, Federalismo judicial a través del amparo, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2010, pp. 62 y 81.

8 Tesis: P./J. 80/2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, t. XX, septiembre de 2004, p. 1122.

9 Tesis: P./J. 113/2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, t. XXX, diciembre de 2009, p. 1238.

10 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas, Washington, CIDH-OEA, 2013, 118 pp.

11 Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura, Asamblea General de la UNO, resoluciones 40/32, del 29 de noviembre de 1985 y 40/146, del 13 de diciembre de 1985.

12 Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela, sentencia de 30 de junio de 2009, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.

13 Tesis: P./J. 15/2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, t. XXIII, febrero de 2006, p. 1530.

14 Tesis: P./J. 107/2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, t. XII, octubre de 2000, p. 30.

15 Libro Blanco de la Reforma Judicial: Una agenda para la justicia en México, México, SCJN, 2006, 438 pp.

16 Tesis: P./J. 19/2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, t. XXIII, febrero de 2006, p. 1447.

17 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Garantías para la independencia… cit., p. 110.

18 Ibídem, p. 70.

19 Tesis: P./J. 18/2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, t. XXIII, febrero de 2006, p. 1449.

20 Tesis: P./J. 101/2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, t. XII, octubre de 2000, p. 32.

21 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Garantías para la independencia… cit., p. 109.

22 Ibídem, p. 108.

23 Ibídem, p. 111.

24 Tesis: P./J. 15/2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, t. XXIII, febrero de 2006, p. 1530.

25 Tesis: P./J. 81/2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, t. XX, septiembre de 2004, p. 1187.

26 Op. Cit. Nota 14, pp. 395 y 396.

27 Diccionario Jurídico Mexicano, México, Porrúa-UNAM-IIJ, 1985, t. IV, P. 340.

28 Tesis: P./J. 21/2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, t, XXIII, febrero de 2006, p. 1447.

29 Tesis: P./J. 106/2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, t. XII, octubre de 2000, p. 8.

30 Caso Chocrón Chocrón Vs. Venezuela, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 1 de julio de 2011.

31 Tesis: P./J. 44/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, t. XXV, mayo de 2007, p. 1641.

32 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Garantías para la independencia… cit., p. 109.

33 La validez de este requisito también fue impugnada en la controversia constitucional 150/2016. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que, en este aspecto, no se vulneraba la independencia o autonomía judicial.

34 Tesis: 1a. LXXX/2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Primera Sala, t. XXIX, mayo de 2009, p. 852.

35 Sentencia publicada en la Segunda Sección del Diario Oficial de la Federación, el 24 de octubre de 2005.

36 Melgar Adalid, Mario, “Comentario del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México”, Decisiones Relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estabilidad de los Magistrados de Poderes Judiciales Locales, México, SCJN-IIJ, núm. 34, 2008, p. 158.

37 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Garantías para la independencia… cit., p. 108.

38 Tesis: P./J. 83/2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Pleno, t. XX, septiembre de 2004, p. 1187.

39 Op. Cit. Nota 14, p. 395.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Rocha Moya. Queda el registro debidamente en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos.






En la quinta ronda de iniciativas, tiene el uso de la tribuna la Senadora Freyda Marybel Villegas Canché, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 15-C de la Ley Federal del Trabajo, en materia de certificación de empresas subcontratistas.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 15-C DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por la Senadora Freyda Marybel Villegas Canché, del grupo parlamentario del Partido Morena)

La Senadora Freyda Marybel Villegas Canché: Gracias. Buenas tardes. Con el permiso de la Mesa. Compañeras y compañeros Senadores:

Todas las personas tenemos derecho a tener un empleo digno, empleo que permita conseguir un equilibrio y la justicia social que tanta falta hace en el país; un empleo libre, digno, y que asegure la vida, la salud y el nivel económico con el que puede vivir una persona y una familia; un empleo en que la persona crezca, se capacite, se promueva para la mejora continua, para que así pueda mejorar continuamente el país también.

Hay miles de personas, de todo el país, que llegan a Quintana Roo con la esperanza de conseguir un mejor empleo. Recibimos gente de Veracruz, Tabasco, Campeche, Chiapas y del resto del país, con la esperanza de tener una mejor calidad de vida, pero también tenemos empresas nacionales e internacionales y dueños de esas empresas a las que no les importan las personas, pero que sí les importa llenarse el bolsillo de dinero.

Bajo este contexto, surge otro problema laboral vinculado con la subcontratación o las Outsourcings, o como lo conocemos en Quintana Roo, las llamadas “Pagadoras”. Esta modalidad se está convirtiendo en un grave problema en el país, principalmente en Quintana Roo, porque permite empleos sin que las compañías se responsabilicen por sus trabajadores. Esto genera conductas imperdonables que dañan gravemente a quien busca un trabajo para tener un mejor presente y un futuro más próspero.

Conozco de cerca esta situación en Quintana Roo, y es uno de los estados en los que se concentra el mayor número de trabajadores contratados bajo este esquema.

En la zona norte de Quintana Roo, hay casi medio millón de empleados que reciben su salario a través de terceros. Esto ha ocasionado abusos, despidos masivos de trabajadores, que sobre todo los deja en un estado de indefensión, pues prefieren tener un empleo en el que se les abuse a no tener nada, abusos con los que sufrió una persona que se acercó conmigo para platicarme que, cuando lo contrataron, de entrada le pidieron la firma de la renuncia. Esto da mucho de qué hablar sobre este tipo de contrataciones, porque deshumaniza a las personas, tratándolas como monedas de cambio y restringiendo sus derechos laborales.

En ese sentido, los trabajadores bajo este esquema no tienen derecho al Infonavit, al seguro social, reparto de utilidades, aguinaldo, y mucho menos antigüedad.

No podemos seguir permitiendo en México, ni en Quintana Roo, estado que genera un dólar de cada tres dólares para el país por materia de turismo, que existan estos abusos para las personas que generan la economía para que el país mejore.

No podemos permitir que los trabajadores de hoteles de lujo que reciben a los turistas tengan que fingir una sonrisa, cuando por mientras están preocupados por sacar adelante a sus familias.

No podemos seguir permitiendo que los que más tienen abusen de los más pobres.

En mérito de lo anterior, fundado y motivado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa de ley, Decreto por el cual se reforma el artículo 15-C de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra dice:

“La empresa contratante de los servicios deberá cerciorarse permanentemente que la empresa contratista, cumpla con las disposiciones aplicables en la materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, respecto de los trabajadores de esta última, así como las certificaciones establecidas en las normas que regulan el funcionamiento de empresas subcontratistas y sus beneficiarios”.

Ahora los invito a todas las Senadoras y Senadores a que apoyen esta iniciativa, a que juntos cambiemos la realidad de los trabajadores de México, que busquemos mejores oportunidades de vida y esperanza para las familias.

Muchas gracias, y buenas tardes.

Un momentito. también quiero informar a esta Asamblea que existe un pendiente respecto a la Norma Oficial Mexicana que establece los lineamientos, prácticas y acciones para fomentar el cumplimiento del marco normativo aplicable a las empresas de subcontratación y tercerización, emitido por la Secretaría de Economía.

Por tal razón, la próxima semana estaremos presentando un punto de Acuerdo en este tema.

Gracias y buenas tardes.

Iniciativa



PRESIDENCIA DEL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Villegas Canché. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos.






PROPOSICIÓNES CON PUNTO DE ACUERDO

Pasamos al apartado de proposiciones con punto de Acuerdo. Tiene el uso de la tribuna la Senadora Blanca Estela Piña Gudiño, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a suspender la evaluación docente, programada del 3 al 25 de noviembre próximos.

La Senadora Blanca Estela Piña Gudiño: Con su permiso, señor Presidente.

Este punto de Acuerdo lo quiero presentar en total acuerdo de mis compañeras Senadoras, a las cuales agradezco.

El compañero Miguel Ángel Navarro, la compañera Elvia Marcela Mora, Gilberto Herrera Ruiz, Marybel Villegas, Cecilia Sánchez, Gricelda Valencia, María Antonia Cárdenas, Bertha Caraveo, Margarita Valdez, Antares Vázquez Alatorre y Citlalli Hernández.

En las últimas décadas los gobiernos nos han llenado de tragedias, y los maestros de México alcanzaron una de ellas.

En el 2013 se implementó la mal llamada “Reforma Educativa”.

Los maestros de México, al ver que se les estaban violentando sus derechos, empezaron a protestar, y solamente como respuesta obtuvieron represión y muerte, por lo cual hoy presento este punto de Acuerdo.

Se cumplen cinco años de la aprobación de la Reforma Educativa impulsada por el actual Ejecutivo Federal, y no existen cambios positivos y significativos en el Sistema Nacional de Educación. La Reforma Educativa modificó los artículos 3o. y 73 constitucionales; reformó la Ley General de Educación; promulgó la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Por lo anterior, se impuso de forma antidemocrática lo siguiente:

Primero. La incorporación de una noción ambigua de “calidad educativa”, que no responde a las necesidades sociales y escolares, sino que, por el contrario, ha sido usada de forma tramposa para justificar un conjunto de evaluaciones punitivas contra las y los trabajadores de la educación, y sirvió para la implementación de un modelo educativo sin sustento pedagógico.

Segundo. La incorporación de la fracción IX al artículo 3o. de la Constitución, con lo cual se eleva a rango constitucional las funciones del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y asegura la existencia de un organismo con mayor rango y autoridad que la Secretaría de Educación Pública y las autoridades locales, para garantizar la continuidad de las evaluaciones punitivas.

Tercero. Un modelo de escuela gerencial, por medio de la legalización de la “autonomía de gestión” de las escuelas públicas, con lo cual se justificó el desfinanciamiento de la escuela pública, además de la implementación de programas privatizadores y generadores de deuda pública a través de los Certificados de Infraestructura Educativa Nacional.

Cuarto. Un marco legal especial para regular las relaciones laborales del magisterio nacional, con el cual se les privó de la protección del artículo 123 constitucional y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Quinto. Un sistema de evaluación docente que atenta contra la estabilidad laboral y el derecho a la participación sindical para defender los derechos de los trabajadores de la educación.

En relación con estos puntos, quiero hacer hincapié en que pese al gran rechazo social que generó la implementación de la Reforma Educativa, se ha intentado año tras año imponerla por la fuerza creando situaciones de violencia y represión desmedidas, las cuales incluso han costado la vida de nuestras compañeras y compañeros. Sólo basta recordar los indignantes hechos causados por el operativo federal del 19 de junio de 2016 en Nochixtlán, Oaxaca, donde al menos 6 personas perdieron la vida.

En el caso referido, como otros tantos, se demostró que el uso de la fuerza pública nunca podrá ser el método correcto para aplicar las políticas educativas.

El origen del problema fue, como se ha señalado, que la Reforma Educativa se impuso de forma antidemocrática sin consultar a los maestros, a los padres de familia o a los pueblos originarios, violentando lo dispuesto en la fracción III del artículo 3o. constitucional que señala que: “el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia”.

El gobierno también fue omiso del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que establece: “que los pueblos originarios deben ser consultados cuando el Estado prevea medidas legislativas o administrativas que les afecten”.

No dudamos de la necesidad de reformas a marcos legales para mejorar y fortalecer el Sistema Nacional de Educación, pero las reformas en materia educativa deben contemplar, antes de su aplicación, la participación de los actores involucrados directamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Es por ello que, la Reforma Educativa que necesitamos y que impulsaremos buscará fortalecer el carácter científico, laico, gratuito, multicultural, crítico y democrático de la educación pública. También se buscará combatir los dogmas, los prejuicios y fanatismos. Una reforma en materia educativa debe ayudar a formar mexicanas y mexicanos doctos en la ciencia, la técnica, la cultura y el arte, que contribuyan a solucionar los problemas nacionales. Se requiere una política educativa que aspire realmente a lograr una cobertura universal de la educación básica, media superior y superior; que erradique completamente de nuestra sociedad el rezago educativo y el analfabetismo.

El pueblo rechaza la Reforma Educativa porque no ve en ella un modelo que garantice ninguna de las nobles aspiraciones señaladas, por el contrario, la reforma instituyó un marco jurídico antisocial, antipedagógico y antilaboral, y de esto han dado cuenta decenas de especialistas en la materia.

Para fortalecer el Sistema Nacional de Educación se debe no sólo dignificar la escuela pública, también es un imperativo de esta Legislatura dignificar la labor docente tan injusta e irresponsablemente vilipendiada por el gobierno saliente.

Es por ello que hoy nuestra tarea es legislar para garantizar condiciones laborales dignas, escuchar las voces que han sido relegadas poniendo en el centro de esta Legislatura la vocación democrática que tanto requiere nuestra patria.

Nadie duda que la evaluación es necesaria si se quiere mejorar y perfeccionar, pero también es necesario reconocer que la evaluación educativa impulsada por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley del Servicio Profesional Docente no ha considerado todas las dimensiones de un proceso tan rico y complejo, como lo es el educativo.

Las evaluaciones docentes impuestas por la reforma de 2013, por su vocación punitiva, omiten premeditadamente de sus exámenes las dimensiones afectivas, pedagógicas, científicas, éticas, contextuales y sociales, contemplándose sólo en su carácter estandarizado y jerarquizante.

Derivado de lo anterior, es preocupante que las autoridades educativas mantengan neciamente la intención de realizar la evaluación para la permanencia al servicio docente contemplada en los artículos 52 y 53 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, los cuales atentan contra la estabilidad y los derechos laborales de los profesores. La imposición de las evaluaciones al magisterio abre nuevamente un escenario de conflicto social al intentar aplicar el carácter punitivo de la referida evaluación.

Hemos sido testigos de las graves consecuencias contraídas por la necedad de unos pocos de someter a cientos de miles de profesores a una Reforma Educativa fuertemente cuestionada y rechazada socialmente.

Es por ello que con base en lo anterior y con fundamento en la fracción II del numeral 1, del artículo 8, numeral 1, fracción II; 276, numeral 1 y 2, así como el artículo 95, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución.

Único.- El Senado de la República exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal, de la Secretaría de Educación Pública, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y de los gobiernos de las distintas entidades federativas, a suspender la evaluación docente programada del 3 al 25 de noviembre del presente año, así como todo proceso de evaluación para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de las y los maestros en tanto no haya el replanteamiento de la Reforma Educativa en donde se incluya a todos los sectores involucrados.

Muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo



El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Piña Gudiño. Como ha sido solicitado por la Senadora, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría, a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión la propuesta.

¿Existe algún Senador o Senadora interesado en intervenir sobre este punto? Senador Julen Rementería y Senadora Xóchitl Gálvez, en contra.

Vamos a darle la palabra al Senador Julen Rementería y acto seguido al Senador Eduardo Ramírez, a favor, y Citlalli Hernández, a favor.

Serían dos y dos, el Senador Julen Rementería, en contra; y luego el Senador Eduardo Ramírez, a favor.

Más adelante, la Senadora Xóchitl Gálvez, en contra; y la Senadora Citlalli Hernández, a favor.

Adelante, Senador Julen Rementería.

El Senador Julen Rementería del Puerto: Muchas gracias, señor Presidente. Muy buenas tardes.

En primer lugar, quisiera agradecer el tiempo que le dio a este tema tan importante la Presidencia, más de 10 minutos en una proposición con punto de Acuerdo, cuando el Reglamento marca 5 minutos.

Me parece bien, ojalá en el futuro así sea para todas las proposiciones.

Eso, en primer lugar, para que siente un precedente y lo podamos tener en cuenta, más de 10 minutos.

En segundo lugar. Lo importante, frente a lo que estamos no es el regatear un asunto que tiene el origen en un lugar o en otro, cuando hablamos de una reforma.

Lo importante es saber de qué está contenida esa reforma y cuáles son las implicaciones en la sociedad; en los niños de todos, en los hijos de los Senadores, de Morena, del PRI, del PAN, del Verde, de Movimiento Ciudadano, del PT, de absolutamente todos los partidos de este país.

De eso estamos hablando.

Y cuando las posturas sólo se centran en poder señalar o hacer querer señalar: Primero. Que hubiera un castigo para los maestros. Esto es falso, porque de lo que se está hablando es de una evaluación que ha transitado.

Les puedo hablar, por ejemplo, ya en el estado de Veracruz, niveles por arriba del 98 por ciento, donde ya acuden sin tener ningún tipo de conflicto los maestros a evaluarse, en donde ya no hay ningún problema, en donde al final entendieron que esto es para el beneficio de los propios maestros y, por supuesto, de la educación en México.

Entonces, en el fondo de lo que estamos hablando, es de al echar atrás esta reforma, buscar simplemente retroceder el reloj a lo que ocurría antes y que nadie niegue aquí que antes de lo que se estaba dotando precisamente el servicio docente en nuestro país, era a través de componendas tener a maestros en muchas aulas.

Hay muchos dignos representantes del magisterio, muchos.

Hay muchos maestros, afortunadamente la mayoría, que merecen todo nuestro respeto.

Pero ha sido una práctica en el pasado común el obtener precisamente esas plazas a partir de lo que se trató de evitar en esta reforma.

Y que el que pueda ascender, sea por un tema de un mérito; que le impere en este país y específicamente en el tema educativo “la meritocracia”. Que pueda salir adelante el que se vaya preparando, el que se vaya capacitando y el que logre mejores condiciones para estar frente a un grupo.

Y tampoco es cierto, que de repente por una evaluación se van, porque puede haber hasta tres intentos y ni siquiera en el mismo año. Y, en todo caso, pueden pasar a ocupar una plaza administrativa.

Así que no es como lo pintan, no es la Reforma Educativa algo que agreda realmente al Magisterio.

Lo que se tiene que hacer es ocupar las partes buenas, que las tiene, para impulsarla.

Y aquellas, estamos de acuerdo en las que se pueda perfeccionar la propia reforma, que se perfeccione.

No estamos en contra de que se revise, no estamos en contra de que el documento pueda mejorarse, de lo que estamos en contra, es que simplemente, como la ocurrencia que se dijo ayer en la otra Cámara, en donde dijo: “Que no le quede ni una coma”.

Eso, señores, pareciera que lo que estamos es solamente escuchando discursos de hace unos cuantos meses de la campaña.

Ya somos parte del gobierno, algunos más involucrados en ello porque tendrán seguramente más cercanía con las decisiones del Ejecutivo.

Y hay que tomar las cosas en serio, hay que decirle a la gente lo que realmente le conviene y cómo podemos hacer que las cosas funcionen para mejorar.

No se vale venir simplemente para quedar bien con un grupo de personas en el país, no importa de qué tamaño; venir a echar atrás una reforma que costó tanto trabajo su implementación.

Por eso es que estamos en contra en la parte de fondo.

Y en la forma, porque se propone, como reza ahí en la pantalla: “Que se exhorta al Ejecutivo a que haga caso omiso de la aplicación de una ley”.

Eso ni siquiera es facultad de él. No podría alegremente decir: “Ya no se aplique esta norma”. Y que de repente pues ya no la tengamos.

No se puede pedir imposibles.

Y eso que se está pidiendo, desde el grupo de ustedes, al Presidente de la República, no importa cómo se llame, es simplemente improcedente.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Rementería del Puerto.

Tiene la palabra, a favor, el Senador Eduardo Ramírez.

El Senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar: Con el permiso de la Mesa Directiva.

Nosotros vamos a dejar en claro, la mal llamada Reforma Educativa se va a cancelar, no habrá regateos.

No podemos decir una cosa en la calle y venir a decir otra cosa aquí, tenemos que ser congruentes.

Jamás se había ofendido tanto a los maestros y maestras de este país, haciéndolos pasar como los malos de la película.

La mal llamada Reforma Educativa jamás tuvo la consulta con quienes están en el aula, jamás tuvo la consulta con los padres de familia.

Y no es estar a favor de un grupo minoritario.

El PRI y el PAN son los responsables de este desastre en el tema educativo, que únicamente ha llevado al despido a más de 150 mil trabajadores de la educación.

Lo dijimos hace un momento, trastocó la paz social, la imposición de esta mal llamada Reforma Educativa dejó a ocho personas muertas.

No olvidemos el caso de Nochixtlán, allá en Oaxaca.

No olvidemos que es un modelo educativo en el que nunca se discutió, fue una reforma laboral, jamás fue de contenido. Y lo que es peor, querer pasar a hacer de esta reforma una imposición, una manera de ofender al magisterio nacional.

Nosotros sí estamos a favor de la reforma del artículo 3o. constitucional.

Es un compromiso de nuestro Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador y no puede ser que muchos mexicanos estén confundidos.

Nos acompaña la legitimidad social, nos acompaña la autoridad moral en el tema.

Vamos a dar el debate aquí y en muchos temas.

La Senadora Blanca Piña, pide de manera muy concreta, un punto de Acuerdo, y ya sé qué van a contestar, porque lo hicieron.

El Secretario de Educación, dice: “Que no va a cancelar las evaluaciones”.

Hay que empezar por evaluarnos nosotros mismos.

Hay que empezar a evaluar nuestro trabajo, para que los resultados en este país sean mejores.

No ofendamos a los maestros y a las maestras.

Sí a una Reforma Educativa, con la consulta de cada uno de ellos.

Sí a la Reforma Educativa, con los padres.

Sí una Reforma Educativa con los niños y niñas y con los jóvenes de este país.

No vamos a hacer nada a espaldas del pueblo de México, nosotros estamos trabajando y trabajaremos para la cuarta transformación que está a punto de llegar el 1º de diciembre.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Ramírez Aguilar.

Tiene el uso de la palabra, para hablar en contra, la Senadora Xóchitl Gálvez.

La Senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz: Gracias, señor Presidente.

Bueno, yo creo que uno de los graves problemas que tenemos en México es que, o es blanco o es negro. Y yo creo que esto no es así.

A mí me parece que hay cosas de la Reforma Educativa actual que son rescatables, pero también coincido que se dejó muchas cosas fuera.

Yo crecí en Tepatepec, Hidalgo, donde está la Escuela Normal Rural El Mexe.

Esa normal que tuvo grandes maestros, de verdad, muchos de mis tíos, de mis primos, fueron grandes maestros, pero después El Mexe fue utilizado con fines políticos, porque el propio sistema empezó a usar las normales rurales para otros fines.

Y entonces vi cómo paisanos se hicieron maestros sin cursar la normal rural, porque el sindicato vendía plazas; y vi cómo personas con secundaria terminada se convertían en los maestros de los niños.

Yo realmente estoy preocupada porque, como ustedes saben, yo soy ingeniera experta en tecnología, y el 50 por ciento de los empleos que hoy conocemos, no van a existir en 10 años. La robótica, la inteligencia artificial, la programación va a sustituir miles de empleos, no hay vuelta de hoja, lo que hoy estamos discutiendo aquí, es el futuro de los más pobres.

Por supuesto que estoy de acuerdo que hagamos una reforma que mejore lo que hoy está, que se corrija lo que está mal, pero desde aquí le apuesto a Mario Delgado, que por supuesto que va a tener comas, o vamos a hacer una reforma sin comas; porque dice que no se va a quedar ni una coma.

Eso es extremismo, eso es absurdo.

Yo estoy aquí hablando a nombre de esos niños que necesitan aprender a pensar, necesitan aprender inglés, necesitan aprender a programar, necesitan aprender a trabajar en equipo, necesitan tener las habilidades del siglo XXI, que le permitan a nuestro país insertarse en la economía global, porque si no, los coreanos y los chinos, que ya están trabajando en fábricas robotizadas nos van a desplazar del mercado internacional.

Yo no estoy de acuerdo, no se puede mejorar si no se evalúa.

Yo tengo un hermano maestro, que seguramente se va a sentir muy orgulloso, porque pasó su examen, Tonatiuh, estudió como un año, tuvo gastritis como seis meses, pero se preparó para hacer el examen, y yo creo que eso, hoy le hace sentir orgulloso como maestro.

Estoy de acuerdo que no puedes hablar de la misma evaluación para la Ciudad de México que para Chiapas, por supuesto que debemos de apostarle a una educación intercultural trilingüe, como lo están haciendo las universidades interculturales en nuestro país.

Entonces, yo pediría que no nos vayamos al extremo de cancelar lo que se ha avanzado, por qué no podemos construir un acuerdo de dejar lo que sirva y de modificar lo que no sirva.

Muchas gracias

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Xóchitl Gálvez.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Citlalli Hernández.

La Senadora Minerva Citlalli Hernández Mora: Gracias, señor Presidente.

Miren, me parece que es importante que se empiecen a abrir estos debates, porque dejan en evidencia que hay dos posturas. Hay una visión de implementar una Reforma Educativa que se ha tratado de hacer a espaldas de los maestros, de los estudiantes, de los padres de familia bajo un enfoque neoliberal, como todas las reformas estructurales, que lo que pretende es empezar a chatarrizar derechos, servicios, ejes transversales del desarrollo de una sociedad para empezar a privatizar estos servicios y estos derechos, y la educación que es quizás uno de los ejes más importantes del desarrollo de una nación no puede decidirse si no es con la consulta y con el análisis real de lo que necesita nuestro país.

Nosotros llegamos aquí con una mayoría respaldados no por sectores minoritarios, hay voces en la población de este país que no están de acuerdo con estas reformas, y una de ellas es la Reforma Educativa, porque, hay que decirlo claramente, más allá de los discursos, de los planteamientos técnicos, hay que decirlo claro, esta Reforma Educativa lo que plantea es empezar a sancionar, a violentar los derechos laborales de las y los maestros del país, y responde a organismos internacionales.

No se ha dado una verdadera Reforma Educativa, no se ha dado la verdadera discusión sobre lo que necesita nuestro país, y por eso es que nosotros tenemos claridad de a quiénes representamos y de qué voces debemos llevar a estos espacios de discusión.

Para nosotros la evaluación trae sesgos punitivos, trae la intención de atentar contra el magisterio, no importa qué expresiones sean, y trae una serie de planteamientos contradictorios.

Si el Estado mexicano, a través de las normales, educa, forma a profesionistas de la educación, por qué nuevamente volver a evaluarlos.

Pero, además, también hay que decirlo muy claro, las y los profesores nunca se han opuesto a la evaluación, al contrario, por supuesto que es necesario fortalecer, incluso discutir nuevos programas y planes de estudio; a lo que se oponen es a toda la intentona de violentar los derechos laborales.

Por eso para nosotros es importante que este punto de Acuerdo marque también una postura respecto a lo que creemos.

Sí es necesaria una Reforma Educativa, pero no respondiendo a esta visión económica, que no comprende que la educación es muy distinta en su implementación en el norte del país, en el sur, en las colonias de esta misma ciudad, no es lo mismo dar clases en Benito Juárez, que en Iztapalapa.

Hablemos de una Reforma Educativa, sí, y me parece que los próximos seis años vamos a dar un gran debate, vamos a dar una gran discusión respecto a la educación y lo que necesita este país, pero con los maestros, con las maestras, con los padres de familia, con especialistas, con académicos.

No respondiendo a sectores empresariales y a organizaciones internacionales que lo que buscan es generar crisis en el sector educativo para tener más mano de obra barata, y para dar una falsa discusión respecto a la educación.

Por eso nosotros votamos a favor de ese punto de Acuerdo que propone la Senadora Blanca Piña, porque consideramos que es importante incluso darle el mensaje a la opinión pública de que estas evaluaciones son punitivas y atentan contra los derechos laborales de los maestros.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Hernández Mora.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Damián Zepeda.

El Senador Damián Zepeda Vidales: Gracias, señor Presidente. Con el permiso de la Mesa Directiva, y con el permiso de esta Honorable Asamblea:

Este es quizá uno de los temas de mayor relevancia que nos va a tocar discutir cuando entremos al fondo de las reformas legislativas.

Por ello, lo primero que queremos destacar es la disposición del Partido Acción Nacional, siempre, de debatir los temas.

Podemos diferir, pero siempre van a encontrar en el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional la disposición de venir aquí a hacer nuestro trabajo y poner nuestras ideas. Podemos no coincidir, pero esto creo que tenemos que celebrarlo y ojalá esa fuera la actitud en el resto de los temas de relevancia que son puestos a consideración de esta Asamblea.

Segundo. ¿Qué está de fondo en el tema?

El derecho de los niños y de los adolescentes de México a ser bien educados.

Por supuesto que tenemos que cuidar también algo muy valioso que tenemos en este país, que son nuestros maestros. Claro que sí, pero siempre pensando en el interés principal del niño y del adolescente a recibir educación de calidad.

Y eso es lo que se buscó hacer con la Reforma Educativa.

La Reforma Educativa fue un logro de años de lucha, al menos, que tuvo Acción Nacional por buscar consolidar una educación de calidad en México.

Y por supuesto que es perfectible y estamos más que dispuestos a dar el debate y que ahí vengamos a confrontar nuestras visiones y que juntos logremos encontrar los puntos en común en favor de México, pero no abrogar y no dar marcha atrás y no desaparecer nada más por una ocurrencia política, como lo señaló el coordinador de los Diputados federales, al grado de llegar a decir que no quedará ninguna “coma” como si fuera una meta en sí mismo el derogar o el abrogar una reforma. No lo es.

Dicen que si la Reforma Educativa tiene un componente laboral. Pues por supuesto que sí, y eso no es algo negativo, es algo positivo para el país, porque fueron precisamente las agrupaciones sindicales, algunas, las que le han hecho terrible daño a la educación en México. No todas, pero sí algunas.

Por supuesto que sí fue una reforma con toques laborales. Y qué bueno que se haya prohibido que se hereden las plazas en México.

¿O quieren regresar al tiempo en donde las plazas se otorgan precisamente por vínculos familiares?

Qué bueno que se cambió el hecho de que pueda haber apertura y transparencia en el gasto sindical.

¿O queremos regresar al tiempo en donde el dinero de los trabajadores de la educación se usa para comprar bolsas en Estados Unidos?

Claro que qué bueno que se dio eso.

Qué bueno que se prohibió que las promociones se otorguen a quien va a una marcha, un plantón y tome una gasolinera y regala la gasolina.

Por supuesto que no se tiene que premiar a ellos, se debe de premiar a quien está educando con calidad a nuestros niños.

Y qué terrible que hoy aquí en un pronunciamiento político, ayer o hace dos días en Cámara de Diputados y hoy aquí en el Senado, se quiera mandar un mensaje de incertidumbre a los maestros que están listos para someterse a su evaluación.

No venimos a defender nosotros, al menos no en el Partido Acción Nacional, la implementación de la Reforma Educativa. Esa ha estado pésima, pésima implementación; pero la reforma en sí misma por supuesto que fue buena.

Y decimos que hubo una pésima implementación porque no es posible que se gaste más en la promoción de la secretaría que en lo que se gasta en la capacitación de los maestros. Claro que tenemos que fortalecer que el enfoque sea mejorar la capacidad vía capacitación de los maestros, pero por supuesto que tiene que haber evaluación. Lo que no se evalúa no se puede mejorar.

Son los niños de las familias de los mexicanos los que están ahí en cada aula, por cada maestro decenas de ellos escuchando y merecen recibir educación de calidad. Ahí está parado el Partido Acción Nacional, siempre por supuesto respetando los derechos de los maestros, pero siempre entendiendo que quien primero tiene derecho en este país son los niños y los adolescentes de México.

Así que estamos en contra de este pronunciamiento político que lo único que busca es quedar bien con las bases político-electorales que apoyaron a una candidatura presidencial y poner en duda el avance que se ha dado en materia educativa en este país.

Ahí estará el PAN para apoyar todo aquello que sea fortalecimiento de la educación de México, no tengan ninguna duda; pero aquí estará el Partido Acción Nacional también para defender el derecho que tienen todos los niños y todos los adolescentes de México de recibir educación de calidad.

Así es que, ahí está nuestra postura, a nombre del Partido Acción Nacional.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Damián Zepeda Vidales.

Tiene el uso de la palabra el Senador Gilberto Herrera.

El Senador Gilberto Herrera Ruiz: Yo sólo espero que todos tengamos a nuestros hijos en la educación pública de este país y no en la privada.

Yo con todo gusto tengo a mis hijos en la educación pública, soy profesor, incluso, en la educación pública media superior y superior, y les puedo hablar de lo que ha significado esta reforma a la fecha.

Hay que recordar que la mitad de nuestras escuelas son multigrado. Espero que la gente sepa qué es lo que significa multigrado, muchas veces un profesor para seis grupos escolares de seis años.

Y yo me encontré en el caminar de esas escuelas niños que estaban en tercer año de primaria y todavía no sabían leer y escribir.

Niños que iban en sexto año de primaria y todavía no sabían multiplicar ni dividir.

Y esa es la realidad de la Reforma Educativa a la fecha. O sea, no estemos hablando y defendiendo algo que no ha funcionado en este momento.

Fui rector también de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y la admisión a la universidad es por méritos, un examen de admisión y probar si los niños o los jóvenes tienen el nivel adecuado para poder ingresar.

Y los peores niveles vienen de la educación media superior, en la que se ha sostenido esta Reforma Educativa, que son Colegio de Bachilleres.

No es el caso en la universidad, las prepas, que tenemos que no hay ninguna evaluación punitiva, tienen mucho mejor desempeño que la educación media.

El estado de Querétaro es el que se enorgullece de haber cesado a la mayor cantidad de profesores que no estaban dispuestos a hacer este examen.

Y yo hablando con ellos, son los mejores maestros que tenemos. No se niegan a hacer el examen por una cuestión de que vayan a reprobar; se niegan porque no están dispuestos a perder sus derechos laborales, así de simple. Y es lo que hay que platicar y discutir.

Habrá cosas que se salvan en esta Reforma Educativa, y habrá que analizarlas. No es la idea de decir “no” a todo, pero sí tenemos que empezar de cero para empezar a tener el mejor motor que puede tener este país, que es la educación pública que podemos tener.

El mejor legado que les podemos tener a nuestros hijos es el roce social, que tengan la convivencia con niños, con padres de familia que apenas viven del salario mínimo, yo creo que es lo mejor que vamos a tener. Y lo que hemos hecho con esto es simplemente ir privatizando la educación y que muchos padres de familia mejor opten por la privada y no por la pública.

De tal manera que yo creo que sí es momento de discutirlo, y qué bueno que todos estemos de acuerdo de empezar de cero, no veo el problema, sí, una coma, podemos arreglar las comas que sean, no va a haber ningún problema en ese sentido, las agregaremos, pero sí hay que empezar de cero porque en estos años ha fallado.

No han aumentado, no hay plazas para maestros en la educación básica.

No hay plazas para maestros en la educación media superior.

Y es un problema presupuestal también.

No podemos hablar de Reforma Educativa sin un mayor presupuesto.

Y hay que reconocer qué partidos han aprobado los presupuestos en educación y que han puesto el nivel que tenemos.

La Reforma Educativa como está no va a ser una solución si no hay una reforma presupuestal que destine educación, lo que este país merece.

Somos de los países que menos invertimos en educación de la OCDE. Incluso, por debajo de Chile, Uruguay, Argentina, tenemos que mejorar en ese sentido y tenemos que impulsarlo.

Yo creo que va a ser un rico debate el que vamos a tener y yo creo que va a ser de las reformas más importantes que va a poder tener este país, que va a ser la educación, porque no solamente es el mejor ascensor social, es el mejor motor de desarrollo que puede tener este país.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Herrera Ruiz.

En el uso de la tribuna, para hablar en contra, el Senador Juan Manuel Fócil.

El Senador Juan Manuel Fócil Pérez: Compañeras y compañeros Senadores. Y gracias, señor Presidente.

Miren, esto que está solicitando la Senadora Piña de que mediante un punto de Acuerdo violemos la ley, es una incongruencia, con todo respeto y, además, es como una amnesia. El 1° de septiembre acabamos de protestar “cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen”. Y hoy, 13 de septiembre, ya se les olvidó que vamos a cumplir con la ley.

Las evaluaciones están establecidas en ley, entonces nosotros estamos obligados a cumplir la ley, y no mediante un punto de Acuerdo tratar de evitar que se cumpla la ley.

Pasó otra compañera Senadora que dice que los maestros no están en contra de la evaluación. Entonces, ¿para qué solicitan que no se haga evaluación? O sea, es otra incongruencia.

Entonces, estamos de acuerdo que la Reforma Educativa no ha sido suficiente y que necesita mejorarse, entonces, vamos todos a colaborar para que se mejore, que no sea un pleito, que no sea un conflicto, sino que todos colaboremos para que la educación de México mejore, que es lo que necesitamos, nuestra calidad educativa en términos generales es bastante deficiente, así que tenemos que hacer nuestra labor legislativa para que en lo que podamos hacer, contribuyamos a mejorar la educación.

Entonces, tuvo puntos de reforma laboral la reforma educativa, es cierto y son cosas que han mejorado el sistema y viejos vicios que teníamos, como decía aquí el Senador del PAN, antes se heredaban las plazas de maestros, también se vendían, los sindicatos, los líderes sindicales vendían las plazas, eso también lo sabemos, o sea, no entraban quien era más capaz como maestros, sino quien tenía dinero o heredaba la plaza, así que no podemos estar en contra de este tipo de reformas que sí han ayudado a eliminar vicios en nuestro país.

Por lo tanto, yo sugiero muy respetuosamente para el grupo del Partido Morena, que retiren ese punto de Acuerdo, porque pedir que violemos la ley, verdaderamente es una aberración que Senadores pidamos que no se cumpla la ley y que cuando sea la Reforma Educativa, pues con mucho gusto todos nos pongamos de acuerdo cómo vamos a mejorar la educación en México.

Muchas gracias a todos.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Fócil Pérez.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Beatriz Paredes. Perdón, Senadora, me salté un Senador, mil disculpas, fue un error mío.

Tiene el uso de la palabra el Senador Casimiro Méndez, y enseguida la Senadora Beatriz Paredes.

El Senador Casimiro Méndez Ortiz: Con su venia, señor Presidente.

(Habló en su dialecto)

Primaria. Soy maestro de grupo con 15 años de servicio, trabajo en una de las comunidades indígenas más pobres de Michoacán, tengo dos licenciaturas, tengo maestría, la próxima semana tengo mi doctorado, y quiero decirles que esta Reforma Educativa no sirve.

Esta Reforma Educativa no ha servido, hay un compromiso histórico de nuestro movimiento con los maestros de México. Vamos a tumbar esta reforma, esta reforma ni siquiera ha servido para proporcionar maestro a los miles de alumnos que están sin docentes en Michoacán, muy preocupados por la calidad educativa, denles calidad de vida a nuestros alumnos, allá de donde yo vengo nuestros alumnos, la diferencia entre la vida y la muerte es una morisqueta de cinco pesos, arroz cocido, y más sin embargo, los niños van a la escuela, y más sin embargo, el trabajo que dedicamos los docentes, no es cierto que solamente nos hayamos dedicado a comprar y vender plazas, no es cierto la SEP tampoco ha sido una blanca palomita, no se nos olvide eso en ese sentido.

Vengo de una escuela de esas que se llaman de palitos, que ni siquiera hay infraestructura, no tenemos ni luz, ni agua y ni siquiera la Reforma Educativa ha sido capaz de remediar la cuestión de infraestructura.

A todos aquellos quienes vean con tanta simpleza la labor educativa, los invito una semana a mi escuela, una semana y veamos qué tan fácil o qué tan difícil es ser maestros, no es cierto que se gaste más en evaluar al docente que en formarlo, se gasta más en golpearlo.

Hoy hace cinco años nos desalojaron del Zócalo, con miles de policías federales, con miles de policías vestidos de civil, con cientos de granaderos.

Hoy hace cinco años en una ciudad donde su gobierno se decía que respetaba las libertades democráticas y más sin embargo, cientos de compañeros fuimos golpeados, reprimidos, y sobre todo, detenidos.

Esta Reforma Educativa le sobra al país y más sin embargo nos faltan muchos compañeros maestros, porque con esta reforma hay muchos, muchísimos maestros que han perdido la vida luchando contra esta reforma, mal llamada Reforma Educativa, y decimos que no solamente quien dispara las armas contra el pueblo es un asesino, también aquellos que hacen leyes contra el pueblo de México, también son responsables de las vidas de los trabajadores, y queremos decir que es nuestro compromiso histórico, vamos a tirar esta mal llamada Reforma Educativa, porque es un compromiso con los maestros y con el pueblo de México, vamos por una verdadera Reforma Educativa, no solamente sustentada en lo pedagógico, sino también en la calidad de vida de los alumnos.

No podemos hablar de Reforma Educativa, si no hablamos de proyecto de nación, si no hablamos de calidad de vida, si no hablamos de proyecto de vida para nuestro pueblo.

Muchas gracias, y “hasta la victoria siempre”.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Méndez Ortiz.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Beatriz Paredes.

La Senadora Beatriz Elena Paredes Rangel: Gracias, señor Presidente. Honorable Asamblea. Compañeras y compañeros. Senadoras y Senadores:

Sean mis primeras palabras para expresar mi solidaridad y respeto a las maestras y los maestros del país.

Yo tengo la certidumbre de que en el eje del proceso educativo se encuentra el maestro. Tuve la oportunidad de ser Secretaria de Acción Educativa, de la Confederación Nacional Campesina y defender la permanencia y la existencia del Sistema Normal Rural.

Aprecio, especialmente a los maestros normalistas, que han surgido de nuestro pueblo.

Valoro la responsabilidad de los legisladores de Morena, que en uso de sus facultades y expresando sus convicciones y compromiso, han hecho uso de esta tribuna con convicción y ejerciendo su visión en torno a la temática de la Reforma Educativa.

Qué importante que en esta Cámara alta los legisladores de otras fracciones parlamentarias también hayan expresado sus puntos de vista y sus convicciones, el Congreso está hecho para debatir y para convencer, para debatir y expresar diferencias, pero todos dentro de una convivencia democrática.

Qué bueno que no se tuvo que tomar la tribuna para expresar una verdad.

De manera natural se ha entrado al fondo de algunos de los aspectos de la Reforma Educativa, aunque el propósito de este debate es analizar el acuerdo único del punto de Acuerdo que nos han sometido a consideración, que ya se votó, por cierto, como de urgente resolución.

Uno de los Senadores que me antecedió en el uso de la palabra, puso a nuestra luz la litis del debate.

La litis del debate no es la pertinencia o no de la Reforma Educativa.

La litis del debate no es, si fue una Reforma Educativa construida con la participación de todos, o una Reforma Educativa que sólo sostuvo la visión de alguna de las partes.

La Litis del debate es, si es posible ordenar que se suspenda una evaluación que ordena la ley, y ese no es un debate educativo, ese es un debate de orden jurídico.

Desde esa perspectiva, y dado que este acuerdo ya se acordó, valga la redundancia, que sea de urgente resolución, yo quisiera solicitar el criterio de la Junta de Coordinación Política en el cumplimiento de este mandato, para que pueda revisarse los alcances de la evaluación, los alcances del mandato jurídico y, en su caso, se forme una comisión que dialogue con el Secretario de Educación.

A mí me parece indispensable no seguir tensando el ambiente de nuestro país, particularmente después del esfuerzo que han hecho todas las fuerzas políticas para respetar y construir civilizadamente una transición.

Yo creo que el valor a defender es la capacidad de nuestros niños para que puedan aprender, pero estoy consciente de que en el centro del proceso educativo está el papel fundamental de los maestros.

Busquemos alternativas para construir que la discusión de fondo sobre esta u otra Reforma educativa o una transformación profunda del sistema educativo se dé en un marco de aportaciones de todos los protagonistas, que esa discusión de fondo que tenemos que dar en este Congreso, y ya hay iniciativas como las que se han presentado, la podamos dar de buena fe, constructivamente y sin arriesgar el conjunto de la estabilidad nacional.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Paredes Rangel.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Lucía Meza.

La Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán: Gracias, señor Presidente. Con el permiso de la Mesa Directiva. Senadoras y Senadores, muy buenas tardes.

Medios de comunicación, público en general que hoy nos acompañan, de igual manera mandamos un saludo muy respetuoso a todos los maestros, que yo sé que le están dando seguimiento desde esta tribuna, porque ya basta de seguir responsabilizando a los maestros del bajo nivel educativo que tenemos, ya basta de simulaciones y de hipocresías.

Yo los invito, de verdad, a que vayamos a construir una reforma, donde primero dignifiquemos a los maestros, porque lo mucho o poco que todos sabemos se lo debemos a ellos.

Ya basta de hacer reformas, que de alguna manera son impositivas, que no van consensadas con los maestros. Ya basta de no tomarlos en cuenta.

Hoy tenemos una gran responsabilidad, y yo quiero dejarlo muy claro, nosotros no estamos regateándole nada a la educación, porque el interés superior es de los niños y por eso vamos, porque nuestros niños reciban una educación de calidad, de excelencia, pero acompañada con los maestros.

Yo me pregunto, ¿cómo queremos que nuestros maestros nos den resultados, cuando tenemos un presupuesto muy bajo en educación?

¿Queremos que vayan a una evaluación? Y yo los invito a que vayan a mi estado de Morelos, donde las escuelas todavía las están derrumbando, porque los niños no tienen un aula digna donde tomar clases.

¿Y así queremos que nuestros maestros sean evaluados?

Yo les pregunto, ¿cuánto tiempo tiene que los maestros no tienen un salario digno?

¿Cuánto tiempo tiene que ellos siguen poniendo de su bolsillo para poder dar sus clases, para poder conseguir sus herramientas? No lo tienen.

Yo los invito, de verdad, a que se pongan en el lugar de los maestros.

Hablaban hace ratito aquí unos Senadores de que se heredan plazas. Por favor, no vengan con esas cosas, eso siempre lo han hecho toda la vida, y no solamente los maestros, porque hay una necesidad, precisamente, de que esta situación se arregle.

Esta reforma no puede ser punitiva. Nosotros no podemos atentar contra el derecho de los maestros. Sus derechos laborales, por supuesto que se van a salvaguardar en esta reforma.

Y les decimos a los maestros, que esta reforma la vamos a echar abajo, de la mano de nuestro Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador, que sin duda va a ser un pilar muy importante para que la educación en nuestro México mejore y que sea de excelencia, de calidad, acompañada por los maestros.

¡Con los maestros, todo!

¡Sin los maestros, nada!

Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Meza Guzmán.

Ha pedido la palabra, desde su escaño, para razonar su voto y el de su grupo parlamentario, el Senador Dante Delgado.

El Senador Dante Delgado Rannauro: (Desde su escaño) Desde la tribuna.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Bueno, pide la tribuna.

Adelante, por favor.

El Senador Dante Delgado Rannauro: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Movimiento Ciudadano desea hacer un posicionamiento sobre el punto de Acuerdo a discusión.

Simplemente como marco general, es importante subrayar que el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano fue el único de los que se encuentra representado en este Pleno, que votó en contra de la mal llamada Reforma Educativa.

¿Y por qué nosotros llamamos en ese momento a la conciencia de todos los que habían suscrito el Pacto por México? Porque necesitábamos realizar una profunda Reforma Educativa, en donde, desde luego participaran maestros, padres de familia, autoridades municipales, autoridades estatales, académicos, pedagogos, para que fuera un ejercicio de Reforma Educativa profunda, y tomaron la decisión de simplemente aprobarla sin hacer foros de consulta reales en el país, en el norte, en el centro, en el sur, en las zonas urbanas, en las zonas rurales, en las zonas indígenas.

Y precisamente por ello, nosotros sabemos que la Reforma Educativa debe de contener todos los aspectos: La infraestructura educativa, los derechos laborales a salvo de los trabajadores de la educación, pero sobre todo, garantizarle a los niños el derecho a la educación de calidad.

Una de las premisas sustantivas de una Reforma Educativa profunda consiste, precisamente, en dar los elementos imprescindibles para una educación de calidad.

Por eso resulta contradictorio, que por un lado se hagan propuestas de modificación constitucional; por otro lado hablemos de la necesidad de hacer una Reforma Educativa a fondo, y por otra se esté planteando la necesidad de llevar un punto de Acuerdo que genera, desde luego, posiciones políticas encontradas.

Sugiero, respetuosamente, y en ello coincido con la posición de la Senadora Beatriz Paredes, que este tema lo llevemos a consideración de la Junta de Coordinación Política, y que entendamos que este no es el foro donde vamos a resolver la Reforma Educativa, porque si queremos que sea profunda, tendrá que ser escuchando a la sociedad, a los maestros y, desde luego, a quienes tienen que aportar para que México transite con educación de calidad, con el fortalecimiento de nuestra cultura, con la innovación tecnológica, al lugar señero que todos queremos para las futuras generaciones.

Por eso la disputa no es entre la posición de unos y la posición de otros, la disputa es a favor de la niñez y del futuro glorioso para nuestro país.

Así que la propuesta es llevarlo a la Junta de Coordinación Política, y por eso nosotros no votamos ni a favor ni en contra porque se está discutiendo lamentablemente una reforma que fue rechazada únicamente por el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Delgado Rannauro.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Cora Cecilia Pinedo, del Partido del Trabajo.

La Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso: Gracias, señor Presidente.

Agradezco al Senador Gonzalo, mi coordinador del Partido del Trabajo, que me haya cedido su lugar para venir hablar sobre este tema, este tema que de manera personal conozco muy bien.

Hasta el día 15 de enero de este año, 2018, su servidora estaba dando clases en el grupo de 1º B de la Escuela Octavio Paz en el municipio de Tepic, colonia Olimpo.

Nayarit es un estado con 20 municipios y Tepic es su capital.

Todos pudiéramos pensar que quienes viven en Tepic tienen una condición económica, social, distinta al resto de los municipios.

Quiero decirles que mi aula era un aula móvil, un tráiler. Que si llovía, mis niños, entre 5 y 6 años, y su maestra, teníamos que cruzar un arroyo para poder acceder a nuestra aula y teníamos que permanecer todo el día con los pies mojados.

Mis niños eran parte de un proyecto escolar de esta magnífica y tan alabada reforma. Que llegaban sin desayunar y que tenían que comer en los escalones, en la cancha o en donde podían, porque como era horario completo tenían que desayunar y comer ahí; pero el desayuno tenía un costo y la comida también tenía un costo, mismos que los padres de mis alumnos no podían pagar.

Algunos, su maestra les tenía que ayudar a que pudieran recibir esos alimentos, porque a mí no me servía de nada que mis niños se quedaran dormidos por horas durante el turno escolar.

Quiero decirles que esta reforma se hizo detrás de un escritorio para pagar favores políticos, fueron presiones las que se suscitaron, y es indignante que un periodista, que se dice periodista y que tiene programas y privilegios en horarios espléndidos de la televisión pública, se haya dedicado en sus espacios a denostar a un sector que todos los días le aporta a este país, que todos los días construye, que todos los días sale a trabajar con su dinero, porque los maestros no recibimos viáticos, porque los maestros nos desplazamos en nuestros vehículos, bajo nuestros propios medios.

Los maestros llegamos a las escuelas con nuestros propios alimentos también, y es indignante el que se haya recurrido a esta bajeza para poder denostar a un sector, a un gremio.

Y no se vale que digan que el Sindicato es el que viene a entorpecer el procedimiento; el Sindicato defendió esa reforma, todavía hasta hace unos días la estaba ponderando.

Creo que aquí se trata de que vengamos a hablar con la verdad.

Y a mí me da mucho gusto que todos estén diciendo que están en defensa de los menores y que quieren y que defienden a la niñez mexicana, qué bueno.

Es cierto lo que dijo el maestro, los niños llegan a las escuelas sin alimento, llegan enfermos, llegan sin sus materiales escolares y así tenemos que trabajar, y esa es la realidad de México, eso es lo que tenemos que cambiar.

Que hubo violaciones al Reglamento interior de este Senado para poner a discusión este punto de Acuerdo, quizás sí, pero ha habido violaciones que se han dado de manera reiterada en este país, y que yo aplaudo que la Mesa Directiva haya abierto los micrófonos para que podamos discutir este tema y todos los temas que se tengan que discutir.

Creo que se han violentado los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación con esta reforma, que no es educativa, que es laboral; y que el aplicarse con efectos retroactivos están violando sus derechos constitucionales.

Sí, sé que el tiempo siempre es insuficiente, no ha sido mi aliado en las pocas participaciones que he tenido; sin embargo, quiero decir que la fracción parlamentaria del PT aprueba este punto de Acuerdo, este exhorto, y que vamos a ir más allá, vamos a ir a profundizar en la Ley del Servicio Profesional Docente, porque tenemos la convicción que invertir en educación es invertir en desarrollo sustentable para este país.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Pinedo Alonso.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Guadalupe Saldaña, del Partido Acción Nacional.

Quiero simplemente aclarar que en el procedimiento que se ha llevado a cabo para discutir este tema no se ha dado ninguna violación al procedimiento, hemos procedido conforme lo dispone el Reglamento para estos casos, para que quede constancia de esta aclaración.

Adelante, Senadora.

La Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros: Gracias, señor Presidente.

Quisiera iniciar comentando, también soy orgullosamente maestra, y maestra evaluada, y le agregaría, con los mejores grupos egresados, porque de eso tenemos que hablar, de lo que hacemos los maestros en las aulas.

Y me da gusto que haya aquí tantos maestros y maestras, señal de que le vamos a entrar a mejorar la calidad de la educación, y en esto hemos coincidido todos, en que ocupamos trabajar en una Reforma Educativa que le dé justicia a la educación.

Un punto, aquí no estamos ahorita debatiendo la Reforma Educativa, ahí le vamos a entrar todos con argumentos y, claro, consultando a los maestros y maestras, y consultando a otros que a cierto sector se le olvida, a los alumnos, a los padres de familia, a quienes forman parte del proceso educativo.

En el proceso educativo no sólo están los maestros con quien tengo mi solidaridad y mi respeto y a quien se debe justicia, el proceso educativo se conforma de los niños y niñas de este país. Y es a quien tenemos que apostarle.

El tema está en que si este punto de Acuerdo ayuda a la educación.

¿Saben qué pasó ayer, después de que la Cámara de Diputados sacara este punto de Acuerdo?

Me preguntaban a mí en mi estado, lógicamente los del gremio, ¿si tenían que evaluarse o no?

Y se me hace irresponsable que pongamos este tema en que ellos tengan el riesgo: ¿Si se evalúan o no se evalúan? Que les creemos confusiones.

La ley está ahí y dice que hay un proceso de evaluación en tránsito y que viene en los próximos meses.

Me pregunto: ¿Este punto de Acuerdo va a lograr que mejoremos la calidad de la educación?, que debe ser nuestra finalidad.

Y eso ahorita no está a discusión.

Refrendamos nuestro compromiso con la educación, con los maestros y maestras.

Y yo también quiero comentar, habemos maestros que nos manifestamos de diferente forma.

Yo no tomé el Zócalo, yo estaba en contra, en contra de que se le dejara de dar clases a los niños para buscar un derecho propio.

Jamás se debe de luchar por un derecho individual, dejando y violando los derechos de los demás.

Qué bueno, qué bueno que ahora vamos a trabajar por la educación todas y todos.

Hay que entrarle, y ahí nos vamos a sentar.

Gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Saldaña Cisneros.

Tiene el uso de la palabra el Senador Rubén Rocha.

El Senador Rubén Rocha Moya: Gracias, señor Presidente.

Por supuesto, por supuesto que no tienen razón quienes expresan que del lado de Morena solo hay un interés político en el tema que hoy se está discutiendo.

Y quiero dar dos razones, argumentar sobre dos temas.

Uno político, justamente, porque sí es un asunto político y uno académico.

El político.

En la pasada elección, en la campaña, Andrés Manuel y todos nosotros que hicimos campaña, enarbolamos en nuestro programa cosas como: “parar gasolinazos, no nuevos impuestos, bajar los impuestos en la frontera norte”. Y junto con esto se planteó cancelar la Reforma Educativa.

Y resulta que más de 30 millones de mexicanos votaron por ello, y la vertiente política de nuestra posición ahora aquí está sustentada en eso, el programa de Morena, el que enarbolamos en la campaña electoral, que fue avalada por los mexicanos, planteaba justamente el tema de cancelar la Reforma Educativa.

Este es un, entonces, razón política.

Tenemos la suficiente autoridad política para decir ahora: Perfilemos justamente a que llegue el momento en que habremos de discutir el tema de manera más integral.

Pero ahora el asunto académico.

Mis compañeros que me han antecedido, de mi bancada, han dejado suficientemente acreditada la calidad académica para hablar justamente del tema.

Un rector de universidad, un maestro de banquillo, varios maestros, un servidor, pues les digo que orgullosamente soy egresado de las normales rurales, soy maestro de banquillo. Les di clases a los niños reprobados en primero de primaria, que para eso se necesitan teorías pedagógicas especiales.

Me formé como universitario, fui Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, tengo una Maestría en Educación y tengo un libro sobre pedagogía, justamente relativo a la formación de los profesores.

Este cúmulo de experiencias está ahí, la reflexión nuestra no ha sido solamente agitar políticamente una bandera, sino llegar a una conclusión.

Fíjense ustedes, desde los años, 20, con el prócer por excelencia de la educación, José Vasconcelos; con el prototipo del maestro rural, Rafael Ramírez; con los misioneros se atendió la alfabetización que era el requerimiento fundamental, la mayoría de la población y de los niños estaban en el medio rural.

Pasó esa etapa y vino una nueva etapa que se atendió a los maestros, en 1945 se formó el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio. Muchos de nosotros somos alumnos de esos profesores que de sexto año se fueron a darnos clases y luego acudieron al Instituto de Capacitación y se formaron.

Porque la formación del profesor era un eje central para que este país saliera del analfabetismo, pero también empezar a escalar grados.

Vino el Plan de 11 años en 1959, Torres Bodet en el ‘45 y Torres Bodet en el ‘59.

¿Cuál era el propósito fundamental?

Ampliar la educación primaria y para eso se tuvo que fortalecer a las normales para formar justamente más profesores.

Las normales rurales vienen de los años ‘20.

El Plan de 11 Años, que para mí es el único plan de Estado en materia de educación, fue cancelado en 1970 y particularmente las normales rurales recibieron un golpe terrible. Se cancelaron más de la mitad. Es decir, llegó la era en que ya no se quería contemporizar con los maestros, pero no habíamos salido nosotros todavía del atraso educativo.

Llegamos a los sexenios a partir de los 70’s para acá y ensayo y error.

Nos ha llevado justamente a lo que ahora se concibe como Reforma Educativa.

Esta Reforma Educativa que puso su acento en el tema de la evaluación pero de carácter punitivo.Los que somos maestros sabemos que la evaluación no puede ser represiva, no puede ser solemne.

Y qué más solemne, por ejemplo, las evaluaciones que les han hecho a los profesores llevando a las policías para que cuiden justamente de los recintos donde se está haciendo la evaluación.

Se ha falseado el tema principal de la educación.

No puede centrarse en ese aspecto, no puede ser que sigamos por ahí y esas son razones fundamentales desde el punto de vista educativo, ya no digamos el modelo pedagógico. No existe el modelo pedagógico.

La propuesta de la Reforma Educativa fue más bien perseguir a los maestros, sancionar a los maestros, denostarlos, desacreditarlos al mentor nacional, al mentor de la patria.

No podemos, entonces, dejar más allá esta reforma.

Y el punto de Acuerdo de ahora tiene sustento político.

Primero. La sociedad nos dijo, cancelen la Reforma Educativa.

Segundo. Es una Reforma Educativa que no obedece a la idiosincrasia de nuestro sistema educativo mexicano; tenemos que dar una nueva reforma, tenemos que ofrecer alternativas, que venga justamente discutida por los profesores, por los padres de familia, por los propios alumnos, por los pedagogos, por los especialistas en ciencias de la educación, eso es lo que vamos a hacer con Andrés Manuel y en los parlamentos.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Rocha Moya.

Tiene el uso de la palabra el Senador Gustavo Madero Muñoz, del Partido Acción Nacional.

El Senador Gustavo Enrique Madero Muñoz: Gracias. Con el permiso de la Presidencia. Buenas tardes a todas y a todos.

Qué bueno que estemos hablando de temas tan importantes como la educación en nuestro país, mi respeto, primero a los maestros, a sus organizaciones sindicales, a sus derechos laborales; defendemos la educación pública, laica y gratuita, pero estamos a favor de mejorar la calidad de la educación en México.

Creo que nadie puede negar que la calidad es muy deficiente, y no es por falta de recursos.

Los presupuestos de la OCDE, México es el que asigna porcentualmente el mayor presupuesto a la educación en relación a su PIB, y con el mayor presupuesto de todos somos el que tenemos el menor desempeño en todas las evaluaciones de calidad educativa.

Esa es nuestra realidad, esa es la triste realidad. No estamos hablando de afectar derechos, la dignidad de los maestros, los derechos laborales y sindicales, esos hay que protegerlos y defenderlos.

Antes de la reforma, mal llamada educativa, hay que decirlo, está mal llamada de educativa, no es una Reforma Educativa, porque una Reforma Educativa debería abarcar todo, y esto abarcó una parte muy limitada, nadamás son dos artículos, 3o. y 73.

Uno en el que establece el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, la obligatoriedad de que todos se evalúen, eso no está mal, creo que lo han defendido aquí, la evaluación educativa.

Y la otra, el servicio profesional docente, en el artículo 73.

Son dos partecitas muy pequeñas de una gran Reforma Educativa que necesitamos en México, pero esto que es un pequeño avance lo queremos echar atrás, por razones, no políticas, sino electorales, clientelares, no estamos pensando en los alumnos en este momento, los que están proponiendo eso. De hecho creo que puede haber hasta algo de desconocimiento de lo que están proponiendo ahí.

Déjenme decirles por qué.

Si se mete ahorita al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, tiene una respuesta a ese posicionamiento que se hizo ayer en la Cámara de Diputados.

¿Y saben qué les dicen?

Les dicen, los procesos de ingreso y promoción ya concluyeron, la evaluación para eso ya terminó.

La evaluación que está pendiente, ¿saben para qué es?

Es para evaluar el desempeño, y esos son beneficios que pueden tener los maestros, no va a haber ninguna sanción, se le está negando, si ustedes aplicaran eso, y tienen la mayoría para hacerlo, como punto de Acuerdo, y los puntos de Acuerdos son exhortos, y los exhortos son llamados a misa.

Y, por eso es triste que estemos debatiendo exhortos y no iniciativas; propongan una iniciativa, pero propónganla ya, con qué van a sustituir si echan abajo hasta la última coma, la evaluación educativa, el acceso, la promoción de los maestros, ¿cómo lo van a llevar a cabo?, ¿cómo antes?

Si algo hizo la Reforma Educativa fue recuperar el control de la educación por parte del Estado mexicano.

Se empezó con un censo, no se sabía ni cuántas escuelas, ni cuántos maestros, ni cuántos aviadores teníamos.

A partir de este proceso se ha venido un ordenamiento, y hoy hay maestros que ya tienen su plaza, no porque se la deban a alguien, sino a sí mismos, a sus méritos, a su preparación y capacitación. Eso es lo que está en juego.

Por eso les digo, que este exhorto, nosotros estamos en contra de este exhorto, porque daña a los maestros que ustedes dicen que quieren proteger; los privaría precisamente de la oportunidad de tener una promoción de su evaluación y de su desempeño.

Aquí no va a haber ningún maestro que pueda ser evaluado para tener un acceso a una plaza, esta no es la evaluación, esa ya se terminó, esa ya se hizo a principios de este año.

Creo que debemos de avanzar con ideas y con propuestas. Creo que Morena tendrá un reto mayúsculo para hacer propuestas, más allá de simplemente proponer abrogar o derogar cosas, ¿con qué lo van a sustituir?

Creo que en México no tenemos un buen sistema educativo, no lo tenemos de calidad, y cualquier sensato que acepte esta realidad, reconocerá que se necesita la evaluación y la medición, no punitiva, no es punitiva.

La Reforma Educativa establece tres oportunidades para un maestro; un año, no lo pasas, no pasa nada, capacítate.

El siguiente año, no lo pasas, no pasa nada; capacítate.

El tercero, no lo pasas, capacítate.

Lo repruebas, oye, qué tal si mejor nos ayudas con temas administrativos o de oficina, porque en el salón de clase los niños necesitan un maestro que sí tenga las cualidades para mejorar su calidad de vida.

El futuro de los niños, de la niñez, es lo que estamos discutiendo.

Pensemos en ellos.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Madero Muñoz.

Tiene el uso de la palabra el Senador de Morena, Ricardo Monreal.

El Senador Ricardo Monreal Ávila: Señor Presidente, ciudadanas legisladoras y legisladores:

Se ha prolongado este debate, he escuchado posiciones distintas, diversas y hasta encontradas.

Me quedo con las propuestas, pero déjenme decirles parte de la historia de la Reforma Educativa, porque es importante conocer el origen, de dónde viene el agravio a los maestros y a las maestras de México, y se los digo con autoridad, porque yo fui Diputado Federal, y fuimos el único grupo parlamentario que votamos en contra de la Reforma Educativa, en efecto, éramos una veintena los que votamos en contra.

Y votamos en contra, debe de estar ahí para quienes quieran recrear ese debate, en el Diario de los Debates, porque a los maestros y maestras de México se les ignoró.

Los que suscribieron el Pacto por México excluyeron a los maestros de la discusión, no hubo un solo maestro en el país que opinara sobre la reforma, ni constitucional ni las leyes reglamentarias.

Es más, recuerdo perfectamente que al Senado lo secuestraron y a la Cámara de Diputados igual, porque nos obligaron a ir a un auditorio de una institución bancaria cercada por policías, granaderos e incluso militares vestidos de civil.

Ahí está el debate, el origen no es sino por la exclusión de los maestros. El agravio y el maltrato lo sufrieron los maestros por esa alianza que no les importó escucharlos.

¿Quiénes son los responsables de lo que está pasando en el país en materia educativa?

¿Por qué tanta inconformidad de los maestros y las maestras de México? Por su exclusión y por la actitud sectaria de no escucharlos.

Nosotros nos sentimos con la conciencia tranquila porque lo advertimos y dijimos esa reforma no va a funcionar.

Ahora, ¿qué es lo que planteamos? Y estaba escuchando a algunos oradores, les puedo decir con toda honestidad que sí estamos preparando la reforma, que sí vamos a ir a fondo y que probablemente vayamos hasta la reforma constitucional, al 3o., que modificaron en esa ocasión.

No queremos engañarlos, esa es nuestra propuesta. No podríamos nosotros cambiarla en la campaña y ahora en la tribuna, no queremos simular, sí vamos a ir a fondo.

Si es necesario vamos a abrogar todo el contenido de la Reforma Educativa y vamos a partir de cero para poder construir con los maestros, con los padres de familia, con los investigadores, con los pedagogos y con los legisladores juntos, a construir el andamiaje jurídico o normativo que pueda representar la confianza y la aceptación de los maestros.

Yo tengo muy buena opinión de mis maestros.

También tengo maestras en mi casa, que son mis hermanas.

Mi educación toda fue pública, tengo mucho respeto por mis maestros de instituciones públicas. Desde la primaria hasta el doctorado en la UNAM es pública.

Y lo que estamos planteando es el derecho de una Senadora de enviar un exhorto que puede o no aceptarse por la autoridad para suspenderse una evaluación.

A lo mejor el Secretario de Educación dirá: “no lo acepto, el día que ustedes lleguen suspendan la evaluación o modifiquen la Constitución y la ley”.

Y será un proceso largo, difícil, complicado, en el que vamos a necesitar de todos.

Yo me quedo con las expresiones de conciliación, les expresamos nuestra, de verdad, apertura de discutir a fondo las iniciativas que estamos preparando.

No se desesperen, las estamos consultando en foros en todos los estados del país, con los maestros. Lo mismo en Oaxaca, en Michoacán, en Chiapas, en Zacatecas, en Durango, en Nayarit, estamos consultando con los maestros por una razón: no queremos cometer el mismo error que cometieron los firmantes del Pacto por México de haber excluido de la discusión a los maestros y maestras de México, a quienes Morena los respeta y los admira.

Muchas gracias, señor Presidente.

Creo, señor Presidente, solicito se considere y se consulte a la Asamblea, si se estima y considera suficientemente discutido.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Monreal Ávila.

En votación económica, solicito a la Secretaría…

A ver, permítame.

Informo a la Asamblea que hay otros tres Senadores anotados en la lista en contra y ya no hay ningún Senador anotado a favor.

Voy a consultar a la Asamblea si continúa la discusión.

Si la Asamblea considera que continúa la discusión, daré la palabra a los Senadores que la han solicitado y están a la espera.

Si la Asamblea solicita que termine la discusión en este momento concluiremos la discusión.

Permítanos avanzar, por favor.

Hemos sido bastante abiertos para escuchar las posturas.

Tengo una solicitud expresa para hacer esta consulta y voy a hacer la consulta correspondiente.

Permítanme, por favor, Senadores, voy a hacer la consulta correspondiente.

Consulte la Secretaría.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Con gusto. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si está suficientemente discutido el asunto. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Suficientemente discutido, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: En consecuencia, y habiendo decidido la Asamblea que está suficientemente discutido el asunto…

Senadores, la Asamblea ha votado que está suficientemente discutido, por favor.

Vamos a someter a votación la propuesta de la Senadora Blanca Piña, quien…

Permítame, por favor.

Ustedes saben que la votación nominal se pide con cinco Senadores más.

Muy bien.

Les ruego en lo sucesivo, porque además ustedes son muy rigurosos con los temas reglamentarios, hacer la solicitud formal para que procedamos.

Por favor, instruyo que se abra el tablero para la votación.

Permítame, estamos en votación. Procedemos después a escuchar.

Senador Miguel Ángel Mancera, estamos en plena votación. Al terminar la votación, con todo gusto.

El Senador Miguel Ángel Mancera argumenta que hubo una propuesta más para que se fuera a la Junta de Coordinación Política, no obstante, en rigor, procedemos sobre la solicitud de la proponente, quien pidió de urgente resolución y el Reglamento señala que eso es lo que debo consultar al Pleno.

El Pleno determinó por más de dos terceras partes que fuera de urgente resolución.

Por lo tanto, abrimos la discusión y sometimos a votación la propuesta de la proponente.

La proponente no se allanó a la solicitud de que se fuera a la Junta de Coordinación Política, si así hubiera sucedido, entonces habríamos turnado el punto a la Junta de Coordinación Política.



La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: ¿Algún otro Senador falta de emitir su voto o Senadora?

Se emitieron 58 votos a favor, 33 en contra y 12 abstenciones.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Aprobado el punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, a suspender la evaluación docente programada del 3 al 25 de noviembre del presente año, así como todo el proceso de evaluación para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de las y los maestros. Comuníquese.

Antes de continuar con el despacho de los asuntos de la agenda, quiero informar que iniciamos esta sesión a las 11:15 de la mañana, como lo marca el artículo 50 del Reglamento del Senado, y lo hemos hecho en cada sesión, las sesiones ordinarias duran hasta 4 horas, esa duración ya la hemos cumplido, para conocer si es posible continuar con los asuntos del Orden del Día, consultamos a la Asamblea, por lo que solicito a la Secretaría consulte, en votación económica, si autoriza continuar con la sesión.

El Secretario Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza continuar con los asuntos del Orden del Día. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se autoriza continuar con la sesión, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, señor Secretario.






Las demás proposiciones se turnan a comisiones. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta.

De la Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del grupo parlamentario del Partido Morena, con punto de Acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales remitir un informe sobre los proyectos, acciones y políticas públicas relacionados con la explotación minera submarina de los que tenga conocimiento dicha secretaría, implementados a lo largo y ancho de la República Mexicana. Se turna a la Junta de Coordinación Política.








CITA

Se cita a la siguiente sesión el próximo martes 18 de septiembre a las 11:00 horas, en la que se seguirá realizando el Análisis del VI Informe de Gobierno, en materia de política económica.

Se levanta la sesión.

(Se levantó la sesión a las 16:18 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
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Este Diario de los Debates es preliminar y de carácter informativo, como tal, carece de valor oficial.





 
SUMARIO




ANÁLISIS DEL VI INFORME DE GOBIERNO,
EN MATERIA DE POLÍTICA INTERIOR


Primera ronda de intervenciones, en materia de política interior. Intervienen al respecto los Senadores Emilio Álvarez Icaza Longoria, se inserta su intervención; Verónica Noemí Camino Farjat, del grupo parlamentario del PVEM; Eunice Renata Romo Molina, del grupo parlamentario del PES; Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del PT; Antonio García Conejo, del grupo parlamentario del PRD; Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano; Manuel Añorve Baños, del grupo parlamentario del PRI; Marco Antonio Gama Basarte, del grupo parlamentario del PAN; y Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, del grupo parlamentario del Partido Morena.



Segunda ronda de intervenciones, en materia de política interior. Intervienen al respecto los Senadores Eunice Renata Romo Molina, del grupo parlamentario del PES; Nancy De la Sierra Arámburo, del grupo parlamentario del PT; Juan Quiñonez Ruiz, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano; Eruviel Ávila Villegas, del grupo parlamentario del PRI; Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del grupo parlamentario del PAN; J. Félix Salgado Macedonio, del grupo parlamentario del Partido Morena; y Miguel Ángel Osorio Chong, por alusiones personales.












PROPOSICIÓNES CON PUNTO DE ACUERDO

De la Senadora Blanca Estela Piña Gudiño, del grupo parlamentario del Partido Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación a suspender la evaluación docente programada del 3 al 25 de noviembre del presente año, así como todo proceso de evaluación para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de las y los maestros. Intervienen al respecto los Senadores Julen Rementería del Puerto, Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, Minerva Citlalli Hernández Mora, Damián Zepeda Vidales, Gilberto Herrera Ruiz, Juan Manuel Fócil Pérez, Casimiro Méndez Ortiz, Beatriz Elena Paredes Rangel, Lucía Virginia Meza Guzmán, Dante Delgado Rannauro, Cora Cecilia Pinedo Alonso, María Guadalupe Saldaña Cisneros, Rubén Rocha Moya, Gustavo Enrique Madero Muñoz y Ricardo Monreal Ávila. Se aprueba.



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